El domingo 13 de septiembre el expresidente Mauricio Macri “rompió el silencio” (sic) para compartir su “inquietud sobre la dolorosa y delicada circunstancia que atraviesa la República Argentina”. En la práctica, no dijo nada que no hubiera dicho antes la actual oposición. Por ejemplo, afirma que “se utilizan las restricciones sanitarias para impedir la libre circulación de las personas”. Pero hay gobiernos provinciales que han aplicado reiteradamente tales “restricciones” y son conducidos por el partido político al que pertenece el expresidente. Además, según Macri, “lo que se busca es el control social y evitar que los ciudadanos manifiesten su disconformidad con las medidas que se toman”. Francamente me cuesta imaginar una reunión de gabinete o de equipos técnicos del Ministerio de Salud donde se discuta cómo lograr tales fines. Y si ese fuera nuestro objetivo, deberíamos dudar seriamente de nuestra eficacia para lograrlo, porque es evidente que quienes se oponen tienen medios suficientes como para hacer oír su disconformidad en avenidas y plazas, en los canales de televisión y las radios de mayor audiencia, en los diarios con mayor tirada, en las redes sociales, entre otras.
En las páginas que siguen haremos algunas precisiones acerca de las críticas que se han venido blandiendo contra la gestión sanitaria del gobierno nacional. No pretenden ser un informe de gestión, sino más bien una exposición de argumentos y razones.
“El gobierno difunde datos erróneos destinados a mantener la reclusión” (sic)
La desconfianza de los datos es una constante en todos los países. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia el Ministerio de Salud de la Nación se comprometió en la publicación permanente de los datos en tiempo real. En Argentina estos datos son el resultado de lo que reporta cada una de las jurisdicciones a través del Sistema Nacional de Vigilancia.
Desde el inicio de la pandemia el Ministerio difunde continuamente la información con reportes que se actualizan dos veces por día. Los datos que se publican son los mismos que usan las autoridades nacionales y provinciales para tomar decisiones sobre la pandemia.
Además, el gobierno no sólo mejoró la capacidad pública y privada para generar y compartir datos en tiempo real, algo que la gestión anterior no hizo, sino que también produjo nuevos indicadores que antes no se medían: por ejemplo, los que integran el sistema de monitoreo de recursos críticos de internación. Ese sistema, o el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, entre otros, son colaborativos, generados junto con las jurisdicciones, por lo que los datos no dependen solamente de un ente gubernamental, sino que hay un control mutuo de la información.
Seguramente hubo y hay algunos subregistros menores y algún retraso en la notificación de casos, pero eso ocurre en cualquier epidemia y en cualquier país, aunque la tasa de letalidad es mucho más baja que en otros países, lo que habilita a suponer que comparativamente el subregistro es bajo en la Argentina.
“Desde el inicio el gobierno desestimó el planteo de testear, rastrear y aislar casos”
El testeo, rastreo y aislamiento son responsabilidad de las provincias y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muchos referentes sanitarios de la oposición están haciendo estas críticas. La pregunta es: ¿por qué entonces no asesoran a los gobernadores de su partido para que hagan lo que ellos creen que es correcto?
Desde el inicio de la pandemia el gobierno nacional compró tests suficientes y los validó muy rápidamente. Para reforzar las jurisdicciones, desde el inicio de la pandemia el gobierno nacional adquirió más de 800.000 determinaciones de Kit de PCR, lo que permitió ir ampliando rápidamente la capacidad estructural del sistema de salud para testear, pasando de unos pocos cientos a casi 30.000 testeos por día.
En mayo se lanzó el plan DETECTAR, cuando se vieron las dificultades que tenía el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el que más recursos tiene por habitante, el que tiene más plazas de hospital por habitante y cantidad de habitaciones de hotel vacías.[1] El propio jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, reconoció un mes después públicamente que ese plan “fue muy exitoso en los barrios vulnerables de la Ciudad”.[2]
Además, corresponde aclarar que la capacidad para testear no depende únicamente de la cantidad de kits disponibles, sino también de los equipos territoriales disponibles y de la capacidad instalada de los laboratorios, que en buena medida dependen de las provincias. Debido a la desatención en este tema durante el período anterior, el gobierno actual asistió a las provincias para que ampliaran fuertemente esa capacidad desde el inicio de la pandemia, pero aún sigue siendo uno de los cuellos de botella. En síntesis: nunca faltaron tests.
Actualmente el Ministerio de Salud coordina una gestión local de la pandemia que permite adoptar las mejores decisiones, brindando asistencia técnica y haciendo recomendaciones de gestión mediante continuas comunicaciones y viajes en persona de sus principales funcionarios y profesionales, y trabajando junto a las provincias en distintas estrategias que abordan realidades diferentes. En todos los casos haremos vigilancia activa, cuidaremos especialmente a las y los más vulnerables, protegeremos al personal sanitario y confiaremos en el compromiso mostrado por la población para continuar cuidándonos entre todos y todas.
“En otros países se testeó más”
Frecuentemente se hacen erróneas comparaciones en cantidad de tests entre países, porque no es efectivo testear cuando no hay razonables indicios sobre la presencia del virus en cada lugar. Por lo tanto, es un error comparar la cantidad de tests de la Argentina con otros países donde hubo proporcionalmente muchos más casos.
La cantidad de tests realizados es asimismo un indicador muy rústico, porque se suman los “necesarios” con los “innecesarios”, o incluso con los aplicados “por las dudas” en empresas o a personas ricas. Además, en algunos países el testeo es un negocio donde hay mucha inversión privada.
“El gobierno primero negó el problema del COVID-19 a pesar de las advertencias de un sector independiente (sic) de la comunidad científica y de la política” y “El gobierno no controló a tiempo las fronteras”
El gobierno no solamente no negó el problema –se trata de un eufemismo malintencionado: al principio el gobierno advertía también sobre otros problemas, como los brotes de Dengue y Sarampión, que en ese momento tenían consecuencias mucho más graves–, sino que además tomó inmediatamente decisiones apenas se supo de la existencia de la pandemia, mucho antes de que la “comunidad científica” pidiera públicamente acciones. Además, el gobierno consulta constantemente a la “comunidad científica”, si hasta eso es parte de las críticas que se le hacen.
El gobierno controló continuamente todas las fronteras y apenas hubo casos en países con vuelos directos agregó controles adicionales en aeropuertos internacionales. El gobierno implementó también un sistema de corredores seguros que bajó significativamente el riesgo en la repatriación de más de 250.000 personas. De todas formas, el control de las fronteras nunca fue considerado como solución para controlar la pandemia, porque solamente diez países en el mundo no han reportado casos de COVID-19, y todos son islas del Pacífico.
“Inicialmente el gobierno decretó una cuarentena en forma improvisada, sin presentar ningún plan ni una posible fecha de finalización”
Las medidas de aislamiento y distanciamiento físico fueron una decisión política recomendada unánimemente por organismos internacionales y tomada por la amplia mayoría de los gobiernos del mundo.
Inicialmente existía poca información acerca del virus y no se sabía cuándo habría un tratamiento o una vacuna, con lo cual era desaconsejable hacer previsiones exactas.
Las medidas de aislamiento y distanciamiento tomadas de manera temprana, oportuna y a nivel nacional dio tiempo a los gobiernos nacional y provinciales para:
- Aumentar la capacidad del sistema de salud, camas de internación, respiradores, hospitales modulares, etcétera.
- Ampliar de la red laboratorios de diagnóstico, dotándolos de insumos, equipamientos y medidas de bioseguridad.
- Entrenar y equipar a los equipos de salud de todos los niveles, tanto en los tratamientos como en su protección personal.
- Asistir técnicamente a los gobiernos provinciales y municipales.
- Cooperar con gobiernos y especialistas de otros países.
- Conocer más sobre el virus e impulsar la investigación local.
- Obtener los insumos necesarios para atender a la población y proteger a los equipos de salud.
- Apoyar y fortalecer la producción nacional de insumos críticos.
- Dar tiempo a la ciencia para la generación de tests diagnósticos, vacunas y tratamientos.
“El gobierno exhibe logros parciales y muestra supuestos éxitos, comparándose erróneamente con otros países”
Cuando el gobierno compara datos con otros países utilizando indicadores validados internacionalmente, lo hace porque es la manera de más razonable de explicar la eficacia de una u otra decisión, no para adjudicarse éxitos. En todo caso, son las y los dirigentes y comunicadores opositores quienes se lamentan cada vez menos disimuladamente porque esos datos son actualmente favorables para la población argentina.
“El gobierno encontró en la ‘infectadura’ un eficaz relato legitimado en expertos, seguramente acostumbrados a lidiar con escenarios que se asemejan a situaciones de laboratorio y ratones de experimentación, pero ignorantes de las consecuencias sociales de sus decisiones”
En el Ministerio de Salud trabajan cientos de expertas y expertos que analizan y sistematizan diariamente la producción científica sobre la pandemia y los datos epidemiológicos de cada región del país, y que elaboran escenarios posibles y borradores de planes de contingencia. Antes de tomar decisiones, las autoridades del Ministerio consultan con comités de expertos, pero las decisiones no las toman las y los expertos, sino las autoridades políticas del gobierno.
“El gobierno no tiene un plan, continuamente improvisa”
El gobierno elaboró y sigue elaborando varios planes de contingencia, no solamente en el Ministerio de Salud, sino en todas las áreas.
Además, el gobierno asumió con una propuesta explícita de reforma integral del sistema de salud, que está siendo revisada por la pandemia. En particular, en lo referido a la gestión de la pandemia, se reforzó la propuesta de acceso universal a la salud mediante consultas, testeos o internaciones. Sin esa universalidad, nadie estaría realmente protegido: por ejemplo, si las personas retrasan la búsqueda de tratamiento o no acceden a los servicios que necesitan, el brote es más difícil de controlar.
También el gobierno tomó medidas adicionales para recuperar la universalidad del sistema frente a desafíos particulares de la pandemia: compra de insumos, respiradores, bono al personal, financiamiento para el sistema público y para el sector privado, etcétera.
Si no hubiera existido un plan, no se habría expandido el sistema de salud con la velocidad con que se lo hizo. El sistema público ha sido el que más se ha expandido, porque fue el que más soportó la extraordinaria exigencia de la pandemia y el que sostuvo la universalidad del sistema, no solo para cuidar a la población sin obra social, sino a toda la población.
“Argentina está entre los países con más casos en el mundo”
En los últimos días en la Argentina hubo un aumento en cantidad de nuevos casos confirmados de COVID-19, pero eso se debe a varios motivos:
- casi toda América está justo en el momento de “explosión” de la curva, situación por la que ya pasaron hace meses otras regiones en las que esa explosión fue proporcionalmente mucho mayor –la “curva” fue más alta– y generó la saturación del sistema de salud;
- Argentina tiene –en comparación con otros países– una baja tasa de letalidad, lo que permite suponer que testea un alto porcentaje de personas contagiadas;
- en varias provincias comenzó a “explotar” la curva, mientras en el AMBA sigue habiendo muchos casos diarios, aunque sin una tendencia ascendente sostenida;
- a pesar de que, desde principios de mayo, con el DETECTAR, la CABA recibe recursos y asistencia técnica del gobierno nacional para sus estrategias de testeo, rastreo y aislamiento, la cantidad de nuevos casos no disminuye y se mantiene amesetada en un nivel elevado, lo que se traduce en una alta mortalidad semanal y obliga a postergar continuamente el levantamiento de las restricciones;
- tomando por ejemplo los datos del 17 de septiembre pasado, la incidencia acumulada cada 100.000 habitantes en la CABA es 57% mayor que en el resto del AMBA y 224% mayor que en el resto del país; la tasa de mortalidad por COVID-19 en la CABA es 81% mayor que en el resto del AMBA y 307% mayor que en el resto del país;
- esa tendencia se mantuvo incluso en las últimas semanas: la incidencia acumulada cada 100.000 habitantes de los 15 días anteriores al 17 de septiembre en la CABA fue 24% mayor que en el resto del AMBA y 77% mayor que en el resto del país; y la tasa de mortalidad por COVID-19 cada millón de habitantes de esos últimos 15 días en la CABA fue 93% mayor que en el resto del AMBA y 197% mayor que en el resto del país;
- hay diferencias en la definición de caso, caso sospechoso, nexo epidemiológico, contacto estrecho, sistema de vigilancia y registro de causas de mortalidad entre países, y cambios operativos en estas definiciones durante las distintas etapas de la pandemia;
- lo que debería compararse son los casos activos –porque son los que condicionan la capacidad del sistema de atenderlos, lo que a la vez influye fuertemente sobre la letalidad–, no los casos acumulados, y relacionarlos sobre la población total: el porcentaje de casos activos es actualmente del 23% del total de casos notificados en el país; eso fue así porque aquí se logró una curva más “aplanada”;
- buena parte de esos nuevos casos y fallecimientos ocurren porque algunas personas incumplen las recomendaciones del gobierno, y esta inobservancia es alentada por los mismos sectores que critican la eficacia de las políticas sanitarias;
- por último, afirmar públicamente que esas recomendaciones son injustas o ineficaces es otra forma de desalentar su cumplimiento, algo injustificable si se tiene en cuenta que de ello depende la vida o la muerte de varios miles de personas.
“Argentina tiene la cuarentena más larga del mundo”
Ningún país del mundo ha superado definitivamente la pandemia: la mayoría ha realizado un ejercicio de sucesivas aperturas y restricciones. La “cuarentena” estricta en el país duró menos de treinta días: del 20 de marzo al 11 de abril. El AMBA y el departamento San Fernando de Chaco han tenido la “cuarentena” consecutiva más prolongada. Desde el 7 de junio –79 días después del primer DNU– el resto del país comenzó a transitar la fase de distanciamiento físico, con restricciones más o menos amplias según la situación epidemiológica en cada provincia. Además, desde mayo se comenzaron a realizar, incluso en las zonas que continuaban en fase de aislamiento, aperturas progresivas de actividades.
El Ministerio de Salud hoy conduce una gestión local de la pandemia que permite adoptar las mejores decisiones de apertura y restricción de actividades, considerando las singularidades provinciales y locales, pero utilizando criterios comunes. Las restricciones que persisten son las mismas que se observan en distintos países del mundo, variables y dinámicas según la situación epidemiológica. Los registros de transporte y otros datos de empresas TIC permiten observar crecimientos de la movilidad en el interior de las jurisdicciones y un paulatino crecimiento de la movilidad hacia el lugar de trabajo, lo que evidencia el incremento en la cantidad de actividades habilitadas.
“Fracasó la estrategia”
La estrategia sanitaria del gobierno se centró en evitar el contagio de un número importante de personas al mismo tiempo para que el sistema de salud pudiera dar respuesta. Hasta el momento esa estrategia dio resultado. De todas formas, su eficacia depende de lo que hagan otros actores estatales que no dependen funcionalmente del gobierno nacional, y de lo que hagan las personas.
El gobierno implementó además una estrategia intensificada y federal de resguardo de las personas mayores y con factores de riesgo desde el inicio de la pandemia, lo que fue un eje clave para la disminución de la mortalidad.
La medida de éxito no son los casos acumulados, sino los casos activos en cada momento y los fallecidos acumulados. Hasta el momento esos números son mejores en la Argentina que en otros países, pero la realidad en varios países demuestra que no es aconsejable hacer previsiones numéricas precisas. Si bien el gobierno nunca usó datos parciales para “cantar victoria”, sus críticos y críticas sí usan datos parciales, pero que además no reflejan lo que ellos y ellas pretenden: las tasas de mortalidad por COVID-19 en Chile, Brasil, Estados Unidos, España, Gran Bretaña o Italia son más de 125% mayores que en Argentina. La mortalidad en Suecia, que incluso en estos días es tomada como ejemplo por los diarios de mayor circulación en la Argentina, es 126% mayor que la nuestra. De todas formas, cabe aclarar que las diferencias en la tasa de mortalidad también pueden deberse a diferencias en la estructura de edad de la población entre países, o a otros factores, como la pobreza o la estructura urbana.
Si bien en la Argentina la tasa de mortalidad sigue en ascenso, existen indicios de que la variación porcentual semanal de esa tasa está disminuyendo. Esto no es un dato concreto sobre el éxito o fracaso de la estrategia, pero sí permite poner en duda las estimaciones que hablan por ejemplo de más de 300.000 personas fallecidas a fin de año. Si no se hubiera atemperado el impacto de la pandemia y ampliado la capacidad del sistema, se habría saturado hace tres meses. Las estimaciones iniciales proyectaban 253.000 casos y 22.000 muertes para los primeros días de mayo. Al 15 de mayo sólo había 7.479 casos y 356 muertes. Recién el jueves 10 de septiembre se llegó a la mitad de las muertes que se proyectaban para mayo. Las medidas adoptadas evitaron esas muertes, aunque muchas veces no se valora lo que no sucedió.
“El gobierno hace ‘terrorismo sanitario’”: la frase textual es “el uso ilegal (sic) del terror sanitario como herramienta para someter a la población”
Esta pandemia es muy dura para todos los países del mundo y existen intereses privados que buscan minimizarla. El gobierno tiene el deber de informar a la población y de realizar campañas para que sepan prevenir las enfermedades, pero en todo momento se cuidó de apelar a campañas o discursos que infundieran miedo. Más bien apeló a la responsabilidad y la solidaridad de las personas.
Informar correctamente a la población sirve para poder tomar decisiones a tiempo. El efecto de no hacerlo sería triple: multiplicaría la cantidad de personas enfermas y fallecidas; expondría a riesgos innecesarios a las trabajadoras y los trabajadores de la salud; y reduciría la capacidad para tomar decisiones eficaces en el futuro inmediato.
Además, afirmar públicamente en plena pandemia que el gobierno actual no es idóneo es otra forma de infundir pánico en la población.
“Con la excusa de la pandemia se afectan derechos individuales”: hubo personas “encarceladas, perseguidas, agredidas, perjudicadas y denunciadas en nombre de la salud pública y violentando garantías esenciales estipuladas por la Constitución Nacional”
Los conflictos entre derechos de distintas personas o grupos sociales son más la regla que la excepción. Razonar como si los derechos obraran en una especie de vacío absoluto sirve más para engañar o confundir que para aclarar situaciones.
El Código Penal Argentino –vigente desde hace casi 100 años– establece en su artículo 205 la pena de prisión a quien “violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. No pena a quien no cuida su salud, sino a quien afecta o pone en riesgo la salud de otras personas.
Desoyendo a quienes pedían y piden severas penas para quienes incumplen las medidas sanitarias, el gobierno siempre apeló a las restricciones colectivas, la organización comunitaria y la responsabilidad individual.
Por último, el Ministerio de Salud nunca recomendó la interrupción del funcionamiento de los otros poderes del Estado.
“El gobierno mantiene la reclusión y el sometimiento de gran parte de la población”
El Ministerio de Salud convocó a un comité de bioética para esta contingencia. Están presentes en él las y los principales bioeticistas del país, quienes tienen diferentes enfoques políticos e ideológicos. Este grupo generó un documento, planteando las principales tensiones bioéticas en el manejo de la pandemia en un enfoque de derechos humanos. Este documento es una guía para la formulación de políticas públicas respecto a la pandemia.
Gran parte de la población cumple voluntariamente y de manera responsable las recomendaciones del Ministerio de Salud. Quienes no lo hacen casi no reciben sanciones, por lo que hablar de “reclusión” o “sometimiento” es una exageración injustificada que busca validar una patética pretensión de heroísmo en un sector de la población. Un rasgo curioso de las derechas latinoamericanas es que ejercen un victimismo obsceno. Mientras hay millones de personas con dificultades para comer, afirman estar “recluidas” o “sometidas” porque a veces no pueden ir a un bar o un restaurant.
“El gobierno no coordina con organizaciones de la sociedad civil”
El Ministerio de Salud consensuó –y sigue haciéndolo continuamente– normas y recomendaciones con sociedades científicas, universidades y organizaciones de la sociedad civil, y muestra una visible disposición a construir acuerdos y una continua colaboración con autoridades jurisdiccionales de cualquier signo político. A diferencia de las autoridades de la gestión anterior, actualmente en el Ministerio de Salud se mantienen continuas consultas con representantes sindicales, profesionales y empresariales, con asociaciones de pacientes, con instituciones científicas, universidades, etcétera.
“El gobierno tiene falta de empatía y sensibilidad con quienes mueren aislados”
El Ministerio de Salud nunca recomendó que las personas que fallecieran por COVID-19 no tuvieran contacto con sus familiares. En un primer momento faltaban evidencias científicas y no había suficientes equipos de protección personal, lo cual podría explicar que algunos establecimientos sanitarios tomaran esas medidas.
Recientemente el Ministerio de Salud publicó recomendaciones para el acompañamiento de pacientes en las últimas horas o días de vida y está trabajando con las provincias para que se aplique. Muchas de ellas ya han adherido.
La responsabilidad individual y colectiva sobre el cumplimiento de las pautas de distanciamiento y cuidado es hoy nuestro único “escudo social” contra el virus. La pandemia resignificó el valor de la solidaridad en nuestra sociedad y nos permitirá generar una nueva forma de vivir centrada en el bien común, que es nuestro mayor objetivo de gobierno. Algunos dirigentes opositores funcionan como “mano de obra política desocupada”, buscando profundizar los odios y las divisiones. Hoy sabemos que la unidad de todos y todas es necesaria para superar esta pandemia, pero también que es posible. A pesar de los ataques recibidos y las provocaciones constantes, con nuestra conducta hemos dado testimonio de que la unidad es la mejor manera de construir una patria libre, justa y soberana.
Lisandro Bonelli es titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud de la Nación.
[1] La cantidad de camas de cuidados intensivos reportadas al sistema cada 100.000 habitantes en la CABA es de 65, y en el resto del AMBA de 18: un 371% de diferencia, casi cuatro veces más; y en el resto del país –es decir, en todo el país excluida la CABA– es de 25: la diferencia es de 138%. El presupuesto anual vigente 2020 del GCBA es de 132.000 pesos por habitante, 19 veces más que el de La Matanza, que es de 6.800 pesos. La población de la CABA sin cobertura de obra social, mutual o prepaga es de 19%, y el del resto de aglomerados urbanos de todo el país de 32%. En el segundo semestre de 2019 el porcentaje de hogares con pobreza en el resto –de los aglomerados urbanos– del país era más de 3,1 veces mayor que el de la CABA: 27% y 9%, respectivamente; y el porcentaje de hogares con indigencia 5 veces mayor: 6% y 1,2%, respectivamente. En el AMBA esas diferencias eran aún mayores: el porcentaje de hogares pobres en el resto del AMBA es 3,7 mayor que en la CABA, y el de indigencia 7,2 veces mayor. Por último, especialmente importante porque se refiere a las estrategias de aislamiento: en la CABA hay 249 habitaciones de hotel por cada mil habitantes –una cada 4 habitantes–, mientras que en el resto del país hay 61, una cada 16 habitantes: la diferencia es de un 312%, con el agravante de que están distribuidas geográficamente de manera muy irregular.
[2] https://www.buenosaires.gob.ar/noticias/rodriguez-larreta-presento-nuevos-kits-de-testeo-mas-rapidos-y-lanzo-el-estudio-de.
Share this content: