Poco se ha estudiado sobre la espera como herramienta con la que cuenta el poder para disciplinar a determinados colectivos sociales. En términos institucionales, la espera tiene un efecto biopolítico en la rutina de las personas y funciona como termómetro en el acceso a derechos fundamentales. Pierre Bourdieu (1998) había dicho que la espera es uno de los medios que posee el poder para plantear las reglas del juego a través de un control estrecho del tiempo. Concretamente, busca ejercer una dominación a través de un permanente estado de incertidumbre e inmediatez ante “lo que está a punto de suceder”. Eso es lo que trataremos en este texto respecto del instituto de la personería gremial a partir del caso del subterráneo que, anticipamos, lleva consigo toda una trama que hace de la espera una herramienta de disuasión, potenciada por el actuar administrativo del Estado.
Primero lo primero: la personería gremial es un atributo que se otorga administrativamente –mediante resolución del Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo, a través del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación– a la asociación sindical más representativa, de acuerdo a su actividad, ámbito territorial de influencia y cantidad de afiliados cotizantes. Al ser una particularidad especial a la que pocos tienen acceso, y menos aún puede disputarse a un sindicato que ya la posea –con lo que esta característica de la espera se vuelve aún más evidente–, la asociación sindical que la adquiere cuenta con un extenso listado de prerrogativas y privilegios, contradiciendo los principios constitucionales del artículo 14 bis y diversos convenios de la OIT.
Ahora bien, la UTA monopolizaba aquellos privilegios desde hacía varias décadas, pero en 2013 los Metrodelegados (AGTSyP) comenzaron los trámites necesarios para adquirirla, de acuerdo a las previsiones de los artículos 25 y 28 de la ley 23.551 de asociaciones sindicales y el artículo 21 del decreto reglamentario 467/88. Durante todo el proceso, que duró más de dos años, puede observarse cómo opera la espera: cuando una parte pierde tiempo, otra se beneficia.
Veamos. La audiencia de cotejo y verificación de afiliados cotizantes de la AGTSyP, celebrada el 28 de noviembre de 2013, probó la afiliación de más del 50% de los trabajadores que prestan servicios, considerando el período de enero a julio de 2013. Luego, y después de numerosos pedidos de archivo y desestimación de peticiones por parte de la UTA, se designó una nueva audiencia de cotejo de representatividad entre los registros de la AGTSyP y de la entidad con personería gremial, en julio de 2014. Después de diversas presentaciones de la UTA a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, numerosos recursos jerárquicos administrativos y la interposición del recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fueron rechazadas, se designó una nueva audiencia para el 12 de noviembre de 2015. En aquella oportunidad nadie compareció por la UTA, y la AGTSyP acreditó la afiliación en los mismos valores que los de la audiencia del 28 de noviembre de 2013. Por su parte, la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales fijó una nueva y última audiencia para el día 1 de diciembre de 2015. La AGTSyP solicitó la revocación de la nueva audiencia de cotejo de representatividad, que fue aceptada por el Ministerio de Trabajo, por lo que se le otorgó la personería gremial mediante la Resolución 1601/15.
Pero la historia no termina acá: se produce un nuevo “período de espera”. A principios de marzo de 2017 –menos de 18 meses después– la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) –con base en un recurso de apelación directo basado en el artículo 62 de la ley de asociaciones sindicales– revocó la mencionada Resolución 1601/15, con el fundamento de que el proceso seguido en el Ministerio no respetó el derecho de defensa de la UTA con la intensidad que exige la ley, y que las pruebas valoradas en la resolución habían sido obtenidas sin la participación de aquella. El tribunal consideró que la autoridad administrativa no articuló ningún mecanismo procedimental a fin de otorgar la posibilidad de participar en la producción de tales pruebas, afectando insalvablemente la bilateralidad del proceso, junto con el hecho de que la resolución atacada tiene por acreditados los recaudos para el desplazamiento de la personería gremial sin la intervención de la UTA, tanto en el caso de determinar el universo de trabajadores representados, como en la producción de las pruebas pertinentes a fin de garantizar la defensa en juicio. Guillermo Gianibelli (2017), abogado de los Metrodelegados, afirmó: “la Cámara expresó que no existe una norma que contemple el apercibimiento por el cual la incomparecencia a la audiencia de cotejo de representatividad lleve a presumir la intensidad de la representación de la peticionaria”. Es decir que, a pesar de dar por tierra con la reciente personería gremial de la AGTSyP, la Sala II tampoco considera que cabría una sanción real en caso de negligencia de la UTA a presentarse en el expediente y en la audiencia de cotejo para hacer valer su representación, con lo que el sistema quedaría indefectiblemente cerrado a nuevos intentos de desplazamiento de personería gremial.
Posteriormente, los Metrodelegados interpusieron recurso extraordinario ante la Corte Suprema, alegando, entre otras, la violación de normas de carácter federal, como el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el convenio 87 de la OIT. Dicho recurso fue concedido por la CNAT a finales de mayo de 2017, por lo que se suspendió la ejecución de la sentencia del 6 de marzo hasta que el máximo tribunal dé su opinión al respecto. De este modo, el CD “recuperó” provisionalmente la personería gremial y gozó de todos los derechos y facultades inherentes a ella. Luego, a finales de marzo de 2018, la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con la Cámara de Apelaciones del Trabajo, convocó a una nueva audiencia de cotejo en el Ministerio de Trabajo, a fin de respetar las garantías procesales de la UTA, por lo que en la actualidad la AGTSyP no cuenta con la personería adquirida en 2015.
A principios de junio de 2018, sumando otro medio “institucional” para quitar poder de conflicto y presión de este sindicato, el Ministerio de Trabajo –en conjunción con el Banco Central– estableció que ninguna entidad bancaria podrá debitar cuotas de afiliación o cualquier otro aporte a organizaciones sindicales que no posean personería gremial, basándose para ello en el artículo 38 de la ley 23.551. Dicho comunicado fue firmado por Adolfo Saglio Zamudio, director nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo y fue objeto de una denuncia ante la OIT por parte de la AGTSyP, puesto que atentaba contra la libertad sindical, al desfinanciar a un gremio que cuenta con la afiliación de un considerable y representativo grupo de trabajadores, y contra la libertad individual del trabajador para disponer los débitos en su cuenta sueldo como mejor considere.
Por otro lado, pocos días después, el Juzgado de Primera Instancia 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del juez Gallardo, ordenó al Gobierno de Rodríguez Larreta sentarse a negociar paritarias con los Metrodelegados, mandato recién llevado a cabo a finales de agosto de 2018: los Metrodelegados firmaron un acuerdo superior al de la UTA.
De este modo, en menos de un año la AGTSyP perdió un derecho por el que había luchado tras incontables fallas institucionales, aplazos, suspensiones y tiempo perdido, situaciones en la que el uso instrumental de la espera es manifiesto. Y siguen esperando, casi un año después de la orden de la Corte Suprema para que se realice una nueva audiencia para el cotejo de afiliados y así garantizar “el derecho de defensa de la UTA”.
Es al menos curioso que, inmediatamente después de que le quitaran la personería gremial a la AGTSyP, hubiese nuevas paritarias a cargo de la UTA, represiones a trabajadores del gremio e intentos de desfinanciamiento por parte de gobierno nacional. Sin embargo, al mismo tiempo firmaron paritarias sin contar con la personería gremial. ¿Qué dice esto? ¿Qué la personería no es importante? No. Nos dice que la lucha es importante, que hay que hacer algo “mientras esperamos”, y no dejarse amedrentar por resoluciones administrativas o audiencias de cotejo que nunca llegan. Que los hechos van mucho más allá de la ley y de los “tiempos administrativos”. Es una realidad. La necesidad no espera. La batalla tampoco.
Bibliografía
Bourdieu P (1998): Meditaciones Pascalianas. Barcelona, Anagrama.
Comfort M (2008): Doing Time Together: Love and Family in the Shadow of the Prison. University of Chicago Press.
Gianibelli G (2017): “Subte: Otra vez, el muro”. En Argentina Indymedia Trabajadores, http://argentina.indymedia.org/news/2017/03/903620.php.
“Represión contra los trabajadores del subte”, en ANRed, 22-5-2018. http://www.anred.org/?p=96043.
Schwartz B (1975): Queuing and waiting: studies in the social organization of access and delay. University of Chicago Press.
“Triaca sueña con un mundo sin libertad sindical”. Página 12, 2-6-2018.
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