La posición del Movimiento Obrero en esta etapa: antecedentes históricos y debate actual

Carlos Holubica

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El Movimiento Obrero Argentino se encuentra inmerso en un debate interno para definir su posición frente al gobierno de Macri y ante la crítica situación del país. Como muchas veces a lo largo de su historia, presenta dos grandes bloques –cada uno con sus propios matices internos– que a grandes trazos expresan dos posturas diferenciadas: uno más proclive al diálogo y la negociación, y otro que plantea la necesidad de endurecer la posición de los sindicatos frente a las políticas del macrismo. El primero se resistió a convocar a un congreso para elegir una nueva conducción de la CGT, mientras que el segundo considera agotada la experiencia del triunvirato y quiere que se renueven las autoridades de la central obrera bajo otro formato, incorporando a sectores que en su momento se autoexcluyeron de integrar la conducción, o directamente no participaron de la conformación de la central obrera. En medio de esta tensión aparece el problema no resuelto de la unidad de la CGT.

 

Un poco de historia

La situación descrita dista mucho de ser nueva u original, ya que se ha venido repitiendo desde la creación de la primera central de trabajadores en 1901, la Federación Obrera Argentina (FOA), producto de una alianza entre socialistas y anarquistas. Si sumamos la cantidad de años, fueron más los períodos de división que de unidad. Recién el 27 de septiembre de 1930 se produce la fundación de la CGT, a partir de la confluencia de las dos corrientes más representativas, en ese entonces, del gremialismo argentino: el llamado sindicalismo y el socialismo. Si bien no agrupaba a la totalidad de los sectores existentes (quedaron fuera los comunistas y el casi extinto anarquismo), se constituyó en una respuesta orgánica a la dictadura militar surgida del golpe del 6 de septiembre de ese año que derrocó al gobierno popular de Hipólito Yrigoyen. Es decir que el movimiento obrero buscaba unificarse para enfrentar a un régimen de facto, conservador y antipopular.

Sin embargo, en 1935 la joven CGT se fracturó: los socialistas acordaron con los comunistas para formar la CGT Independencia, mientras que los sindicalistas lanzaron primero la CGT Catamarca y luego refundaron una vieja sigla: Unión Sindical Argentina (USA). Por entonces, ya los militares habían cedido a los partidos representantes de la oligarquía el manejo del gobierno, a partir de la proscripción y el fraude que dieron nombre a la tristemente célebre “década infame”.

En 1942, cuando el régimen decadente se empezaba a desmoronar, un realineamiento en el campo sindical ubicó de un lado al grueso del socialismo, en lo que se denominó CGT N° 1, y del otro a los comunistas y algunos socialistas disidentes, en la CGT N° 2. Los sindicalistas se mantuvieron en la USA. Pero ya estaba en ciernes el surgimiento de un movimiento y una figura que habrían de cambiar el destino de la Argentina en general y de los trabajadores en particular.

A partir de que un sector de militares nucleados en el Grupo de Oficiales Unidos (GOU) decidió terminar con la ignominia de la década infame, se produjo el levantamiento del 4 de junio de 1943, en cuyo marco el entonces coronel Juan Domingo Perón se hizo cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión y, desde ese lugar, logró la unificación de las dos CGT y de la USA en una sola central obrera. Se inició allí uno de los períodos en que más tiempo permaneció unido el movimiento sindical en nuestro país: durante doce años, hasta el derrocamiento por la fuerza del gobierno constitucional de Perón, que había triunfado en elecciones limpias y libres el 24 de febrero de 1946 y había sido reelecto en 1952. También fue esa la etapa en que mayores logros obtuvieron los trabajadores hasta ese momento.

El 16 de septiembre de 1955, la autodenominada “Revolución Libertadora” –a la que los peronistas bautizamos “Revolución Fusiladora”– inauguró un largo ciclo de golpes militares, gobiernos civiles surgidos con la proscripción del peronismo y regímenes de facto que intentaron retrotraer las conquistas laborales. Frente a la intervención de la CGT, el intento fallido de los golpistas de crear una central adicta, surgieron la CGT negra y luego las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas, como parte de la resistencia del movimiento obrero ante quienes pretendían arrasar con sus derechos.

En ese ciclo nefasto de gobiernos ilegítimos queremos señalar en particular la experiencia vivida durante la llamada “Revolución Argentina”, cuando a raíz del proyecto corporativo del general Onganía se produjo una nueva división de la CGT, entre aquellos dirigentes que querían pactar con los militares, liderados por Augusto Timoteo Vandor, y los que planteaban que sólo la lucha podía garantizar la defensa de los trabajadores. Estos últimos fundaron la CGT de los Argentinos, conducida por Raimundo Ongaro. Resaltamos ese hecho porque fue luego una constante de los alineamientos sindicales en diferentes situaciones políticas y bajo distintas denominaciones: el enfrentamiento entre quienes suponen que lo mejor para su gremio es pactar con el gobierno de turno, más allá de los intereses que éste represente, y aquellos que piensan que cualquier retroceso en las conquistas logradas es innegociable. Demasiadas lecciones nos ha dado la historia sobre el enorme costo que implica para los trabajadores el no enfrentar decididamente las políticas que, para favorecer a los sectores concentrados de la economía, destruyen la producción nacional, el empleo, el salario y las condiciones laborales. Sin ir demasiado lejos en el tiempo, allí tenemos la trágica experiencia del menemismo y el colofón lamentable del gobierno de la Alianza.

 

Un balance de casi tres años de gobierno de Cambiemos

A la luz de los antecedentes históricos, analicemos lo ocurrido desde que asumió el gobierno de Cambiemos. Hoy el sector sindical dialoguista encuentra cada vez más dificultades para sostener su posición, porque las políticas del macrismo no dejan mucho margen para la negociación. Menos después del acuerdo con el FMI, que fracasó en poco más de dos meses y cuya renegociación significará el ajuste del ajuste. Como contrapartida, se refuerzan los argumentos de quienes plantean que, aún para obtener concesiones del gobierno, se requiere de una CGT mucho más firme en su posición. Por otra parte, el balance de lo ocurrido durante los casi tres años de la gestión macrista parece dar la razón a los más combativos. Fuera de alguna devolución de fondos retenidos a las obras sociales sindicales, no se aprecian logros importantes para los intereses de los trabajadores, más bien todo lo contrario.

En mayo de 2016, cuando arreciaba la primera ola de despidos en el Estado y en el sector privado, el Congreso Nacional votó una ley de emergencia laboral que fue vetada por el presidente Macri. Recién un mes después, luego de muchos cabildeos, la CGT decidió declarar la primera huelga nacional el 25 de junio de ese año. Es recordada la movilización realizada días antes del paro, que culminó con un acto en el que los manifestantes reclamaron vehementemente a la conducción obrera la convocatoria inmediata a la huelga, a la vez que los integrantes del triunvirato tuvieron que abandonar de manera abrupta el palco desde el que realizaron los discursos. Ningún plan de lucha fue planteado como continuidad de esa huelga. Al día de hoy, los despidos continúan tanto en el sector público como en el privado. Se estima que en el primer semestre de 2018 se produjeron más de 4.300 por mes en promedio, un 17 por ciento más que el año pasado. En el segundo semestre esos números escalofriantes tienden a aumentar vertiginosamente.

Respecto del poder adquisitivo del salario, luego de la pérdida sufrida en 2016 con una inflación superior al 40 por ciento, en 2018 se proyecta un nuevo deterioro como consecuencia de acuerdos que, en el mejor de los casos, alcanzan al 25 por ciento de aumento salarial con una inflación estimada otra vez por encima del 40 por ciento.

También las jubilaciones vieron disminuida su capacidad de compra, sobre todo después de la ley votada en diciembre de 2017 que modificó la fórmula de actualización de esas prestaciones. Frente a este perjuicio para quienes trabajaron en el pasado, pero que afectará en el futuro a los actuales trabajadores, la CGT, sin mucha convicción, declaró el segundo paro el 18 de diciembre del año pasado. La medida de fuerza tuvo un alcance acotado porque, además del escaso entusiasmo de la conducción obrera, el gremio de colectiveros (UTA) desistió a último momento de acompañar la huelga. Tampoco en esa ocasión se formuló un plan de lucha como continuación del paro.

Esas caídas del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones se profundizarán con la continuidad del tarifazo interminable. A propósito de esto, la oposición en el Congreso Nacional logró votar una ley para retrotraer el valor de las tarifas a noviembre de 2017, ajustándolas luego en sintonía con los aumentos salariales. Otra ley vetada por Mauricio Macri que dio pie a la convocatoria a una nueva huelga nacional, la tercera durante la gestión de Cambiemos, que se cumplió con gran éxito el 25 de junio del presente año, gracias a la participación de todos los sectores, aún los que difieren con la conducción o no forman parte de la central obrera. Por tercera vez, después del paro no se planteó desde la CGT ningún plan de lucha.

Hacia fines de agosto, con casi un mes de anticipación, la CGT decretó un nuevo paro general para el 25 de septiembre, sin movilización y, por cuarta vez, sin formular un plan de lucha como continuación de dicha medida de fuerza. Pese a que contará nuevamente con la adhesión de todos los sectores sindicales, lo que garantiza el éxito de la huelga, esta carencia de una continuidad de las acciones en contra de la política neoliberal y neocolonial del gobierno es lo que tiene en una suerte de estado de asamblea al movimiento obrero: ante la perspectiva de más ajuste fiscal, que equivale a más despidos y mayor deterioro de salarios y jubilaciones; con la amenaza de una reforma laboral regresiva que aguarda agazapada en el Senado de la Nación; y la aparición en el horizonte de un proyecto de reforma previsional que significaría empeorar las ya malas condiciones de los jubilados actuales y, sobre todo, de los futuros.

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