Hacia una renta básica universal incondicional

Neoliberalismo y fin del trabajo en Argentina

El año 1974 fue aquel en el cual la sociedad argentina alcanzó el máximo nivel de desarrollo. Para aquel año se llegó por ejemplo a una tasa de inversión bruta del orden del 24% del PIB, mientras que el nivel de la deuda externa pública en relación al Producto Interno Bruto (PIB) se ubicaba en 10%. En la misma dirección, Basualdo (2003: 45) señala que entre “1963 y 1974 el PBI se expandió un 54%, que es equivalente a una tasa de crecimiento anual acumulativa del 5,8%. Más acentuado aún fue el aumento del PBI per cápita al llegar al 82%, lo que supone una tasa de crecimiento anual acumulativa del 6%”. Fue también en el cuarto año de la década del 70 cuando la Argentina consiguió el nivel de mayor igualdad de su historia: un coeficiente de Gini de 0,35 –de acuerdo con la CEPAL– y de manera coincidente con ello el desempleo alcanzó su mínimo histórico: 2,7%. Para ese mismo año la pobreza se ubicaba en el 8% sobre el total de la población.

Dos años después, con la dictadura cívico-militar la sociedad argentina se encontró –al igual que otros países de la región– con el avance de fuerzas conservadoras que impulsaron políticas regresivas. La acción de los grupos dominantes tuvo un doble objetivo: la fragmentación de los sectores populares, destruyendo sus instancias de organización; y el disciplinamiento de fracciones del bloque dominante cuyo proyecto histórico no era coincidente con los intereses de los sectores civiles que impulsaron el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 (Villarreal, 1985: 261). Eduardo Basualdo (2002: 30), desde una mirada complementaria, realiza el siguiente análisis: “el aspecto determinante para la ofensiva de los sectores dominantes fue la voluntad expresa de destruir la identidad nacional de los sectores populares que se expresaba en el peronismo, arrasando con la alianza social policlasista que se había conformado durante la sustitución de importaciones y dando por finalizada la etapa que, desde otra perspectiva, se denominó ‘empate hegemónico’”.

Más adelante, la continuidad y la profundización de las políticas neoliberales en Argentina fue coincidente con la instrumentación de la convertibilidad en la década de los 90. Esta experiencia representó la reedición de una caja de conversión que tenía su historia en Argentina y que no significaba otra cosa que establecer una tasa de cambio fija de la moneda nacional frente a un activo externo. En este punto se puede destacar que si bien la convertibilidad entre el peso y el dólar –en una relación “uno a uno”– fue determinante para el decurso de un sistema económico que terminó estallando en mil pedazos durante el gobierno de la Alianza en diciembre de 2001, lo cierto es que esa política monetaria fue acompañada por todo otro tipo de políticas conocidas como “reformas estructurales”: la reformulación del mercado de trabajo fue una de ellas. El proceso de desindustrialización, el incremento de la tasa de desocupación y los porcentajes crecientes de la población económicamente activa inserta en el mercado informal de trabajo encontraron eco en la emergencia de nuevas formas de vinculación laboral, caracterizadas por la precariedad. Se fue gestando un escenario que llega hasta estos tiempos, con una alta tasa de desocupación, elevados niveles de informalidad, precariedad del mercado de trabajo y crecimiento sistemático de la pobreza y la indigencia. Dado este cuadro de situación, en los últimos años ha cobrado relevancia la discusión acerca de la factibilidad de implementar una renta básica universal incondicional (RBUI).

La RBUI es un ingreso periódico pagado por el Estado a cada ciudadano o ciudadana que residen en el territorio nacional –nacionales, nacionalizados o residentes legales. Es individual y representa un derecho sin ningún condicionamiento o prestación a cambio. Puede ser considerada una política social redistributiva. El Estado a través de su régimen fiscal garantiza la transferencia de recursos económicos a todos los ciudadanos y ciudadanas con el objeto de reducir las desigualdades sociales. Esa transferencia de dinero de manera regular debe garantizarles la posibilidad de acceder a una vida digna: tienen que ser suficientes para el pago de servicios, vivienda, alimentación, vestimenta, educación, salud y transporte (Bukstein, Blanco y Grima, 2020: 21).

El concepto de RBUI se inscribe a su vez en una política de derechos humanos, ya que su acceso no requiere más legitimación que la responsabilidad del Estado de garantizar a todos los habitantes el acceso a la condición de ciudadanía. En términos concretos no sustituye ningún ingreso privado, ni tampoco precisa de ninguna condición. Ello significa que permite acumular todas las otras rentas que el ciudadano o la ciudadana puedan conseguir y, por lo tanto, en ningún caso desincentiva el trabajo.

En términos concretos, la RBUI es definida sintéticamente por cuatro criterios esenciales (Arcarons, Raventós y Torrens, 2016): a) incondicional: porque se constituye en un derecho humano para todos los habitantes de un país, sin tener en cuenta residencia, profesión, ingresos, etcétera; b) universal: todo individuo tendrá derecho a “percibir” la RBUI, independientemente de su edad –porque todos los recién nacidos y los niños y las niñas estarán incluidos, pudiendo hacer uso del dinero cuando alcancen la mayoría de edad–, ascendencia, residencia, profesión, etcétera; c) individual: las personas se benefician del derecho a percibir una RBUI de forma individual, independientemente de circunstancias tales como el estado civil, ingresos, convivencia en el hogar, propiedad, etcétera, lo cual garantiza la privacidad y evita el control de unos individuos sobre otros, porque habilita a que las personas tomen sus propias decisiones libremente sobre qué estilo de vida privada quieren construir y no estén obligadas a aceptar condiciones calamitosas de empleo por necesidad, ya que se encontrarían en mejores condiciones para negociar los contratos de trabajo; d) suficiente: se debe considerar una cantidad de dinero según el contexto de cada país, previendo que a partir del monto establecido se garantice un nivel de vida digno, buscándose así que todas las personas estén incluidas en la sociedad, evitando la pobreza material.

La crisis económica y social mundial, de la cual no está exenta Argentina, incrementa la cantidad de personas marginadas que se encuentran en situación de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad social, al tiempo que se profundiza la flexibilización laboral y la precariedad del empleo y se eleva de manera constante la tasa de desocupación. Con el objetivo de dar cauce a una sociedad más inclusiva y equitativa, podría ser de suma relevancia la implementación de una RBUI que garantice una vida digna a sus habitantes y que al mismo tiempo acompañe una disminución de la desigualdad, reduciendo las consecuencias negativas de la transformación tecnológica y digital y del trabajo cada vez más escaso bajo la forma de empleo decente.

En síntesis, la RBUI podría estar constituida por una transferencia de dinero que realice el Estado a todos los ciudadanos y las ciudadanas en forma individual y no condicionada, desde los 18 años hasta la edad jubilatoria –que en Argentina son los 60 años para las mujeres y 65 para los varones. Por su carácter incondicional, la RBUI se constituiría en un derecho para todas las personas, simplemente por la condición de dignidad intrínseca a todo ser humano. Al percibir un ingreso monetario regular mes a mes se garantizarían niveles de ingreso necesarios para vivir dignamente.

La RBUI es una práctica que en aquellos países donde tímidamente fue implementada logró una disminución de la pobreza, mejoró la salud, la educación, la alimentación y la calidad de vida en general. Las políticas sociales actuales, implementadas a la espera de una reactivación de la economía y de la generación de trabajo decente, se han prolongado demasiado. Ello obliga a debatir el diseño y la implementación de soluciones estructurales para generar una sociedad más justa y humana. En los tiempos que corren y a la luz del universo de desolación que visibilizó la pandemia, el desafío actual pasa por construir una sociedad inclusiva. Con ese objetivo resulta relevante pensar la RBUI como política, junto a la reducción y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, que son claves para mejorar la calidad de vida y la libertad de las personas. Con las urgencias del caso, queda pendiente un estudio sobre su posible complementación con una reforma tributaria progresiva que aporte mayor equidad al sistema fiscal argentino.

 

Referencias bibliográficas

Arcarons J, D Raventós y L Torrens (2016): “La renta básica incondicional y cómo se puede financiar. Comentarios a los amigos y enemigos de la propuesta”. CTXT, 28-11-2016.

Basualdo E (2002): Sistema político y modelo de acumulación en Argentina. Notas sobre el transformismo argentino durante la valorización financiera (1976-2001). Bernal, UNQui.

Basualdo E (2003): “Las reformas estructurales y el Plan de Convertibilidad durante la década de los noventa. El auge y la crisis de la valorización financiera”. Realidad Económica, 200.

Bukstein G, G Blanco y JM Grima (2020): Renta Básica Universal e Incondicional o Ingreso Ciudadano Universal: Un desafío urgente. Buenos Aires, IIGG.

Villarreal J (1985): “Los hilos sociales del poder”. En Crisis de la dictadura argentina, política, económica y cambio social. Buenos Aires, Siglo XXI.

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