La alternativa del empleador de última instancia: una propuesta de política para el próximo gobierno

Agustín Mario

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El empleador de última instancia (ELR) consiste en el ofrecimiento, por parte del gobierno, de un empleo de salario fijo a cualquiera que quiera y pueda trabajar. Por definición, se elimina el desempleo involuntario, alcanzándose el pleno empleo. El ELR asegura que quienes estén dispuestos a –al menos– vender su tiempo al gobierno, puedan hacerlo. Al eliminar la desocupación, desaparece la necesidad del seguro de desempleo. Además, a diferencia de la situación actual en la que el salario mínimo es cero –ya que ese es el salario de los trabajadores desempleados–, el salario del ELR (WELR) se convertiría en el salario mínimo efectivo de la economía. Programas para garantizar ingresos a niños y adolescentes, adultos mayores y discapacitados deberán complementar al ELR.

El gobierno establece el WELR, el cual se convierte en el factor que define el valor de la moneda. Fuerzas de mercado determinan todos los otros precios, los cuales expresan valor relativo al trabajo ELR –reflejan niveles de indiferencia en la mercancía-patrón. El valor de la moneda es estable en trabajo ELR: vale 1/WELR horas de trabajo ordinario. En la medida en que WELR permanezca fijo, como en cualquier política de buffer stock, no puede haber inflación ni deflación, sino cambios de precios relativos.

Esta nueva clase de empleo público, que podría denominarse suplementario, operaría como una influencia contra-cíclica y funcionaría como un estabilizador automático. Cuando aumenta el empleo no-ELR, se reduce el pool de trabajadores ELR y disminuye el gasto –sesgo fiscal contractivo–; cuando se reduce el empleo no-ELR, se incrementa el pool de trabajadores ELR y el gasto –sesgo expansivo. De modo que el ELR es anti-inflacionario en una expansión –vende trabajo para evitar que aumente WELR o, lo que es lo mismo, se reduzca el valor de la moneda– y anti-deflacionario en una recesión –compra trabajo para evitar que se reduzca WELR, esto es, que aumente el valor de la moneda.

No obstante, el ELR no eliminará el ciclo económico. Cuando aumenta el empleo no-ELR, aumenta el nivel de ingreso de la economía, pero no tanto como lo haría en una economía sin ELR, ya que se reduce el pool de trabajadores del programa. Se reemplazan salarios mínimos por salarios más altos. Cuando se reduce el empleo no-ELR, cae el nivel de ingreso de la economía, pero tanto como lo haría en una economía sin el programa, ya que aumenta el pool de trabajadores ELR. Se reemplazan salarios altos por salarios mínimos. El ciclo persiste, pero con menor amplitud y, lo que es más importante, manteniendo permanentemente el pleno empleo.

El gobierno no compite con el resto de los sectores –no modifica WELR para afectar la cantidad de trabajadores en el programa. Los trabajadores ELR están disponibles para el sector privado a –un margen sobre– WELR. El gobierno contrata sólo a aquellos trabajadores que el sector privado no necesita.

Los trabajadores se beneficiarían al contar con un empleo garantizado; y las empresas lo harían al contar con un pool de trabajadores –capacitados y orientados al trabajo– disponibles, del cual podrían contratar a algún diferencial sobre el salario fijo pagado por el gobierno a los empleados ELR. Como mínimo, el ELR debería mejorar la calidad de los trabajadores del programa de modo que sean una –o una mejor, en el caso de que ya lo sean– alternativa para el sector privado. Es decir, incrementar el grado de sustituibilidad entre los trabajadores ELR y el resto de la fuerza laboral.

El desempleo involuntario es evidencia de que el ahorro deseado es mayor que el ahorro efectivo. El gobierno puede aumentar el déficit y reducir el desempleo hasta satisfacer el deseo de ahorro. En la medida en que el incremento del déficit siga aumentando el empleo, debe ser que el ahorro deseado continúa superando al ahorro efectivo. El ELR aumenta el déficit sólo hasta el punto en que se elimina el desempleo involuntario –o en que se igualan ahorro deseado y efectivo. Dados el gasto no-ELR, los impuestos y la tasa de interés, el déficit –o superávit– que resulta al implementar el ELR es endógeno, en el sentido de que es determinado por el mercado –el deseo de ahorro del sector privado. Una vez que ya no queden trabajadores dispuestos a emplearse en el ELR, el déficit no será aumentado –no se volverá “excesivo”, no superará al ahorro deseado. De este modo, el programa garantiza que el balance fiscal del gobierno se encuentre siempre en el nivel correcto para alcanzar –y mantener– el pleno empleo, algo que no pueden lograr las políticas que implican gastar con una regla de cantidad, justamente porque no cuentan con un mecanismo para ajustar el déficit a los cambios en el ahorro deseado.

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