Política PyME y desarrollo federal: creación de una Red Federal de Desarrollo PyME

La propuesta que sigue parte del diagnóstico de que el desarrollo PyME es el que proporciona mayores y más rápidos resultados, con el importante agregado de una mejor distribución a lo largo y lo ancho del territorio nacional. Estas afirmaciones son válidas tanto si consideramos su impacto económico –en términos de mejora del PIB– como el social –creación de empleo y distribución de la riqueza.[1] También parte de la base y del explícito reconocimiento de los enormes esfuerzos realizados por el gobierno nacional para reactivar la economía después del cataclismo producido por el gobierno macrista y de la devastación generada por la pandemia. Esfuerzos que –además de las asistencias económicas directas a personas y empresas para sobrellevar el impacto de la pandemia– incluyen más de 60 programas de promoción establecidos por 16 ministerios y organismos nacionales.

El diagnóstico realizado muestra los sucesivos obstáculos que se les presentan a las PyMEs, que se agudizan y se hacen cada vez más difíciles de superar para las microempresas y los emprendimientos que intentan impulsar los actores de la economía popular. El primer escollo que enfrentan muchos emprendedores y emprendedoras es el desconocimiento de los programas de promoción disponibles, o cómo acceder a ese conocimiento; el segundo impedimento es, en muchos casos, la falta de capacidad para formular su proyecto, o para traducir ideas de negocio en formatos compatibles con las exigencias que requieren esas promociones –inversión necesaria, costos, ventas, rentabilidad esperada, etcétera–; el tercer –y posiblemente más importante– obstáculo son las dificultades para acceder al financiamiento necesario para concretar sus proyectos.[2] La imposibilidad de vencer cualquiera de estas dificultades significa el abandono de esta suerte de carrera de obstáculos y el fracaso de las iniciativas. Por supuesto, luego vendrán otros inconvenientes propios de cualquier emprendimiento, como crecer, expandir mercados y actividades, comenzar a exportar, etcétera.

Como contribución para ayudar a superar esos tres obstáculos iniciales, con un equipo de integrantes de la Comisión de Desarrollo Productivo del Instituto Patria elaboramos una propuesta preliminar para la creación de un Centro de Información y Asistencia PyME, y otra destinada a facilitar el acceso al financiamiento a las microempresas y los emprendimientos de la economía social. La propuesta del centro de información incluye un mecanismo unificado de búsqueda que permita localizar y acceder a los detalles de los planes y las convocatorias lanzadas por la totalidad de los ministerios y organismos estatales que actúan en los temas de desarrollo en función del tipo de proyecto, el sector de la actividad y la localización de la propuesta. También incluye la descripción de un sistema de asistencia primaria para guiar a quienes accedan al sitio en sus primeros pasos, así como brindar el acceso a mecanismos de asistencia personalizada mediante una red de formuladores y mentores de proyectos. La estructura básica del Centro tuvo en consideración los antecedentes de centros similares en España, Italia, Estados Unidos y Brasil. La propuesta no incluyó la definición del organismo que estaría a cargo del funcionamiento, ni del instrumento administrativo que se utilizaría para su creación.

Con el título Política PyME y el Desarrollo Federal, la problemática precedente fue tratada en un encuentro mantenido el 23-11-2021 en el Instituto Patria con la participación de Guillermo Merediz, secretario de Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, y de Diana Guillén, jefa de gabinete del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y co-coordinadora de la Comisión de Desarrollo Productivo del instituto. De sus exposiciones y la posterior intervención de los y las asistentes surgió la necesidad de resolver la forma en que las políticas públicas diseñadas y dispuestas por las autoridades nacionales lleguen al conocimiento y sean accesibles para sus destinatarios y destinatarias en toda la extensión y la profundidad del territorio nacional. En palabras de Diana Guillén, se trata de cómo gobernar en plural y gestionar en singular, o cómo diseñar políticas públicas válidas para el conjunto de la ciudadanía que sean gestionadas en modo que lleguen y den respuestas efectivas a cada uno de sus destinatarios y destinatarias.

 

La complejidad del problema

En apretada síntesis, el funcionamiento de los programas de promoción disponibles muestra las siguientes dificultades:

  • multiplicidad de programas y falta de coordinación entre las distintas áreas responsables y autoridades de aplicación de las políticas de promoción a nivel del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), las provincias y los municipios –ministerios, secretarías, organismos autárquicos, etcétera–;
  • carencia de un sistema centralizado que permita el conocimiento de todas las herramientas disponibles y dificultad para llegar y dar respuesta[3] a las necesidades concretas de las PyMEs y los emprendedores y las emprendedoras;
  • subestimación y desaprovechamiento de la capacidad de difusión y de asistencia que pueden brindar cámaras empresariales, asociaciones profesionales, universidades, agencias locales de desarrollo y demás instituciones de bien público;
  • incomprensión de la necesidad de llegar a la profundidad territorial, de salir a buscar a los emprendedores y las emprendedoras, y no esperar a que lleguen;
  • otros obstáculos puntuales, que será necesario detectar y solucionar.

Estas dificultades hacen pensar en la necesidad de soluciones complejas: no alcanza con la mera coordinación entre ministerios del PEN, o de la coordinación entre el PEN y los gobiernos provinciales y de estos con los municipales; tampoco con la acción individual de universidades, cámaras empresariales o demás organizaciones de bien público. Se trata en definitiva de establecer un mecanismo en red que reúna a todos los participantes e interesados en potenciar los resultados de las políticas de promoción vigentes, mediante una difusión efectiva de los programas disponibles y el acompañamiento a empresarios y emprendedores para que puedan superar los obstáculos iniciales que les impiden concretar el lanzamiento de sus proyectos.

 

Objetivos

La red propuesta tiene tres objetivos. El primero es permitir y facilitar a las PyMEs que actúan en todo el territorio nacional –con especial foco en las microempresas y las emprendedoras y los emprendedores– el acceso al conocimiento y la aplicación de programas y convocatorias para el desarrollo productivo, ya sean los existentes o los que puedan crearse en el futuro.

El segundo objetivo es brindar asistencia a sus destinatarios para superar los obstáculos que inicialmente impiden o dificultan la concreción de sus iniciativas.

El tercero es facilitar a las autoridades de aplicación la evaluación de la efectividad de las políticas y los diferentes programas, convocatorias e instrumentos para el desarrollo que encuentran a su cargo.

 

Integrantes, estructura y funcionalidades de la red

Comienzo por definir cuáles serían las tres clases de actores que deberían integrar esta red federal, así como las funciones que deberían desempeñar para que las políticas de desarrollo lleguen y brinden resultados a quienes más las necesitan. En primer lugar, deberían actuar quienes establecen y gestionan las políticas e instrumentos para el desarrollo: ministerios y organismos autárquicos del PEN y de los gobiernos provinciales, incluyendo bancos oficiales, fondos de garantía, fideicomisos, etcétera, organizados en una subred que provea y asegure el funcionamiento del Centro de Información y Asistencia Pyme; que actúe como ordenador de los diversos programas existentes o que se creen en el futuro; y que permita las coordinaciones que el caso requiere, incluyendo la coordinación general con los demás actores que se detallan a continuación.

En segundo lugar, deberían participar quienes cumplen funciones como difusores y facilitadores de esas políticas, tales como federaciones y cámaras empresariales, entes regionales y provinciales de desarrollo, organizaciones para el desarrollo y universidades nacionales y provinciales, también organizados en otra subred destinada a multiplicar la efectividad de los esfuerzos individuales y a brindar capacitación a participantes de las tres subredes y a las PyMEs y microemprendedores, destinatarios finales de las políticas.

Por último, creo imprescindible la participación de quienes tienen la responsabilidad de gestionar el acceso territorial directo a las políticas para el desarrollo con destino a las PyMEs, microempresas y emprendedores, como es el caso de municipios, agencias de desarrollo local, mentores registrados para brindar asistencia, etcétera. Estos actores, organizados en una tercera subred, deberían cumplir tres funciones principales: difundir y facilitar la aplicación efectiva de los programas disponibles, manteniendo informados a los proponentes del estado de sus gestiones; propiciar mecanismos de asociatividad entre PyMEs y emprendedores que potencien el desarrollo territorial; e informar a las autoridades de aplicación sobre dificultades y posibles mejoras de las políticas para el desarrollo.

La falla de cualquiera de estas subredes dificultaría la llegada y la efectividad de las políticas públicas destinadas a promover el desarrollo productivo.

En síntesis, se trata de diseñar una red de redes que reúna a los actores responsables de establecer y gestionar las políticas públicas, los interesados en facilitar el proceso y los encargados de gestionar la aplicación a nivel territorial de las políticas disponibles para impulsar el desarrollo productivo.

La construcción de esta red de redes no parte de cero, toda vez que creo posible utilizar relaciones y mecanismos ya existentes, para no aumentar el gasto público. La subred de generadores y administradores de las políticas de desarrollo cuenta como antecedente el funcionamiento de los gabinetes de Economía[4] y de Promoción Federal.[5] Asimismo, se agregan las posibilidades de coordinación del Consejo Federal de Ministros de Producción, el Consejo Federal de Inversiones (CFI),[6] etcétera. En el caso de la subred de comunicadores y facilitadores de las políticas de desarrollo, entre otras, pueden contribuir las delegaciones regionales de organismos dependientes del PEN, como INTI, INTA o SENASA, así como las relaciones preexistentes entre universidades y facultades nacionales y regionales, y otros actores, tales como federaciones y cámaras empresariales, tanto de índole territorial como sectorial. Finalmente, la subred de gestionadores territoriales del desarrollo cuenta con la eventual disponibilidad de la Red Nacional de Municipios Productivos,[7] la numerosa cantidad de asociaciones y agencias regionales para el desarrollo, el concurso de movimientos sociales, e inclusive organizaciones y de militantes políticos comprometidos con el desarrollo económico y social de sus territorios.

 

Creación y dependencia funcional

Con motivo de la cantidad y diversidad de actores públicos y privados que participarían de la Red, estimo conveniente que sea creada por ley nacional, o como segunda opción por medio de un decreto presidencial, alternativa que creo que debería ser tenida en cuenta si se estima que el tiempo requerido para la aprobación de la ley no permitiría mostrar resultados efectivos en los plazos necesarios.

Las necesidades de coordinación interministerial y de relacionamiento con las autoridades provinciales y municipales que adhieran a la propuesta hace necesario que cuente con la supervisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la cual podría delegar la implementación y las actividades de coordinación en las autoridades del ministerio o secretaría que concentre mayor responsabilidad en materia de desarrollo productivo a nivel regional, según las funciones de la ley de ministerios que se encuentre vigente.

A modo de conclusión, resulta para mí evidente que, en paralelo con la constitución de la Red Federal de PyMEs –y para completar las políticas que faciliten la superación de los obstáculos iniciales que afectan en mayor grado a los microemprendimientos y a los emprendedores y las emprendedoras de la economía popular– será necesario avanzar con urgencia en la implementación de mecanismos que, tal como los propuestos, faciliten el acceso al crédito productivo. La concreción y el funcionamiento efectivo de ambas propuestas permitirá avanzar sustantivamente en la construcción de una ética del desarrollo y una épica del trabajo argentino que tanto necesitamos.[8] [9]

.

Notas

[1] Se estima que en Argentina las PyMEs generan alrededor del 42% del PBI y el 70% del empleo.

[2] El acceso al crédito bancario tiene como requisito imprescindible la disponibilidad de balances de períodos anteriores, lo que lo torna inaccesible para nuevos microemprendimientos e iniciativas de la economía social.

[3] Muchos de los Trámites a Distancia (TAD) que se presentan no obtienen ningún tipo de respuesta, incluso cuando las dificultades para avanzar en la tramitación son de menor importancia.

[4] Focalizado en la articulación de políticas económicas centradas en la producción y el empleo, incluyendo herramientas de política macroeconómica y estrategias orientadas a la producción nacional.

[5] Focalizado en generar condiciones de desarrollo equitativas para todo el territorio nacional, donde todas las argentinas y todos los argentinos tengan acceso a educación de calidad y bienes culturales, y donde las industrias, comercio y actividades económicas puedan desarrollarse.

[6] El CFI cuenta con un Programa Federal de Formación en Gestión del Desarrollo, un conjunto de Sistemas Productivos Federales y de Financiamiento.

[7] La Red Nacional de Municipios Productivos es un espacio abierto a los gobiernos locales del país que tiene como objetivo reforzar las capacidades institucionales con atribuciones en lo productivo.

[8] Quiero reconocer explícitamente los aportes y las opiniones de Diana Guillén, Milagros Barbieri, Mónica Hober, Juan Luis Vendrell Alda, Rubén Lamas, Nahuel Trípodi, Sandro Medina, José María Lojo, José Luis García Palazón, Manuel Pedreira y Sylvia Schulein, que me permitieron enriquecer esta propuesta. Mucho agradeceré los comentarios que me hagan llegar a josemafumagalli@gmail.com y que me permitan perfeccionar y concretar esta iniciativa.

[9] Post Scriptum: con motivo de las consultas del borrador de este aporte tomé conocimiento del proyecto de ley de la senadora Nora del Valle Giménez de creación de observatorios regionales PyME, la que creo perfectamente complementaria con la presente propuesta.

Share this content:

Deja una respuesta