Políticas de salud del gobierno nacional

Quienes viven más pendientes de medios masivos y redes sociales que de lo que pasa en el territorio –entendido como el ámbito donde el pueblo se organiza– suelen minimizar el hecho de que las elecciones son un momento excepcional de la democracia en que cientos de miles de militantes salen a la calle a debatir y persuadir acerca de la importancia de ciertas decisiones políticas. Aprovechar este tiempo para identificar las cuestiones que entendemos deberían debatirse es una manera de disponer la construcción colectiva de una nación justa, libre y soberana, dejando de lado la preocupación por los escándalos mediáticos de cada momento.

El presente texto intenta describir algunas de las políticas de salud llevadas a cabo por el actual gobierno nacional. No se centra en las vacunas, porque su evolución es de sobra conocida, aunque sí detallaré algunos aspectos poco mencionados respecto a la pandemia que entiendo pueden ser importantes en algunos debates políticos. Algunos temas pueden parecer demasiado abstractos para ciertas lógicas comunicacionales, pero soy de los que prefieren no menospreciar la inteligencia de nuestros interlocutores. Y en un anexo incluiré algunos ejemplos de fake news, pero solamente porque la discusión sobre ellas todavía prosigue e influye sobre la valoración que se puede hacer de las políticas sanitarias.

 

La salud no era prioridad

Durante la presidencia de Mauricio Macri, el Ministerio de Salud había sido degradado a Secretaría de Estado y su participación en el presupuesto nacional había disminuido 45% en esos cuatro años de gestión. Aun con ese presupuesto reducido se subejecutaron las partidas presupuestarias de los programas orientados a la población más vulnerable. Las autoridades salientes dejaron de regalo a las entrantes más de un cuarto del presupuesto anual sin pagar. En la segunda mitad de 2019 dejaron de comprar medicamentos o insumos esenciales, y ni siquiera pagaron los últimos meses de expensas de las oficinas. Ni del alquiler, como en el tango machirulo. Me pregunto qué habrían hecho si ganaban las elecciones. ¿Realmente pensaban ganarlas?

También en esos mismos años disminuyó la compra y la aplicación de vacunas. En diciembre de 2019 había más de doce millones retenidas en la Aduana y cuatro millones de vacunas vencidas en depósitos, sin incluir las que se vencieron en la misma Aduana –ver más detalles en el Anexo.

 

La gestión de la pandemia

Si bien la Argentina tiene un sistema de salud extremadamente fragmentado y descentralizado, las rápidas decisiones tomadas por el actual gobierno nacional aminoraron significativamente las consecuencias de esta fragmentación en la pandemia. El Ministerio de Salud monitoreó y coordinó recursos críticos entre los distintos subsectores y fortaleció el sistema para prepararlo para la prevención y la atención de la COVID-19. Principalmente lo hizo en el sector público y en las regiones del país donde había menores recursos, al punto tal que la atención de las personas afectadas por esa enfermedad fue y es de una calidad y un acceso inéditamente equitativos para nuestro país. No pueden decir lo mismo varios de los países hoy considerados como modelos a seguir.

Además, el liderazgo del gobierno nacional facilitó una gestión colaborativa que en buena medida salvó los problemas institucionales de la descentralización: desde un primer momento el Ministerio de Salud nacional brindó asistencia técnica permanente a los gobiernos provinciales, y sus autoridades y una enorme cantidad de profesionales viajaron en persona varias veces a cada una de las provincias, sin importar su signo político partidario. Un ejemplo puntual, entre muchos: el plan DETECTAR se inició por un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) para superar sus dificultades para identificar y rastrear los casos en los barrios más vulnerables.

Además, el Ministerio de Salud convocó al Consejo Federal de Salud (COFESA) con una periodicidad semanal durante toda la pandemia, y casi todas las decisiones fueron ahí tomadas con un amplio consenso. Tuvieron en él protagonismo –entre otros– los ministros de Salud de Jujuy y de la CABA, o la ministra de Mendoza. Obviamente, hubo discusiones y reclamos, raro sería que no los hubiera, pero los acuerdos fueron muchos y muy importantes, tanto en los objetivos como en las herramientas y los métodos. De hecho, en la secuencia de declaraciones públicas de las autoridades provinciales de signos partidarios opositores al gobierno nacional se puede ver claramente que hubo acuerdo respecto a la inmensa mayoría de las decisiones sanitarias tomadas durante la pandemia. No faltaron algunas sobreactuaciones lamentables, pero fueron más la excepción que la norma.

Ahora bien, esa consonancia en el ámbito de la gestión sanitaria contrasta palmariamente con la hipocresía y las lamentables acusaciones y agravios de muchos dirigentes de la oposición lejanos a la gestión sanitaria. Por ejemplo, en diciembre de 2020 los titulares de los principales diarios informaban que Alfredo Cornejo afirmó que había “muchas sospechas acerca de si se le ha pedido coimas” a la empresa Pfizer para la provisión de vacunas contra la COVID-19. Seis meses después, Patricia Bullrich sostuvo en un programa de televisión que el exministro Ginés González García había intentado obtener “un retorno” o imponer un “intermediario” por la vacuna de Pfizer, algo que fue expresamente desmentido por la empresa. Podría pensarse que fueron meros fuegos de artificio por parte de una oposición que no tiene rumbo político claro, pero el detalle es que Cornejo es presidente de la UCR y Bullrich es presidenta del PRO, los dos principales partidos de la alianza opositora “Juntos por el Cambio”. No son dos loquitos sueltos que postean para cuatro amigos en redes sociales… (ver más en el Anexo). Su actitud se condice con la evidente disposición de la mayoría de la dirigencia opositora, que primero buscó deslegitimar y minar la eficacia de las medidas de restricción de la circulación –cuando era la principal manera para evitar las muertes–, luego buscó desalentar la vacunación en la población y más tarde reclamó porque no hubieran llegado antes más vacunas. Si no fuera cierto causaría risa: tampoco fue una militante del llano quien acusó al gobierno de “querer envenenar a la población” con las “vacunas rusas”. Sería penoso describir más detalles de esta campaña sucia, generosamente acompañada por algunos legisladores, legisladoras y funcionarios judiciales que también cuestionaron el control de fronteras y la suspensión de clases presenciales. Más recientemente –asumiendo que las falacias son un recurso perfectamente válido cuando se trata de atacar al peronismo– intentaron convencer a propios y extraños de que las muertes por COVID-19 se debieron exclusivamente a que el gobierno no aplicó sus propuestas, cuya eficacia está como mínimo en entredicho. Por ejemplo, Javier Milei postuló en una entrevista reciente en Clarín (“Este es un gobierno genocida”, 11-8-2021) que se podrían haber evitado dos tercios de las muertes testeando a toda la población una vez por mes, afirmando que fue lo que hizo el gobierno británico. Esto último además es completamente falso. Sin tanta verborragia, pero con similar falta de apego a la evidencia empírica, varios líderes de Juntos sostuvieron esa misma posición. Mientras, todo lo que sirviera para evitar los contagios y las muertes fue boicoteado con mayores o menores niveles de sutileza. Generalmente, menores.

Con el diario del lunes se podría postular que algunas de las decisiones que tomó el gobierno pudieron no haber sido las más oportunas. Pero en ese momento parecían serlo: al menos fueron acordadas con la mayor parte de la comunidad científica y con los gobiernos provinciales, y eran coincidentes con las recomendaciones de los organismos internacionales. También el tiempo demostró que la debilidad y el exceso de timidez de la OMS con las principales potencias mundiales tuvo indudables efectos negativos, medidos en contagios y muertes. En todo caso, pasados ya 18 meses, no hay un solo ejemplo relevante en que una recomendación de la oposición vernácula demostrara –con el mismo diario del lunes– haber sido más oportuna, eficaz o equitativa que las políticas implementadas por el gobierno, más allá de todo lo que se pueda dudar sobre si efectivamente las hubieran llevado a la práctica, a la luz de las inmensas dificultades de gestión que demostraron cuando fueron gobierno. Todo esto lleva a postular que, si bien en la Argentina la eficacia de las medidas sanitarias está condicionada por el federalismo o la fragmentación de los sistemas de salud, lo está mucho más por el nivel de salvajismo e irracionalidad que desde hace ya varios años asumió un sector de la comunidad política en la Argentina. Resulta un gran misterio con qué antecedentes pretenden presentarse como paladines de la sensatez.

Pero el otro efecto de esta locura es que el gobierno apenas llega a refutar la andanada de insensateces que diariamente lanzan al aire, y eso impide debatir sobre otras acciones en salud que resultaron fundamentales para la prevención de enfermedades y muertes en la pandemia. Por ejemplo, en los primeros meses el Ministerio de Salud prohibió la exportación y venta de respiradores a particulares y adquirió más de 4.000 en tres meses, garantizando la racionalidad y la equidad en su distribución. Eso permitió una ampliación en un 47% de las camas de terapia intensiva, principalmente en el sector público y en las zonas del país donde había mayor déficit. Es difícil estimar qué habría hecho el macrismo ante una situación semejante, básicamente porque pareciera que ni se enteraron de la prohibición –lo digo porque no opinaron al respecto.

Otras políticas relevantes del gobierno nacional fueron el pago de incentivos al personal de salud; la promoción de la industria local para la producción de medicamentos, insumos y equipos de protección personal para las trabajadoras y los trabajadores de la salud; los subsidios y la gestión coordinada de recursos con el sector privado y la seguridad social; la construcción de hospitales modulares: 12 en grandes aglomerados urbanos, 19 turísticos y 16 de frontera; la creación de un tablero interactivo para monitoreo en tiempo real de recursos críticos de internación; el lanzamiento del Plan Nacional de Cuidado de Trabajadores de la Salud; la realización de estudios en Fase III para diversas vacunas; o el impulso a la investigación e innovación en test diagnósticos o en tratamientos, como el suero equino hiperinmune.

 

Otras políticas sanitarias

Otras medidas que no tienen relación directa con la pandemia también deben ser resaltadas para valorar o criticar el accionar del gobierno nacional. Por ejemplo, al asumir en diciembre de 2019, no solamente recuperó el rango del Ministerio de Salud, sino que también creó las secretarías de Equidad, Acceso y Calidad, y nuevas direcciones, como las de Enfermería, Género o Personas Mayores, entre otras. También en pocos meses el gobierno duplicó el presupuesto del Estado nacional en Salud y aumentó en 321% de las transferencias a las provincias respecto al año 2019.

Aprobó asimismo en ese mismo diciembre el Nuevo Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, y en el siguiente diciembre logró la sanción de la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, así como la ley de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocida como “Plan de los mil días” –ambas fueron reglamentadas en agosto de 2021. Según explicó Sandra Tirado en el número anterior de Movimiento, el objetivo de este Plan “es bajar la mortalidad, la malnutrición y la desnutrición, así como prevenir la violencia y proteger el desarrollo emocional y físico”. Asimismo, “la política de salud sexual y reproductiva no se agota en la IVE y el Plan de los Mil Días, sino que además asienta sus estrategias en una tercera base: las iniciativas –con una trayectoria de mayor extensión en el tiempo– del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable y del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), orientado a la Educación Sexual Integral, las asesorías en las escuelas, las consejerías en salud sexual y reproductiva y las actividades de promoción comunitaria”.

 

Integración de los sistemas de salud

Ante la coincidencia de los diagnósticos acerca de la necesidad de resolver la fragmentación de los sistemas de salud en la Argentina, si bien la pandemia interrumpió casi todos los proyectos que había elaborado el peronismo antes de las elecciones de 2019, igualmente se hicieron avances visibles a favor de la integración de los sistemas de salud. La reforma de la estructura del Ministerio de Salud nacional en diciembre de 2019 incluyó la creación de una Subsecretaría de Integración de los Sistemas de Salud, y a partir de ese momento se fueron elaborando proyectos que involucraron, entre otros temas, una armonización de las canastas de servicios de salud: Programa Médico Obligatorio, Programa Sumar, Incluir Salud, Nomenclador del Hospital Público de Gestión Descentralizada, Obras Sociales Provinciales y Universitarias, y Sistema Único de Reintegro (SUR), entre otros; acuerdos de articulación entre la Superintendencia de Servicios de Salud y obras sociales provinciales; compra conjunta de medicamentos; articulación de un fondo nacional de equidad para algunas patologías, como las cardiopatías congénitas; creación de un mecanismo de actualización de valores de prestaciones basado en indicadores económicos, con beneficios impositivos para prestadores privados; implementación de políticas de Salud Digital para el sistema público y la seguridad social; realización de acuerdos con ENACOM para ampliar la conectividad de centros de atención primaria en las zonas priorizadas.

Llama la atención además la absoluta falta de referencia en los debates –incluso en los “especializados”– acerca de otras acciones del gobierno nacional, como la creación del Plan Nacional de Enfermería 2020-2024 para formar a 60.000 profesionales; la ampliación del programa REMEDIAR, que incorporó 57 nuevos productos y que da solución al 80% de los motivos de consultas en los 8.106 centros de atención primaria de todo el país; el acuerdo de precios máximos de medicamentos para el tratamiento de pacientes internados en unidades de terapia intensiva, en un contexto de incrementos extraordinarios y abusivos en los precios; o la sanción de la Ley de Telemedicina y Receta Electrónica.

 

Municipios y Atención Primaria de la Salud

Otro ausente notable en ese debate “especializado” es el nuevo Programa de Municipios y Comunidades Saludables. Se trata de una política de Estado con ya 18 años de trayectoria, orientada a disminuir las brechas de inequidad fortaleciendo las capacidades de los gobiernos locales en la promoción y la gestión de la salud, actuando sobre los principales determinantes de la salud de la población. Según detalló Víctor Urbani (Página 12, 27-8-2021), a partir de 2016 el programa perdió entidad, se desfinanció y prácticamente desapareció en 2019. En 2020 fue rediseñado y se multiplicó por más de diez su presupuesto anual. Las diversas líneas de trabajo fueron planteadas respetando las singularidades y las identidades locales, porque cada territorio es diferente, pero lo inspira una definición básica: llegar a los barrios y a las localidades más vulnerables con servicios que están visiblemente disponibles en las zonas ricas de las grandes ciudades. De este modo, será habilitados espacios para la actividad física con iluminación adecuada; proyectos deportivos locales; el acceso a alimentos saludables y mercados de agricultores de cercanía; equipamiento para reducir la generación de residuos sólidos urbanos; el refuerzo de la infraestructura de seguridad vial; actividades culturales y deportivas para personas mayores; la conexión de residencias de adultos con el sistema de atención de salud por telesalud; la consolidación de redes para el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas; y el fortalecimiento de casas de medio camino para usuarios del sistema de salud mental y para mujeres víctimas de violencia de género.

También, recientemente y con el objetivo de prevenir las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo, el Ministerio de Salud elaboró la Estrategia Nacional de Entornos Saludables, progresivamente implementada en establecimientos educativos de todos los niveles, universidades y organizaciones o lugares de trabajo, para garantizar ambientes libres de humo, reducir el consumo de productos de tabaco y el uso de alcohol, promover una alimentación saludable, la actividad física y el acceso al agua en entornos seguros, entre otras. Inicialmente se trabaja en políticas para intervenir en eventos cardiopulmonares, promover el bienestar, prevenir riesgos psicosociales y la violencia de género. Otra iniciativa relevante fue el lanzamiento del Plan Nacional para la Reperfusión del Infarto Agudo de Miocardio, que tiene por objetivo disminuir la morbi-mortalidad asociada a este evento.

 

Hospitales y laboratorios

Por un cambio en su cultura organizacional, 19 hospitales dependientes del Estado nacional –que durante la pandemia fueron reequipados o habilitados tras haber permanecido cerrados– comenzaron a funcionar como una red asistencial de referencia para el resto de los hospitales públicos provinciales o municipales, ocupando así el rol de rectoría en materia de abordajes terapéuticos, capacitación profesional e investigación científica de carácter traslacional. Con este fin el Estado nacional realizará una millonaria inversión en equipos de última generación: mientras en 2019 la cartera sanitaria asignó a los Hospitales SAMIC 7.929 millones de pesos, en 2021 esa suma superó los 21.342 millones de pesos.

También en agosto de este año el gobierno anunció la inversión de mil millones de pesos para la adquisición de 305 equipos de laboratorio de alta tecnología –para los institutos y centros de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), a fin de reemplazar equipamiento obsoleto o que había cumplido su vida útil– con el fin de ampliar la capacidad de análisis de sus laboratorios, que se suman a las obras de remodelación y readecuación edilicia del predio central con una inversión de más de 800 millones de pesos. Santiago Cafiero afirmó que “los gastos reservados de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fueron a la salud pública y al Malbrán”, lo que representa una “prioridad como gestión y una prioridad ética”. La ministra Carla Vizzotti agregó que muchos de los nuevos equipos “se pudieron comprar con el aporte del impuesto a las grandes fortunas”.

Otro ejemplo al respecto es la reanudación de la construcción del Centro Argentino de Protonterapia (CeArP) que se transformará en la primera institución de tratamiento del cáncer con protones de todo el hemisferio sur. El proyecto, que estuvo frenado durante la gestión macrista, permitirá que la Argentina cuente con una tecnología hoy disponible solo en 20 países.

Por obvias razones de espacio este texto se interrumpe acá, pero podría duplicarse o triplicarse. Entiendo que sirve para alimentar la necesidad de ampliar los horizontes del debate político sobre la salud de las personas. De otra manera, se corre el riesgo de que los méritos del gobierno en su plan de vacunación contra la COVID-19 hagan perder de vista muchas otras acciones ya iniciadas, o los problemas pendientes.

 

Anexo: vacunatorios y fake news

Reservé este anexo para reunir algunas referencias puntuales que sirven como ejemplos acerca de la manera en que ciertos debates se dan en medios y redes sociales.

  1. Entre los memes con fake news que más circulan entre algunos sectores dispuestos a creer cualquier cosa mala que se diga del peronismo, hay varios que mencionan que algunas de las millones de vacunas vencidas habían sido compradas durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. El detalle que omiten es que las compradas antes de 2016 eran menos del 5% de las vencidas –es decir, el 95% de lo que critican corresponde a la gestión que pretenden enaltecer– y que se vencieron durante la gestión de Macri. El otro detalle que no dicen es que el gobierno de Cambiemos debía destruirlas porque la ley lo ordena, pero también para dejar de pagar el alquiler del depósito donde se almacenaban. Cuando se habla de eficiencia o de capacidad de gestión, conviene recordar estos detalles.
  2. Respecto al argumento esgrimido por un sector del macrismo sobre las consecuencias de no haber podido comprar las vacunas de Pfizer, conviene repasar su evolución: primero negaron que la ley votada por el Congreso fuera un obstáculo y dijeron que el gobierno elegía las marcas por razones ideológicas; luego, por corrupción; más tarde, porque no había voluntad de modificar la misma ley que supuestamente no era un obstáculo… Pero, más allá de eso, bastaría haber leído con atención las declaraciones del gerente general de Pfizer ante la Cámara de Diputados en junio de 2021 para desacreditar la idea peregrina de que la provisión de vacunas de esa empresa habría podido ser cuantitativamente significativa en la primera etapa de vacunación en Argentina, o –menos creíble aún– que habría alcanzado para evitar la compra de vacunas de otro origen. Pero si a una persona predispuesta a creer cualquier disparate para poder indignarse contra el gobierno hoy cuesta reclamarle que razone lógicamente, más difícil parece ser pedirle que sume y reste números redondos…
  3. Cuando renunció Ginés González García, varios medios independientes publicaron “noticias” que luego resultaron hasta ridículas. Por ejemplo, en Perfil (“La otra bomba que dejó Ginés”, 21-2-2021) un “periodista” escribió que Carla Vizzotti había recibido “una incómoda y evitable mochila que le deja Ginés González García: desmontar el vacunatorio vip que se armó en el segundo piso del Ministerio para influyentes y allegados”. Lo mismo dijeron y dicen decenas de periódicos igualmente independientes. Por ejemplo, en la web de La Nación hay colgada una “síntesis” (“Qué se sabe hasta ahora sobre las vacunas VIP”, 22-2-2021) que dice que en el edificio del Ministerio “se montó una suerte de vacunatorio paralelo, a 5 minutos de la Casa Rosada”. En realidad, luego de que la Justicia Federal investigara el hecho, se sabe –y se lo sabe desde el primer día, porque había cámaras por todos los pasillos y porque nunca se lo intentó ocultar– que en ese “vacunatorio” ficticio solamente se vacunó a diez personas, un solo día. Los otros casos fueron en el Hospital Posadas, al igual que el resto del personal de salud –funcionarias y funcionarios incluidos– que dependía del Ministerio nacional. La “bomba” que todavía no se pudo desarmar es la disposición de algunos periodistas independientes a seguir dando por cierto algo falso, pese a lo contundente de la evidencia disponible desde hace meses: no solamente no desmintieron la “noticia”, sino que hasta hoy siguen usando la expresión ambiguamente, dando a entender que sí existió. Parafraseando a Clarín, se puede hacer tapa para tapar la realidad.
  4. Lo mismo cabría decir respecto a que en otros medios independientes se afirmó que González García “se reservó tres mil vacunas para distribuir” –es exactamente el título de una “noticia” de La Nación del 19 de febrero– y hacer “favores a amigos y allegados”. Supongo que de ahí salió la cantinela opositora de que “se robaron las vacunas”, que casualmente también omitieron aclarar que era falsa. De hecho, en la exposición absurdamente sesgada de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas –difundida largamente en las tapas de los principales diarios independientes– que formó parte de la acusación penal contra Ginés González García implícitamente se desmiente esta acusación: allí dice que “el Hospital Posadas aplicó un total de 5.985 dosis”, y se describe la condición de cada una de las personas que las recibieron. Ergo: no había 3.000 vacunas “desviadas”. Ni 300, ni 30. En algunos casos, quienes publican una noticia que resulta ser falsa se escudan en que ya pasó la oportunidad para desmentirla, y que no se justifica hacer un “diario de aclaraciones”. Pero en este caso no parece haberles faltado oportunidad.
  5. La decisión del Juzgado Federal que analizó esa y otras denuncias fue archivar la causa por “inexistencia de delito”. Esto último contrasta con declaraciones de algunas celebridades macristas que dijeron que la decisión judicial fue por “falta de pruebas”. Si bien no fue el único, hasta donde sé, el más difundido fue el caso de “el Dipy” una semana después en la mesa de Juanita Viale (11-7-2021). El segmento fue repetido en muchos programas y nadie lo desmintió. Si bien tal vez es difícil pedirle a un alma bella que capte la sutil diferencia entre inexistencia de delito y falta de pruebas, no es complicado deducir qué intenciones tienen quienes sí conocen la diferencia y no lo aclaran.
  6. Por último, respecto a la cuestión acerca de quiénes son las personas que esgrimen acusaciones disparatadas, conviene recordar que no se le puede exigir la misma razonabilidad a la dirigencia o a profesionales de la comunicación que al conjunto de las y los adherentes de un partido político. Recientemente salió en la tapa de los principales diarios y se repitió hasta el hartazgo en la TV el episodio de una docente kirchnerista que discutió a los gritos con un alumno sobre política. La mayoría de los comentarios en los medios y en las y los dirigentes opositores apunta a afirmar una supuesta intolerancia congénita del peronismo, obviando entre otras cosas que muchas y muchos peronistas cuestionaron públicamente su conducta. Pero conviene recordar que una cosa son los actos violentos o intolerantes de personas aisladas –y basta entrar a los comentarios de cualquier noticia en los portales de los diarios independientes para notar que la tolerancia y el respeto no son virtudes que sobren entre las y los antiperonistas– y otra cosa son las declaraciones agresivas o denigrantes, las mentiras palmarias o las denuncias falsas de las y los dirigentes, en cuyo caso el PRO y el radicalismo aliado a Juntos por el Cambio se destacan con un rutilante protagonismo.
  7. Cuando ya había terminado de redactar este texto, salió la noticia de que la Cámara Federal compuesta por Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens había ordenado reabrir la causa del supuesto “vacunatorio vip”. A menos de dos semanas de las PASO… La jueza federal que resolvió que había “inexistencia de delito” había establecido que “entre los grupos que componen los ‘prioritarios’ (mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégico y personas de 18 a 59 con enfermedades previas) no existía ni existe un orden normativo de prelación”, ya que la resolución que creó el Plan estratégico para la vacunación contra la COVID-19 “expresamente estableció que era posible vacunar a estos grupos de manera simultánea. Prácticamente todos aquellos que conforman aquel listado de 70 personas (resta establecer con mayor precisión sobre algunos casos puntuales)[1] se encontraban dentro de algunos de los grupos que componen la población prioritaria, ya sea porque eran personal de salud, porque fueron considerados estratégicos o porque –como sucedió en la mayoría de los casos– eran mayores de 60 años. La decisión de que esos grupos se relacionen de manera simultánea (y no secuencial como ocurrió en otros países) fue tomada por la Administración Nacional en base a una expresa recomendación efectuada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones”. En síntesis, la jueza concluye que “las personas vacunadas se encontraban dentro del grupo considerado como prioritario”. Según describe Clarín (30-8-2021) la Cámara que ordenó revisar esa sentencia preguntó: “¿Por qué ellos, y no otros de entre los millones de ciudadanos del país en igual condiciones (sic), fueron los beneficiarios de esa vacunación simultánea?”. ¡Muy buena pregunta! ¿Habrán imaginado qué consecuencias tendría extender esa misma pregunta a todos los actos de gobierno, sobre todo cuando se trata de distribuir bienes escasos? ¿Y si esos gobiernos no fueran solamente los peronistas? ¿Por qué por ejemplo el gobierno de una Ciudad envía miles de vacunas a empresas de medicina prepaga si eso significa que algunas personas se vacunen antes que otras en iguales –o peores– condiciones? ¿Es delito penal cuando un gobierno autónomo elige como beneficiarios para mejorar la iluminación y la seguridad a los barrios de mayor riqueza y no a aquellos donde ocurren más homicidios? ¿O cuando la Justicia emite fallos en una causa mientras duerme otras similares? Nótese que no son preguntas para el Dipy, sino para profesionales cuya idoneidad nadie está poniendo en duda.

[1] La jueza se refiere a cinco personas que no se sabe por qué fueron vacunadas. Es difícil creer que alguien en el Ministerio haya armado semejante lío por cinco vacunas, y mucho más difícil aún es creer que ese alguien era ministro.

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