Donde hay una necesidad debe haber un derecho

Para arrancar este artículo es necesario contextualizar que, aunque suene repetido, al terrible deterioro económico y social en el que nos sumergió el neoliberalismo de Mauricio Macri, a nuestro Gobierno se le sumó la contingencia de enfrentar la pandemia. Esto trastocó las prioridades establecidas en el programa que nuestro pueblo votó en 2019. Sin embargo, gracias a la determinación de priorizar el cuidado de la salud de las argentinas y los argentinos, buscando garantizar el derecho humano de acceso universal del pueblo a la vacuna contra el COVID-19, podemos ver que estamos superando la peor parte de la pandemia. Esto nos pone en el rumbo de retomar, sin más miramientos, el diseño, el desarrollo y la implementación de aquellas políticas públicas de derechos humanos que entendíamos necesarias al inicio del gobierno y que la situación de excepción obligó a retrasar.

 

Los Derechos Humanos y la Justicia Social

Desde una visión integral de los Derechos Humanos que no separe los derechos civiles y políticos de los económicos, sociales y culturales, entendemos que el rol del Estado no se restringe a la definición liberal clásica de obligaciones negativas de no intervención, sino que, también y complementariamente, el Estado debe intervenir positiva y propositivamente para modificar las condiciones materiales y culturales que impiden a muchas y muchos compatriotas ejercer todos los derechos que garantiza nuestra Constitución. Desde esta mirada, comprendemos que el diseño de políticas en materia de Derechos Humanos entronca con la construcción de la Justicia Social para lograr el objetivo supremo de cualquier política que se precie de popular, nacional y democrática: la Felicidad de nuestro Pueblo.

Desde este lugar, proponemos para estas elecciones legislativas pensar una agenda de trabajo en múltiples dimensiones: a) retomar, consolidar y profundizar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que nos han llevado a ser ejemplo mundial en esta materia, volviéndolas a dotar de recursos luego del desfinanciamiento y vaciamiento que sufrieron entre 2015 y 2019; b) contribuir y apoyar políticamente las iniciativas que llevan adelante diferentes áreas de nuestro gobierno en materia de mejora en la observancia y control del funcionamiento de las fuerzas de seguridad y de lugares de encierro, coordinando acciones, cuando fuera necesario, tanto con otras carteras nacionales como con los gobiernos provinciales y locales; para poder ir alcanzando estas metas, en este punto es indispensable aportar al proceso de reforma del Poder Judicial de la Nación; c) aportar a la consolidación de las incipientes políticas públicas de ampliación de derechos, como los derechos campesinos, la soberanía alimentaria, la propiedad comunitaria de la tierra y pueblos originarios, o las políticas que hacen a la participación y reconocimiento de derechos de mujeres, géneros y diversidades sexuales; d) por último, proponer debates públicos de calidad sobre nuevas problemáticas sociales en torno a la calidad y la vigencia de la democracia, sobre todo empezando a desarmar los discursos de odio y discriminación.

 

Más Memoria, Verdad y Justicia, para no repetir

La continuidad de los juicios de lesa humanidad, la persecución penal enfocada sobre el poder civil que avaló, financió y fue parte del circuito represivo de la dictadura, la búsqueda de los más de 300 nietos y nietas que nos faltan encontrar, la reparación a la víctimas que representa la obligación del Estado ante las leyes indemnizatorias 24.043, 24.411, 25.914, 26.654 y 26.913, o la reparación documental sobre los legajos laborales de empresas privadas de compañeros y compañeras que sufrieron secuestro y desaparición, como así también la efectiva preservación y señalización de los Sitos de Memoria, dan cuenta de una diversidad de cuestiones que hay que atender y que requieren de los recursos materiales y económicos necesarios para su resolución. Por otro lado, se torna indispensable abordar con fuerza aquellas políticas públicas que lleven a evitar que se sigan produciendo graves violaciones a los derechos humanos en democracia, herencia indiscutida del terrorismo de Estado.

 

Más y mejor seguridad con más y mejor justicia

Es sabido que garantizar la seguridad de las personas es una de las funciones básicas del Estado de Derecho. Por ello, las propuestas para mejorar el funcionamiento de las fuerzas de seguridad son pensadas como un aporte a esta política central del Estado en todos sus niveles. La necesidad de prevenir el delito requiere de instituciones con personal formado, estructuras adaptables y la posibilidad de contar con datos e información que permitan destinar recursos en forma eficiente.

Pero también hay que intervenir en la violencia institucional, lo que requiere un amplio acuerdo de los distintos poderes del Estado y en las distintas jurisdicciones de nuestro país. Es urgente convertir en ley el dictamen recientemente firmado por la Comisión de Derechos Humanos y Garantías y la de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación de “abordaje integral de la violencia institucional en seguridad y servicios penitenciarios”. De esta forma se daría inicio a una innovadora herramienta de política pública, basada en la formación de las fuerzas de seguridad y penitenciarias y en el acompañamiento jurídico y socioterapéutico a las víctimas y sus familias, con la creación de centros de asistencia en todo el país, como también de un registro nacional que sistematice las distintas situaciones, generando información estadística que permita construir más y mejores herramientas de prevención.

En relación a lo anterior, es perentorio fortalecer el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, creado por la Ley 26.827, impulsando la constitución de los Mecanismos Locales contra la Tortura en la mayoría de las provincias argentinas que no lo han hecho todavía; y mejorar la infraestructura de los lugares de detención, resolviendo la superpoblación existente en muchos establecimientos, aumentando las medidas alternativas a la privación de libertad y ofreciendo a la vez más y mejores planes de estudio en contexto de encierro o de capacitación en oficios. Son todas medidas necesarias pero insuficientes, si lo que pretendemos es revertir las causas que producen la desigualdad y que motivan a miles de argentinos y argentinas a infringir la ley penal.

Complementariamente, es necesaria una profunda reforma judicial que ponga fin al divorcio existente entre la Justicia y el pueblo argentino. Un modelo de justicia sin presas ni presos políticos, que abandone la práctica del Lawfare y que persiga los delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas o el lavado de dinero, priorizando al ser humano por sobre el cuidado de la propiedad privada.

 

Soberanía económica sustentable con derechos de los postergados

Es central para la visión de Derechos Humanos que proponemos la consolidación de un modelo de desarrollo económico sustentable que industrialice la patria, ganando valor agregado a la producción primaria, creando empleo genuino y de calidad, lo que significaría en definitiva la única y mejor forma de dar felicidad al pueblo, engrandeciendo la nación y disminuyendo considerablemente la violencia y las desigualdades sociales. Resulta necesario poder mirar más allá de la emergencia, sin dejar de asistir las necesidades urgentes de vastos sectores de nuestro pueblo, pero direccionando las políticas de fondo que lleven a paso firme y sin pausa hacia la superación de una vez y para siempre de la pobreza. Entonces, debemos convocar a crear las políticas públicas que permitan garantizar el acceso a alimentos saludables y a precios justos, recuperando como principales productores locales a las campesinas y los campesinos, y pequeños y medianos productores y productoras, cooperativas y colonias. Para ello, debemos impulsar un rol protagónico de gobiernos locales y provincias en la promoción de la soberanía alimentaria local, equilibrando el buen uso de nuestros recursos y bienes naturales, como nuestra tierra y el agua, y poniendo la protección del medio ambiente como prioridad indiscutida del desarrollo económico.

Debemos poder desarrollar medidas de acción positiva que estimulen la producción de la agricultura familiar, y muy especialmente de las mujeres en la ruralidad: medidas situadas para cada territorio, cada comunidad, cada economía, cada mujer que está dentro de cada pueblo que compone nuestro territorio, dando apoyo a emprendimientos que encabezan mujeres, ya sea con exenciones impositivas, créditos accesibles y mejoras en la infraestructura, o con generación de redes comunitarias donde se atienda integralmente una redistribución igualitaria de las tareas de cuidado.

Argentina debe asumir los compromisos en materia de políticas agrarias, urbanas y regionales en alimentación sostenible ya asumidos por otras naciones y gobiernos locales y regionales, como el Foro Urbano Mundial de Medellín de 2014, el Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán de 2015, la Declaración de Seúl de 2015, la Nueva Agenda Urbana de 2016, la Declaración de Ciudades por la Buena Alimentación de C40 de 2019 y la reciente Declaración de Glasgow sobre la alimentación y el clima de 2020. Este 23 de noviembre vuelve a vencer el plazo de la Ley 26.160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país y que ordena su relevamiento. Es necesario entonces que el Congreso vuelva a prorrogarla, para culminar con el proceso de relevamiento territorial establecido en la ley, titularizando las tierras pertenecientes a los distintos pueblos originarios. Asimismo, el fallo contra la Argentina por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lhaka Honhat nos exige un nuevo marco normativo de propiedad comunitaria de la tierra, que regule a la vez el consentimiento previo informado y que garantice el acceso a agua potable por parte de las comunidades. De esta manera se avanzaría fuertemente con el mandato constitucional que otorga reconocimiento sobre la preexistencia originaria, alentando un horizonte de integración cultural con las comunidades indígenas. Porque, además de ser víctimas del genocidio y del despojo de sus tierras, son uno de los sectores que padecen mayor discriminación, estigmatización y están a la orden del día como blanco de los discursos de odio que vienen proliferando a lo largo y ancho de la Patria.

 

El futuro de la democracia: todos los derechos humanos para todos y todas, sin odio ni discriminaciones

Reuniendo los puntos anteriores, y como parte del debate de fondo para nuestro futuro inmediato, se torna fundamental avanzar en el parlamento hacia la ratificación de un nuevo plan contra la discriminación y el racismo. Porque a las voces negacionistas de las y los 30 mil, reivindicatorias además de los crímenes de la dictadura, se le suman también los discursos y las prácticas racistas y discriminatorias contra la población originaria, la afro, las diversidades sexuales o las personas migrantes o con discapacidad. Debemos crear herramientas que permitan fortalecer la democracia, preservando a las nuevas generaciones del olvido y el negacionismo, y fortaleciendo la cultura de la integración, la convivencia y la tolerancia. Una nueva cultura de la convivencia no será posible si no retomamos también el debate sobre los servicios de comunicación audiovisual, democratizando la palabra y generando herramientas financieras que posibiliten el desarrollo de nuevas voces comunitarias en pos de la desconcentración de los medios monopólicos de la comunicación.

Es mucho el trabajo que tenemos por delante. Creemos necesario a la vez afianzar aquellos derechos adquiridos, creando más y mejores mecanismos de participación y control de la ciudadanía que otorguen un rol protagónico a las organizaciones intermedias de la sociedad civil, revalorizando la participación del pueblo en la elaboración de políticas públicas. Ello garantizaría indefectiblemente un mayor y mejor cumplimiento de las leyes para beneficio de la sociedad toda y para hacer efectiva la Justicia Social, anhelo por el que hemos luchado desde la misma génesis de nuestro Movimiento.

 

Share this content:

Un comentario sobre “Donde hay una necesidad debe haber un derecho

Deja una respuesta