La política educativa de la gobernación de Eduardo Duhalde (1991-1999)

La Reforma Educativa Nacional:[1] provincialización de los servicios escolares del nivel secundario y terciario

A partir de la década del sesenta, el Estado Nacional inició un proceso de transferencia de los niveles educativos que tenía a su cargo. Hacia los años ochenta, el subsistema primario estaba prácticamente en su totalidad en manos de las provincias.[2] A la vuelta de la democracia, el tema de la transferencia de los servicios educativos tuvo importante agenda en el Congreso Pedagógico del año 1984. Entre los dictámenes consensuados del Congreso se puntualizó la importancia de implementar “la progresiva provincialización y municipalización de la gestión educativa, con la imprescindible y necesaria transferencia de los recursos pertinentes del Estado Nacional, especialmente volcados a las provincias de menores recursos propios, aumentando los índices de coparticipación en los impuestos nacionales correspondientes a las menos desarrolladas. Deberá garantizar una amplia libertad operativa de la diversidad de regiones, asegurando la organicidad en la coordinación, indispensable entre jurisdicciones y sectores y su continuidad a pesar de los cambios gubernamentales”. Se propuso provincializar la enseñanza inicial, primaria, media y superior, ya que en su punto de vista “La regionalización, la provincialización, el federalismo, presupone que los Estados provinciales no deben delegar funciones que puedan cumplir” (Congreso Pedagógico, 1984: 222).

En el año 1991 se sancionó la ley nacional 24.049, transfiriendo la administración de los servicios educativos públicos de nivel secundario y terciario. La norma puntualizó que sería descentralizada también la regulación de la enseñanza privada. Se transfirieron los bienes muebles e inmuebles, los contratos y el personal, entre otros aspectos. El Estado Nacional conservó las funciones de “análisis, evaluación y seguimiento de la situación educativa” y otras tareas de asesoramiento y de gestión de las relaciones internacionales. La ley incluyó un Anexo con un detalle de los financiamientos “correspondientes al costo de servicios de Hospitales e Institutos Nacionales, Políticas Sociales Comunitarias y Programa Social Nutricional”. La reforma impulsada por la ley 24.049 fue parte del proceso general de desarticulación del Estado Nacional.[3] Con este fin, a partir de 1989 el gobierno de Carlos Menem aplicó un paquete de privatizaciones de empresas y entes públicos, y de descentralización y transferencia de bienes y funciones hacia los niveles provincial y municipal.

El proyecto de provincialización educativa iniciado compulsivamente con la dictadura iniciada en 1976 era contrario a la doctrina del Justicialismo que tuvo una vocación nacionalista. Con el Decreto 26.944/47 de Fines de la Educación, Perón había puntualizado críticamente que el país tenía un sistema educativo disperso y carente de coordinación e ideales nacionales, lo que conducía a formar una sociedad débil, “sin autodefensas y sin defensas externas”. Para revertir el problema, propuso fortalecer la “conciencia histórica nacional, nuestra historia y nuestro idioma”. Con este fin, el Decreto detalló que en todas las escuelas primarias de la Republica se impartiría un mismo plan de estudios en los aspectos de formación patriótica, moral, estética y religiosa.[4]

 

La Ley Federal de Educación 24.195 de 1993

En el año 1993 se sancionó la Ley Federal de Educación. Para esta fecha, el Estado Nacional ya no administraba prácticamente establecimientos educativos, conservando meramente el subsistema universitario. Las provincias asumieron la función sin la garantía efectiva del financiamiento en el mediano plazo,[5] lo que derivó en varios casos en un deterioro general de los salarios y de las condiciones de infraestructura de la educación pública. La Ley Federal encontró mucha oposición de parte de los gremios, que asimilaron la provincialización a un intento de municipalización, en línea con lo que había sucedido en Chile. En realidad, y más allá de opiniones marginales, la municipalización nunca estuvo en la agenda del gobierno nacional (Feijoó, 2021; Decibe, 2021: 319).

La ley 24.195 le otorgó al Consejo Federal de Cultura y Educación[6] la potestad de ser el ámbito para la coordinación y la concertación de las políticas de todas las provincias. El Consejo tenía que fijar la política educativa, regular titulaciones, definir contenidos básicos comunes, entre otras cuestiones. La misma ley creó el Consejo Económico-Social y el Consejo Técnico-Pedagógico. El Consejo Federal definía los Contenidos Básicos Comunes (CBC) obligatorios para el país. Las provincias aprobaban sus diseños curriculares atendiendo las diferencias regionales,[7] y luego cada escuela formulaba un Proyecto Educativo Institucional.

La norma incluyó el esquema de la Educación Inicial (jardín de infantes de 3 a 5 años, siendo obligatorio el último año); la Educación General Básica obligatoria (EGB, de 9 años de duración); la Educación Polimodal (3 años mínimo); y la educación superior, profesional y académica de grado y posgrado, denominada “cuaternaria” hasta la aprobación de la Ley de Educación Superior. La ley reconoció los regímenes de Educación Especial, de Adultos y Artística. No se incluyó la especificidad de la educación industrial[8] y agraria, que se integraría en el Polimodal y en los Institutos de Formación Superior.

La EGB extendía dos años la formación obligatoria de los y las jóvenes. Asimismo –tema que recibió cuestionamientos– la iniciativa habilitaba la posibilidad de primarizar los dos años iniciales de la educación secundaria, dependiendo de las decisiones de cada jurisdicción. Esta cuestión obligaba a las escuelas a reorganizar los contenidos de la enseñanza y los saberes de los y las docentes. El espacio áulico tuvo que ser readaptado a una nueva modalidad en la cual se cruzaban nenes y adolescentes.

La Ley Federal destacó la centralidad para la educación que tienen la familia y la comunidad educativa de padres, madres, estudiantes y docentes. La normativa hizo particular hincapié en la responsabilidad comunitaria en la educación, auspiciando la participación de la Iglesia Católica y de los demás cultos reconocidos por el Estado.

El artículo 61 de la ley 24.195 fijó que la inversión pública consolidada total en educación –tomando como base el año 1992– sería duplicada gradualmente y el artículo 62 puntualizó que se lograría a partir de implementar “impuestos directos de asignación específica aplicados a los sectores de mayor capacidad contributiva”. El objetivo era alcanzar la inversión del 6% del PBI.[9] El artículo 63 incluyó la figura del “Pacto Federal Educativo” que permitiría que los gobiernos nacional y provincial formalizaran la aplicación del nuevo esquema. Se firmaron veintidós acuerdos federales adhiriendo a la Ley (Decibe, 2021: 326).

 

Reformas Educativas en la Provincia de Buenos Aires

Durante primera etapa de la gestión de Eduardo Duhalde, hasta la reforma del año 1994, la provincia funcionó con la Constitución de 1934[10] que incluyó un apartado de Educación e Instrucción Pública. Continuando la tradición provincial, la Carta Magna Bonaerense establecía que la política educativa estaba a cargo del director general de Escuelas[11] que era designado por el Poder Ejecutivo en acuerdo con el Senado provincial. La Constitución incluía un Consejo General de Educación y consejos escolares de nivel municipal y que la “administración local y el gobierno inmediato de las escuelas en cuanto no afecte la parte técnica, estarán a cargo de consejos electivos de seis vecinos argentinos de cada partido de la provincia”. Estos consejos retomaban el ideario impulsado por Domingo Sarmiento. La instrucción secundaria y superior estaba a cargo de universidades, colegios e institutos.

En 1994 se modificó la Constitución provincial, adecuándola a la reforma nacional. El Capítulo I se tituló Cultura y Educación y estableció que la “cultura y la educación constituyen derechos humanos fundamentales” y que “la Provincia reconoce a la familia como agente educador y socializador primario”. La Provincia asumió la gestión directa de los servicios y se instituyó taxativamente la gratuidad de la educación pública de gestión oficial en todos los niveles. La Constitución definió que el objeto de la educación es “la formación integral de la persona con dimensión trascendente y el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, formando el carácter de los niños en el culto de las instituciones patrias, en el respeto a los símbolos nacionales y en los principios de la moral cristiana,[12] respetando la libertad de conciencia”.

 

La propuesta de Reforma Educativa de 1992

Durante la gobernación de Duhalde, la coordinación de la política educativa estuvo a cargo de la Dirección General de Cultura y Educación conducida inicialmente por Susana Farías De Castro (1991) y luego por Graciela Giannettasio (1992-1999). A inicios de su gestión, Giannettasio publicó el documento Lineamientos de la Política Educativa 1992, educación para todos en la provincia de Buenos Aires. La directora general consideraba que la educación acarreaba un deterioro de “dos décadas”, que era el resultante de las crisis económicas y políticas y su consecuente expresión en la pobreza, la desigualdad social y la hiperinflación. Además, remarcó que había inconvenientes estructurales técnicos, pedagógicos y de política institucional propios del mismo sistema educativo. En Lineamientos cuestionó la existencia de una burocracia centralista poco permeable al cambio y a la innovación, e hizo hincapié en el desfinanciamiento del sistema y los bajos salarios del personal. Entre los problemas a resolver se mencionaron el deterioro del equipamiento, las deficiencias de los planes de estudio y la falta de capacitación docente.

Con el fin de resolver estas cuestiones, el equipo de Giannettasio propuso cuatro grandes Lineamientos que eran la “equidad”, la “calidad”, la “cultura del trabajo” y la “racionalidad de la gestión”. La Dirección General proponía una agenda de trabajo centrada en lo siguiente:

  • capacitación docente: titularización, apertura de concursos, debate del marco jurídico laboral e implementación de jornadas docentes en horarios de trabajo, entre otros;
  • equidad: políticas sociales, programas para bajar la deserción, trabajo con adolescentes, adultas y adultos, entre otras acciones;
  • calidad: evaluar los niveles primario y medio, capacitar al personal, promover convenios con universidades y mejorar las publicaciones de la Dirección General;
  • cultura del trabajo: atender demandas del mercado laboral, firmar convenios con representaciones del trabajo y de la producción, promover la formación profesional y la capacitación para microempresarios, etcétera;
  • reforma administrativa: actualización y capacitación permanente y una política de ocho programas específicos orientados a Organización, Gestión administrativa contable, Recursos humanos, Informática, Descentralización, Infraestructura, Sistema de seguimiento y control, e incorporar a la currícula de formación docente contenidos de administración (Lineamientos de la Política Educativa, 1992).

 

Transferencia de Servicios Educativos Nacionales

El 30 de diciembre de 1993 se firmó el Convenio de Transferencia de Servicios Educativos Nacionales a la Provincia de Buenos Aires. La ley provincial 11.524 de 1994 aprobó el Convenio y estableció las especificaciones sobre cómo sería la modalidad del traspaso de los establecimientos y del personal del nivel secundario y terciario. Solamente los docentes del sector público transferidos sumaban 45.280 (CIPPEC, 2003: 47).[13] En el año 1999 el sistema educativo bonaerense era el más importante de Latinoamérica, luego del de San Pablo, y totalizaba cuatro millones de estudiantes y 15.655 establecimientos en los distintos niveles (Asamblea Legislativa, 1999: 101-103).

 

Los cambios de la Ley Provincial de Educación 11.612 de 1994

En el mes de diciembre de 1994 se sancionó la Ley Provincial de Educación 11.612 y la Provincia adhirió a los principios establecidos por la normativa nacional. Se refundó el sistema en base a los niveles inicial, EGB y polimodal. Se incluyeron la educación especial, superior, artística y de adultos. En línea con la reforma nacional, no se mencionó a la educación industrial y agraria que serían subsumidas al polimodal.[14] El EGB aplicó los Contenidos Básicos Comunes que incluían los módulos de Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Tecnología, Educación Artística, Educación Física y Formación Ética y Ciudadana (Ministerio de Cultura y Educación, 1995). La provincia fue la primera en el país en establecer la obligatoriedad de la escuela secundaria –polimodal– e incorporar Informática e Inglés a la currícula. Se distribuyeron 11.700 computadoras, 5.000 impresoras y 1,9 millones de textos escolares (Asamblea Legislativa, 1999: 103).

Continuando la tradición inaugurada por Sarmiento, la ley 11.612 incluyó un Consejo General de Cultura y Educación presidido por el director o la directora general de Cultura y Educación y compuesto por diez consejeras o consejeros designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados.[15] El Consejo adquirió las funciones de asesoramiento y en algunos temas su participación fue obligatoria, como es el caso de la elaboración o la reforma de diseños curriculares, de leyes y estatutos, entre otras cuestiones. Fue reglamentado en el año 1995 con la Resolución 214 de la Dirección General de Cultura y Educación.

La ley planteó que el sistema se organizaría sobre el principio de la descentralización regional[16] y la gestión distrital. En cada uno de los distritos funcionaría el histórico Consejo Escolar que estaba compuesto por cuatro a diez consejeras o consejeros elegidos democráticamente en elecciones generales, según el tamaño de la población del distrito. Estos consejos tenían a cargo la administración de los servicios educativos, incluyendo la provisión de bienes y servicios y la intervención en cuestiones de regulación del personal: licencias médicas, asignación de tareas pasivas, etcétera. La ley reconoció y promovió a las asociaciones cooperadoras.[17]

El periodo se caracterizó por un importante crecimiento de la matrícula que aumentó de 2,7 millones en 1992 a más de 4 millones en el año 1999 (Asamblea Legislativa, 1999: 27). María del Carmen Feijoó[18] mencionó que la extensión de la obligatoriedad del EGB venía a romper el “techo de crecimiento” de la matrícula y tuvo un “impacto democratizador” que tendió a revertir los altos índices de repitencia y abandono[19] de la escuela secundaria tradicional (Feijoó, 1996 y 1992).

Para garantizar esta importante expansión de los últimos dos años del EGB y en los casos en que no había infraestructura pública suficiente, la Dirección de Escuelas firmó diversos convenios con instituciones privadas y amplió la capacidad edilicia. En línea con la Ley Federal, las escuelas bonaerenses tenían que elaborar un Proyecto Institucional.[20]

Con la nueva normativa, la Provincia se comprometía a evaluar la calidad en el sistema educativo.[21] Desde el año 1998 se implementó un sistema propio de evaluación que tuvo el asesoramiento y el monitoreo de UNESCO-OREALC. Se realizaron pruebas de conocimiento de lengua –escucha, lectura y escritura– y de matemática. Se aplicaron cuestionarios de Formación Humana y cuestionarios complementarios: estudiantes, director o directora, docente y ficha de la institución. Se proponía evaluar el proceso “en dos momentos sucesivos para relevar los cambios producidos e identificar el aporte que las escuelas han hecho al aprendizaje”. Se incluyeron dimensiones “integradas y complementarias”, el “nivel de logro” y “el progreso” (Feijoó, 2021; DINIECE, 2002: 16).

 

La opinión de los sindicatos

El traspaso educativo y la modificación de su estructura recibieron críticas de los gremios. Inicialmente, la posición de la Federación de Educadores Bonaerense (FEB) estuvo más cercana a apoyar[22] la implementación de la reforma (CIPPEC, 2003: 60). El Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), por el contrario, criticó frontalmente la propuesta y la caracterizó como una condición impuesta por el FMI y el Banco Mundial para la negociación de la deuda externa (SUTEBA, 2013: 248). Asimismo, había entre los sindicatos un lógico reparo sobre cómo se garantizaría la implementación y el financiamiento de la educación, dado que se transfería una inmensa estructura de cargos, tareas y funciones. Los gremios realizaron paros y movilizaciones exigiendo gradualidad en la cesión de los servicios y pidieron garantías laborales y presupuestarias (Lafiosca, 2007). Pese al planteo sindical, el traspaso lejos estuvo de ser gradual, cuestión que generó inconvenientes de implementación.

El tema de los recursos no era una cuestión menor. La cartera educativa representa el principal destino de los fondos del Estado provincial. Para poder afrontar la inversión,[23] en el año 1999 el gobernador Duhalde puntualizó que se triplicaron los recursos en educación, pasando de 1.200 millones de pesos en 1992 a 3.400 en 1999.[24] Esa inversión implicó el 35% por ciento del presupuesto general (Duhalde, 1999).

Según un informe del Ministerio de Economía bonaerense, los recursos girados por las leyes de descentralización educativa no cubrieron los costos básicos de funcionamiento. Para garantizar el desenvolvimiento del sistema entre 1991 y 1999, la provincia tuvo que destinar alrededor de 800 millones de pesos de presupuesto propio (Cuadernos de Economía, 2001: 29).

 

La identidad bonaerense

La Ley Provincial de educación se refirió a la importancia de fomentar la “identidad bonaerense”. En este marco, la Dirección General de Cultura y Educación convocó al concurso Buscando la bandera bonaerense[25] (Resolución 6952/95). En la etapa inicial participaron alrededor de un millón de jóvenes de todas las escuelas de la provincia y se presentaron más de 81.000 bocetos. De este universo quedaron preseleccionados 32 proyectos finalistas. Se formó un jurado con representantes de la UNLP, expertos de historia, delegados de la producción y del trabajo y diputados y senadores. Este jurado seleccionó a los cuatro diseños finalistas que fueron sometidos a una elección en todas las escuelas de la provincia el día 12 de agosto. Fue elegido el proyecto elaborado por las comunidades educativas de las escuelas de enseñanza media Mateo Gelicich y Domingo Faustino Sarmiento, ambas ubicadas en la municipalidad de Capitán Sarmiento.

La bandera articuló los valores del agro y de la industria, la conciencia marítima y pampeana, y la tradición bonaerense del federalismo. Se compone de una franja superior de color azul en representación del cielo, del mar y de los ríos. En el centro tiene un sol naciente –esplendor–, que es rodeado por un semicírculo de laureles –símbolo de gloria. La parte inferior de la bandera es de color verde, representando el suelo fértil, y en el centro hay un girasol que simboliza la producción agropecuaria. Éste último está rodeado por una rueda dentada que representa a la producción industrial. El color rojo de la bandera simboliza el federalismo bonaerense.

Con la ley 11.997 de 1997 se aprobó la bandera y con el decreto 2979/97 se designó a la ciudad de Capitán Sarmiento como “cuna de la bandera”. La insignia fue jurada el 14 de noviembre de 1997 en la Basílica de Luján. El día 20 de noviembre, en conmemoración a la Batalla de la Vuelta de Obligado, se declaró el “día de la bandera bonaerense” (Ley 12.384 de 1999).

 

Infraestructura escolar

Dado que la provincia optó por incorporar los dos nuevos años de obligatoriedad –octavo y noveno– al nivel primario, necesitó adaptar la infraestructura escolar disponible a ese esquema. Durante la etapa se implementó un importante programa de construcción y ampliación de escuelas primarias, polimodales y jardines en toda la provincia, modernizando y mejorando sustancialmente la infraestructura. Susana Massobrio[26] mencionó que esa expansión permitió crear establecimientos fuera de los centros urbanos, garantizando el derecho a estudiar a jóvenes de las periferias.

En la apertura de sesiones del año 1999 el gobernador Duhalde detalló que “construimos 1.285 escuelas y jardines nuevos, y ampliamos y refaccionamos 8.000 establecimientos más” (Duhalde, 1999). El Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano bonaerense destinó una importante cantidad de recursos para la modernización del sistema en los grandes aglomerados urbanos. Para garantizar la obligatoriedad del nivel preescolar se construyeron en el conurbano 234 jardines. Se realizaron obras de ampliación y mejoramiento en 37 escuelas primarias (22.500 m2). El Ente del Conurbano edificó 18 establecimientos de enseñanza media (23.000 m2), 11 de enseñanza técnica (21.500 m2) y 13 escuelas especiales (13.000 m2) (Recalde, 2020).

 

Agenda laboral

La ley 10.579 de 1987 había aprobado el Estatuto del Docente bonaerense. Su implementación fue parte de importantes debates durante la gobernación de Duhalde. En febrero de 1992, la directora de Escuelas, Farías de Castro, propuso modificar la estructura de la Dirección General de Escuelas y derogar el decreto reglamentario del Estatuto Docente (2140/90) y buscó cambiar el régimen de licencias.[27] Las medidas recibieron una fuerte oposición de los gremios que organizaron movilizaciones y otras acciones de protesta. Con el fin de atender el conflicto, en marzo el gobernador creó una Comisión Mixta compuesta con miembros de los principales gremios –SUTEBA, FEB y SADOP– y con representantes del Ministerio de Trabajo, aprobada por el Decreto 642/92. En abril renunció Farías de Castro y la remplazó Giannettasio. Cumpliendo la agenda de los Lineamientos de la Política Educativa, la directora de Escuelas encaró una importante cantidad de acciones tendientes a garantizar los derechos de los y las docentes.

Como parte de la labor conjunta con la Comisión Mixta, Duhalde sancionó el Decreto 2485/92 de reglamentación del Estatuto del Docente –ley 10.579 y sus complementarias 10.614, 10.693 y 10.743–, el Decreto 3206/92 que permitió titularizar a todo el Personal Docente Provisional que revestía en cargos jerárquicos, y el Decreto 2202/92 que impulsó el pago de un adicional “para el personal que no registre inasistencias en cargos u horas cátedras alguna, licencias, franquicias o faltas de puntualidad, en el mes calendario respectivo”.

 

Capacitación docente

Entre 1992 y 1994 se implementó un proyecto de capación en tecnología en las escuelas por intermedio de experiencias educativas semipresenciales. La propuesta tenía módulos organizados a partir de videos y materiales autodidácticos que fueron seleccionados y enviados por la Dirección General de Escuelas a los y las docentes (Feijoó, 2021). En 1999 se iniciaron actividades de capacitación en el marco de la Red Federal de Formación Docente Continua. Las dictaron docentes de universidades nacionales, en el marco de acuerdo con institutos de Formación Docente y centros de Investigación Educativa (CIE) distritales (Massobrio, 2021). Los institutos se abocaron a la reconversión de maestros y maestras de primaria, con el fin de que se desempeñaran en el último ciclo del EGB. Otros ampliaron la oferta de postítulos y de capacitaciones que sumaron puntajes para la carrera docente.

 

Deporte y recreación

En 1992 se iniciaron los Torneos Juveniles Bonaerenses dependientes del Instituto Bonaerense del Deporte del Ministerio de Gobierno y Justicia. Fueron articulados con el Ministerio de Salud y Acción Social y con la Dirección General de Escuelas (Decreto 610/92). Entre los considerandos del decreto de creación se destacó “Que las experiencias de participación en competencias educativas, desarrolladas en un clima de convivencia y real alegría, es la manera de contribuir a la formación de la personalidad individual y grupal de los jóvenes”; y “Que el deporte y las actividades culturales son un medio idóneo para procurar hombres con mente y cuerpo sanos, fundamentales para el desarrollo de la cultura del trabajo”.

Los torneos se orientaron a jóvenes entre 10 y 18 años, y a partir de 1996 se incluyeron adultos y adultas mayores –60 años en adelante– y deportistas con discapacidades. La organización tenía tres etapas que eran la Local, la Regional y la Final, que se disputaba en Mar del Plata. Los ganadores viajaban a España e Italia.

 

Personas inscriptas a los Torneos Juveniles Bonaerenses por año

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
60.000 149.482 167.803 299.979 497.294 1.000.000 1.200.000

Fuente: Elaboración propia con datos de la Asamblea Legislativa 1999.

 

En 1993 la Dirección General de Escuelas lanzó el Programa Infantil Bonaerense Educativo Solidario (PIBES). A partir de 1996 la iniciativa tuvo modificaciones parciales y pasó a denominarse Programa “Pibes Bonaerenses”.

Entre 1993 y 1997 más de 250.000 estudiantes visitaron la Costa Atlántica como parte de un programa que articuló fines educativos, culturales y sociales (Recalde, 2019).

 

Becas sociales

Durante la gestión de la UCR (1983-1987) se sancionó la ley 10.502 de 1987, creando el régimen de becas para establecimientos oficiales en el nivel secundario, terciario y universitario. En 1998 el gobernador aprobó el Decreto 4665 incluyendo un beneficio para los y las jóvenes del nuevo Nivel Polimodal. Según Duhalde, en sus ocho años de gestión se otorgaron “100.000 becas de 100 pesos mensuales a familias que, por problemas económicos, no puedan mandar sus hijos a la escuela” (Duhalde, 1999). Para financiar el programa se creó un fondo con 100 millones de pesos anuales (Asamblea Legislativa, 1999: 105).

Con el fin de garantizar el derecho educativo, la gobernación financió la movilidad de estudiantes de zonas periféricas a escuelas ubicadas en los cascos urbanos (Massobrio, 2021).

 

Expansión universitaria en la provincia de Buenos Aires

A diferencia de lo ocurrido en el nivel secundario y terciario, durante los años noventa el Estado nacional mantuvo la gestión directa de las universidades y expandió considerablemente su número. El gobernador Duhalde remarcó el hecho de que “en una década se crearon en nuestro territorio seis nuevas universidades, la misma cantidad que se crearon en toda la historia de nuestra provincia.[28] Son las universidades nacionales de Quilmes, La Matanza, Tres de Febrero, Lanús, General San Martín y General Sarmiento” (Duhalde, 1999). En el año 1992 se sancionó la ley de creación de la Universidad Provincial del Sudoeste –ley 11.465 y su modificatoria 11.523 de 1994– con sede en Pigüé. Recién inició sus actividades durante la gestión del gobernador Ruckauf (1999-2001).

 

Bibliografía citada

Asamblea Legislativa (1999): Apertura del 127 periodo de Sesiones Ordinarias. La Plata, Secretaría de Comunicación Social.

CIPPEC (2003): Las provincias educativas, estudio comparado sobre el estado, el poder y la educación en las 24 provincias argentinas. Buenos Aires.

Congreso Pedagógico (1984): Informe Final de la Asamblea Nacional. Córdoba.

Cuadernos de Economía (2001): ¿Por qué y cómo reformar el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires? La Plata, Ministerio de Economía.

Decibe, S (2021): “Las reformas en educación, ciencia y tecnologías”. En Los Noventa, Buenos Aires, Sudamericana.

DINIECE (2002): La Evaluación de la Calidad Educativa en Argentina, Experiencias Provinciales. Buenos Aires, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

Duhalde E (1999): Apertura de sesiones legislativas. La Plata.

Feijoó MC (1992): “Reportaje”. Revista de Educación y Cultura, 12(1).

Feijoó MC (1996): “El impacto democratizador de la extensión de la obligatoriedad escolar”. Revista de Ciencias Sociales, 5, UNQui.

Feijoó, María de Carmen, entrevista, agosto de 2021.

Frente Gremial Docente Bonaerense (2003): Ante el fracaso de la reforma educativa, Escuela pública, popular y democrática. www.suteba.org.ar/files.

Giovine R (2012): El Arte de gobernar el sistema educativo. Discursos de Estado y redes de integración socioeducativas. Bernal, UNQui.

Guadagni A (2011): Otra escuela para el futuro. Buenos Aires, Instituto Di Tella-Siglo XXI.

Lafiosca ML (2007): “Acciones y discursos de los sindicatos de docentes frente a la sanción de la ley de transferencia de establecimientos educativos nacionales a las jurisdicciones en la década de los 90: los casos bonaerenses de FEB y SUTEBA”. I Encuentro Latinoamericano de Estudios Comparados en Educación, SAECE.

Lineamientos de la Política Educativa (1992): “Lineamientos de la política educativa 1992, educación para Todos en la Provincia de Buenos Aires”. Revista de Educación y Cultura, 12(1).

Massobrio, Susana, entrevista, agosto de 2021.

Ministerio de Cultura y Educación (1995): Contenidos Básicos Comunes para la Educación General Básica. Buenos Aires, Ministerio de Educación y Cultura.

Recalde A (2019): “El Plan PIBES de la gobernación de Eduardo Duhalde”. Movimiento, 13.

Recalde A (2020): “Reparación histórica en la Provincia de Buenos Aires: el Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense”. Movimiento, 30.

[1] El artículo se integra en el proyecto de investigación de la UNLa “El peronismo bonaerense entre 1987 y 1999”.

[2] La ley 1.420 de 1884 estableció la obligatoriedad y gratuidad de la escuela primaria en las provincias. La ley 2.737 de 1890 creó un mecanismo de subvenciones del Estado Nacional a la educación provincial. La ley 4.874 de 1905 facultó a que el Estado Nacional, por solicitud provincial, cree escuelas elementales, infantiles, mixtas y rurales en todo el país (Ley Lainez). A partir de los años sesenta se inició el traspaso consensuado de los establecimientos educativos primarios al nivel provincial por intermedio de convenios. El decreto-ley 21.809/78 y el decreto 1231/78 de la dictadura transfirieron compulsivamente a las provincias “todas las escuelas de enseñanza preprimaria y primaria, supervisiones y juntas de clasificación dependientes del Consejo Nacional de Educación”. Esta última transferencia incluyó a 6.779 establecimientos y 44.050 agentes (Giovine, 2012: 121). Con el decreto-ley 22.367/80 se aprobó la “transferencia a provincias de servicios de educación de adultos”.

[3] El proceso de desarticulación del Estado Nacional es previo al año 1989. Ya Juan Carlos Onganía sancionó el decreto-ley de facto 18.586/70 de transferencia a las provincias de “los organismos y funciones nacionales existentes en territorios provinciales”. Este proceso fue profundizado a partir de la dictadura iniciada en 1976. Con esta misma finalidad, Menem impulsó en 1989 la sanción de las leyes de Emergencia Económica 23.697 y de Reforma del Estado 23.696.

[4] Dando fuerza de ley a una iniciativa de la Revolución de junio de 1943, el gobierno de Juan D. Perón instituyó la educación religiosa nacional en las escuelas (ley 12.978 de 1947). La educación religiosa fue incluida en la ley de Educación provincial bonaerense 5.650 de 1951. En el mes de mayo de 1955 el Gobierno Nacional sancionó la ley 14.401 de derogación de la enseñanza religiosa en las escuelas.

[5] Susana Decibe argumenta que el problema fue que la ley 24.049 no garantizó que los recursos girados por la Nación se destinaran a la educación y que las provincias usaron ese dinero para otros destinos. Puntualizó que hubo mayor déficit en las provincias que tenían salarios más altos que los nacionales (Decibe, 2021: 319).

[6] El Consejo había sido regulado por el decreto-ley de facto 19.682/72, de Alejandro Lanusse. Fue modificado por la otro decreto-ley, 22.047/79, de Jorge R. Videla, y a la vuelta de la democracia, por el Decreto 943/84 de Raúl Alfonsín.

[7] El “Nivel Jurisdiccional recoge los aportes de la jurisdicción a través de la elaboración de sus Diseños Curriculares y contextualiza los CBC en términos de la realidad regional, de acuerdo a las Orientaciones Generales y Específicas para la Elaboración de Contenidos Básicos Comunes (Resolución 33/93, CFEyE) y a los Criterios para la Elaboración de los Diseños Curriculares Compatibles (Resolución 37/94)” (Ministerio de Cultura y Educación, 1995).

[8] Este nivel había sido una característica fundamental del primer peronismo y de su proyecto productivo de desarrollo. La ley educativa provincial 5.650/51 incluyó las escuelas técnicas profesionales, las escuelas-fábrica y las escuelas de capacitación, artes y oficios. En línea con el primer peronismo, en 1974 se creó la Dirección General de Formación Profesional. En 2005 se aprobó la ley 26.058 de Educación Técnico Profesional.

[9] Con el mismo objetivo, en el año 2005 se aprobó la ley 26.075 que propuso que “El presupuesto consolidado del Gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a la educación, la ciencia y la tecnología se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el año 2010, una participación del seis por ciento (6%) en el Producto Interno Bruto (PIB)”.

[10] El gobernador Antonio Cafiero había impulsado en 1989, sin éxito, una reforma de la Carta Magna provincial. La propuesta le daba a la educación rango de Ministerio, como había ocurrido en 1949 a nivel constitucional y con la ley provincial de Educación 5.650 de 1951. La iniciativa de Cafiero impulsó la creación de Consejos Escolares y la participación comunitaria, la Carrera Docente y la finalidad de “preservación del acervo histórico y cultural del municipio y de la provincia”.

[11] Esta regulación data de la Constitución de 1873 que en la Sección VII: de Educación e Instrucción Pública dividió la gestión en un órgano unipersonal designado por el Poder Ejecutivo –director general de Escuelas– y otro ámbito deliberativo –Consejo General de Educación. La administración local estaba a cargo de consejos electivos de vecinas y vecinos designados a nivel de cada parroquia de la Capital y en cada municipio de la provincia. Estos aspectos fueron regulados por la Ley de Educación provincial 988 de 1875.

[12] La Constitución provincial de 1994 retomó los principios de la enseñanza de la moral cristiana que fueron introducidos en la Carta Magna de 1934. La Constitución de 1934 fue el marco institucional que permitió que el gobernador Manuel Fresco implementara la educación religiosa en todas las escuelas de la provincia en 1936.

[13] “Los docentes transferidos sumaban en total 63.967, de los cuales 45.280 pertenecían al sector público y 18.687 al privado (El Día, 19-10-1992). En términos presupuestarios, esto supuso la incorporación de 575.319 horas cátedra y 28.481 cargos” (CIPPEC, 2003: 47).

[14] Con la Resolución 4447/96 se fundó el Consejo Provincial de Educación Tecnológica (COPRET) dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación. Se crearon los Trayectos Técnicos Profesionales articulados con la Educación Polimodal. Los alumnos cursaban a contra turno y de manera obligatoria los Trayectos y al culminar y aprobar obtenían un certificado de Educación Polimodal y el Título de Técnico en la especialidad: electromecánica, agro, construcciones, industria de procesos, entre otras (Asamblea Legislativa, 1999: 105).

[15] La ley estableció que cuatro de esos diez consejeros o consejeras saldrían de “una lista de candidatos elegidos en un número igual al doble de los consejeros a asignarse por la Asamblea de Docentes Provinciales”.

[16] La Resolución de la Dirección General de Escuelas 6032/93 incluyó 16 regiones educativas.

[17] Antonio Cafiero había dinamizado la participación popular de la comunidad y la formación de consejos escolares, y con ese fin sancionó la ley 10.589 de 1987. Al momento de la aprobación de esta norma, estaba vigente la ley provincial 6.266 de 1960 de Consejos Escolares, que dotaba al flamante ámbito con funciones de administración local de escuelas primarias, de infraestructura edilicia, de administración del personal y de acción social.

[18] María del Carmen Feijoó fue subsecretaria de Educación de la provincia entre 1992 y 1994.

[19] Feijoó puntualizó que se daba una importante reducción de estudiantes en el paso de primero a segundo año de la secundaria. Este problema se agravaba entre los sectores de bajos recursos. Citando como ejemplo la provincia de Buenos Aires, mencionó que “para 1995 había 211.301 estudiantes en primer año de la media, mientras que en segundo ese dato se reducía a 176.377; en la técnica, en cambio, la caída era aún mayor, pues de 51.153 chicos en primero había en segundo 35.952” (Feijoó, 1996: 112).

[20] Susana Massobrio considera que, si bien la Provincia no implementó estudios y evaluaciones globales, la experiencia fue positiva y muchas escuelas desarrollaron proyectos institucionales sumamente dinámicos (Massobrio, 2021).

[21] El Gobierno nacional implementó los Operativos Nacionales de Evaluación de la Calidad.

[22] En noviembre de 2003 se realizó el Congreso del Frente Gremial Docente Bonaerense compuesto por la FEB y SUTEBA. Allí ambas entidades sindicales parecieron coincidir en el cuestionamiento a la reforma educativa de 1994. El argumento fue que la Ley Federal y la ley bonaerense 11.612 de 1994 ampliaban las diferencias entre escuelas ricas y pobres, no habrían resuelto las altas tasas de abandono y repitencia, y habrían debilitado el nivel medio técnico y agrario. El Frente Gremial cuestionó lo que consideró fue un ajuste y una reducción del presupuesto educativo y la precarización de las condiciones salariales y laborales, entre otros temas (Frente Gremial Docente Bonaerense, 2003).

[23] Alieto Guadagni puntualizó que la participación del gasto educativo dentro del presupuesto provincial es la más alta del país: “34 por ciento versus un promedio de todas las provincias de apenas el 20 por ciento”. Pese a esta inmensa inversión, el “gasto por alumno se ubica apenas en el promedio nacional. Esto refleja la inequidad del actual régimen de coparticipación federal de impuestos” (Guadagni, 2011: 38).

[24] El presupuesto educativo de 1991 fue de 1.044 millones de pesos y en el año 1999 aumentó a 3.640 millones (CIPPEC, 2003: 47). Pasó del 1,8% del PBI provincial en el período 1984-1991 al 2,8% en el año 1999 (Asamblea Legislativa, 1999: 27).

[25] En el mes de septiembre de 1990 Cafiero había creado una comisión para formular la bandera (Decreto 3672/90). El Consejo analizó las insignias existentes a lo largo del tiempo y su simbología. El 6 de septiembre promulgó el decreto 2932/91 creando la “Bandera Oficial de la Provincia de Buenos Aires al pabellón compuesto por tres bandas, la superior y la inferior en color azul-celeste y la central blanca, un gorro frigio rojo, las manos entrelazadas, la pica, las ramas de laurel y de olivo, el sol naciente, las espigas cruzadas y la media rueda dentada”.

[26] Susana Massobrio fue vicepresidenta primera del Consejo General de Cultura y Educación.

[27] Entre otros temas, Farías de Castro propuso desdoblar los establecimientos de más de mil alumnos, realizó cuestionamientos al funcionamiento de la Educación Especial y creó 48 regiones (Entrevista a Feijoó y Massobrio 2021). Cuestionó la existencia de maestros que no trabajaban amparados en el régimen de licencias. Con el fin de regularizar el tema, modificó el sistema de juntas médicas dependiente de la Dirección de Escuelas recibiendo oposición frontal de SUTEBA que consideró que se estaba “privatizando” el servicio.

[28] UNLP (nacionalizada en 1905), UNMDP (nacionalizada en 1973), UNLZ (1972), UNLu (1973), UNICEN (1974), UNS (nacionalizado Instituto Tecnológico en 1956) y UTN (ex Universidad Obrera Nacional de 1948).

Share this content:

Deja una respuesta