Mantener la democracia y los Derechos Humanos a pesar del Ministerio de Seguridad de la Nación

Alicia Pierini

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Varios autores –del pasado– en sus textos definían al Estado como “la Nación jurídicamente organizada”. Definición que nunca se acercó a la realidad. En lo real, el Estado Nación es un territorio de alta y vasta complejidad, con ocupantes circunstanciales. Así nos decía en décadas pasadas el maestro Rolando García, en sus clases de la Escuela de Gobierno. A veces agregaba: el Estado es un conjunto de piezas diversas, y cada porción de la estructura es un subsistema. Navegar en esas aguas sin irse a pique requiere haber adquirido nuevos saberes: estudiar las ciencias y técnicas estatales, aprender de los más expertos para que señalen los accidentes de la gestión, y que enseñen que el territorio político no es un mapa, sino la tierra donde conviven personas, y que ningún relato puede sustituir a la realidad. Que la sociedad tiene memoria, y merece dignidad. Que se debe percibir con mirada estratégica los pasos a futuro. Casi ninguno de esos puntos está en la mochila de quienes hoy gobiernan, ni tampoco en la de quienes pretenden sucederlos. Queda la esperanza de que –a lo mejor– quienes asuman altos cargos reconozcan, desde la experiencia, que en la gestión de Estado no se puede improvisar ni dejarse llevar por emociones, y sí en cambio es imprescindible escuchar los saberes de otros y las voces del pueblo.

Para mostrar una porción real de los errores en la gestión de Estado –en este caso por ignorar a los Derechos Humanos– tomaré uno de los Protocolos de Actuación para las Fuerzas de Seguridad del Estado (año 2016), ideado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Para empezar: ningún protocolo es fuente de Derecho, no integra la pirámide normativa. Es solo un instructivo de procedimientos. El error está en ordenar un modelo único procesal para aplicar a situaciones diferentes, cuando nunca son iguales ni repetibles. Dicho protocolo oficial, respecto del conflicto social y la ocupación en la vía pública, indica lo siguiente: “Ante la alteración del ejercicio equilibrado de derechos debe [el Estado] lograr su inmediato restablecimiento a los fines de garantizar la libertad de todos”. Si se pretende corregir la alteración “del equilibrio de derechos” por la vía de la coerción inmediata, es obvio que solo se logrará un “desequilibrio de violencia”. El Estado así enciende la chispa, pero no apaga el fuego. Y se erige en garante de la libertad de todos, lo cual no es cierto. Ya lo hemos visto.

Luego el mismo protocolo indica que “una vez liberadas las vías de circulación… se buscará establecer la instancia de negociación”. ¡Asombrosa decisión estatal! Primero disolver, como sea, y después negociar… ¿con quiénes? ¿No saben los funcionarios ponderar los riesgos antes de dar órdenes? ¿No entienden que cuando se toma la calle el nudo político es el conflicto, no la manifestación en la vía pública?

El mismo Ministerio ha inventado otro protocolo que es insólito. Se trata del Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo LGBT (año 2017). Quizás tenga alguna razón en los casos de detención de personas transexuales recabar la identidad de sexo si han modificado su identidad corporal y quizás también su documentación. Pero gays, lesbianas o bisexuales son personas comunes que no han cambiado de sexo ni de identidad, sino que optan por relaciones sexuales que solo corresponden a su intimidad. Ese protocolo que refiere al “Colectivo LGBT” como si fuera una ONG. Es lo más parecido a un disparate.

¿Hasta cuándo el Ministerio de Seguridad seguirá ignorando los principios de las Convenciones de Derechos Humanos o la Jurisprudencia de la Corte Interamericana? El Estado tiene la obligación de garantizar la plena vigencia de derechos. La restricción de cualquiera de ellos es una excepcionalidad que solo por vía legal o judicial puede aceptarse. Reitero: un protocolo no es una vía legal.

La gestión de Estado en democracia requiere estudio y esfuerzo: analizar, negociar y acordar tanto como sea necesario. La paz social no va a bajar del cielo. Hay que construirla día a día, con trabajo permanente y cuidadoso. Recordemos al sabio General: “los problemas se resuelven con tiempo o con sangre”. Nuestra generación ha aprendido a valorar el tiempo.

Necesitamos funcionarios que trabajen para la paz, ministros que aseguren los Derechos Humanos, y no un Estado que habla de paz mientras su Ministerio de Seguridad protocoliza la violencia y premia a los Chocobar.

Mientras escribía estas páginas pensaba en la máxima de Blas Pascal: “Hay que apostar siempre por lo más valioso, aunque no sea lo más probable”. Democracia y Derechos Humanos van juntos, son lo más valioso logrado en las últimas décadas. Apostemos a un futuro donde todos los funcionarios del Estado trabajen por la Paz, la Democracia y los Derechos Humanos.

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