Planificación estratégica y libremercado, dos nociones poco compatibles

En estos días que transcurren asistimos a las crecientes tensiones que se están generando en el marco de las negociaciones entre el gobierno argentino y el FMI por la usuraria, fraudulenta e impagable –en los términos acordados– deuda contraída por el macrismo en nombre del Estado Argentino. Es fraudulenta, pues todo empréstito en general –y este en particular, siendo un monto de tal envergadura– debería haber pasado por el Congreso Nacional, al tiempo que el FMI –según sus reglamentos internos– no podría haber entregado ese préstamo en monto, en plazos y en garantías como lo hizo.

En el marco de estas negociaciones se despliegan violentos lobbies, cuyo fin es convencer a la población acerca de cuál es el sendero que el gobierno debería seguir bajo la clásica premisa de que “no hay otro camino”. Las opiniones en su defecto se dividen entre quienes sostienen que no hay que pagar bajo las condiciones de ajuste que intenta imponer el fondo –para, en teoría, asegurarse el cobro– y quienes postulan que es mejor aceptar un acuerdo lesivo para el interés nacional, porque las consecuencias de no hacerlo serían peores que las del ajuste impuesto. Párrafos aparte demandarían los análisis relacionados con las responsabilidades judiciales y el rol del Poder Judicial al respecto.

Lo cierto es que Argentina no puede pagar en los términos acordados por el macrismo. Para ponerlo claro: el máximo superávit comercial anual de la historia reciente es de alrededor de 12.000 millones de dólares, y solamente este año 2022 habría que pagar 8.000 millones a los acreedores privados, más 19.000 millones al fondo, y las reservas de libre disponibilidad están casi en cero. No hay ahorro suficiente –reservas– y el mejor flujo posible –saldo favorable del comercio exterior– no llega ni a la mitad de lo que se debería pagar. Conclusión: la Argentina no pagará por más que quiera.

Lo que se está discutiendo son las condiciones bajo las cuales el FMI otorgará un nuevo crédito en plazos y montos que permitirá ir pagando el anterior. Segunda conclusión: el FMI desea ir extendiendo los plazos y las condiciones, siempre y cuando el gobierno acepte realizar un ajuste que irá dañando más y más los intereses soberanos y las condiciones de vida de nuestro Pueblo. Y en este punto debe quedar claro que el FMI dice ser un prestamista de última instancia, cuyo fin es ayudar a reducir los desequilibrios de balanza de pagos de los países. Pero, en realidad, es un órgano de intervención económica, cuyo fin es condicionar el normal desarrollo de los países que pueden ser vistos por el accionista mayoritario del fondo –Estados Unidos– como un problema, o algún tipo de competencia, o mal ejemplo.

Pero, por desgracia y en este marco, ello no resulta lo más alarmante: lo realmente preocupante es la inacción de nuestro gobierno para enfrentar las posibles e inexorables calamidades que podrían avecinarse. Se sabe y se supone que hasta las fechas límites se agudizarán los siguientes problemas, que seguramente continuarán luego de entrada la Nación en cesación de pagos o se lleve adelante aquello que se acuerde: se tensionarán los precios internos y habrá posibles desabastecimientos de los monopolios y oligopolios trasnacionales que controlan la producción y la comercialización de alimentos y energía; aumentarán las operaciones judiciales; aumentarán las operaciones mediáticas; aumentarán las corridas sobre el dólar; aumentarán las corridas sobre bonos del tesoro y acciones del mercado local; se llevarán adelante bloqueos de diferente tipo sobre nuestro comercio exterior; y se entorpecerán las relaciones con países débiles o influenciables, entre otro conjunto de medidas.

Pero todo ello no es malo per se, mas allá del juicio de valor que podamos emitir. En una disputa geoestratégica de intereses, detenerse para acusar de malo al otro no alcanza para sobrellevar una situación compleja plagada de dificultades. Sun Tzu enseñó hace muchos siglos que ser invencible depende de uno, pero la vulnerabilidad también. El comandante hábil –sentenció– toma una posición en la que no puede ser derrotado.

Una pregunta que se desprende de lo hasta aquí desarrollado es: ¿qué estamos haciendo como sociedad, como país, como Nación, para evitar que nos afecten en demasía las posibles medidas que puedan tomarse en contra de los intereses de nuestro país para presionarnos? Nada. Absolutamente nada. Nuestra economía funciona en una lógica dicotómica de dar señales y dejar hacer que, por cierto, además de no prepararnos para la adversidad futura, excluye sistemáticamente a porciones crecientes de compatriotas. Damos señales cuando el gobierno intenta hacer acuerdos para que no suban los precios de los alimentos, que luego los actores participes no cumplen; damos señales cuando sacamos una línea de financiamiento para pymes o para proyectos de ciencia y tecnología; damos señales cuando el ministro de Economía, o el jefe de Gabinete, o el presidente, dan discursos en donde trazan los lineamientos de la política económica. Damos muchas señales. Pero luego el libremercadismo imperante en un contexto de laissez faire-laissez passer –dejar hacer, dejar pasar– se encarga de que no ocurran los resultados esperados para las señales dadas.

En este punto resulta ilustrativo inmiscuirnos en algunos conceptos que ya hace varias décadas dejó como enseñanza Carlos Matus, el teórico del Planeamiento Estratégico Situacional. Matus planteaba la diferencia entre la planificación estratégica normativa y la planificación estratégica situacional. La primera, la que el denominaba el plan libro, termina siendo un cúmulo de buenas intenciones: en ella se redacta un documento que plasma lo que se pretende hacer, con qué recursos se cuenta para hacerlo y los resultados esperados. El problema que existe con esta concepción es que en todos los ámbitos del juego social hay actores cuyos intereses pueden ser coincidentes con los de quien planifica, pero también pueden no serlo. En consecuencia, para que un plan estratégico normativo se cumpla, todos los actores del juego social deberán hacer todo lo necesario para abonar el sendero trazado con el plan, aunque los resultados perjudiquen sus intereses. Claramente eso no suele suceder. Por eso el autor plantea que, así como un actor planifica, los otros actores intervinientes también lo hacen. Por lo tanto, el plan debe considerar a todos los actores en situación y planificar en función de la colaboración o de la posible neutralidad –e inclusive hostilidad– del resto.

Lo que resulta evidente de los planteos previos –y que se desprende del título del presente texto– es que no es compatible la planificación estratégica bien entendida con la libertad absoluta de los diferentes actores del juego social para hacer y deshacer a gusto, si es que se pretende alcanzar los objetivos propuestos en un plan determinado. Menos aún lo es si algunos de los actores del juego son muy poderosos como para imponerle al resto de la sociedad sus condiciones. Por lo tanto, se vuelve necesario que el gobierno reconstruya los mecanismos que le permiten al Estado intervenir para corregir los desvíos que –por la existencia de monopolios, oligopolios, monopsonios y oligopsonios con posición dominante en las principales cadenas de suministro– generen niveles de indefensión elevados en la mayoría de nuestro Pueblo.

El Estado debe comenzar a jugar en función de las necesidades nacionales y las de nuestro Pueblo. Anticiparse a los problemas, planificando en función de los recursos disponibles, se vuelve imperativo. Se vuelve necesaria también la creación de una Empresa Nacional de Logística, cuyo fin sea articular la capacidad productiva ociosa y conectar mercados. Es absurdo que tengamos argentinas y argentinos desocupados, capacidad ociosa instalada, infraestructura ociosa, equipamiento ocioso y necesidades básicas insatisfechas, y no tomar la iniciativa de usar todas esas capacidades disponibles para enfrentar las adversidades que los diferentes escenarios nacionales e internacionales nos pueden presentar.

Es absurdo también que, pudiendo esperar furibundos ataques de diversos sectores en función de resultados adversos en las negociaciones con el FMI, nuestro país solo se resigne a aceptar lo que venga. Porque –debemos tenerlo claro– que nosotros no planifiquemos estratégicamente y en términos situacionales para prepararnos para uno o varios escenarios adversos, no quiere decir que quienes nos hostilizan y nos hostilizarán no lo hagan. Es más, no planificar no deja de ser una mala manera de planificar. Es hora de que el Gobierno comience a jugar este juego, pues, como dos grandes líderes –que un poco de estas cosas sabían– dijeron sabiamente: “La única política es la política internacional” (Juan Domingo Perón); “Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, menos no defenderla” (José De San Martín).

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