Los estados miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a fomentar la realización plena y progresiva del derecho a la vivienda adecuada, tal cual está formulado en los instrumentos internacionales y la convención de los derechos económicos, sociales y culturales (1966), en oportunidad de aprobar y adoptar la Agenda Hábitat en la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat II), en Estambul, 1996. Este compromiso se reafirmó cuando se adoptó la Nueva Agenda Urbana en la Conferencia de las Naciones Unidas para Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable (Hábitat III), Quito, 2016. Es importante subrayar que después de Hábitat II más de 100 países incorporaron la noción y el derecho a la vivienda adecuada en sus regímenes de leyes y su marco constitucional. A pesar de ello, el gobierno de Mauricio Macri –si el pueblo argentino así lo decide– finalizará el 10 de diciembre de 2019 con otro triste récord: ser el gobierno democrático que desde la primera presidencia de Perón menos viviendas sociales ha ejecutado y entregado.
Alejadas de las necesidades sociales, las políticas neoliberales llevadas adelante desde 2015 fueron alejándose de las necesidades de sectores sociales que sin la ayuda del Estado no pueden satisfacer sus necesidades básicas. La Vivienda, a pesar de que el déficit habitacional en la Argentina alcanza a un tercio de su población, no ha quedado al margen del desguace del Estado. Así, hemos asistido al fin de programas como el Federal de Viviendas, Mejor vivir y también el Procrear, del que solo han dejado su nombre, ya que sus líneas de acción han sido discontinuadas. También presenciamos la venta indiscriminada de bienes fiscales con fines comerciales por parte del ABBE, desmantelando el patrimonio inmobiliario estatal.
Se irán en diciembre, y en vez de viviendas dejan UVAS: único dispositivo ideado por el gobierno de Macri para dar respuesta a las necesidades habitacionales. El sistema de créditos UVA (unidad de valor adquisitivo) lanzado en 2016 tiene como principal característica que indexa por CER el capital prestado por los bancos, esto es, por inflación atada al incremento del valor del dólar. Como resultado, los más de 100.000 tomadores de créditos en forma desesperada luchan para poder afrontar cuotas impagables y con riesgo de no poder cancelar nunca el capital. A contramano de las políticas que se llevan adelante en el mundo –países como Chile y Colombia han dejado el modelo Ahorro Bono y Crédito– al que se jactan de habernos vuelto a posicionar, idearon este sistema perverso en forma irresponsable como única forma de acceso a la Vivienda hoy en la Argentina. Hoy la política de vivienda está en manos de los bancos, a los que se les aseguró una rentabilidad desproporcionada con un derecho humano fundamental.
Así las cosas, el próximo gobierno deberá, además de idear uno o varios programas de Vivienda para dar respuesta segmentada a las distintas necesidades de la sociedad, bajo el concepto de las políticas de Naciones Unidas, deberá también resolver la angustia de los tomadores de créditos bajo el sistema UVA.
Desde el Frente Todos, su candidato a presidente Alberto Fernández ha anunciado la creación –en caso de ganar– de un Ministerio de Vivienda y Hábitat. Además de celebrar desde estas líneas el anuncio, debemos contarle a la sociedad que en ese caso sí podremos decir que la Argentina estará inserta en el mundo, poniendo a la Vivienda en el centro de la agenda política.
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