Qué desarrollo productivo queremos

El reciente anuncio público del inicio de la elaboración del Programa Argentina Productiva 2030 por el Ministerio de Desarrollo Productivo constituye una buena ocasión para reflexionar e intentar la construcción de los consensos necesarios para establecer políticas de Estado destinadas lograr un desarrollo productivo sostenido y sustentable.

Ante todo, conviene clarificar el significado y el alcance de lo que llamamos desarrollo productivo. El concepto de desarrollo se refiere a cualquier proceso evolutivo, continuo y diacrónico[1] que se aplique a cualquier cuestión de carácter físico, moral o intelectual y que se aplique cualquier tarea, persona, sociedad, país, o cualquier otra cosa, incluyendo a los proyectos, las tareas y las ideas. Según a qué se aplique, se puede hablar de desarrollo biológico, económico, social, humano, científico, institucional, ambientalmente sustentable, incluyendo, en nuestro caso, al desarrollo productivo. A modo de síntesis, se entiende al desarrollo productivo como un proceso de evolución permanente que, con foco en la producción, combina en modo virtuoso los conceptos y los objetivos de desarrollo social, económico, ambiental, educativo, científico y tecnológico, institucional y demás cuestiones que hacen a un más justo e inclusivo desarrollo humano. Sobre esta base se resumen las prioridades y las principales características del desarrollo productivo que impulsamos.

 

Nuestras prioridades para el desarrollo productivo

Como peronistas, sostenemos que el desarrollo productivo se construye desde abajo hacia arriba, en sentido contrario a la teoría neoliberal del derrame que, como hemos comprobado, nunca es suficiente para beneficiar a quienes más lo necesitan. En sentido contrario, conviene señalar una característica fundamental de nuestro modelo de desarrollo: a medida que va evolucionando, las personas de mayores recursos y las grandes empresas van recibiendo en modo automático los beneficios por vía del aumento de los ingresos que se generan a partir del mayor consumo de los sectores populares.

Esa construcción desde abajo hacia arriba debe contemplar a la totalidad de las cuestiones involucradas en el concepto de desarrollo productivo: tanto lo social, como lo territorial y lo económico, entre otras. Desde lo social, nuestro modelo de desarrollo debe priorizar a los sectores más necesitados, comenzando por quienes se encuentran sumergidos en la indigencia y la pobreza y quienes no tienen trabajo, siguiendo con quienes tienen trabajos informales, y continuando con el conjunto de trabajadores y trabajadoras formales, al conjunto de la clase media, hasta alcanzar a los más privilegiados. Estamos convencidos de que la mayor prioridad está constituida por los desempleados, que comprenden al 7% de nuestra población, y los 3 millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que existen en nuestro país y que representan al 34% de la población económicamente activa.

Desde la perspectiva territorial, con auténtico sentido federal, nuestro modelo de desarrollo debe privilegiar a los municipios y a las provincias que cuentan con menor desarrollo de infraestructura y menor densidad poblacional. Una buena medida de esas prioridades son las provincias en la cuales la cantidad de actores de la economía popular supera la cantidad de empleos formales: Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, Salta, Misiones, Catamarca, Tucumán y La Rioja. Nuevamente, el desarrollo productivo debería privilegiar a esos territorios, y alcanzar al conjunto del territorio nacional para proyectarse luego al Mercosur, a Latinoamérica y luego al resto del mundo.

Desde la no menos importante perspectiva económica, nuestras prioridades para el modelo de desarrollo productivo deben concentrarse en los actores y los emprendedores de la economía popular, la agricultura y la industria familiar, los microemprendimientos y las PyMEs. La razón de estas prioridades es fácilmente comprensible al considerar los menores requerimientos específicos de inversión y el mayor impacto en el empleo generado, así como la mejor distribución geográfica que demuestran estos sectores con respecto a otras actividades productivas, tales como la construcción y las grandes inversiones.

Otro criterio a tomar en consideración es el potencial exportador de las diversas actividades, cuestión no menor para nuestra economía que está sujeta a la escasez de las divisas necesarias para un desarrollo económico sustentable en el largo plazo.

Estos criterios de menor requerimiento de inversión, mayor generación de empleo, mejor distribución territorial y mayor potencial exportador, también deberían ser aplicados a la hora de privilegiar a los distintos sectores productivos.

En síntesis, establecer las prioridades de un modelo de desarrollo productivo que se adapte a las necesidades sociales, territoriales y económicas de nuestro país no es una cuestión sencilla –aunque no es imposible– y, en todo caso, resulta de fundamental importancia para alcanzar los consensos necesarios.

 

Algunas cuestiones centrales de nuestro modelo de desarrollo productivo

La primera es la interrelación entre soberanía y desarrollo que se encuentra en el corazón mismo de nuestro modelo, toda vez que sin soberanía no hay desarrollo posible, y sin desarrollo no es factible una soberanía efectiva.

Una de las cuestiones de actualidad que mejor ponen en evidencia la interacción entre la soberanía y el desarrollo nacional es la necesidad de asegurar el control de la navegación en la Hidrovía, de concretar la apertura del Canal Magdalena, así como de ejercer un mayor y más efectivo control de la soberanía sobre nuestro Mar Argentino. El control de la Hidrovía no responde solo a cuestiones meramente económicas, que las hay, sino también al control del contrabando de mercaderías en general, además de otros tráficos que hacen a la seguridad nacional, como los de armas, drogas y la trata de personas. El desarrollo del Canal Magdalena, además de reducir los costos logísticos, incluyendo los que requiere el dragado, evitaría las demoras y la dependencia que significa una escala obligada en Montevideo, tanto para la salida al mar de buques que parten desde los más de 40 puertos existentes sobre el río Paraná, como para el ingreso a esos puertos de las mercaderías embarcadas desde nuestro litoral marítimo. La importancia de un mayor y más efectivo control sobre el Mar Argentino queda en evidencia con la evidente necesidad de poner un límite al continuado saqueo de nuestras especies marinas, así como de asegurar la futura explotación costa afuera de hidrocarburos y de minerales.

La segunda de las cuestiones centrales de nuestro modelo de desarrollo, que también evidencia la relación entre desarrollo y soberanía, es el desarrollo científico y tecnológico en la totalidad de las ramas del conocimiento. El dominio tecnológico del ciclo nuclear, incluyendo la construcción de centrales de energía y la producción de radioisótopos, así como la construcción de radares, satélites y lanzadores espaciales, la producción de vacunas, el desarrollo de semillas y demás tecnologías agropecuarias, son algunos ejemplos de los logros alcanzados y que será necesario profundizar. Esos desarrollos tecnológicos, además de los beneficios que generan por sí mismos, habilitan no sólo mecanismos de diálogo y de cooperación con los países más desarrollados, sino que también constituyen herramientas para la integración regional latinoamericana y canales para la cooperación y relacionamiento comercial y político con los países menos desarrollados. En línea con estos desarrollos en los que ya hemos logrado avances importantes, a futuro se deberán agregar otros que hacen a las exigencias que ya se vislumbran a nivel mundial: ciclo completo de producciones para la electro movilidad, transición a la generación mediante energías limpias, nuevas producciones sin huella de carbono, entre otras. Es imprescindible tener presente que la base del desarrollo científico y tecnológico –y de todas las demás capacidades laborales e intelectuales de nuestro pueblo– es una educación de excelencia en todos sus niveles y que alcance a todos los rincones de la Patria.

La tercera de las cuestiones centrales que hacen a nuestro modelo de desarrollo productivo refiere al rol que juega la economía popular en ese proceso, incluyendo tanto las actividades de producción agropecuaria como de producción urbana. La agricultura familiar, campesina e indígena, por su carácter diferenciado del modelo de agronegocios vigente, incluye su potencial de inclusión social, generación de empleo, desarrollo de oficios y habilidades propias de la actividad rural. Por ello debe ser tratada como un factor estratégico del desarrollo productivo. También merece ese tratamiento por sus aportes a la soberanía alimentaria, su menor impacto ambiental y su potencial para reducir la inflación en el precio de los alimentos, abasteciendo a mercados de proximidad con mayor oferta y variedad de productos. No menor es su impacto sobre el arraigo poblacional y la posibilidad de contribuir a la desconcentración de la población urbana, cuestiones que pueden ser potenciadas mediante políticas para el acceso en comodato a tierras públicas hoy improductivas. Las actividades de producción popular urbana incluyen las industrias artesanales y de pequeña escala en la producción de alimentos, textiles y demás actividades manufactureras intensivas en mano de obra y de pequeño requerimiento de capitales. También incluyen la prestación de servicios, incluyendo a los asistenciales y a los medios populares de comunicación. En definitiva, nuestro modelo de desarrollo debe contemplar un fuerte y continuado respaldo a la economía popular, tanto agrícola como urbana, mediante políticas de acceso al crédito, de aliento a la formalización de sus actividades, de asistencia y asesoramiento técnico, promoción de la asociatividad entre los actores de la economía popular, y aliento al cooperativismo.

La cuarta de las cuestiones centrales de nuestro modelo es la necesidad de lograr y consolidar una sólida y permanente balanza comercial positiva. Es bien sabido que una de las razones de las crisis periódicas que afectan a nuestro desarrollo es la escasez de divisas que cada tanto da fin a los ciclos de crecimiento económico, al limitar las importaciones de insumos requeridos para la producción de los distintos sectores económicos, en especial la industria. Ese equilibrio debe alcanzarse atacando los dos factores de la ecuación: por una parte, sustituir al máximo posible aquellas importaciones que se puedan realizar en modo competitivo; por la otra, generar condiciones para atraer inversiones para incorporar a la producción nacional a grandes proyectos generadores de divisas, en especial en los sectores de minería, siderurgia, petroquímica, la cadena foresto industrial, industria naval, entre otras. Son proyectos que en todos los casos deben contar con la debida licencia social y respetar la normativa ambiental que corresponda. Ambos factores, pero especialmente la necesidad de sustituir importaciones, hacen imprescindible disponer de mecanismos que den respaldo financiero focalizado en los sectores que hoy no tienen acceso al crédito productivo, o lo tienen en modo muy restringido. En tal sentido, parece a priori conveniente la creación de una banca nacional para el desarrollo, así como la implementación de mecanismos de crédito adaptados a las necesidades de los emprendedores de la economía popular y las PyMEs.

Para concluir, hay una quinta cuestión central que hace a nuestro desarrollo productivo y al conjunto de los demás aspectos del desarrollo nacional: el rol del Estado. No existe el consenso suficiente como para mantener en modo permanente una política estatal para generar un desarrollo sostenido y sustentable.

 

El rol del Estado en materia de desarrollo

Por entender al desarrollo productivo como resultado de una combinación virtuosa del desarrollo social, económico, ambiental, educativo, científico y tecnológico, institucional y otras cuestiones que hacen a un mejor desarrollo humano, más justo e inclusivo, el rol del Estado en esta materia debería contemplar a todas y a cada una de esas facetas. Como se explicitó arriba, de alguna forma el rol del Estado se va perfilando mediante el tratamiento de las prioridades que, desde el peronismo, creemos necesarias para impulsar un desarrollo productivo sostenido y sustentable, incluyendo, entre otros, los aspectos sociales, territoriales y económicos. Asimismo, ese rol se va completando mediante la consideración de las cuestiones que se incluyeron entre los ingredientes indispensables del desarrollo productivo: desarrollo y soberanía; desarrollo educativo, científico y tecnológico; desarrollo de la economía popular; y consolidación de una balanza comercial positiva.

Queda por último la definición de las bases necesarias para generar un consenso con las demás fuerzas políticas sobre los roles del Estado en la materia. Para avanzar en esa definición parece conveniente poner a consideración el hecho de que los poderes ejecutivos nacional, provinciales y municipales poseen dos tipos de políticas: las primeras, de orden genérico, tienen por destinatarios a todos los habitantes y a todos los sectores de la economía, sin exclusión alguna, y que, en materia de desarrollo productivo, se caracterizan por no requerir asignaciones presupuestarias definidas. El segundo tipo de políticas tiene por destinatarios a algún sector específico de la sociedad o de la economía que se consideran prioritarios, lo que hace necesario asignar partidas presupuestarias para concretar esos objetivos.

Para la búsqueda de los consensos necesarios para construir una política de Estado en materia de desarrollo productivo, parece apropiado proponer que las políticas de orden genérico constituyan la base para asistir al desarrollo productivo de los sectores más dinámicos de la economía que, como tales, no necesitan de los recursos estatales. Esas políticas genéricas también serían las bases para atraer las inversiones necesarias para concretar las oportunidades existentes de grandes proyectos destinados a la exportación, minería, siderurgia, petroquímica, industria naval, desarrollo de la cadena foresto industrial, etcétera.

Asimismo, y como otra parte de esa política de Estado, parece apropiado que, con algunas excepciones que pudieran fundarse en el interés nacional, las políticas específicas que requieren de la asignación de partidas presupuestarias ad hoc se reserven para promover el desarrollo productivo de los actores de la economía popular, los microemprendimientos y las PyMEs; la promoción del asociativismo y el desarrollo cooperativo; el desarrollo de los sectores más rezagados de la economía; así como para la concreción y la operación de grandes proyectos de infraestructura civil, comunicaciones, transporte y energía, así como las inversiones productivas destinadas a la defensa nacional.

Por último, el consenso en materia de desarrollo productivo también debería considerar como prioritarias aquellas políticas que generen una mejor y más rápida redistribución de la riqueza, tanto en lo social como en lo territorial.[2]

[1] Habitualmente el concepto de desarrollo se emplea con carácter positivo –mejora, crecimiento, aumento, etcétera–, aunque también puede tener carácter negativo –crisis, guerra, etcétera.

[2] Agradezco muy especialmente las contribuciones de Andrés Lamas, Manuel Pedreira y Horacio Britos, así como los aportes recibidos de José María Lojo, Horacio Canevaro, Sandra Nicolás, Eduardo Guillín, Sandro Medina, Juan Luis Vendrell Alda y Marcelo Parra. También agradeceré cualquier comentario que envíen a mi correo, josemafumagalli@gmal.com.

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