Nueva fórmula de actualización de haberes: justicia distributiva con sustentabilidad del sistema

El gobierno nacional envió al Congreso la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, luego de haber interrumpido desde su asunción la aplicación de la fórmula que el gobierno de Macri impulsara como estrategia de reforma disciplinadora del sistema previsional. La nueva fórmula no es, en realidad, tan nueva. Se asemeja a la aplicada en 2008, que estableció dos términos que condicionan el incremento de los haberes previsionales y su relación con otras prestaciones de la Seguridad Social.

Mas allá de las especificidades, el primer aspecto positivo es que vuelva a haber una fórmula de actualización de los ingresos de jubilados, jubiladas, pensionadas y pensionados. Esto no es menor, si tenemos en cuenta que Argentina no contaba hasta 2008 con una forma de cálculo cierta, conocida por todos, que permitiera previsibilidad, tanto para los perceptores y perceptoras de las prestaciones como para una evolución y programación fiscal verosímil. Este último dato no es menor, si decidimos mirarlo también en clave de política económica. Para un gobierno filoperonista, cualquiera sea su versión o edición, un rasgo definitorio de su naturaleza es el celo por el hacer más que por el decir.

La certeza y la proyección fiscal de la evolución de las prestaciones de la seguridad social sin dudas es un eje de un programa macroeconómico que viene convergiendo variables en pos de estabilizar la economía y prepararla para el crecimiento pospandemia. La renegociación de la deuda con acreedores privados, su restructuración con el FMI, son hechos concretos. No forman parte de ningún relato. No forman parte de un plan –tan requerido por algunos sectores– que dé lugar al relato. La aparición de esta fórmula va en esta dirección. Reconstruye expectativas que serán tangibles en el corto plazo, sin necesidad de decir que existe un “Plan”. Hacer versus decir.

Por el lado de las prestaciones, hay que esperar que evolucionen al ritmo de la recuperación de la actividad económica, vía recaudación tributaria y de la recuperación de los salarios. Desde hace largo tiempo, el régimen previsional se viene financiando con afectación tributaria, además lógicamente de la fuente contributiva. Para quienes creemos que el trabajo es el ordenador social y que la actividad económica recupera el empleo, esta fórmula proporciona justicia distributiva.

El desempeño de la aplicación de esta fórmula podemos rastrearlo entre 2008-2015, años en que los jubilados, las jubiladas, las pensionadas y los pensionados mejoraron su poder adquisitivo, hasta que se avizoró la devaluación de 2014. En este punto es importante hacer un contrapunto con la fórmula reemplazada por la reforma de Macri, basada en la evolución de la inflación. A las asalariadas y los asalariados argentinos y perceptores de ingresos fijos, mucho menos a los jubilados y pensionados, por su edad, no hay que explicarles los efectos que tiene una devaluación sobre la actividad económica y el poder de compra de los salarios. Mas allá de la manipulación del cómputo de aquel primer índice que privó de un porcentaje de recuperación de ingresos para sus beneficiarios y beneficiarias, lo cierto es que resulta de estricta justicia pensar que el organismo administrador del sistema debiera estar comprometido a pagar más cuando tenga más ingresos, y no cuando tenga menos.

Si pensamos en un futuro donde recuperar la cultura del trabajo sea un objetivo de justicia social, debemos tener un sistema de seguridad social determinado por el crecimiento real de los salarios y el empleo. Podríamos no hacerlo ni pretenderlo, en tal caso no solo no tendrán destino los jubilados, las jubiladas, las pensionadas y los pensionados, sino la sociedad en su conjunto. No nos engañemos, el resultado de la recuperación de los ingresos del sistema previsional argentino debe depender de la capacidad de contribución de las y los trabajadores, y ésta de la recuperación del empleo de calidad. Esto solo se logra con una economía en expansión que mejore los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores y fortalezca los ingresos tributarios.

Quienes llamaron “reparación histórica” a respuestas individuales eran adeptos del tener algo rimbombante que decir. Sin embargo, en el hacer consolidaron años de descalabro normativo y políticas de erosión de ingresos, con reconocimientos insuficientes que comprometieron el financiamiento futuro de todo el sistema previsional. Algo que seguramente no admitan nunca, como tampoco puedan reconocer que la necesidad es la de promover una política de “prevención social” con sustentabilidad de todo el sistema de protección social, atendiendo la justicia conmutativa sin soslayar la justicia distributiva.

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