Por qué es necesario el Gobierno Abierto en una gestión peronista

El doctor Daniel García Delgado ha publicado en esta misma revista (Movimiento, 17) una crítica muy valiosa acerca del relato de Cambiemos sobre el Estado y las políticas públicas. Allí denuncia –y suscribo a su imputación– el espíritu neoliberal de las políticas del gobierno de Mauricio Macri, la ausencia de integración comunitaria en el desarrollo de sus políticas públicas, la estigmatización de la organización popular que traslucen sus discursos, el sesgo elitista en la toma de decisiones, el marketing y las amenazas a la deliberación democrática que suponen los dispositivos tecnocomunicacionales utilizados, entre otras cosas.

Sin embargo, creo que es necesario no tirar al bebé junto con el agua, como se suele decir. Que Macri haya montado sus políticas de endeudamiento y aumento de las desigualdades sobre este andamiaje retórico no significa que la única manera de desarrollar políticas de Gobierno Abierto (GA) esté relacionada con este tipo de políticas, aunque tampoco digo que el vínculo que García Delgado hace sea gratuito. Es cierto que el Gobierno Abierto está vinculado a las políticas liberales del New Public Management (NPM) y es impulsado por organismos internacionales. Pero también es cierto que la construcción de identidades, discursos y prácticas depende fuertemente de los cambios tecnosociales. Hoy existen otros modos de subjetivación y otros encadenamientos agenciales, distintas exigencias y recorridos para hacer política. La respuesta al neoliberalismo desde el Estado no puede solamente basarse en las banderas históricas del peronismo, que están muy bien como marco general, sino que además tiene que saber adaptar ese legado histórico a las sociedades contemporáneas.

 

Qué es y qué no es el Gobierno Abierto

En principio debemos tener en cuenta que el GA es una orientación de la gestión gubernamental basada en tres pilares: transparencia, participación y colaboración. Por eso no es necesario hablar de transparencia y gobierno abierto por separado, por ejemplo. Tampoco hay que confundir gobierno electrónico con GA: no necesariamente el soporte del GA tiene que ser una infraestructura digital. Hay políticas de GA que no incluyen ningún tipo de dispositivo electrónico, es más bien una orientación filosófica de cómo abordar lo político. Si bien es obviamente recomendable por la práctica ubicuidad de internet que los tres pilares del GA puedan desarrollarse en plataformas digitales, pensemos que hoy en nuestro país la tasa de conectividad por celular a internet es cercana al 80% y por computadora supera el 40%. El INDEC publicó en agosto de este año que en el segundo trimestre de 2019 hubo 31.551.679 accesos a internet desde distintos dispositivos móviles y 7.444.949 desde dispositivos fijos. Y el Estado tiene que garantizar los derechos de conexión a quienes aún no pueden hacerlo. Tenemos un deficiente –pero de muy largo alcance– espacio público digital que se puede dividir en múltiples dimensiones. Debe considerarse como brecha digital no sólo el acceso, sino también los usos y capacidades. Aun así, es una realidad ineludible que la socialización se ha digitalizado en gran parte.

 

Transparencia

Este asunto no sólo tiene que ver con la retórica de la corrupción que montó el macrismo, donde con cinismo –por sus más de doscientas causas encima– acusó al gobierno anterior. Hay una responsabilidad que tiene que ver con la rendición de cuentas: es un dispositivo técnico cargado de moralidad. Está bien que así sea, no es algo novedoso. Lo único que agrega el contexto actual es la posibilidad de digitalizar esa rendición de modo que pueda ser de consulta pública permanente.

Seguiremos a Oscar Oszlak cuando –partiendo del sentido común de que la información es poder– indica que los gobiernos manejan este recurso difundiendo sus logros y ocultando la información que los desacredita (Oszlak, 2013). Tenemos que terminar con el paternalismo en la conducción del gobierno. Según Oszlak –y compartimos su posición– la perspectiva de Gobierno Abierto ofrece soluciones a cuatro problemas de gestión: a) el predominio de una visión “presentista” en la formulación e implementación de políticas públicas; b) la ignorancia, o incluso el desprecio, por los “efectos colaterales” de las políticas; c) la preferencia por una gestión independiente de otros para llevarla a cabo; y a) la ausencia de “respondibilidad” por los resultados y consecuencias de las políticas adoptadas.

La transparencia de la información pública puede manifestarse en formas de relación ciudadana con los gobiernos que no impliquen participación en su sentido estricto. Aquí entran tanto los procesos de transparencia focalizada, donde los gobiernos deben difundir información útil a las y los ciudadanos en forma actualizada y comprensible, como las dimensiones de la transparencia activa, compartiendo información administrativa por motivación y promoción del propio gobierno, y la pasiva, disponiéndola a las y los interesados por todos los medios posibles.

La transparencia no sólo legitima a cualquier administración, sino que garantiza el cumplimiento del deber constitucional del Estado del principio de publicidad de los actos de gobierno y del derecho de acceso a la información pública. Todos los libros están de acuerdo en que dicho mecanismo de acceso a la información promueve el respeto de los principios de igualdad, publicidad, celeridad, informalidad y gratuidad.

Además, este tipo de políticas requiere tres condiciones necesarias generales (Fung, Graham y Weil, 2007) si pensamos en su éxito focalizado, como algo aplicable y no sólo como un valor rector: a) la comprensión de información previamente desconocida, que tendrá que ser suficiente para cambiar las creencias previas del usuario o usuaria de la información sobre un tema en particular; b) la coordinación entre las y los usuarios para poder actuar frente a esta nueva información; c) el cambio en el comportamiento esperado de la entidad acerca de la cual se revela información, ya se trate de empresas, organismos de control, servidores públicos, etcétera.

 

Participación y colaboración

Es un problema grande el de la brecha digital y cultural en cuanto a la participación en el diseño de políticas públicas. Es cierto que las experiencias de Gobierno Abierto en su mayoría requirieron ciertas competencias específicas y se dirigieron a pequeños grupos conducidos por los gobiernos que las llevaron adelante. Pero justamente el énfasis en la participación exige que haya cada vez más actores y que el alcance en su representatividad llegue a toda la población, y preferentemente la incluya de modo directo. También es cierto que la política –tal como se ejerce tradicionalmente a nivel local, con dirigentes locales vinculados con la estructura municipal, representantes de los intereses sectoriales específicos de cada comunidad y referentes de organizaciones sociales– no es mucho más abierta o participativa.

Hay distintas experiencias de participación que no requieren de la digitalización de los espacios públicos, ni de dispositivos electrónicos, y sí están en línea con los principios del Gobierno Abierto. La Participación Popular, por ejemplo, fue el aporte boliviano a los procesos de descentralización en América Latina y un modelo de gestión válido por su componente de contraloría social, gestión del desarrollo y fortalecimiento municipal. Transfirió recursos económicos y competencias en educación, salud, cultura, desarrollo local e infraestructura vial. Pero más importante aún, se reconocieron más de 14.000 organizaciones territoriales de base y se pensó el desarrollo desde una perspectiva local. En las experiencias políticas populares pensadas en el contexto del surgimiento de la teoría de la dependencia en el “tercer mundo” hay mucho de lo que significa promover la participación. Lo relevante es cambiar el paradigma y centrar las políticas en las personas, no en las planificaciones gubernamentales cerradas.

Sin embargo, la participación digital es fundamental para las sociedades actuales, y estos espacios públicos digitales deben ya ser pensados como lugares habitados, sólo que escasamente regulados. Hay que reforzar sus continuidades con los espacios tradicionales y no pensarla desde el discurso comercial de la novedad permanente. En todo caso, el Estado tiene la obligación de nivelar para arriba. Los especialistas españoles Ignacio Criado Grande y Francisco Rojas Martín (Criado y Rojas, 2013) señalan tres virtudes de la participación ciudadana en medios digitales que no se encuentran en los espacios de encuentros físicos:

  • proporcionan respuestas inmediatas a las personas usuarias, pero aquí la información ofrecida es útil también para otras personas en la misma situación –se gana tiempo y recursos, tal como sucede en el canal web en general; todo esto de una manera más cercana, ya que estamos en el contexto personal del usuario o usuaria; esto es fundamental para desburocratizar al Estado y responder a una crítica constante de cualquier gestión;
  • redirigen a la gente hacia un recurso acordado que tenga tanto crédito como la información generada por los canales oficiales para ampliar la información oficial;
  • facilitan la creación de redes temáticas de contenidos y usuarios que, a su vez, producen conocimiento fundamental y complementario para que la organización conozca los intereses y la información que generan estas redes y los pueda tener en cuenta.

Por colaboración –entre otras cosas– se entiende una voluntad estatal de incluir más actores como decisores de las políticas, pero también una mayor y mejor articulación en su implementación. Además, contemplamos con este concepto un rediseño de la estructura estatal, convirtiendo los compartimentos estancos de cada dirección o secretaría en un cuerpo homogéneo e interconectado. La burocracia estatal se basa en parte en estas pequeñas estructuras de poder que requieren que la persona interesada en pedir información o en participar en la solución de un problema, tanto individual como comunitario, tenga que recurrir a cada oficina como si mantuviera diálogos con actores distintos, cuando se trata de un mismo Estado.

 

Palabras finales

La tendencia hacia la descentralización municipal de las políticas nacionales en los últimos 30 años ha acentuado el perfil local de las políticas públicas y la necesidad estatal de escuchar y diseñar con los ciudadanos y las ciudadanas. En este contexto, un modo peronista de articular las políticas de Gobierno Abierto sería abrir el Estado a las organizaciones populares, por ejemplo: una colaboración más estrecha con todas las organizaciones comunitarias de la sociedad civil, y que los funcionarios públicos tengan mesas de articulación donde los distintos actores comunitarios puedan participar del diseño, ejecución o monitorización de las políticas públicas.

Las políticas de Gobierno Abierto son parte de un programa internacional que intenta colaborar con una profesionalización de la política para estándares mínimos de cara a las demandas ciudadanas actuales. El peronismo no puede sólo vincularse con el pasado, o quedar atado a prácticas de representación basadas en vínculos clientelares; tampoco el imaginario popular del peronismo puede estancarse en romantizar la pobreza, porque es un movimiento social y político que promueve la dignidad y el ascenso social. Luchar por la equidad y revertir los valores que representa la cosmovisión de las y los privilegiados que sostiene su posición es una necesidad; negar los cambios en la subjetividad co-constituida junto a las emergencias tecnológicas actuales (Verbeek, 2016) es una necedad. Debemos ir rumbo a una comunidad organizada en el siglo XXI. De hecho, la misma CEPAL que cita García Delgado, mediante el famoso informe de la institución que se vincula con los orígenes de la teoría de la dependencia, donde se ponen en entredicho la modernización y el desarrollo, hoy recomienda las políticas de Gobierno Abierto (Naser y Ramírez, 2014).

Que Mauricio Macri haya utilizado parte de este arsenal retórico para revestir sus políticas que condujeron a una nueva recesión y a un crecimiento de la desigualdad y la pobreza en el país no nos tiene que convencer de que estas políticas no sirven, sino que debemos cuestionar su implementación. No es Gobierno Abierto que el Estado Nacional organice reuniones con pocos actores para definir una política pública: eso es una lavada de cara. No es transparente que sólo se publiquen los regalos que le hicieron en visitas oficiales al presidente, y no se focalice en los términos de contrataciones millonarias que llevaron a escándalos públicos, como el de la compra y venta de los parques eólicos por parte de las empresas de la familia presidencial en 2016 y 2017 (Delfino, 2018).

Como partido político gobernante debemos ser los primeros en abrazar la transparencia y la rendición de cuentas para el pueblo. En resumidas cuentas, el peronismo es un movimiento político que reivindica su orientación popular. No podemos permitir que haya discreciones, ni funcionarios corruptos. En todo caso, si este sistema institucional es demasiado liberal para nuestras aspiraciones de justicia social en el corto plazo, debemos cambiarlo mediante la voluntad popular de cara al principal interesado: el pueblo.

 

Bibliografía y notas de referencia

Criado GJ y MF Rojas (2013): Las redes sociales digitales en la gestión y las políticas públicas. Avances y desafíos para un gobierno abierto. Barcelona, Escuela de Administración Pública de Cataluña.

Dassen N y JC Vieyra (2012): Gobierno abierto y transparencia focalizada. Tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe. BID.

Delfino E (2018): “Sin licitación, el Grupo Macri compró y luego revendió seis parques eólicos”. Perfil, 7-1-2018.

García Delgado D (2019): “Transparencia, Gobierno Abierto y Modernización del Estado: reconceptualizando para un nuevo rumbo”. Movimiento, 17.

Medina Guerrero M (2006): La promoción de la rendición de cuentas y la participación ciudadana en los procesos de descentralización. FIIAPP.

Naser A y A Ramírez Alujas (2014): Plan de gobierno abierto. Una hoja de ruta para los gobiernos de la región. Santiago de Chile, CEPAL.

Oszlak O (2013): Open Gobernment: hacia un nuevo paradigma de gestión pública. Red GEALC.

Verbeek PP (2016): “Toward a Theory of Technological Mediation: A Program for Postphenomenological Research”. En Technoscience and Postphenomenology: The Manhattan Papers. London, Lexington Books.

 

Darío Julián Tagnin es licenciado en Periodismo (UNLZ), magister en Comunicación (UNLZ) y director en Gestión Institucional, Comunicación y Modernización en la Municipalidad de Lomas de Zamora.

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