La Constitución de 1949, el revisionismo histórico constitucional y el proyecto nacional

Jorge Francisco Cholvis

0

Asistimos actualmente a un duro debate en el que confrontan dos corrientes: quienes desde grandes conglomerados económico-financieros y periodísticos, con sus intelectuales orgánicos, inculcan una visión falsa de la historia y de la realidad contemporánea, impulsando un clima ideológico proclive al sostén de fuerzas políticas conservadoras; y, por otro lado, quienes impulsan el progreso social. Dos modelos en pugna. Esta confrontación existe en distintas zonas del planeta, como en nuestro caso en el contexto regional. En esencia, es la disputa sobre la distribución del ingreso, del producto social: quiénes serán destinatarios del resultado de las políticas socio-económicas.

Arturo Jauretche señalaba que existe una estrecha vinculación entre lo histórico y lo político contemporáneo. Entendemos que ello también ocurre con el análisis constitucional y el necesario concepto que debe existir sobre la Constitución. Pensar una política nacional y ejecutarla requiere conocimiento de la historia “verdadera”. Ese es el objeto del revisionismo histórico, por encima de las discrepancias ideológicas que dentro del panorama general puedan tener los revisionistas. Como escuela historicista, el revisionismo expuso su método de investigar y explicar el pasado.

Para la debida interpretación de una Constitución y su valoración no es posible dejar de lado una veraz mirada a la historia que nos posibilite conocer cuáles fueron las circunstancias y los objetivos que llevaron a su sanción. Precisamente, ese tránsito por los caminos de la historia hasta nuestra realidad nos permitirá realizar asimismo un “revisionismo histórico constitucional”. Será el análisis histórico en el proceso constitucional, mediante un examen revisionista del pasado nacional, lo que permitirá la observación precisa de la Constitución real y la presencia de factores internos y externos que la conforman, que son los que fueron delineando a las constituciones escritas.

Transitar los caminos de la historia hasta la realidad contemporánea en el análisis constitucional fue originariamente método y mérito de Arturo Sampay. Lo expuso en la Convención Nacional Constituyente de 1949, donde efectuó un amplio análisis sobre aspectos específicos de la historia y la doctrina nacional, la teoría del Estado, como así también las exigencias del acervo patrio, lo que complementó recorriendo con detalle el derecho comparado y la historia de otros países. Una constitución tiene validez en tanto es adecuada al estado social efectivo de un pueblo. En este tema es indispensable afirmar la justicia que debe contener la constitución real, atento a las condiciones sociales de producción y cultura. Ello conforma los criterios para valorar a la constitución real y a la constitución escrita y, en consecuencia, esos mismos criterios vienen a servir de ideales para animar a la lucha del pueblo por una Constitución mejor.

Como expresó José María Rosa en el prólogo a la Historia de la Confederación Argentina. Rosas y su época de Adolfo Saldías, “la historia es la conciencia de los pueblos”. El gran instrumento para quitar la conciencia nacional de los argentinos fue “la falsificación consciente y deliberada de la historia”. También Scalabrini Ortiz advirtió que “la conciencia argentina ha sido mantenida en el engaño y los hombres que pudieron hablar, callaron prudentemente. Pero basta presentar el problema en sus líneas primordiales para que la comprensión se ilumine”. Se ha querido ocultar cómo se construye una nación, y cómo se dificulta su formación auténtica, para que ignoremos cómo se la conduce y cómo se diseña una política de fines nacionales, una política nacional. Y ello ha ocurrido tanto con la historia, como en lo que se refiere a la Constitución. Así como se ocultaron y falsearon casi treinta años de la historia nacional en el siglo XIX, la Constitución Nacional de 1949 permaneció oculta por un largo período del siglo XX, y aún en la actualidad es la gran desconocida. Por ello, lanzamos al ruedo la idea de realizar el esfuerzo de entender el pasado nacional, en el marco del debate de nuestra realidad contemporánea con el revisionismo histórico constitucional como modelo metodológico. No tenemos temor a debatir sobre el porqué de esa Constitución. En el análisis histórico encontramos con los aspectos sociales, económicos y culturales, y con esa visión amplia alcanzamos nuestra realidad. No se puede desconocer la recíproca interdependencia de todos estos aspectos para comprender las distintas etapas o períodos del devenir del pueblo argentino, pues para lograrlo es necesario siempre un punto de vista integral cuya base es histórica.

Señalaba Sampay que es fácil inferir que la historia nacional es un instrumento de poder de primer orden, ya que, si es veraz en el registro de los hechos y los valores con una concepción política verdadera, sirve a una legítima política nacional; mientras que, si es Historia falsificada –tanto en la referencia de los acontecimientos como en su valoración con una errada concepción política antinacional– es un instrumento político de opresión y de sometimiento colonial. Por eso, una Historia nacional falseada adrede con el designio de debilitar e inferiorizar, para al fin alienar el ser nacional, a la larga es un medio de dominación. Ello proporciona razones principales e imprescindibles para avanzar en la senda vallada hacia la constitución del siglo XXI.

Los pueblos cuando se retratan en una Constitución muestran el pasado en su rostro, y construyen el futuro con la inspiración que reciben del pasado. Si se ignora nuestro pasado y por qué nos encontramos en esta situación, no se podrá hallar la respuesta a tan grave interrogante. Hoy los pueblos del mundo afrontan el desafío de reafirmar su personalidad y su autonomía. Para ello también deben acentuar el debate y la participación, y sin sectarismos avanzar en todas las formas de intercambio de ideas, en el plano de la política y la cultura. También se debe profundizar el conocimiento del proceso histórico que ha traído al momento actual. Como lo señaló en su momento Arturo Jauretche, “lo que se nos ha presentado como Historia es una Política de la Historia” al servicio de un proyecto de nación inconcluso. Esa política de la historia es sólo un instrumento de los planes más vastos destinados precisamente a impedir que la historia, la historia verdadera, contribuya a la formación de una conciencia histórica nacional que es la base necesaria de toda política de Nación. Ese ocultamiento y falsificación también lo sufrió la Constitución Nacional de 1949 en las cátedras universitarias, en el debate político y por cierto en los tribunales. Esa política de ocultar, encubrir y proscribir tuvo fundamentalmente el objetivo de impedir que sus principios básicos tuvieran presencia clara en el conocimiento del pueblo, y que fuera una bandera de lucha por un país mejor y más justo.

La Constitución de 1949 es clave en el desarrollo constitucional argentino, al incorporar nuevos derechos que superaron el dogma liberal del siglo XIX e instituir nuevas normas de política económica constitucional, que son las que marcan el objetivo de superar el condicionamiento socioeconómico y hacer efectivo el goce de los derechos humanos básicos por las grandes mayorías nacionales. Por ende, la tarea será no marginar la polémica. Vamos a “hacer circular la vida por el debate”, como señaló José María Rosa. Para mantener ocultos sus postulados había que marginar lo que significó en la historia constitucional argentina, imposibilitando la creación y el desarrollo de un pensamiento constitucional nacional que reflejara el proceso histórico patrio, porque “una política del desarrollo supone un recíproco desarrollo del pensamiento nacional”. Del pensamiento y la ética nacional, “porque es necesario una moral nacional, que es lo que se llama patriotismo”. Ocultar la situación de subdesarrollo e inequidad en la utilización y la distribución de la riqueza creada que caracterizan a la economía de un país colonial o semicolonial, conduce necesariamente a que dichos fenómenos se deban encarar e identificar conjuntamente. Así observamos el problema social y el problema nacional, pues de la necesidad de un pensamiento político nacional y social ha surgido la necesidad del revisionismo histórico. Y de la necesidad de quitar el dañoso velo que permanece sobre la Constitución Nacional de 1949 y sus principios básicos, surge la indispensable actitud de impulsar un revisionismo histórico constitucional. Ello proporcionará criterios para cotejarla con el texto constitucional vigente, y será aporte principal para el debate constitucional que el pueblo argentino se merece. Tarea que para ser fructífera requiere difundir y ampliar esta corriente de investigación histórica. Como expresaba Jauretche, “descubrir el pasado es descubrir el presente, pues pueden variar los nombres de los actores, y pueden variar los poderes extraños e interesados, pero la política de un país es necesariamente la resultante de un conflicto de fuerzas, de medios y de fines. Toda política que no parta del conocimiento de ellos no puede ser una política nacional, y la historia es el gran escenario donde esas fuerzas se ponen al descubierto para manejarse a favor o en contra”. Por tanto, la historia ha sido falsificada para que los argentinos tuviesen una idea irreal del país y de sí mismos. Se logró crear la idea del país como de una cosa abstracta, o de algo ubicado en la estratósfera, ajeno por completo al juego de los intereses sociales y económicos internos, y desde luego a los externos.

La Argentina tuvo tres modelos de Constitución: la agroexportadora de mediados del siglo XIX en la faz concurrencial del capitalismo; la etapa Justicialista con el texto de 1949; y la vigente, producto del Pacto de Olivos, que surge en la última década del siglo XX, en tiempos donde el neoliberalismo se expandió por el mundo y en el cual se escuchaban los dictados del Consenso de Washington. Debemos abrir el debate para lograr un cuarto modelo que sea reflejo de las necesidades y las aspiraciones del pueblo argentino, en la senda hacia el logro de la Patria Grande en estas tierras. Elaborar un “revisionismo histórico constitucional” ayudará a lograr ese objetivo. Por eso es que Sampay enseñaba con énfasis que “para saber qué Constitución tiene el país y cuál debe tener” debemos antes clarificar la idea de Constitución, examinar su esencia y observar su proceso histórico, para verificar causas, transformaciones, alteraciones, revalidaciones y resultados que dejó el texto constitucional que nos rigió desde la sanción inicial hasta la actualidad. Estaremos de tal modo en condiciones para poder diseñar los nuevos principios constitucionales que requiere nuestra realidad, pues la vida, tanto en un individuo como en un pueblo o comunidad nacional, es un todo dinámico. La instancia histórica de la cultura va superando y perfeccionando las formas múltiples en que ha cristalizado momentáneamente su movimiento creador.

Se hace imposible comprender el presente del país sin entender el pasado y los fenómenos sociales, políticos y económicos que están a la vista, y que de tal modo obligan a buscar otra explicación histórica distinta a la que proporciona la historia oficial. La subsistencia de la historia falsificada fue y es un simple hecho de poder, en la medida en que los sectores sociales dominantes –internos y externos– sostienen férreamente los instrumentos de difusión de pensamiento, de comunicación y de articulación política. A medida que se logra el conocimiento de la reciprocidad de los términos social y nacional se hace imposible pensar una política social sin una política nacional. También en el orden ético, no hay política nacional sin historia revisada. Lo mismo sostenemos que ocurre con el tema constitucional, con la Constitución: su conocimiento, a través del modelo metodológico de un “revisionismo histórico constitucional”, es imprescindible para profundizar el análisis y los objetivos y medios necesarios que debe contener, para lograr institucionalizar al más alto rango normativo el Proyecto Nacional en el país de los argentinos, acorde a nuestro tiempo. Así tendremos una Nación en sustancia, donde la justicia social alcance su máxima expresión y posibilite hacer efectivos y darles permanencia a los derechos humanos básicos, tanto materiales como espirituales, que son necesarios para alcanzar la plena dignidad humana.

En esta instancia que se encuentra transitando la Argentina se hace necesario abrir el debate. Es necesario definir y proponer las bases esenciales para el nuevo Proyecto Nacional, para que oportunamente sea institucionalizado al más alto rango normativo por una futura Asamblea Constituyente con la más amplia participación popular. La invariabilidad de las categorías filosóficas, sociales y constitucionales es una idea hace mucho sobrepasada. Es necesario levantar las vallas que se colocan al debate constitucional, tanto en cuando a la forma como al contenido, para abrirlo y concretarlo en un nuevo texto constitucional. Con la creatividad del pueblo se podrán encontrar los nuevos caminos para lograrlo.

No encarar el debate constitucional implica no afrontar el proceso histórico y no estar en condiciones de adoptar las decisiones contemporáneas que nos lleven a un futuro superior. Pero no será mediante un diálogo falaz y formalista que no contiene un análisis profundo, y que con eufemismos sólo oculta el rechazo y el temor de los sectores dominantes a la democracia plena y a la soberanía nacional. El debate y el consenso algunos los proponen para mantener las bases establecidas en una constitución proclive a posibilitar el neoliberalismo, y de esa forma lograr que perdure en sostén de las normas de política económica constitucional que vienen del texto histórico de mediados del siglo XIX. Así se dificulta la posibilidad de diseñar e institucionalizar los fines y medios adecuados para que desde nuestra realidad contemporánea impulsemos el país que desean y merecen los argentinos en este siglo XXI. No poner en plano popular el debate, ocultar el porqué de la Constitución, no escuchar las nuevas opiniones y criterios, es como cerrar los ojos a las causas, las finalidades y los intereses que la conformaron: negar y ocultar la historia según la cual llegó a ser Constitución. Es preciso incorporar a nuestra Constitución una nueva arquitectura jurídica institucional que sea reflejo del nuevo constitucionalismo, en cuyos umbrales se encuentra el pensamiento constitucional argentino que diseñó e institucionalizó la Argentina en la Constitución Nacional de 1949.

El Pueblo no puede estar marginado. Es inadecuado e injusto, y debe contar con una participación protagónica en la definición de la metodología, los procedimientos y los contenidos. De tal forma, es necesario que dicho debate sea anterior a su tratamiento formal en el ámbito parlamentario. Es imperioso adoptar respuestas y propuestas concretas sobre la problemática socio-política nacional, y sobre las pautas del Proyecto Nacional. Eso es realizar la alta política que precisa la Nación.

Todos los conceptos expuestos en los parágrafos precedentes podrían ser ampliados con otras consideraciones, sin embargo, a fin de no darle demasiada extensión a este texto, creo que debe concluir con lo que hemos expuesto. Por lo demás, durante el necesario debate que se deberá realizar, seguramente tendremos que recurrir a dichos conceptos, que por tanto aguardan esa oportunidad. Finalizo esta propuesta para avanzar hacia una nueva Ley Suprema con un pensamiento que poéticamente expresó Sampay, y que patentiza la esencia del designio de la Constitución:

“Le gusta al hombre

Hablar de Tradición y de Gloria.

Luchemos por la Justicia.

Que lo demás es Historia”.

Comentarios de Facebook

También podría gustarte Más sobre el autor