“El búho de Minerva solo levanta el vuelo en el crepúsculo” escribía en 1820 Friedrich Hegel. En nuestro país la pandemia no ha llegado a su pico y se advierte que –en países donde esto ocurrió– hay rebrotes del virus, amenazando con su permanencia. A pesar de la incertidumbre y de las pocas certezas sobre las consecuencias que dejará el COVID-19, la urgencia y la gravedad de la situación exigen pensar y ejecutar políticas públicas que permitan afrontar los desafíos que demanda nuestra Nación.
Está claro que la pandemia solo agravó la profunda crisis en que dejó al país el gobierno de Macri. A un país en ruinas, endeudado desaforadamente y en emergencia social le llegó este virus, validando el viejo adagio de que cualquier situación –por más mala que sea– es susceptible de empeorar. Si después del desastre que dejó el gobierno anterior nuestro país ya era un paciente crítico, hoy bajo la amenaza del coronavirus debemos asumirnos en grupo de riesgo y extremar los cuidados, priorizando la vida y con un estado presente cuyo gobierno defina estratégicamente sus principales intervenciones. Lo estratégico implica definir prioridades y hacerlo con un alto consenso social. La pandemia nos afecta a todos, pero más a los que pueden ejercer menos derechos.
Sobre este escenario el peronismo y el gobierno del Frente de Todos asumen nuevamente el desafío de poner a la Argentina de pie, interpretando la realidad que hoy nos toca vivir. Esta crisis es también una gran oportunidad para construir una nueva normalidad, caminando por la senda de la transformación social con justicia y dignidad para todos y todas.
Para ello consideramos imprescindible priorizar políticas orientadas al logro de grandes objetivos. Proponemos algunos que consideramos básicos: Nuevo Contrato Social, refundación del Estado argentino, reactivación de la economía con trabajo y equidad social, integración social, desarrollo territorial equilibrado y la dimensión ambiental. Estos objetivos debieran dar cuenta de una nueva demanda social proveniente de los grandes aglomerados urbanos donde la pandemia pegó fuerte y mucha gente se está replanteando su futuro, creando una oportunidad que el gobierno puede aprovechar en la planificación para propiciar el desarrollo territorial equilibrado, integrado, sostenible, equitativo e incluyente, buscando corregir un problema estructural en nuestro país.
Por último, insistimos en propiciar una eficaz y ambiciosa política integral del hábitat, convencidos de que a través de ella podemos producir una gran movilización social y de recursos, públicos y comunitarios, aportando simultáneamente al logro de los objetivos mencionados, la reactivación de la economía y la generación de empleo, por un lado, y la integración y el desarrollo social por otro, contribuyendo además a generar mejores condiciones para el diálogo y la convivencia social.
Nuevo contrato social y refundación del Estado: nuestra sociedad adolece de graves problemas que se han visto potenciados por la particular coyuntura sanitaria que nos toca vivir. La anomia social, la xenofobia, el machismo, la “demonización” del otro, la proliferación del discurso corporativo, el individualismo, etcétera, son síntomas de una crisis que va más allá de una gestión de gobierno. Lo que está en tela de juicio es el Estado mismo como expresión de un proyecto colectivo, al mismo tiempo que se revaloriza su importancia como garante del cuidado de la población. El proyecto gestado hace más de 150 años y que dio lugar al Estado moderno ha sufrido cimbronazos por la emergencia de nuevos movimientos sociales y ha perdido vigencia. Más temprano que tarde, tendremos que refundar el Estado y, para ello, tendremos que revalorizar el Bien Común, la solidaridad, la integración social, la democracia, el pluralismo ideológico, la diversidad cultural, el desarrollo sostenible y la relación armónica con la naturaleza. Estamos ante el desafío de imaginar y aplicar otras formas de intervención pública y organizar un Estado que construya comunidad. La necesidad de un nuevo contrato social, expresado por Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Jorge Capitanich, entre otros, constituye uno de los desafíos más trascendentes de cara al futuro.
Reactivación de la economía con producción, trabajo, y desarrollo social: estamos sosteniendo que la reactivación es con más producción, con más y mejor empleo, y atendiendo al desarrollo social y comunitario en el camino a lograr una comunidad organizada donde todos se puedan realizar, sin exclusiones ni sumisiones. La comunidad organizada es un modelo para inspirar iniciativas internacionales, como la propuesta de solidaridad global realizada por nuestro presidente Alberto Fernández ante el G20.
La dimensión ambiental debe integrar el centro de las políticas públicas, y así como necesitamos construir relaciones más igualitarias y solidarias entre la población humana, también debemos promover relaciones más armónicas y respetuosas con la población no humana. Adhiero a la idea de que el virus es un mensaje de la naturaleza, que nos responde a todo lo expresado con nuestros estilos de “desarrollo’’. En este sentido, cabe revalorizar la cultura de los pueblos originarios y su relación con la Pachamama.
El hábitat como trinchera ante el enemigo invisible y otras pandemias
En un artículo anterior publicado en esta revista un mes antes de que el COVID-19 asomara por estas tierras, destacamos la necesidad de que la política habitacional sirviera simultáneamente a dos objetivos: la integración social y el desarrollo local. La búsqueda al mismo tiempo de estos objetivos desde un modelo de gestión integrada y participativa conseguirá generar un círculo virtuoso y sinérgico que permitirá intervenir positivamente en la dinámica urbana-territorial, dándole sustentabilidad a la política. Como lo expresamos, no se trata solo de construir viviendas, sino también de corregir tendencias en procesos que históricamente vienen generando exclusión y orientarlos en función de intereses colectivos, y particularmente de la población más vulnerable. Destacamos la importancia de la construcción material que constituye el albergue inmediato, pero también la construcción social que hace a la calidad de vida de las personas.
Hoy, con el coronavirus encima, cobra mayor importancia este propósito y debiera constituirse en un eje estratégico de acciones de gobierno que logren en un tiempo razonable garantizar un hábitat digno para todos los argentinos y todas las argentinas. Las principales medidas de prevención, aislamiento y distanciamiento social chocan con el hacinamiento y la precariedad de una parte importante de la población que habita asentamientos irregulares de alta densidad. Ante la falta de vacuna, cobra mayor relevancia el hábitat y exige tanto a la arquitectura como al urbanismo adaptarse al contexto de pandemia, tanto en los espacios públicos como en los privados.
Es una cuestión de derechos y es también la posibilidad de proteger a toda la población de este y otros virus que pudieran amenazarnos. Por otra parte, un conjunto de acciones destinadas a mejorar la situación habitacional repercute directamente en la actividad económica y la generación de empleo, cuyo alcance dependerá de las modalidades en que estas acciones se realicen.
Lograr este propósito es posible, y es urgente hacerlo. La magnitud y la gravedad de la situación deficitaria de vivienda y hábitat en que se encuentra una gran parte de la población argentina así lo exige, y es condición necesaria para un desarrollo sustentable de nuestro país. Garantizar los servicios básicos, incluido Internet, un techo seguro y un ambiente sano, es posible, promoviendo una amplia, activa y organizada movilización social alrededor del mejoramiento del hábitat que despierte recursos dormidos –materiales, organizativos, humanos, financieros, etcétera– existentes en la comunidad, en sus organizaciones y en instituciones públicas y privadas. Entre las muchas iniciativas que podemos imaginar para acompañar la urbanización integral de los barrios populares en grandes aglomerados urbanos, está la organización de emprendimientos productivos para la fabricación de partes de viviendas y elementos constructivos. Estos podrían constituir un circuito productivo que brinde servicios constructivos, generando trabajo genuino y mejorando masivamente la situación habitacional de los hogares más deficitarios.
A pesar de la crítica situación y de la reprochable actitud de algunos actores sociales afines a la oposición política –que parecen zombis alimentados de odios– el gobierno está acertando en el rumbo estratégico para gestionar positivamente esta crisis y recibe un importante acompañamiento de la población. La salida requiere del aporte de todos y de aprovechar los distintos recursos disponibles y potenciales que podamos imaginar. Por dar algunos ejemplos, el tratamiento y la aprobación del proyecto de ley conocido como impuesto a las grandes fortunas –que contempla como principal destino específico de esos fondos el financiamiento de las inversiones establecidas por la ley que creó el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap)– abre una posibilidad más para el acceso a la tierra y a un hábitat digno con la realización de urbanizaciones integrales en miles de asentamientos cuyos habitantes sufren graves situaciones deficitarias en su hábitat. Por otro lado, el ENACOM ofrece hoy programas para llegar a garantizar el acceso a servicios de conectividad de toda la población argentina, con todo lo que ello significa, oportunidad que no podemos desperdiciar. La creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat fue otro acierto de este gobierno y brinda una oportunidad histórica para acompañar desde su misión específica esta gran transformación que el país exige.
Lograr un hábitat digno para toda la población que habita nuestra Argentina es posible. Nuestro gobierno, con el aporte de todos y todas, tiene la posibilidad de lograrlo.
Hugo Cabral, político peronista, es arquitecto, magister en Planificación y Administración del Desarrollo Regional, y diplomado en Gobierno y Desarrollo Local.
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