No es la economía, compatriotas

En los días previos al 31 de marzo, cuando vencía el plazo del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) previsto en el Decreto 297/20, muchos argentinos nos sumamos al debate sobre la conveniencia o no de prorrogarlo. Quienes sostenían la necesidad de terminar el ASPO argumentaban fundamentalmente exponiendo los daños que produce a la actividad económica y, en mucha menor medida, sobre los diversos sufrimientos que nos produce el encierro.

Finalmente, el Presidente tomó la decisión de prorrogarlo, tomando como base de su decisión el consejo de los expertos y la evidencia epidemiológica del resto de los países. En sus propias palabras, entre la economía y la vida, eligió cuidar la vida, exhortando a aquellos que pueden a que acepten que durante un tiempo van a ganar menos.

Sin embargo, me parece que aquellos que cuestionan el ASPO plantean un problema diferente: ¿quién decide? La sociedad civil democrática y el capitalismo funcionan mediante la facultad decisoria de particulares –personas humanas, organizaciones sociales, empresas– dotados de una autonomía relativa respecto del Estado.

El lunes 30, en el diario Perfil, Carlos Leyba expuso los términos exactos del problema, afirmando que el verdadero disenso es entre: a) la “economía de control” con la mayor seguridad sanitaria; o b) el retorno al mercado para administrar los muertos. Según Leyba, “el Estado debe financiar, subsidiar, acomodar –con déficit y emisión monetaria– para que nadie atraviese una penuria como consumidor ni como empresario. Ningún despido, ninguna quiebra”. Se necesita una economía “de control de precios, salarios, tarifas, importaciones”.

En la misma línea, Oscar Oszlak en un artículo del diario La Nación, señalaba que “la súbita detención de la vida económica y social, bien lo sabemos, tiene costos visibles. Corresponde a nuestros gobernantes dirimir quiénes deben soportarlos y en qué proporción, lo que convierte a los ingresos y gastos públicos en variables cruciales”. Asimismo, advertía sobre “la necesidad de renovar la estructura organizativa y funcional del Estado” para responder al desafío de la pandemia. La enorme mayoría de los argentinos, que nos quedamos en casa o salimos cuando nos corresponde, decidimos cotidianamente que quien decide es el presidente.

Aquellos que despiden empleados, impulsan cacerolazos o simplemente salen a pasear, pretenden seguir decidiendo solos, como si nada pasara. No importa tanto qué hacen, porque en este momento nadie sabe a ciencia cierta qué hay que hacer: están cuestionando la autoridad del presidente.

Dos ejemplos exitosos deberían hacerlos reflexionar. En Estados Unidos prohibieron la reelección indefinida del presidente, después de que Roosevelt, elegido cuatro veces, resolviera la Gran Depresión y condujera su país a la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Los británicos reemplazaron al conservador Churchill en 1945.

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