Desde que nuestros libertadores, Simón Bolívar y José de San Martín vencieron en las luchas de la emancipación, mil preguntas en torno a la idea de Nación y Nacionalismo se han pensado y discutido en las Américas. Esta semana la palabra Nacionalización volvió a escribirse en los titulares de los diarios hegemónicos de Argentina, sin embargo, no apareció ligada al término de Nación, menos aún al de Nacionalismo. En este sentido, vale preguntarse: ¿Qué significa hoy que un Estado Latinoamericano nacionalice una empresa privada? ¿Qué relación tiene con el “pueblo” esta acción? ¿Cómo se vincula con la idea de Nación y de Nacionalismo?
En el escenario mundial, con o sin pandemia de Covid-19, que un Estado Latinoamericano o Caribeño nacionalice una empresa privada –de su país o extranjera–, corta el viento de estos tiempos posmodernos. Las dos primeras décadas del siglo XXI demuestran un avance vertiginoso de la privatización de las vidas de seres que habitamos estos suelos. Según un informe de la CEPAL de 2018, la inversión extranjera directa se acrecentó entre 1990 y 2018, sólo en este periodo se fueron de la región más de 935 mil millones de dólares, una cantidad similar al PIB anual de México. ¿Qué dicen estos datos? Que más del 55% de lo generado por las empresas se ha ha girado a lugares fuera de la región. No es algo enjuiciable, claro está. No hay valores ni razones espirituosas cuando se habla de intereses económicos, otra zoncera del progresismo –liberal o marxista–, creer que en la distribución de la riqueza se esconden la salida de nuestros males. Ahora bien, hay otro tipo de dinero-divisas que se han retirado de nuestra región bajo formas, ahora sí, más enjuiciables, condenables e indignas.
Recordemos la operación realizada en el caso de Bolivia y los Hidrocarburos durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997). La dificultad de los pagos de la deuda externa del gobierno boliviano fue el argumento para que el Banco Mundial y el FMI impusieran programas de ajuste estructural –reducción de déficit fiscal, traspaso de excedentes de las empresas públicas al tesoro de la Nación– acciones encaminadas a desestructurar la empresa estatal de Hidrocarburos para entregarlas a las corporaciones privadas. La Ley de Capitalización, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Regulación Social, y las modificaciones en la Legislación Tributaria, legitimaron la entrega de activos, instalaciones y reservas probadas de gas y petróleo a las empresas transnacionales. El costo resultante de la privatización en el país ha sido estimado en US $3.2 mil millones, un equivalente al 64% de la deuda boliviana. Lo que significa que por cada dólar que ingresó por concepto de impuestos y regalías –1996 a 2002– el Estado dejó de percibir otros 2 dólares.
En el caso de Brasil, recientemente –enero 2020–, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social –Estatal– vendió la mayor parte de sus acciones en la petrolera Petrobras por cerca de 5200 millones de dólares. La venta de 734 millones de acciones de la petrolera estatal acompaña la agenda de achicamiento del Estado brasileño en la economía. Estas ventas se suman a otras realizadas bajo la Presidencia de Jair Bolsonaro. El Banco estatal ya ha vendido acciones de la compañía frigorífica Marfrig y de la distribuidora de energía Light, y se espera que haga lo mismo con su participación en JBS. En forma paradójica, a pesar de estas ventas, entre 2018 y 2020 Brasil ha registrado la mayor fuga de dólares de los últimos 38 años, según los datos oficiales, los inversores y empresas retiraron del país sólo en el 2019, US$ 62.244 millones.
Podría enumerar otros casos similares –en Perú, Chile, Ecuador, etcétera–, aunque resulta en estos momentos más importante y hasta indispensable, como dicen los futboleros: “parar la pelota” y pensar. Históricamente el capital privado –de los terratenientes o de los empresarios de los enclaves mineros– se desarrolló en la región bajo un sistema de dominación que incluyo la sociedades con empresas extranjeras –multinacionales-trasnacionales– motorizando la fuga de capitales. Se habla de dominación porque la lógica de esos mecanismos excluye todo vínculo posible con elementos existentes más allá de sus intereses. A la mayoría de estas transnacionales-multinacionales no le importa el Estado Nacional con el que intentará negociar, tampoco el suelo afectado por sus químicos y demás destructores de vida, menos aún los seres que habitan esas regiones. El mundo globalizado posmoderno en esencia es anti soberanía y no puede convivir con los principios fundados en elementos colectivos como las ideas Fuerza Vitales de Nación, Estado y Nacionalismo.
En el caso reciente de Argentina, la empresa Vicentin debía al Banco de la Nación Argentino más de 18.000 millones de pesos gracias a la adquisición de 72 préstamos obtenidos durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). En otras palabras, le debía ese dinero a todas y todos los que forman parte de la Comunidad Nacional Argentina, ya que fueron prestados por el Banco que administra el esfuerzo del pueblo trabajador argentino. En consecuencia, su Nacionalización no es un acto de expropiación sino es un acto de justicia social. Para el pueblo lo que es del pueblo. ¿Por qué de justicia social? Porque más de un indicador muestra que como en los casos de Bolivia y Brasil, la empresa Vicentin pudo haber realizado la triangulación siguiente: a) solicitud y adquisición de préstamos del Estado; b) compra-venta de divisas en un contexto de alza vertiginosa del dólar en Argentina, durante 2015-2019 pasó de $14,9 a $68,3. Ganancias millonarias y deudas millonarias al Estado.
En principio, a pesar que se intente confundir una y otra vez, se debe subrayar que una empresa que pasa al control del Estado no es una empresa que cae en manos de personas del gobierno de turno –funcionarios, Presidente– sino que es una empresa que se transforma en parte del Patrimonio de todas y todos los que forman parte de la Comunidad Nacional. Al mismo tiempo, en el caso de las empresas privadas relacionadas con los recursos del suelo o alimentos, su adquisición por parte del Estado se enlaza con otras dimensiones más profundas. Se convierte en presente y legado para los que vendrán. En esa medida, se desprende de la nube tóxica global liberal (trasnacional-ahistórica) que envuelve al mundo en estos tiempos, para transformarse en fuerza vital, trascendiendo la existencia de quienes estamos presentes. Puede incluso, si da buenos frutos, entrar en la tradición de esa comunidad, otro término para estudiar: palabra que deriva del verbo tradere que quiere decir trasmitir, entregar al otro. Justamente en la trasmisión, el recuerdo y la memoria, todos elementos anti posmodernos, se encuentra el germen de la idea de nacionalidad y el impulso de la Nación, que siempre debe entenderse como un potencial, una misión, una tarea para los que vendrán.
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