Desde el retorno a la democracia, la mayoría de las organizaciones comunitarias, junto a otros actores sociales, trabajan día a día para reconstruir el tejido social. A contracorriente de las políticas neoliberales, las asociaciones civiles sin fines de lucro forman personas en valores tales como la solidaridad, el esfuerzo o el respeto, en conocimiento general, en la cultura, y competitivamente en diversas disciplinas y deportes. En el mismo sentido que el trabajo y la escuela, también cumplen un rol en el sostén de los lazos comunitarios.
La situación de las organizaciones se ha visto ampliamente perjudicada por la crisis económica, profundizada durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. La eliminación de subsidios a los servicios de gas, luz y agua, junto al aumento de los precios de los alimentos durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), tuvieron un efecto drástico en la caída de los ingresos de la población, y se tornó difícil afrontar el valor de alquileres, servicios, contratación de personal y compra de materiales para hacer posibles las actividades por parte de las comisiones directivas de clubes, centros culturales y demás.
A causa de las restricciones sanitarias en el contexto de pandemia y con los problemas económicos agravados, gran parte de los socios y las socias dejaron de asistir, lo cual se reflejó en una baja de ingresos o en el pago de la cuota mensual. Algunas asociaciones abrieron servicios de buffet y gastronomía, complementaron las entregas a domicilio de viandas de comida con la opción de comer al aire libre, pero en algunos casos no se pudo evitar el cierre o la interrupción de sus actividades.
También han debido girar sus prácticas en torno a las necesidades urgentes de la comunidad. Inevitablemente, de a poco fueron perdiendo centralidad las acciones específicas de clubes, centros culturales, centros de asistencia, etcétera, mientras crecía la organización de ollas populares, merenderos y comedores, en conjunto con la acción del Estado que a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad sostiene la entrega de mercaderías.
Marisa, vecina de Berisso a cargo de una biblioteca popular, comenta sobre las jornadas de lectura para los niños: “Sí, antes de la pandemia lo hacíamos. Lo sostienen chicas de una organización política. Ahora hacemos la copa de leche y ahí les leemos cuentos”. Ha habido un impacto en el objeto fundante o las actividades que realizan, a lo que se suman la inestabilidad y la incertidumbre. Todo esto podría desbordar la capacidad de las organizaciones.
Otra dificultad reside en mantener la regularidad con la Dirección Provincial de Personería Jurídica. Es un aval para la institución que está en funcionamiento, pero también una posibilidad para recibir financiamiento, y así sostener espacios, talleres o actividades que brinda a la comunidad. Pero es poco el tiempo disponible para organizar los papeles que se requieren para ello, y es recurrente el desconocimiento sobre asuntos jurídicos y contables: formas, fechas de presentación de libros sociales, etcétera. En caso de no tener abogados o colaboradores especializados, las asociaciones recurren al área de entidades civiles de los municipios para concretar estos trámites, y las que tienen mejor capacidad económica contratan gestores. Según comentan integrantes de algunas comisiones directivas a las que pude consultar, al momento de presentar la documentación anual –más la firma de la escribanía, en caso de ser el trámite para obtener personería jurídica, que varía entre 40.000 y 85.000 pesos– los costos de gestoría varían en promedio entre 5.000 y 7.000 pesos. La desarticulación entre el trabajo de las y los gestores y la dirección provincial competente también es un hecho: frente a errores en la presentación de la documentación o ante la falta de claridad en los criterios de esa Dirección, muchas veces se deben rehacer los formularios, lo que termina por retrasar las entregas y por generar desembolsos irrecuperables. A esto último se le suman la nula respuesta por correo electrónico ante solicitudes y trámites, o el archivo aleatorio de expedientes, viajes extensos y costosos de las comisiones directivas para realizar trámites en persona, malos tratos del personal, etcétera. Todas estas cuestiones constituyen una carga para las organizaciones sin fines de lucro que genera deudas que estorban su subsistencia, y la causa principal es el mal funcionamiento de la burocracia estatal, lo que refleja una falta de equilibrio entre la responsabilidad del Estado y las organizaciones, e insuficientes participación, diálogo y rendición de cuentas.
Vale mencionar, además, que en el marco de la emergencia sanitaria en la Provincia de Buenos Aires se aprobó la Ley de Asociaciones Civiles 15.192 que establece una serie de beneficios, tales como la posibilidad de obtener de manera gratuita la personería jurídica y una cuenta en el Banco Provincia; quedar exentas de tasas judiciales; acceder a una tarifa cero de servicios públicos durante la emergencia sanitaria provincial; y cambios que pretenden agilizar la normalización y condonación de deudas documentales.
Gran parte de las asociaciones de la comunidad funcionan desde hace años como soporte para paliar el contexto de vulnerabilidad económica, en lugar de realizar actividades para las que fueron creadas, por ejemplo: generar futuro y oportunidades a niños y niñas, hacerlos felices, fomentar ciertos valores, o la recreación. Evidentemente, la accesibilidad para su regularización no guarda relación con el compromiso que asumen por la comunidad. Comenzar a resolver estos asuntos las posicionaría en un plano más cercano al original, colaborando en la recomposición del vínculo con las familias del barrio, con la regularidad de las actividades, con las socias y los socios, y también con el Estado.
Tratar este tipo de obstáculos para las asociaciones sin fines de lucro debería ser una prioridad, valorando el esfuerzo por el otro, el trabajo constante, la dedicación. Eso haría más llevadera la vida de las asociaciones civiles, y aumentaría su sostenibilidad.
Para esto hace falta decisión política, para impulsar una revisión de la localización geográfica y del rol efectivo de las delegaciones, revisando las exigencias de documentación, cambiando modalidades, organizando el personal de otra manera, y haciendo un seguimiento de su capacitación en relación a las organizaciones que trabajan por el bien común. Sería una manera de aportar al bienestar de la comunidad.
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Nicolás Beckdorf es licenciado en Sociología (UBA).
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