Este tiempo de campañas electorales instala a los investigadores en un desafío ineludible: aportar a la agenda estatal de los próximos cuatro años. Claramente ese aporte no es en vacío, sino que se enmarca en las apuestas que la política científica debe asumir. En mi caso, como investigadora del Conicet,[1] entiendo que es imprescindible pensar situadamente, posicionada y en vistas a desentrañar qué acciones hace falta desplegar de manera urgente. La convocatoria que hiciera la mesa técnica de discapacidad del Frente de Todos me permitió ordenar algunos debates que veníamos sosteniendo desde dos equipos de investigación que tengo la fortuna de dirigir en el Instituto de Estudios de Trabajo Social y Sociedad de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. En ambos equipos nos interesa comprender las prácticas sociales, individuales y colectivas, y especialmente las prácticas estatales: nos interesa conocer de qué manera se ponen en disputa los idearios de justicia social. Comparto aquí reflexiones que realicé a raíz de esa convocatoria.
Las líneas de indagación mencionadas retoman las discusiones que desde las ciencias sociales se sostienen acerca de la discapacidad, entendida como concepto y como campo, en el reconocimiento de que el concepto de discapacidad es relativo y varía de acuerdo al contexto socio-histórico y cultural que se observe. Propongo la idea de configuración cultural de la discapacidad, entendiendo que debe ser comprendida en tanto producciones históricas que han sedimentado modos de comprensión disímiles acerca de ella, con articulaciones que han posibilitado la constitución de hegemonías que se sustentan en la ideología de la normalidad. La noción de configuración sitúa de manera enraizada las articulaciones posibles entre la trayectoria de la política estatal, los modos de asignación presupuestaria y la producción de lo tolerable en torno a los encierros, las limitaciones y las prácticas excluyentes hacia personas en situación de discapacidad. En cuanto a la discapacidad como campo, entendemos que es posible pensar “en referencia a una porción del espacio social delimitada a partir de una red de relaciones, intrínsecamente conflictivas, entre posiciones ocupadas por agentes sociales que se disputan nominaciones, clasificaciones y acciones sobre la discapacidad”.
En la investigación analizamos las trayectorias de personas en situación de discapacidad, asumiendo con preocupación la reiteración de procesos de exclusión que pulsa la vida de aquellas que son comprendidas en esta categoría. También observamos y analizamos los modos sociales de abordaje destinados a personas tal situación, de todas las edades, en los dispositivos de cuidado, atención, rehabilitación, socio-sanitarios, de seguridad social y empleo. Si bien el proyecto ha sido iniciado recientemente, hemos generado algunos acercamientos que permiten compartir hallazgos y proponer ideas en torno a los posicionamientos estatales necesarios y urgentes, en los tiempos que vienen.
En el trabajo de campo se identifican cuestiones que caracterizan las trayectorias de personas y los modos sociales de abordajes que despliegan las organizaciones del campo de la discapacidad.
- Tomamos la idea de matriz de intervención estatal, lo que nos remite a la comprensión sobre la producción de sujetos, posiciones y recursos que se entrelazan para generar políticas de discapacidad. Por lo tanto, identificamos una matriz de intervención estatal que en estos cuatro años –la gestión macrista– definimos como meritocrática y capacitista. Meritocrática, porque instala ideas de merecimiento, impugnando las perspectivas de derechos que han sido adheridos por nuestro país. Y capacitista, porque reafirma hegemonías normalizantes y una liberalización de las relaciones sociales.
- Las situaciones identificadas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de discapacidad brindan pistas para afirmar que se ha intensificado la mirada moralizante hacia crianzas y cuidados infantiles, especialmente en contextos de pobreza.
- Identificamos giros en las trayectorias de las personas en situación de discapacidad producidas por un retraimiento en el acceso a los servicios y la producción de barreras en las respuestas estatales.
- Para los casos de personas adultas en situación de discapacidad se reedita una matriz familiarista en torno a los cuidados, con especial énfasis en su feminización.
- En las trayectorias vitales se constata una falta de articulación en los circuitos que la política dispone, y una carente responsabilización de las esferas estatales en la producción de políticas integradas y con trazabilidad.
El trabajo de campo nos puso en diálogo con personas que han visto deteriorar sus condiciones de vida, a las que les han quitado pensiones, recortado el acceso a procesos de rehabilitación y que al mismo tiempo han generado acciones de resistencia, colectivizándose y asumiendo posiciones activas en las denuncias.
En este marco, nos interesa generar algunas propuestas de cara a un nuevo periodo gubernamental en el que el Frente de Todos asumirá desafíos que permitan reparar los daños que el macrismo ha generado. Será urgente y necesario:
- Incrementar la articulación interinstitucional entre las organizaciones del campo de la discapacidad, como obligación estatal. Es urgente un cambio de mirada en torno a las trayectorias de las personas por las organizaciones.
- Generar dispositivos de acompañamiento en los tránsitos por las organizaciones. Debemos reponer la mirada responsabilizada.
- Los procesos de intervención en lo social en el campo requieren una mirada sobre los recursos disponibles, los circuitos y las barreras como parte de la responsabilidad socio-estatal.
- Agilizar el acceso a pensiones no contributivas, y consecuentemente acompañar las gestiones en torno a la certificación de discapacidad.
- Producir un giro profundo en los modos de habitar las organizaciones, y que se desprendan de miradas prejuiciosas.
- Aportar a discusiones en torno al cuidado de manera desfeminizada, que asuman desafíos colectivos y despatriarcales. La interdependencia es lo que hace posible nuestras presencias.
Será necesaria una serie de posicionamientos estatales que respondan a las necesidades económicas, de salud, educativas y sociales de las personas en situación de discapacidad, por lo que resulta fundamental que comprendamos que la inclusión social es una parte de las disputas que asumiremos. Será nuestra responsabilidad encontrar nuevos modos de asumir los cuidados y de aportar a las producciones de contratos societales más justos, con la presencia de sujetos libres y amorosamente entramados.
Paula M. Danel es doctora en Trabajo Social e integra el Instituto de Estudios en Trabajo Social y Sociedad (FTS-UNLP).
[1] Como investigadora del Conicet desarrollo una investigación sobre “Las dinámicas de inclusión/exclusión social de las personas en situación de discapacidad y los modos sociales de abordaje que las organizaciones del campo de la discapacidad instrumentan en el Gran La Plata en la actualidad”.
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