Transcurre un año en el cual el mundo entero se paralizó, las dinámicas cotidianas del globo terráqueo se modificaron, las escuelas cerraron, las calles se vaciaron, los vínculos se transformaron y la virtualidad fue la estrella. Hoy se dilucida otro panorama, gracias a la noticia de la vacuna contra esta peste que dejó mucho a su paso y develó varios problemas ocultos en su transitar.
En nuestro país, el 11 de diciembre la Cámara de Diputados de la Nación le dio la media sanción al Proyecto de Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Durante las primeras horas de la tarde del día anterior comenzó el tratamiento en el recinto, en un día colmado de expectativas, inquietudes y entusiasmo. Luego de casi 20 horas de debate, la iniciativa fue aprobada por 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones. A continuación, comenzó a debatirse el “Plan de los mil días”, el cual fue aprobado por 196 votos a favor. El mismo tiene como objetivo establecer la asistencia del Estado a embarazadas en situación de vulnerabilidad, para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de las mujeres gestantes y de sus hijos o hijas durante ese período. No es un dato menor que se trataran juntos los dos proyectos, ya que uno de ellos permite abortar en condiciones de salud y protección adecuadas, y el otro protege y cobija a las madres y sus hijos e hijas dentro de los tres primeros años de vida.
Otro acontecimiento a tener en cuenta es que este acto democrático comenzó el día Internacional de los Derechos Humanos, que coincide con el primer año de gobierno de esta gestión que prometió y cumplió con las palabras expresadas al comienzo de año. El de Alberto Fernández mostró ser un equipo que gobierna, en un contexto de pandemia mundial, tramando y trazando redes vinculares y sociales que alojan a los sujetos, que los observa y los tiene en cuenta como ciudadanos de derecho. En este sentido, esta gestión, desde su asunción, ha tomado diversas medidas para reconstruir un tejido devastado durante cuatro años: lanzó el Ingreso Familiar de Emergencia, realizó modificaciones y ampliaciones en la Asignación Universal por Hijo, comenzó a poner en marcha el programa Potenciar Trabajo, la Tarjeta Alimentar, se declaró a la telefonía móvil como servicio esencial y se creó el Ministerio de Géneros, Mujeres y Diversidad, entre otras medidas.
Importante es mencionar que el proyecto sobre la IVE, que tiene que ser discutido en el Senado el 29 de diciembre, ha sufrido las siguientes modificaciones: se redujo el plazo para la realización de la práctica –desde el momento en que la mujer embarazada lo solicita– de diez días a tres, se incluyó la cláusula de objeción de conciencia institucional, mediante la cual aquellos establecimientos privados que no acepten realizar la práctica puedan excusarse y derivar a las pacientes a otras instituciones, y se planteó la obligatoriedad de que las niñas-jóvenes de entre 13 y 16 años deban estar acompañadas.
Ese mismo jueves también el primer mandatario, Alberto Fernández, junto con el ministro de Salud, Ginés González García, anunciaron la llegada de la vacuna rusa para fin de año, ya que el 9 de diciembre se firmó el contrato para que esto sea posible. En tal sentido, Fernández manifestó que será el primero en aplicársela, para no generar miedo en la población, y acto seguido Ginés aclaró que él será el segundo.
Por estos motivos y estas medidas ya puestas en marcha, este fin de año tiene un sabor distinto, un gusto a solidaridad, un halo de esperanza que lo recubre. Esa esperanza que, según Cortázar en Rayuela, es parte de la vida defendiéndose. Defendiéndose del hambre, de la indigencia, del olvido, de la indiferencia.
Me gustaría culminar estas líneas con unas palabras de la doctora María Aparecida Affonso Moysés, miembro del movimiento Despatologiza en Brasil: “La desigualdad es una gran forma de violencia. (…) Ciudadanía y derechos son cosas que o todos tenemos, o nadie tiene. Si yo tengo derecho a tomar agua y tú no lo tienes, yo no tengo derecho; yo tengo un privilegio. Si todos no tienen derechos, nadie tiene derecho. Si hay una persona que no tiene ciudadanía, nadie es ciudadano. La desigualdad destruye derechos y destruye ciudadanía”.
Carla Elena es psicóloga social, docente y miembro de Forum Infancias.
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