Para las autoridades políticas existen decisiones relativamente fáciles de tomar y de explicar al conjunto de la sociedad, tales como elegir entre lo bueno y lo malo, o con una mayor dosis de complejidad, elegir entre lo bueno y lo mejor. También existen decisiones difíciles, tales como elegir entre lo malo y lo peor: ningún gobernante desea tener que tomarlas, toda vez que resultan muy difíciles de explicar, sabiendo que nadie quedará totalmente satisfecho con la decisión, y mucho menos con los resultados que deriven de ella. Decidir entre el acuerdo con el FMI y declarar el default es una de estas últimas, en tanto constituye una decisión que agrega a las razones puramente técnicas un alto contenido político, ideológico y emotivo que ya viene dividiendo a propios y a extraños, inclusive antes de poder siquiera evaluar los posibles resultados de cada alternativa. En definitiva, la postura de cada uno puede ser resuelta desde la ética de los principios o desde la ética de la responsabilidad de quienes tienen en sus manos los destinos de la Patria.
No quiero entrar en materia sin antes destacar que la necesidad de resolver este dilema nos cae como peludo de regalo por parte de una gestión contraria a los intereses de las grandes mayorías, como resultado de la deuda contraída bajo la exclusiva responsabilidad política y legal de Mauricio Macri y su “mejor equipo de los últimos 50 años”. Cuestión que, a pedido del Procurador General de la Nación, ya se encuentra bajo la lupa de la justicia argentina y que espero pueda ser llevada ante los tribunales internacionales en La Haya.
En lo que sigue trataré de analizar las ventajas y las desventajas económicas, sociales y políticas que presenta cada opción, según lo que se conoce hasta este momento.
El preacuerdo con el FMI
Desde el punto de vista estrictamente macroeconómico, lo anunciado incluye el compromiso de recorrer un sendero fiscal de cuatro años, con una reducción del déficit hasta el 2,5% en 2022; hasta 1,8% en 2023; 0,9% en 2024; y alcanzando un equilibrio fiscal en 2025. También incluye el compromiso de recorrer un sendero monetario que reduzca el financiamiento al Estado por parte del BCRA hasta el 1% del PIB en 2022; hasta el 0,6% en 2023; y lo elimine en 2024. Finalmente, incluye un período de gracia de cuatro años y medio para comenzar el repago de la deuda, que se completaría en un total de diez años.
Desde el punto de vista político, el preacuerdo alcanzado no posee exigencias de privatización, ni ajuste de jubilaciones o reformas laborales, característicos de los programas del FMI firmados hasta la fecha.
Comenzando con las ventajas económicas, cabe señalar que, a pesar de no existir garantías en firme, el preacuerdo abre el camino para el acceso al crédito internacional, institucional y privado, que en este último caso tenemos actualmente cerrado. El acuerdo viabilizaría el financiamiento de grandes obras de infraestructura y un nuevo entendimiento con el Club de París, cuestiones que se encuentran sujetas al cierre del acuerdo con el FMI.
En lo político, el preacuerdo abre la oportunidad de lograr mantener el crecimiento inclusivo de la economía y a la vez de mostrar un reparto con justicia social del peso de los ajustes que eventualmente resulten necesarios. Ello puede lograrse mediante una reforma impositiva; el ajuste escalonado de las tarifas de servicios; la reducción de la economía en negro, de la subfacturación de las exportaciones y de la sobrefacturación de las importaciones.
También hay que señalar los objetivos que no se lograron, como la eliminación de las sobretasas con que el FMI penaliza al sobreendeudamiento, o la posibilidad de extender la duración del acuerdo más allá de los diez años.
Hay que señalar otras dificultades y desventajas del preacuerdo. Tal vez la más importante es la pérdida de soberanía que significa el sometimiento a auditorías trimestrales del FMI que nos mantendrán bajo la amenaza del default durante más de dos años, en caso de incumplir con los compromisos que acordamos, y con ello, la continuidad de la inestabilidad económica. Otra desventaja importante es la posibilidad de tener que recurrir a ajustes económicos que alcancen a los sectores más necesitados, en caso de que no logremos un crecimiento económico que posibilite el cumplimiento de los senderos fiscales y monetarios que sinteticé arriba.
La opción del default
En principio, la única ventaja que generaría esta opción es la eliminación de la supervisión del FMI sobre nuestras políticas. No es poco, pero esta ventaja debe ser contrapesada con el impacto de las desventajas que estimo como muy probables.
El listado de las desventajas es mucho más numeroso y está encabezado por la imposibilidad de acceder a cualquier forma de financiamiento externo, incluyendo al Banco Mundial, BID y demás fuentes de financiamiento institucional, así como al financiamiento de las grandes obras de infraestructura anunciadas por China –represas, tercera central nuclear, ferrocarriles, etcétera. En este estado de cosas, la única fuente de divisas queda reducida al ingreso efectivo a las arcas nacionales producto de las exportaciones argentinas. Remarco lo de ingreso efectivo, ante la alternativa de los exportadores de todo tipo de bienes de retener en el exterior sus dólares por un plazo de hasta diez años.
En el actual estado de cosas, el nivel de importaciones se verá severamente afectado, con la consecuente caída de las actividades que requieren de insumos importados, en especial la industria. No quiero caer en el tremendismo de pensar en medidas de retaliación que limiten nuestras exportaciones o importaciones, posibilidad que tampoco deberíamos dejar de tener en consideración.
En definitiva, es previsible una caída de la actividad económica y del consumo, acompañada por un aumento del desempleo y de la pobreza, cuestiones que seguramente forzarán la implementación de ajustes fiscales importantes. Tampoco podemos descartar la posibilidad de un golpe de mercado por parte de los sectores concentrados de la economía. Hasta el momento, no conozco ni he logrado realizar estimaciones cuantitativas de estos impactos. Sin embargo, considero posible tomar en cuenta los antecedentes de las experiencias con que lamentablemente contamos.
Los impactos de la crisis de 2001
Es evidente que la crisis de 2001 no es totalmente comparable con la situación que generaría un default de la deuda con el FMI. Comenzando por el hecho que en la crisis de 2001 –y a pesar del anuncio ante el Congreso de la Nación de Adolfo Rodríguez Saa– la cancelación del pago de la deuda externa afectó únicamente a la deuda privada. Pese a ello y con todas las precauciones del caso, considero interesante tomar en cuenta los impactos económicos, sociales y políticos de esa crisis. En lo económico, el PBI per cápita de 2001 cayó desde los 7.200 dólares por habitante hasta los 2.590: un derrumbe del 65%. Por su parte, la deuda externa se incrementó desde el 53,7% del PBI en 2001 hasta el 167% en 2002. A modo de referencia, hoy estaríamos en un nivel de 9.200 dólares por habitante. A su vez, las importaciones cayeron desde los 20.319 millones dólares en 2001 hasta los 8.991 en 2002, un derrumbe del 58%. En los mismos años la caída de las exportaciones fue menor, apenas un 3,3%. Como referencia, los datos provisorios para 2021 muestran exportaciones por 77.934 millones de dólares e importaciones por 63.183 millones. La inflación pasó de 0% en 2001 hasta un 40% en 2002. Por su parte, la paridad cambiaria pasó desde un peso igual a un dólar en 2001 hasta 3,37 pesos por cada dólar en 2002, una devaluación del 237%.
Las consecuencias sociales fueron un fiel reflejo de las económicas. Los salarios y el gasto social cayeron en 2002 un 20% y 19,8%, respectivamente. La pobreza superó al 65% de la población y la desocupación en 2002 se incrementó en 2,3 puntos porcentuales respecto a 2001. Eso no fue todo. Siempre en 2002 y respecto a 2001, la mortalidad infantil por desnutrición se incrementó en 58%; la cantidad de homicidios culposos por habitante aumentó 12%; y la cantidad de robos por habitante aumentó en un 21%.
La inestabilidad política que generó la crisis económica quedó demostrada por el hecho de que entre los doce días que mediaron entre la renuncia de Fernando De la Rúa –el 21 de diciembre– y la asunción de Eduardo Duhalde alternaron en la presidencia Ramón Puerta, por 63 horas; Adolfo Rodríguez Saa, por 7 días; y Eduardo Camaño por 48 horas. Tuvimos cinco presidentes en menos de dos semanas.
¿Cuáles son los escenarios posibles?
En el caso del acuerdo con el FMI y sobre la base del preacuerdo alcanzado, estimo que, mostrando al peronismo en acción, tenemos la oportunidad de mantener un crecimiento económico socialmente inclusivo que nos permita retener el ejercicio del poder en las elecciones de 2023. Difícil, desafiante, pero no imposible.
El escenario posible para el default es –en rigor de verdad– el de un salto a un vacío, con impactos económicos, sociales y políticos que realmente desconocemos. Pese a ese desconocimiento, la posibilidad de impactos similares a los que se verificaron en la crisis de 2001 no son descartables. Considerando el actual estado de la correlación de fuerzas entre el campo popular y los poderes fácticos, tampoco se puede descartar, en caso de optar por un default, la posibilidad de un golpe de mercado que impida la continuidad de nuestro gobierno y que posibilite el retorno de uno de corte neoliberal, con los enormes ajustes económicos y sociales que ello traería aparejado.
En definitiva, además de mostrar las consecuencias que creo posibles para cada alternativa, en definitiva no tengo conclusiones ni recomendaciones en firme que dar. Sólo estoy convencido de que enfrentamos opciones de la peor especie: elegir entre lo malo y lo peor. También que tanto las autoridades como los militantes tenemos la responsabilidad de evaluar las consecuencias económicas, sociales y políticas de nuestras decisiones, de nuestros apoyos y de nuestros rechazos. Finalmente, creo que la decisión final a la opción entre acuerdo o default sólo podrá ser adoptada una vez que se conozca el detalle de la letra chica del acuerdo que todavía se está negociando, así como una evaluación realista sobre el estado de las relaciones geopolíticas de nuestro país, que con la visita de Alberto Fernández a Rusia y a China vienen mostrando novedades de peso. También creo que el resultado de estas evaluaciones definitivas podría habilitar soluciones intermedias que en estos momentos no alcanzo a percibir.[1]
[1] Mucho agradezco los aportes y opiniones recibidas de Mónica Hobert, Juan Pablo Futten, Graciela Stutman, Manuel Pedreira, Rubén Lamas, Ignacio Poma, Sylvia Schulein, Gustavo Atencio, Juan Francisco Numa Soto, Carlos Fumagalli, Horacio Ginés Muñoz, Ana Nicora, Héctor Silva, Ezequiel Meichtri, Héctor Silva, y Gustavo Rodríguez. Agradeceré cualquier comentario que hagan llegar a mi correo: josemafumagalli@gmail.com.
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