El 20 de marzo del año pasado el Estado Nacional disponía el Aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia, reformulando el mundo del trabajo, las políticas sociales y las estrategias de subsistencia de la población de una manera que pensamos transitoria y que con diferentes niveles de intensidad se han extendido por más de 15 meses. Las medidas de cuidado que requiere esta pandemia sin precedentes nos han desafiado a reorganizar la estructura sanitaria y, en correspondencia con ella, la estructura económica y social de nuestro país, al igual que ocurrió en el resto del mundo.
En Argentina se dispuso un cierre temprano de actividades para evitar la circulación del virus y ganar tiempo para la adecuación del sistema sanitario y para la adquisición de insumos médicos acordes a las necesidades venideras, tomando como testigo lo ocurrido en otros países donde el virus proliferó con anterioridad. El cierre de actividades económicas y sociales golpeó duramente en los sectores de la base de la pirámide social, que vieron disminuir notablemente los servicios de asistencia y de acceso a las políticas sociales, tanto en la atención institucional como en la presencialidad territorial.
Este contexto acaeció en el comienzo del gobierno peronista presidido por Alberto Fernández que heredó un país con crisis económica, endeudamiento externo e índices de pobreza e indigencia que requerían un gran esfuerzo político para su recuperación. Recordemos que antes de la emergencia sanitaria se implementaron políticas sociales dispuestas a paliar la emergencia económica y social. Entre estas políticas se encuentran la Tarjeta Alimentar, el Plan Integral Argentina contra el Hambre, el relanzamiento de Precios Cuidados y la Ley de Góndolas.
Frente a esta situación desfavorable e inédita, el gobierno implementó en el comienzo de la pandemia dos grandes líneas de políticas para contrarrestar sus efectos negativos. Una de ellas fue el Programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP), que es un programa de incentivo a la producción destinado a cuidar el trabajo mediante una asignación compensatoria del salario a través de subsidios a empresas. Por otro lado, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es un programa de protección social para trabajadores y trabajadoras de la economía informal, monotributistas de las categorías más bajas, trabajadores y trabajadoras de casas particulares y personas que se encuentran desempleadas. El IFE se conformó por tres etapas de transferencias monetarias de $10.000. En conjunto con estas políticas se dispuso la prohibición de desalojos, el congelamiento de tarifas, la doble indemnización por despidos, bonos complementarios y altas de ingreso al Programa Potenciar Trabajo, bonos a las jubilaciones bajas, bono de $15.000 para AUH, AUE y monotributistas de las categorías A y B del AMBA, suspensión del pago de créditos de la ANSES, y refuerzos de la asistencia alimentaria a comedores escolares y comunitarios. Las políticas sociales implementadas durante estos meses de pandemia han sido fundamentales para evitar una crisis social como la de 2001 y refuerzan la necesidad de un Estado interventor, consciente de las desigualdades sociales y dispuesto a operar para reducirlas.
Los índices de pobreza e indigencia que dejaron las políticas neoliberales del macrismo, arrojando a los individuos a la suerte del mercado, reafirman que solo un Estado presente puede asegurar un piso mínimo de cobertura de las necesidades de la población. El mismo Estado que garantizó a través de la salud pública la atención sanitaria en pandemia, que amplió la capacidad de atención y las instituciones sanitarias acorde a esta emergencia, que lleva delante la compra, la producción y la distribución de vacunas para un plan de vacunación sin precedentes, y que revitaliza la importancia de sus funciones como única institución capaz de conducir una emergencia de estas magnitudes. Cabe destacar el trabajo integral que desarrolló el sistema de salud en la pandemia y la necesidad de basarse en esta experiencia para poner en agenda el debate sobre una reforma del sistema sanitario que supere su actual fragmentación y la inequidad en el acceso y resultados, tanto por subsistema como por territorialidad.
Pensar el porvenir de las políticas sociales de asistencia
La dificultad de analizar la política social en un momento extraordinario como el que vivimos no nos impide volver sobre la necesidad de un Estado presente que garantice una política social integral, superando al Estado de –reincidente– emergencia en el que se abordan muchos programas, especialmente los de asistencia social. Desde aquí nos planteamos interrogantes para pensar el destino posible de las políticas sociales, apoyándonos en la experiencia que nos deja la pandemia y el derrotero histórico que se presenta frente a la desigualdad estructural que padece nuestra sociedad. Este periodo demostró la capacidad del Estado de implementar un Programa como el IFE, que en poco tiempo logró una cobertura a más de 8,8 millones de personas, disminuyendo los índices de pobreza e indigencia en nuestro país, contando con viabilidad técnica y sostenibilidad fiscal. Este hecho nos vuelve al necesario debate acerca de la decisión política de garantizar un ingreso ciudadano de transferencias monetarias para las trabajadoras y los trabajadores informales y desempleados, sin omitir su complementación con programas de inserción socioproductiva. Si bien el trabajo se presenta como la política social más adecuada para la reproducción de la vida, los índices de informalidad y precariedad laboral nos muestran hace décadas que el estandarte de pleno empleo no es factible de ser alcanzado en el mediano plazo, por lo que las políticas sociales deben pensarse en este escenario para garantizar el acceso a un bienestar mínimo para toda la población.
Por otro lado, si bien las políticas de transferencias monetarias han probado su incidencia positiva en la lucha contra la pobreza y la indigencia, sabemos que sus causas son multifactoriales, por lo que se hace necesario poner especial hincapié en políticas de asistencia normadas que permitan vislumbrar con claridad las instituciones encargadas de garantizar el acceso a derechos. Al respecto, entendemos que los pasos que se han dado hasta el momento son necesarios y esenciales para contrarrestar los severos daños que produjo, no sólo la pandemia, sino, sobre todo, los años de gobierno neoliberal que nos sumergieron en deudas eternas, afianzando la desigualdad y la concentración de la riqueza en nuestro país.
Sin embargo, nos planteamos: ¿por qué a pesar de todos los esfuerzos realizados aún se mantienen perdurables situaciones de desigualdad tan profundas? Tal vez la pandemia nos abrió la puerta para preguntarnos acerca de la “emergencia” y el abordaje en las situaciones de pobreza: ¿es acaso emergente la situación de pobreza persistente (Clemente, 2016) en situaciones sociales complejas (Carballeda, 2008) en las que se conjugan múltiples derechos vulnerados? ¿Podemos reducir el problema de la pobreza en uno de recursos o alimentario, o acaso debemos preguntarnos acerca de la concentración de la riqueza? Vemos a diario situaciones de padecimiento en cientos de miles de familias. Las estadísticas sobre la pobreza en nuestro país son estremecedoras y obligan a pensar seriamente en soluciones posibles y reales. ¿Por qué seguimos considerando como “emergencia” la asistencia, si hace años que se repiten y multiplican por todos los municipios y gobernaciones mecanismos de reparación de injusticias? “El reconocimiento de la asistencia como derecho implica la separación de lo asistencial de lo promocional en tanto el reconocimiento del derecho erosionado por la situación de pobreza no puede ir acompañado de la búsqueda de transformación del sujeto de derecho, ni que la efectivización de aquél dependa de la realización de ésta” (Arias, 2012: 191).
Estas son preguntas que buscan abrir caminos en pos de construir un debate responsable en torno a la necesidad de buscar nuevas formas de institucionalizar las prácticas asistenciales, y nuevas formas de pensar las relaciones sociales que se producen en torno a las políticas de asistencia.
Fuentes consultadas
Arias A (2012): Pobreza y modelos de intervención. Buenos Aires, Espacio.
Carballeda A (2008): “La Intervención en lo Social y las Problemáticas Sociales Complejas: los escenarios actuales del Trabajo Social”. Margen, 48.
Clemente A (2016): “La pobreza persistente como un fenómeno situado”. Perspectivas de Políticas Públicas, 10.
Travi B y otros (2014): “La asistencia social como derecho. Constitucionalismo social, fundamentos teórico-filosóficos y tradiciones disciplinares”. En XXVII Congreso Nacional de Trabajo Social. Paraná, 11 al 13 de septiembre.
Travi B (2017): “Fundamentos teórico-filosóficos que sentaron las bases de la relación entre Democracia, Derechos Sociales y Trabajo Social en su proceso de profesionalización”. ConCiencia, 1.
Candelaria Rodríguez es presidenta del Consejo de Trabajo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Florencia Hiquis es trabajadora social y docente (UBA).
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