Los recursos hídricos en América del Sur: el caso del acuífero guaraní, la riqueza del subsuelo de la Patria

Mara Espasande

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“Creo que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biósfera, la dilapidación de los recursos naturales. (…) Todavía ni siquiera existe un conocimiento mundialmente difundido acerca del problema planteado por el despilfarro del agua dulce, tanto para el consumo humano como para la agricultura. La liquidación de aguas profundas ya ha convertido en desiertos extensas zonas otrora fértiles del globo, y los ríos han pasado a ser gigantescos desagües cloacales más que fuentes de agua potable o vías de comunicación. Al mismo tiempo, la erosión provocada por el cultivo irracional o por la supresión de la vegetación natural se ha convertido en un problema mundial, y se pretende reemplazar con productos químicos el ciclo biológico del suelo, uno de los más complejos de la existencia”. (Juan Domingo Perón, Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, 1974).

 

En el presente trabajo nos proponemos analizar la pugna actual por los recursos hídricos subterráneos en América del Sur a partir del estudio del caso del acuífero guaraní. Para esto resulta imprescindible definir qué entendemos por recurso estratégico y por qué consideramos al agua dulce como tal. También, cuál es el contexto internacional en el cual se desarrolla esta pugna y los intereses contrapuestos presentes en la región. Para reflexionar sobre estos tópicos resulta necesario realizar un análisis de larga duración, tal como diría Fernand Braudel (2004). La lucha por los recursos naturales constituyó desde los orígenes de la modernidad –y por ende del capitalismo– un eje central en la configuración de las relaciones de poder a nivel mundial. Desde la perspectiva de la corriente modernidad y colonialidad, el capitalismo nace a partir de la expansión ultramarina de Europa occidental, la conquista de América y la consecuente expoliación de los recursos naturales de dicho continente (Dussel, 1994). Cabe destacar que el surgimiento del capitalismo –y la construcción de los imperios coloniales en esta etapa– cambia radicalmente la relación de la humanidad con la naturaleza que, lentamente, se irá constituyendo en un recurso (Arnold, 1996).

Tal como analiza Imannuel Wallerstein (1979), la acumulación originaria se vinculó con la capacidad de apropiación de la riqueza de la periferia (América, África) por parte del centro (Europa Occidental) en el marco de la construcción del moderno sistema mundial. En este sentido, la extracción del oro y la plata fueron fundamentales en el surgimiento del nuevo modo de producción capitalista. Sostiene Dussel (1994: 50): “lo que era oro y plata en Europa, dinero del capital naciente, era muerte y desolación en América”. Con el inicio de la modernidad comenzó un lento viraje del centro dinámico del mundo del Océano Pacífico al Océano Atlántico, de Asia a Europa, modelo que perduraría hasta principios del siglo XXI.

Pero Europa Occidental no solo fue motivada a atravesar el Océano Atlántico por la búsqueda de metálicos y de nuevas rutas hacia oriente. Necesitaba, además, otros recursos estratégicos fundamentales para la supervivencia humana: calorías y combustible, es decir, alimentos y madera. Luego de la expansión hacia Europa Oriental (siglos XII y XIII), hacia finales del siglo XV los recursos resultaban insuficientes, ya que se había producido un desfasaje entre la demanda de recursos necesarios para el sostenimiento demográfico y la disponibilidad de los mismos en el territorio europeo (Wallerstein, 1979).

Podríamos aplicar aquí el concepto propuesto por Fornillo para afirmar que en los siglos XV y XVII el oro y la plata, pero también la madera y la tierra fértil, eran recursos naturales estratégicos (RNE). Sostiene el autor: “un recurso natural puede llamarse estratégico si responde a las siguientes condiciones relativas a su valor de uso, por sí mismas suficientes: a) ser clave en el funcionamiento del modo de producción capitalista; b) y/o ser clave para el mantenimiento de la hegemonía regional y mundial; c) y/o ser clave para el despliegue de una economía verde o de posdesarrollo; y las siguientes condiciones relativas a su disponibilidad, de por sí necesarias: a) escaso –o relativamente escaso–; b) insustituible –o difícilmente sustituible–; c) desigualmente distribuido” (Fornillo, 2014: 2).

Tal como ocurrió en aquel entonces con América y África, y más tarde con Asia y Oceanía, en la actualidad existen regiones del mundo con una amplia disponibilidad de RNE para el desarrollo de los países centrales con mayor dinamismo económico que, año tras año, aumentan su demanda. Tal como sostiene Fornillo (2014: 2), la “re­configuración geopolítica redunda en una competencia creciente y desigual por el acceso a los recursos, al tiempo que aumenta exponencialmente su demanda”.

 

El agua dulce, recurso estratégico

El agua dulce constituye un recurso natural vital para la humanidad. Del total de agua en el mundo, el 97,5% corresponde a agua salada y tan solo 2,5% a agua dulce. De esta última porción, el 69,70% pertenece a hielos y glaciares, el 30% a aguas subterráneas (acuíferos) y solo el 0,30% son aguas superficiales.

Existe una situación crítica vinculada al acceso al agua potable. Según un informe de la UNESCO, “alrededor de 3.600 millones de personas habitan actualmente en zonas que pueden sufrir la carencia de agua al menos un mes al año. Para el 2050, la población afectada podría situarse entre los 4.800 y 5.700 millones de personas” (Houngbo, 2018). Según este informe, la demanda mundial de agua aumentará para dicha fecha un 55%. Esta situación se vuelve aún más compleja cuando observamos que las regiones con mayor consumo de agua potable per cápita no coinciden con las áreas geográficas de mayor disponibilidad. Los países desarrollados son los que poseen mayor consumo y, a su vez, menor disponibilidad del recurso.

Por otro lado, el aumento de la demanda y el consumo del agua dulce se encuentran íntimamente ligados a la producción agrícola y la creciente urbanización. La actividad agrícola representa aproximadamente el 70% de todas las extracciones de agua dulce a nivel mundial, y más del 90% en la mayoría de los países menos desarrollados del mundo (WWAP, 2015). En 2050, la agricultura tendrá que producir un 60% más de alimentos a nivel mundial, y un 100% más en los países en desarrollo (Alexandratos y Bruinsma, 2012). Con respecto a esto, sostiene Marcia Simone Graf Rey (2007: 16): “La escasez de agua genera competencia tanto en países desarrollados como en desarrollo y ella aumenta en la medida en que aumenta la urbanización. En Gran Bretaña la demanda urbana de agua está aumentando a un ritmo acelerado que supera la capacidad de suministro de los ríos y acuíferos durante los meses más secos del verano. En el oeste de Estados Unidos, los agricultores que requieren más agua para el riego de sus cultivos se contraponen a las zonas urbanas rápidamente crecientes que demandan más agua para uso doméstico y otros servicios. En la India hay disputas entre los Estados por el derecho al uso del agua y por los embalses que podrían suministrar más agua a un Estado a costa de otro. China ya está practicando lo que algunos hidrólogos llaman ‘el juego de suma cero de la gestión del agua’, (…) [es decir] las autoridades le quitan agua a un usuario para dársela a otro”.

Ya en 1974 advertía Juan Domingo Perón: “a pesar de la llamada revolución verde, el ‘tercer mundo’ todavía no ha alcanzado a producir la cantidad de alimentos que consume; y, para llegar a su autoabastecimiento, necesita un desarrollo industrial, reformas estructurales y la vigencia de una justicia social que todavía está lejos de alcanzar. (…) Es indudable, pues, que la humanidad necesita una política demográfica. Debe tenerse en cuenta que una política demográfica no produce los efectos deseados si no va acompañada de una política económica y social correspondiente. De todos modos, mantener el actual ritmo de crecimiento de la población humana no es tan suicida como mantener el despilfarro de los recursos naturales en los centros altamente industrializados donde rige la economía de mercado, o en aquellos países que han copiado sus modelos de desarrollo” (Perón, 1974). Concluía al respecto: “No menos grave resulta el hecho de que los sistemas sociales de despilfarro de los países tecnológicamente más avanzados funcionan mediante el consumo de ingentes recursos naturales aportados por el ‘tercer mundo’” (Perón, 1974).

Esta situación descripta por Perón hace más de 40 años se ha profundizado. En síntesis, la conjugación de los factores citados (importancia vital, insustituibilidad, distribución desigual), sumada al carácter no renovable y las crecientes amenazas ocasionadas por el cambio climático, la contaminación y su impacto negativo en las reservas de aguas dulces, los convierte –en términos de Fornillo– en un RNE.

 

El acuífero guaraní

Nos interesa aquí detenernos en una de las fuentes más importantes de agua dulce del continente americano presente en los países que integran la Cuenca de Plata:[1] el Sistema transfronterizo del Acuífero Guaraní (SAG). El SAG posee una superficie total de 1.194.000 km2 de los cuales 226.000 km2 pertenecen a la Argentina, 839.000 km2 a Brasil, 71.700 km2 a Paraguay y 59.000 km2 a Uruguay. Es el tercer acuífero del mundo[2] en volumen de agua dulce, alcanzando un total de 50.000 km3. En cuanto a su distribución, aproximadamente el 4% se localiza en Uruguay, el 6% en Paraguay, el 19% en Argentina y el 71% en Brasil.

En los años 90 el SAG comenzó a ser objeto de interés por parte de los organismos internacionales (Bruckman, 2011) tales como el Banco Mundial (BM), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU). En el marco de gobiernos de tipo neoliberal, los organismos internacionales lograron constituir un Comité técnico para estudiar el funcionamiento del acuífero con fines de preservación ambiental –mediante la intervención de la Asociación Mundial del Agua (AMA). Tal como sostiene Mishel Nataly Santomaro Moscoso (2016: 84), en aquel momento, “debido a la creciente escasez del agua y el aumento de la demanda de este preciado líquido el Banco Mundial ha propuesto que el recurso sea tratado como un producto al igual que el petróleo y el oro, asimismo sostiene que debe ser desarrollado por las empresas privadas, pero esto significaría que el agua se convierta en un producto no accesible para las poblaciones con escasos recursos económicos”. A partir de esta concepción, el BM se convirtió en representante informal de las empresas que luego participaron en el proceso de privatización del agua de diversos países de la región (por ejemplo: Suez-Barcelona, Betchel, Aguas de Bilbao). De hecho, el BM fue tenedor del 5% de las acciones de Aguas Argentinas y el 8% de Aguas de Illimani en Bolivia.

En el año 1998 los órganos gubernamentales de Brasil y Uruguay comenzaron a negociar con la OEA, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) y el BM para la ejecución de un programa de protección ambiental que finalmente se concretó en 2001 y se ejecutó entre 2003 y 2009. El “Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del SAG” (PSAG) contó con el financiamiento del GEF y su ente ejecutor fue la OEA. A su vez, participaron como instituciones asociadas o colaboradoras la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), el servicio geológico alemán y el Programa Asociado al Agua del Banco de los Países Bajos, el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, la Asociación Hidrológica Internacional y el Programa de Recursos Hídricos de la ONU.[3] Entre las tareas realizadas se encontraron la creación de un mapa hidrogeológico del SAG, el inventario de pozos y la implementación de una red de monitoreo, paralelamente a la realización de seminarios, talleres de capacitación y pasantías. Sostiene Brunzzone (2013: 5) al respecto que la primera fase consistió en la regulación de los recursos naturales y “en la segunda fase se trataría de insertar actores externos en la gestión de los mismos, estos actores externos por lo general son empresas privadas (multinacionales) que buscan gestionar los recursos a su conveniencia a través de concesiones por parte del Estado”. La realización de dicho proyecto permitió entonces a los organismos internacionales –y por ende a las empresas transnacionales– el acceso a datos e información del SAG que abría las puertas a un proceso de avance hacia la transnacionalización y mercantilización de los recursos hídricos en cuestión.

Pero luego de la crisis de los regímenes neoliberales y la emergencia de gobiernos populares en la región, los modelos de gestión del SAG comenzaron a cambiar. En el marco del fortalecimiento del MERCOSUR, en junio de 2004 se firmó el “Proyecto de Declaración de Principios Básicos y Líneas de Acción para el Sistema Acuífero Guaraní”. En octubre del mismo año se realizó en Foz de Iguazú un seminario específico sobre el tema, y en su carta final se destacaron los siguientes objetivos: brindar prioridad al abastecimiento humano y animal sobre otros usos; enfatizar el uso sustentable y la conservación de las reservas; y reafirmar el principio de la soberanía territorial de cada Estado sobre sus recursos naturales. En este marco se impulsó el intercambio de informaciones técnicas entre los Estados miembros del bloque regional.

Como resultado de un arduo trabajo, el 2 de agosto de 2010 los países miembros firmaron un acuerdo vinculante –sujeto a ratificación de los parlamentos– sobre el Acuífero Guaraní. El mismo se presentó como un acuerdo de tipo ad hoc al Tratado de la Cuenca del Plata suscrito en 1969 y presentó como ejes centrales la defensa de la soberanía estatal, el uso sustentable, el cuidado ambiental y la cooperación e intercambio de información.

Cabe destacar que el BM, junto a un grupo de empresas transnacionales, continuó trabajando en la temática y en 2008 creó el grupo denominado 2030 Water Resources Group, integrado por Nestlé, Coca Cola, PepsiCo, AB InBev y el Banco Interamericano de Desarrollo. Al poco tiempo, de esta confluencia nació Aqueduct Alliance[4] de las cuales participan actualmente las empresas Goldman Sachs, JP Morgan, General Electric y Shell, junto a universidades, centros de estudios y ONG tales como Carbon Disclosure Project’s Water Disclosure Project, Ceres, Columbia University, Deloitte Consulting LLP, Global Adaptation Institute, Global Water Strategies, Nanjing University, National Geographic, Pacific Institute, The Nature Conservancy, US Environmental Protection Agency, University of Michigan at Ann Arbor, University of North Carolina at Chapel Hill, University of Virginia, Water Footprint Network, World Business Council for Sustainable Development y Yale University. Elsa Bruzzone, analizando la presencia de las empresas en la explotación del recurso en cuestión sostuvo: “en manos de las transnacionales apoyadas por sus respectivos gobiernos, se ha convertido en una mercancía, algo sujeto a la oferta y a la demanda del mercado, cuando tendría que ser un bien social, ya que es un bien que pertenece a la humanidad y tendría que estar al servicio de la gente”[5].

De la interacción entre estos actores sociales y políticos surgen distintos modelos de gobernanza del SAG. Tal como sistematiza Sabrina Cassia (2011), los modelos de gestión se definen a partir de la vinculación de organismos internacionales (ONU, OEA, UNESCO, BM, entre otros), los Estados-nación (con sus respectivas instituciones), las organizaciones regionales (MERCOSUR), las organizaciones de la sociedad civil y los Estados extra regionales (en el caso del SAG, en particular los Estados Unidos). De la relación establecida entre estas fuerzas deriva el modelo de gobernanza que puede estar fundado en el ejercicio de la soberanía, el resguardo del agua como bien público, el cuidado del medio ambiente o, por el contrario, la mercantilización del recurso, el aumento de influencia y presencia de los organismos internacionales y, junto a ellos, las empresas transnacionales.

 

Perspectivas actuales

El recurso hídrico del SAG se destina en un 70% al abastecimiento público y privado, un 20% al suministro industrial, un 5% al turismo y un 5% a la agricultura y la ganadería. En 2010 en Brasil existían 2.000 perforaciones en ocho estados que abastecían a 500 ciudades, en Paraguay se encontraban en actividad 200 pozos, en Uruguay 135 y en Argentina 100.[6]

La administración del acuífero transfronterizo presenta una serie de desafíos. Por un lado, los marcos jurídicos de los Estados miembros del MERCOSUR son heterogéneos. Esto impide la centralización en la planificación de un modelo de gestión regional. En sus constituciones nacionales, tanto Argentina como Brasil reconocen al agua como bien de dominio público, pero bajo dominio estadual o provincial. A pesar de esto, poseen planes nacionales para el manejo de recursos hídricos, con sus respectivas estructuras institucionales. Uruguay, por su parte, es el único país que asegura el dominio del Estado sobre los recursos hídricos en su Constitución Nacional y garantiza los servicios de agua potable y saneamiento. En cambio, Paraguay solo reconoce el dominio público del agua –incluyendo las subterráneas– en la legislación nacional y posee una débil institucionalidad destinada a la administración de este recurso.

En este contexto, la viabilidad de la planificación y la gestión de programas de sustentabilidad se encuentra estrechamente vinculada a las políticas de Estado llevadas adelante por los gobiernos integrantes del MERCOSUR, es decir, a la decisión política de articular y trabajar en forma conjunta. Durante la etapa que se inició en 2003 bajo la confluencia de gobiernos que buscaron profundizar la integración se realizaron importantes avances que fueron frenados a partir de 2015 por el cambio de modelos de desarrollo llevados adelante, primero por la Argentina y luego por Brasil.

En la actualidad existen diversas amenazas sobre el SAG. Por un lado, la creciente contaminación ocasionada tanto por el avance de la frontera agrícola, la deforestación y la utilización de agrotóxicos en la producción de soja (zona correspondiente al Paraguay y al sudoeste de Brasil), como por la exploración en búsqueda de petróleo plausible de ser extraído a través de la técnica conocida como fractura hidráulica (fracking en inglés), e inclusive por posibles emprendimientos mineros en la zona.[7]

A partir de la producción de soja debe incorporarse una nueva variable: la consumición de agua virtual, es decir, el recurso hídrico necesario para la producción de dicho cultivo. El antiguo jefe de Contrainteligencia del Ejército Europeo en Estrasburgo, Pedro Baños, sostiene que China compra “agua virtual cuando adquiere soja de Brasil y Argentina. (…) A medida que los países evolucionan, se consume más agua virtual” (Baños, 2018). Hay que considerar, además, que la soja requiere mayor cantidad de agua que otros cultivos. Para producir un kilogramo de soja se necesitan 1.800 litros, a diferencia del maíz, por ejemplo, que demanda 900 litros. Paraguay, el noreste argentino y el sudoeste brasileño –zona del SAG– es una de las regiones más afectadas por este proceso.

Por otro lado, en cuanto a la contaminación causada por la actividad petrolera, cabe mencionar que en septiembre de 2018 la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por unanimidad de sus miembros una declaración donde expresaba su preocupación por el riesgo de contaminación del Acuífero Guaraní por el comienzo de perforaciones en búsqueda de petróleo[8] en Uruguay. Las mismas se están llevando a cabo en la localidad de Cerro Padilla, Paysandú, y una posible nueva perforación en Cerro Chaga en Salto.[9] Este conflicto se encuentra en pleno desarrollo.

La segunda amenaza se encuentra vinculada a la privatización del recurso. Frente al cambio de signo de los gobiernos de la región –a partir del ascenso de la Alianza Cambiemos en la Argentina y del golpe de Estado en Brasil– el PARLASUR se convirtió en uno de los escenarios de denuncia de los avances privatizantes. El ingeniero Ricardo Canese, del Frente Guasú, presentó un proyecto de declaración para declarar al Acuífero Guaraní como un bien de los pueblos del Mercosur.[10] La diputada por Misiones Julia Perié se pronunció en el mismo sentido.[11]

La privatización de la extracción del agua dulce convertiría a un bien público y social en una mercancía, constituyendo una pérdida de soberanía para los Estados y para los pueblos. Frente a la debilidad del MERCOSUR y la apertura de negociaciones de Tratados de Libre Comercio bilaterales, el agua podría pasar a ser considerada un bien de cambio más, con los perjuicios que esto implicaría. En consonancia con lo sostenido por Fornillo (2014: 2), “la capitalización de la naturaleza la convierte en un activo financiero, que se mercantiliza, a la vez que su consumo acelerado se encuentra al servicio de un nuevo campo de acumulación y valorización, bajo una extendida ‘privatización de recursos’”. El caso de Brasil resulta paradigmático: bajo el gobierno de Temer[12] se presentó en el Senado un proyecto de ley que propone modificar la Ley 943 (del 8 de enero de 1997) a fin de “introducir los mercados de agua como instrumento destinado a promover la asignación más eficiente de los recursos hídricos” y “el uso múltiple y la asignación más eficiente de los recursos hídricos, así como para crear los mercados de agua”. La propuesta fue acompañada con una consulta pública en el sitio web del Senado de Brasil, donde los ciudadanos pueden (aún hoy)[13] votar si están de acuerdo o no. Con el triunfo de Bolsonaro la preocupación sobre la privatización del acuífero se ha acrecentado por las declaraciones públicas del Presidente electo en pos de la privatización de diversos ámbitos de la economía en general, y de la explotación de recursos naturales en particular.

Por último, la tercera amenaza se vincula a la extranjerización de la tierra en la región del SAG y la presencia de fuerzas militares extranjeras. En la Argentina, en 2010 había 12.520.826 hectáreas en manos extranjeras. En junio de 2016 el presidente Mauricio Macri, a través del Decreto 820/2016 modificó la Ley de Tierras Rurales. Dicha ley, aprobada en 2011, establecía un límite de mil hectáreas para titulares extranjeros. Establecía además que no podían superar el 15% a nivel nacional, provincial[14] y departamental. Por nacionalidad, además, no podía ser mayor al 30% de ese 15% es decir, personas de una misma nacionalidad no podían tener más del 4,5% de las tierras de un departamento, de una provincia o del país. En aquel momento se identificaron 50 distritos que excedían los montos permitidos, quienes fueron intimados a regularizar la situación. Este proceso fue suspendido por la aplicación del mencionado decreto, que intentó ser justificado por parte del gobierno nacional mencionando el objetivo de promover la inversión extranjera. Este cambio de normativa elevó el número de tierras extranjeras a 17.000.000 de hectáreas, lo que representa el 18% de las tierras productivas en suelo nacional. Se presentan aquí algunos ejemplos de las provincias donde se localiza el SAG.

Algunos de los propietarios en la provincia de Corrientes son: Forestal Argentina (Chile), Proyectos Australes (Chile), Petrolera Shell (Gran Bretaña, Holanda), Rigazio Giuseppe (Italia), Santa Isabel Rice (Italia), Anick Jacqueline Du Castel (Italia), Santa Tothier (Bélgica), Banco Comercial (Uruguay), Rogers Gabarro SA (Uruguay), Markus Bencke (Brasil), Cocoví SA (Islas Vírgenes Británicas), El Yaguarí (Islas Vírgenes Británicas), Adeco Agropecuaria (EEUU), Productos Tissué (Chile), Nordyfox (Uruguay), José Santinelli (Brasil, argentino naturalizado), Pentange SA (Bélgica-Argentina).[15]

Algunos de los propietarios en Misiones son: Celulosa Arauco y Constitución SA (Chile), Carlos H. Rosell Nusspaumer (Uruguay) y diversas empresas off shore que no pudieron ser identificadas.[16]

Por último, la presencia de fuerzas militares extranjeras en la región plantea un posible problema de seguridad internacional. Sostiene Mishel Nataly Santomaro Moscoso (2016: 35): “Este recurso se ha convertido en un factor geopolítico de poder; el desarrollo económico, la industrialización, el crecimiento poblacional, la industria agraria, la deforestación y la contaminación, son factores que han vuelto el sistema hídrico cada vez más vulnerable y escaso, por lo que a futuro la problemática hídrica se convertirá en prioritaria dentro de la agenda económica y social de cada gobierno. El hecho de que sea un recurso codiciado a nivel mundial, plantea desafíos de seguridad para los países que lo poseen”. Continúa analizando: “el agua como recurso se ha transformado en estratégico, por lo cual desde los noventa se empezó a hablar de la Talasopolítica o ‘Hidropolítica’, como el estudio de los conflictos que se generan en torno al agua, donde los protagonistas son los países con estrés hídrico o con una distribución desigual del recurso (Santomaro Moscoso, 2016: 45). En esta línea se encuentran los estudios del italiano Riccardo Petrella, quien sostiene que las guerras del siglo XXI serán guerras por el agua (Martínez Argudín, 2010).

Hay autores que afirman que desde 2016 la presencia militar de Estados Unidos en el cono sur ha aumentado notablemente. Tal es el caso de Elsa Bruzzone (CEMIDA), quien sostiene que desde el acuerdo firmado entre el gobierno argentino y los Estados Unidos en 2016 los ejercicios militares se han acrecentado, junto a la presencia del Comando Sur en Neuquén[17] (base humanitaria) y el envío de efectivos para asistir a las fuerzas de seguridad de la frontera norte argentina y la Triple Frontera.[18] Estos datos toman mayor relevancia contextualizándolos en el marco de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, y sus declaraciones en torno a la actualización de la Doctrina Monroe. Aquel enunciado de 1824 de “América para los americanos” se reactualiza en el actual contexto internacional de puga entre aquel país con Rusia y China.

Reforzando esta hipótesis, sostiene Martínez Argudín (2010): “En Estados Unidos el 40% de ríos y lagos están contaminados y la mitad de su población depende del agua subterránea. Fuentes estatales de ese país han evaluado en 270.000 millones de dólares el costo de modernización de las instalaciones de tratamiento de agua, en 265.000 millones el costo de renovación de la red de agua potable, y en una cifra que supera la suma de las anteriores el costo de la descontaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Su euforia por adueñarse de los recursos de agua potable del resto del hemisferio se debe a que a nivel doméstico los acuíferos, ríos y embalses han sido abusados, contaminados y sobreexplotados, estando al borde del colapso”.[19]

Sin embargo, hay que tomar con recaudo estas afirmaciones. Cassia sostiene al respecto: “Mucho se ha advertido sobre la posibilidad de una invasión armada o una expropiación violenta del recurso. (…) Sin embargo, es importante considerar que pese a la relevancia y el volumen de las reservas que tiene el SAG, por sus dificultades de extracción y transporte, es probable que se priorice la explotación intensiva de otros recursos hídricos antes que este. El SAG será un recurso en disputa en una segunda instancia, a causa de dos factores. Por un lado, en un contexto de escasez hídrica los recursos superficiales serán los primeros en ser disputados, a causa de su mayor rentabilidad en términos de accesibilidad y transporte. Por otro lado, la posibilidad de un accionar armado se plantea como una última jugada en un contexto donde Estados Unidos no pueda obtener de sus aliados estratégicos los recursos que necesita. Ninguna de estas razones resulta suficiente para soslayar la importancia de garantizar su protección puesto que, a medida que la presión sobre los recursos hídricos mundiales aumente, el SAG también se convertirá en un recurso en disputa” (Cassia, 2011: 76).

 

Reflexiones finales

Hemos realizado una descripción de los aspectos que consideramos más relevantes para analizar la importancia del agua como recurso estratégico en la región y la complejidad que presenta el cuidado sustentable y la defensa de la soberanía del territorio del SAG.

Podemos concluir que el modelo de gestión del SAG y el tipo de explotación de este recurso dependerán del modelo de desarrollo implementado por cada uno de los Estados miembros del MERCOSUR. Los pueblos, mediante sus representaciones políticas y jurídicas, podrán ejercer control soberano en el marco del fortalecimiento de las organizaciones regionales que permita la planificación de políticas conjuntas, o una vez más la lógica del capitalismo subsumirá a la naturaleza a la condición de bien transable, de mercancía o de commodities, en detrimento de los derechos humanos de los pueblos que habitan el suelo sobre el cual se encuentran estos recursos, en este caso “el oro azul”, tal como se lo denomina popularmente.

La riqueza y la abundancia pasan a ser, como advertía Perón en 1954, amenaza para sus pueblos: “Es indudable que nosotros poseemos las mayores reservas de materias primas (…) pero no debemos olvidar que esto que representa quizás el factor de nuestra futura grandeza, representa también el más grave peligro para nosotros, porque la historia demuestra que cuando se carece de comida o se carece de medio, se la va a buscar donde exista y se la toma por las buenas o por las malas” (Perón, 1954). En el análisis geopolítico de Perón, la unidad regional era la estrategia necesaria para la defensa de dichos recursos: “unirnos es una perentoria e indispensable necesidad, la mejor defensa está en nuestra unión” (Perón, 1954). En 1953 había sostenido: “Pienso que América del Sur debe unirse. El resto del mundo está agotando sus reservas territoriales. Nosotros las tenemos en abundancia v sin explotar. Es lógico pensar que las luchas del futuro serán económicas y que ellas se orientarán hacia los países que tengan más reservas de territorios y más riquezas que explotar en ellos. El futuro nos impondrá la unión económica de América del Sur. Si no nos adelantamos a los hechos es posible también que la lucha nos encuentre desunidos”.[20]

La integración y el fortalecimiento de las organizaciones regionales, en particular del MERCOSUR, de sus instituciones y el respeto de los acuerdos firmados, podrían evitar el avance de los intentos privatizadores. Pero esto dependerá del desarrollo de las pugnas políticas regionales en el marco de la dinámica reconfiguración del orden mundial actual.

 

Bibliografía

Alexandratos N y J Bruinsma (2012): World Agriculture towards 2030/2050: The 2012 Revision. Roma, Food and Agricultural Organization.

Arnold D (1996): La naturaleza como problema histórico. El medio, la cultura y la expansión europea. México, Fondo de Cultura Económica.

Barnés HG (2018): “Quién se está quedando con el agua”. El Confidencial, 23-3-2018.

Braudel F (2006): “La larga duración”. Revista Académica de Relaciones Internacionales, 5.

Bruckmann M (2010): “La geopolítica del agua y los desafíos para la integración Sudamericana”. Comunicação & politica, 30, 1.

Bruzzone E (2017): “El Acuífero Guaraní en la mira”. En El Atlas de la Argentina: La Democracia Inconclusa, Buenos Aires, Capital Intelectual.

Bruzzone E (2013): Proyectos de apropiación de recursos naturales hoy. Buenos Aires, CEMIDA.

Bruzzone E (2009): Las guerras del agua: América del sur en la mira de las grandes potencias. Buenos Aires, Capital Intelectual.

Bruzzone E (2008): “Los Recursos del Subsuelo. Los conflictos por el agua subterránea. El caso del Acuífero Guaraní”. En La apropiación de la naturaleza. Conflictos ecológicos y distributivos en la Argentina del Bicentenario, Buenos Aires, Lugar.

Cassia S (2016): Modelos de Gobernanza en Sistema del Acuífero Guaraní. La Plata, UNLP.

Dussel E (1994): 1492: el encubrimiento del otro: hacia el origen del mito de la modernidad. La Paz, UMSA.

Fan H, G Li y G Miguez-Macho (2013): “Global Patterns of Groundwater Table Depth”. Science, 339.

Fornillo B (2014): “¿Commodities, bienes naturales o Recursos Naturales Estratégicos? La importancia de un nombre”. Nueva Sociedad, 252.

Graf Rey MS (2007): El Acuífero Guaraní: un gran reservorio en la mirada mundial. La Plata, I Jornadas CENSUD.

Houngbo G (2018): The United Nations world water development report 2018. UNESCO.

Martínez Lester A (2010): Importancia geoestratégica del Acuífero Guaraní para América. CEPRID, 21 de Julio.

Perón JD (1974): Modelo Argentino para el Proyecto Nacional.

Segrelles J (2007): “Geopolítica del agua en América Latina: Dependencia, exclusión y privatización”. XVI Simposio Polaco-Mexicano de la Universidad de Varsovia.

Santomaro Moscoso MN (2016): Intereses geopolíticos de los actores externos en el Acuífero Guaraní y la respuesta de los países del MERCOSUR. IAEN.

Wallerstein I (1979): El Moderno sistema mundial. México, Siglo XXI.

WWAP (2015): Agua para un mundo sostenible.

 

Mara Espasande es licenciada y profesora en Historia, Directora del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana “Manuel Ugarte” de la Universidad Nacional de Lanús.

 

[1] La Cuenca del Plata se encuentra integrada por los cursos fluviales del Paraná, Paraguay y Uruguay. A su vez, incluye las subcuencas de los ríos del Plata, Bermejo, Pilcomayo, Tieté, Paranaiba, Río Grande, Iguazú, Paranaipanema y las represas hidroeléctricas más importantes de Latinoamérica, como las binacionales de Itaipú, Yacyretá y Salto Grande. Esto genera una región muy rica en recursos hídricos en los cuales el SAG ocupa un lugar central.

[2] En 2010 científicos brasileños anunciaron que descubrieron el mayor acuífero del mundo en el norte del país, una reserva subterránea de agua dulce que abarca los estados de Amazonas, Pará y Amapá, según reportó la prensa local. Ver: http://www.siagua.org/noticias/brasil-anuncia-descubrimiento-mayor-acuifero-mundial.

[3] Cabe destacar que otros organismos internacionales apuestan a una estrategia distinta, tal como la ONU, que tiende a la internacionalización de territorios ricos en biodiversidad socavando la soberanía estatal.

 

[4] “En 2008, un informe de Goldman Sachs lo denominó ‘el petróleo del siglo XXI’. En él recordaba que el consumo se doblaba cada 20 años y que, en 2025, un tercio de la población global no tendría acceso al agua potable. Pocos años después se fundaba la Aqueduct Alliance, de la que formaban parte dicho banco, JP Morgan, General Electric, Shell o los gobiernos holandés y sueco, y cuyo objetivo era hacer frente común y compartir información estratégica” (Barnés, 2018).

[5] Entrevista realizada a Elsa Bruzzone. Disponible en: http://www.nacionmulticultural.unam.mx/mezinal/docs/4729.pdf.

[6] Datos del 2010. Sistema de información ambiental del MERCOSUR. https://ambiente.mercosur.int.

[7] La minera Orosur quiere establecer un proyecto subterráneo cerca del Acuífero Guaraní: https://www.teledoce.com/telemundo/nacionales/la-minera-orosur-quiere-establecer-un-proyecto-subterraneo-cerca-del-acuifero-guarani.

[8] Por la empresa estadounidense Schuepbach Energy International, donde la empresa australiana Petrel es poseedora del 51 por ciento de las acciones. https://diarioelsol.com.ar/2018/08/14/uruguay-empresa-australiana-habria-contaminado-el-acuifero-guarani.

[9] Fuente: http://www.apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=313519&ID_Seccion=2&fecemi=28/09/2018. La situación es diferente en Argentina, donde tanto Entre Ríos como Corrientes prohibieron mediante leyes provinciales la prospección para dicha actividad, lo cual no invalida la Ley Nacional de Hidrocarburos de 2010, que habilita a las petroleras a realizar exploraciones y explotaciones de hidrocarburos convencionales. https://mundo.sputniknews.com/ecologia/201705221069352222-america-latina-buenos-aires-hidrocarburos-extraccion.

[10] http://www.abc.com.py/nacionales/proponen-declarar-acuifero-guarani-como-bien-del-mercosur-1737294.html.

[11] Ver: https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201708231071788723-america-sur-acuifero-guarani.

[12] En 2016 durante el Foro Mundial de Davos en Suiza, Temer se reunió con el CEO de la empresa Nestlé, Paul Bulcke. Las versiones sobre la posibilidad de privatización del acuífero fueron desmentidas. https://rioabierto.ladiaria.com.uy/articulo/2018/3/ante-versiones-sobre-concesion-del-acuifero-guarani-en-brasil-el-gobierno-uruguayo-no-tiene-base-juridica-para-reclamar-informacion.

[13] https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=131906.

[14] Un caso paradigmático fue la compra de tierras en el territorio perteneciente a los Esteros del Iberá en la provincia de Corrientes por parte de Tompkins, el mayor propietario de dicha zona, con alrededor de 140.000 hectáreas. Esto llevó a afirmar a los periodistas Andrés Klipphan y Daniel Enz que era “el mayor propietario privado de recursos naturales vinculados al agua”. Sin embargo, el propietario sostuvo que su objetivo era conservar la biodiversidad en ecosistemas vulnerados. Su empresa, The Conservation Land Trust SA, que concentraba su propiedad en las zonas de Ituzaingó, de Mercedes y de San Miguel en la provincia de Corrientes, en 2015 donó el total de su territorio para la formación de parques ecológicos.

[15] Datos de 2009. En: http://www.cemida.com.ar/conversiondocumentos/LAPROBLEMATICADELATIERRAENARGENTINA.pdf.

[16] Datos al 2009. En:

http://www.cemida.com.ar/conversiondocumentos/LAPROBLEMATICADELATIERRAENARGENTINA.pdf.

[17] https://www.nodal.am/2018/06/argentina-el-comando-sur-en-neuquen-por-elsa-m-bruzzone.

[18] https://www.tiempoar.com.ar/nota/advierten-sobre-un-convenio-con-eeuu-que-permite-la-intervencion-militar-en-argentina.

[19] El autor sostiene que para hacer frente a esta problemática Estados Unidos ha impulsado una serie de planes de infraestructura en el continente, donde se incluye como un tema central la explotación de los recursos hídricos: “tres planes de infraestructura: la North American Water and Power Alliance (NAWAPA), el Plan Puebla Panamá (PPP) y la iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Suramérica (IIRSA). NAWAPA pretende desviar los vastos recursos hídricos de Alaska y el oeste de Canadá a Estados Unidos. El PPP por su parte, tiene proyectadas variadas obras de infraestructura a lo largo del istmo mesoamericano, incluyendo la explotación de las abundantes provisiones de agua fresca del Petén guatemalteco y del sur de México. La IIRSA, el más ambicioso de los tres, propone corredores industriales y enormes proyectos hidroeléctricos y de hidrovía por todo el continente suramericano” (Martínez Argudín, 2010).

[20] Reportaje, Santiago de Chile, febrero de 1953. https://www.elhistoriador.com.ar/discurso-a-estudiantes-latinoamericanos.

 

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