El aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y las restricciones posteriores que fueron aplicadas en respuesta a la pandemia, vigentes desde marzo de 2020, implicaron múltiples desafíos para el Estado argentino en sus distintas áreas y jurisdicciones. Los actores estatales fueron interpelados por mayores demandas desde diversos sectores y, lógicamente, las respuestas institucionales fueron heterogéneas. Agentes de las fuerzas de seguridad y el personal de salud siguieron circulando; el Poder Judicial suspendió casi por completo su actividad; mientras que una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras estatales pasaron a desempeñar sus tareas de modo remoto. Particularmente, quienes formaban parte de las agencias vinculadas con servicios de asistencia se enfrentaron durante la cuarentena con un fenómeno inédito: atender demandas minimizando el trabajo cara a cara.
¿Cómo se brindó atención urgente sin “ventanillas” o con intervenciones territoriales limitadas? ¿De qué manera se reconvirtió el trabajo asistencial de trinchera? ¿Cómo se recreó su vínculo con la sociedad cuando hubo que prescindir de los escenarios, dispositivos y hábitos de interacción construidos bajo el supuesto de la libre circulación y el contacto?
Nos preguntamos qué podremos aprender mejor sobre el funcionamiento normal del Estado asistencial observándolo en una situación –digamos– “anormal”. Para ello, durante los primeros días del ASPO hicimos un relevamiento que incluyó una encuesta a trabajadores y trabajadoras del campo asistencial, intercambios por Zoom, llamadas telefónicas o audios de WhatsApp de informantes situados en agencias claves, y el variopinto material –flyers, tweets, recurseros, propagandas institucionales– con que las burocracias estatales se comunicaron con la sociedad esos días. Sostuvimos una mirada situacional sobre el funcionamiento del Estado. Antes que evaluar su desempeño o examinar cuánto se acercó o distanció de algún ideal institucional, buscamos captar cómo la ruptura de la normalidad social y burocrática afectó las formas en que el funcionariado y los agentes estatales desarrollaron estrategias para resolver los múltiples problemas sociales que se agudizaron o surgieron con la pandemia. Lejos de visiones idealizadas, prestamos atención a los efectos que dichas estrategias generaron en algunos aspectos del funcionamiento estatal. Esto no significa que hayamos renunciado a identificar los problemas que dichas estrategias generaron.
Las actividades de asistencia desplegadas fueron diversas. Incluyeron desde brindar información sobre el modo de resolver un problema de movilidad; gestionar una transferencia excepcional de ingresos; entregar una bolsa de alimentos; resolver o asistir un problema de violencia de género o de cuidados; ayudar a las personas mayores aisladas o a población en situación de calle, entre muchas otras actividades. Implicaban rutas estatales, saberes y agencias diversas. En algunos casos, se ampliaron o adecuaron las prestaciones y servicios existentes para la población que ya era foco de la asistencia y el trabajo estatal descansó en el ethos de las personas que habitan las áreas encargadas de la asistencia y suelen trabajar con población en situación de extrema vulnerabilidad. En efecto, se desplegaron formas de acción institucional “lábiles”, de “contornos difusos”, “informales”, “descoordinadas”, “voluntaristas”, “amateur”. Se activaron redes de contactos en agencias estatales u organizaciones sociales, donde los atajos, la articulación con actores o la movilización de recursos extraoficiales en muchas circunstancias permitieron mantener operativa la asistencia estatal.
Estos repertorios permitieron gestionar rápida y masivamente transferencias; paliar la falta abrupta de personal por licencias y dificultades para continuar con el trabajo desde los hogares; generar y aplicar múltiples regulaciones; controlar y limitar las aglomeraciones; sortear la desconfianza de la ciudadanía; evitar fraudes; y responder a necesidades urgentes que por el aislamiento se precipitaron –como la falta de ingresos– o potenciaron –como las situaciones de violencia de género–, por mencionar solo algunas.
En otros casos, la respuesta estatal se ancló en la institucionalidad de organismos más estructurados y automatizados, como ANSES, mejor preparados para dar saltos rápidos de masividad, aunque también más afectados en sus procedimientos por la falta de presencialidad. Allí, con políticas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se incluyó una población “nueva” que no había estado en la mira de la asistencia social previamente, que se sumó a la clásica población destinataria de la asistencia. Millones de personas “sueltas”, descolectivizadas –cuentapropistas, trabajadoras y trabajadores precarios, pequeños patrones, profesionales independientes– solicitaron este tipo de prestaciones al Estado por primera vez en su trayectoria personal.
El ASPO dejó en evidencia que, aún en circunstancias de máxima automatización y virtualización de las prestaciones, las mediaciones sociales resultaron vitales para asegurar su concreción. La presencia capilar de las organizaciones sociales y comunitarias permitió cubrir necesidades mientras se rearmaban los mecanismos estatales de asistencia. A la vez, fue un recurso imprescindible para garantizar la implementación de las principales políticas sociales de esta coyuntura y compensar la ausencia o presencia intermitente del personal estatal en el territorio. Si hay algo que se hizo definitivamente visible durante esos días, es que la clásica imagen de la ventanilla individualizante –donde ciudadanía y Estado se encuentran sin intermediaciones– no es la realidad más frecuente de la protección a las poblaciones más vulnerables. Así, al tiempo que la sociedad demandaba más que nunca la presencia del Estado, el Estado requirió más de la sociedad.
Una mirada sobre el funcionamiento estatal, menos idealizada y más situada, permitió sumergirnos en aquello que fue posible. Veremos más adelante los efectos que los aprendizajes e innovaciones institucionales generados en esta particular coyuntura tendrán sobre el funcionamiento de la asistencia estatal en una nueva “normalidad” post pandemia.
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