Consensos y enseñanzas que la pandemia nos dejó

Resulta innegable que el contexto que estamos atravesando implica grandes desafíos y deja al descubierto el impacto que tienen las políticas públicas en todos los órdenes de la vida.  La pandemia funcionó también como una suerte de linterna que permitió poner el foco en algunos de los problemas estructurales que tiene nuestro sistema educativo. Mi intención es abordar los principales aprendizajes en materia educativa que nos dejó el habernos visto forzados a pensar estrategias para enfrentar este año de forma creativa, y me animo a enumerar algunos consensos básicos sobre los cuales debemos trabajar.

El rol central de la escuela, aún hoy, como espacio igualador en una sociedad cada vez más desigual. Las escuelas siguen siendo el espacio de lo común, aunque no sin complejidades. Las comunidades educativas venimos dando lucha desde hace años contra los discursos de desprestigio y frente a las políticas que pretenden deslegitimar el rol central de la escuela, lo que se contrapone a un discurso basado en la autonomía en el aprendizaje. Sin embargo, sabemos que la escuela cumple un rol fundamental en la construcción de una sociedad más justa. Sigue siendo –y será siempre– el espacio de construcción, de socialización, de aprendizajes individuales y colectivos por excelencia.

La importancia de la tarea docente y de la formación pedagógica para llevar adelante procesos de enseñanza y aprendizaje. La pandemia nos encontró sin un marco regulatorio para la educación a distancia: se impuso de manera intempestiva. El sistema educativo no estaba preparado para este nuevo contexto extraordinario, por lo que no pudo establecerse un “contrato didáctico” de antemano. Ante esta situación, las y los docentes construyeron estrategias diversas, tales como impresión de materiales, llamados de WhatsApp, colecta de celulares y utilización de sus propios datos móviles para responder a la heterogeneidad de situaciones de cada estudiante. En los hogares, madres y padres –mucho más las primeras, por cierto, nada nuevo– tomaron la dimensión de lo que implica la tarea pedagógica, tan menospreciada por algunos sectores de la dirigencia, y también de la sociedad. La docencia no la pueden ejercer facilitadores, ni voluntarios. Para enseñar se requiere una formación y un saber específico, y no deben quedar dudas con relación a ello.

La necesidad de generar instancias de diálogo, escucha, participación y políticas de concertación con todas y todos aquellos que construyen la escuela. No hay política educativa si no ingresa a las aulas de la mano de las y los docentes. Garantizar el derecho social a la educación requiere de mayores instancias de concertación con quienes construyen cada día las escuelas. Es fundamental que se contemple y se fortalezca a la comunidad educativa en toda su dimensión, incorporando las redes comunitarias que cumplieron un rol central en esta etapa.

La necesidad de fortalecer el vínculo entre la escuela y las familias. La construcción y el fortalecimiento de este vínculo es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje que tienen que realizar las instituciones educativas para seguir construyendo y garantizando derechos. Para esto, tiene que existir un piso de consensos, de mutuo respeto, reconocimiento y acuerdo en torno a las responsabilidades.

El valor de las políticas de acceso a dispositivos tecnológicos, la incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos de aprendizaje, y la necesidad de reconocer a Internet como un servicio público esencial que permite el ejercicio de derechos. Acceder a los dispositivos tecnológicos y a la conectividad no es una cuestión accesoria, sino que son herramientas fundamentales para el ejercicio de derechos. Nuestras vidas están más atravesadas que nunca por la mediación de programas, dispositivos y conectividad, por lo que se requiere de un rol activo y presente del Estado para generar caminos de igualdad que reduzcan la brecha digital existente. Las computadoras no pueden ser bienes de lujo, sino que deben ser objetos personales que garanticen derechos. Es central que el Estado entregue computadoras a cada estudiante y cada docente. La tecnología modificó los circuitos cognitivos y epistemológicos: cambió la forma en que conocemos y producimos el saber.  Es imperioso desmitificar la idea de que las niñas y los niños de hoy son “nativas y nativos digitales”, como si hubiera una condición biológica, y no económica y social, que permite vincularse con la tecnología.

Para que los aprendizajes de la pandemia se transformen en consensos, y los consensos se transformen en políticas públicas integrales y de calidad, es necesario tomar decisiones y llevarlas al plano de la acción. Ello requiere aumentar la inversión en educación. Las prioridades se tienen que ver reflejadas en presupuestos que permitan volver estas políticas realidades efectivas.

Como decíamos, la pandemia operó como una linterna que visibilizó más las desigualdades. Las comunidades educativas denunciaron desde la suspensión de clases presenciales las consecuencias que profundizaría la pandemia. Mientras tanto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respondió con intervenciones mínimas, sin buscar soluciones de fondo que efectivamente resolvieran las situaciones planteadas: estudiantes “desconectados” o “desconectadas” de sus escuelas, bolsones alimentarios insuficientes, becas que llegan tarde y que son insuficientes, infraestructura escolar que requiere obras para readaptar los edificios a las nuevas condiciones.

Ante este contexto, las comunidades educativas se organizan en los diversos territorios, encontrando eco en el gobierno nacional. Un ejemplo de esto es la experiencia del Instituto Superior de Formación Docente “Dora Acosta”, que inició el programa de promotoras y promotores educativos territoriales con el reconocimiento y el acompañamiento del Ministerio de Educación de la Nación. El programa es llevado adelante con estudiantes del profesorado ubicado en el Barrio Padre Carlos Mugica –ex villa 31. Las estudiantes cumplen un rol fundamental para contribuir a garantizar el derecho a la educación en el barrio, acompañando las trayectorias educativas de estudiantes de nivel primario y contribuyendo a la construcción de redes territoriales que permitan restablecer el vínculo de estudiantes y sus familias con la escuela.

En forma complementaria al enorme esfuerzo que las y los docentes están realizando desde la suspensión de clases presenciales y a las estrategias organizativas de las comunidades, se requieren políticas específicas. En ese sentido, desde el Frente de Todxs presentamos distintas iniciativas en la Legislatura de la Ciudad. Una de ellas es el proyecto de ley que propone la creación del Programa de Acompañamiento a las Trayectorias en la Ciudad de Buenos Aires (ATr CABA). El objetivo es fortalecer el sostenimiento de la continuidad escolar de estudiantes que mantienen un vínculo débil con sus docentes y sus escuelas. ¿Cómo proponemos llevar a cabo esta inmensa tarea? Reconociendo la enorme labor que las promotoras educativas vienen realizando en los barrios hace casi 20 años, quienes conformarán parejas pedagógicas con estudiantes avanzadas o avanzados de formación docente. Las parejas realizarían el acompañamiento a estudiantes de nivel primario y secundario a través de visitas domiciliarias, para facilitar el acceso a los recursos didácticos acordados con sus docentes, respetando criterios de cercanía geográfica.

Frente a un escenario extraordinario como el que estamos transitando, que no solo ha puesto en evidencia, sino que ha profundizado las desigualdades existentes en la Ciudad, necesitamos medidas extraordinarias. Ante las políticas mínimas del Gobierno local, las comunidades educativas se organizan y surgen estos proyectos e iniciativas que muestran que, a veces, las linternas pueden transformarse en faros.


María Bielli es socióloga, docente y legisladora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente de Todxs.

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