Cuidar la vida y el ingreso de los argentinos y las argentinas

A poco más de cien días de haber asumido, el gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner tuvo que hacer frente a un desafío extremadamente complejo. La irrupción de la pandemia, que comenzaba a asolar al mundo entero y cuyo peligro sanitario no estaba pudiendo ser contenido por países más desarrollados que el nuestro, se conjugaba aquí con una marcada crisis económica que era la consecuencia más palpable de las políticas económicas del gobierno anterior.

A partir de ese escenario de crisis e incertidumbre, que encontró al país con un sistema de salud en situación crítica y con severas restricciones económicas producto de la mala praxis del gobierno de Mauricio Macri, el gobierno nacional fue desplegando una serie de medidas orientadas a la protección integral de la vida de la población, considerando al mismo tiempo la salud, el trabajo y los ingresos de los argentinos y las argentinas. En pos de ese objetivo, la implementación de las políticas sanitarias requeridas para proteger a la población de la amenaza que el coronavirus implica para su vida, fue acompañada por una batería de políticas sociales y de empleo dirigidas a atenuar su impacto en las condiciones de vida.

Entre las políticas sociales desplegadas se destacan la ampliación de beneficiarios y beneficiarias y la actualización del monto de la Tarjeta Alimentar para garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria de los sectores vulnerables; la actualización del monto de la Asignación Universal por Hijo para sostener sus ingresos; y la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para atender la situación de aquellas familias cuyos integrantes no están integrados al mercado laboral formal.

Además, en un contexto mundial de fuerte caída del empleo, el gobierno nacional fue implementando políticas destinadas a proteger los puestos de trabajo y los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras: prohibición de despidos, paritarias, consejo del salario, Programa de Recuperación Productiva 2 (REPRO), exención al pago de las contribuciones patronales para aquellas empresas cuya actividad se hubiera visto fuertemente afectada por la pandemia, asignaciones especiales a trabajadores y trabajadoras de la salud, entre otras. La suba del mínimo no imponible de ganancias y el congelamiento de las tarifas de servicios públicos completan la política de ingresos.

Por otro lado, con el objetivo de atenuar el impacto que las medidas de cuidado sanitario tendrían en el nivel de actividad económica, se tomaron medidas para acompañar a los sectores económicos que se han visto más perjudicados por la pandemia, tales como los préstamos a tasa cero destinados al sector gastronómico, la flexibilización en la AFIP de los planes permanentes de pago para los sectores críticos, los subsidios directos a personas e instituciones del sector cultural, y el diferimiento de cuotas impagas de planes crediticios para el sector turístico. El aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, por su parte, ha permitido generar casi 145 mil millones de pesos que están siendo destinados a financiar la política sanitaria, subsidiar a las pymes, mejorar la situación de estudiantes a través de las becas Progresar, atender las problemáticas de vivienda en los barrios populares y apuntalar la inversión energética.

El conjunto de las políticas enumeradas demuestra claramente que el gobierno nacional hizo frente al desafío que se le presentó de una manera activa, diseñando e implementando políticas públicas específicas para los sectores sociales y las actividades que se vieron más afectadas. Estas políticas, por otro lado, han procurado resolver las problemáticas planteadas por la pandemia desde una mirada integral, que privilegia a quienes más lo necesitan, pero que no descuida al resto de los sectores y que busca generar bases para el desarrollo sostenible del país.

Contrariamente a esta presencia activa del gobierno nacional sosteniendo la vida, el empleo y los ingresos de la población, a quienes habitamos la Ciudad de Buenos Aires nos ha tocado observar un gobierno local particularmente inactivo en el despliegue de políticas propias para que la población pueda sobrellevar de una mejor manera la pandemia. Un gobierno que solo asume una agenda municipal y que se despreocupa de las consecuencias económicas de la pandemia: prácticamente no ha desplegado políticas de sostenimiento del empleo, del ingreso de sus habitantes, ni de la actividad económica, descansando para ese fin en las políticas nacionales.

De cara al futuro, y volviendo al plano nacional, por estos días la aceleración del proceso de vacunación habilita –por primera vez desde marzo del año pasado– a tener expectativas reales de que en el futuro próximo será posible volver a cierta normalidad. Si bien es muy difícil saber qué características asumirá el escenario pospandemia, resulta claro que requerirá del mantenimiento y la profundización de las políticas de creación y sostenimiento del empleo y de los ingresos de la población, entre otras.

Por otra parte, la persistencia de una inflación considerable requiere que el gobierno nacional propicie una recuperación de los salarios, cuyo poder de compra se ha deteriorado muy fuertemente durante el gobierno anterior. En el contexto actual, que el crecimiento interanual de los salarios sea mayor a la inflación es una necesidad de cada trabajador o trabajadora, pero también de la economía en su conjunto: reactivar la demanda es el camino no solamente para mejorar las condiciones de vida de la población, sino también para impulsar la recuperación económica de nuestro país.

Además, es necesario tener en cuenta que la pandemia ha impactado fuertemente en la situación laboral de muchas mujeres, ya que, frente a la persistencia de una mayor carga de trabajo en el hogar, las modalidades remotas de trabajo y la suspensión del ciclo lectivo, entre otras consecuencias de la pandemia, han perjudicado sus posibilidades de insertarse y mantenerse en el mundo del trabajo. La mitigación de esta situación de inequidad de género requerirá la elaboración de políticas que favorezcan la reinserción laboral de las mujeres que estén transitando esta situación, procurando al mismo tiempo reducir la brecha de ingresos entre los géneros.

Para finalizar, el horizonte de superación de la pandemia representa una oportunidad para la reconstrucción de nuestro país con un sentido de mayor justicia social. Las políticas que el gobierno nacional ha desplegado durante la pandemia han ido en ese sentido. Han sido diversas y se han enfocado en los problemas acuciantes de la coyuntura, pero sin perder de vista el horizonte de un desarrollo sostenible. Han marcado el rumbo deseado, protegiendo el derecho fundamental a la vida y apuntalando la economía nacional. En la pospandemia, este rumbo sin dudas deberá sostenerse y profundizarse. El crecimiento económico motorizado por el mundo de la producción, la creación y el sostenimiento del empleo, el aumento del salario real, la perspectiva de género, la política energética y el sostenimiento de las trayectorias educativas de los jóvenes son algunos de los pilares centrales sobre los que podrá reconstruirse un país más justo y solidario.

 

Matías Barroetaveña es licenciado en Ciencia Política (UBA), master en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo (UNSAM y Georgetown University), legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y director del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM). Fue secretario de Empleo de la Nación y presidente de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.

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