Perú: de la esperanza a la monotonía

Rafael Correa suele decir que en América Latina ganar las elecciones no es ganar el poder. Sus dichos se aplican con perfección a lo que acontece en el Perú. A solo nueve meses del balotaje presidencial del pasado 6 de junio, en el que el sindicalista de izquierda Pedro Castillo se impuso a la candidata de la derecha Keiko Fujimori por 44.058 votos entre más de 17,6 millones de sufragios válidos (50,125% a 49,875%), el país vive un clima de ingobernabilidad y una crisis que se ha vuelto crónica. La sucesión de cinco presidentes en los últimos cuatro años demuestra que el hecho de ganar las elecciones no es sinónimo de poder gobernarlo.

En un país que quedó al margen de dos procesos significativos para la región en las últimas décadas –como lo fueron el “giro a la izquierda” durante los 2000 y los levantamientos indígenas– y que supo establecer su modelo económico como dogma de fe a seguir para quien quiera conducir los destinos del país andino, la victoria de Castillo fue interpretada como un cuestionamiento a este corsé económico que condicionó la posibilidad de proponer un modelo de desarrollo alternativo.

La llegada al poder del nuevo presidente parecía traer esperanzas de lograr estabilidad al país andino. Sin embargo, como sucedió con sus predecesores, los conflictos políticos –y ahora las denuncias por incumplimiento del deber público– dificultaron su inicio de gestión. Desde que asumió la presidencia ha tenido siete meses de inestabilidad, 29 cambios de ministros y un Congreso –donde es minoría– que amenaza constantemente con destituirlo. Desde el comienzo de su gestión hasta hoy no ha podido dar tratamiento a ninguna de sus promesas de campaña.

El actual presidente de Perú es quizás la expresión más representativa de un proceso histórico: la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado que puso fin a la opresión terrateniente, de la cual sus padres –campesinos y analfabetos– fueron beneficiarios. Este hecho representó un momento bisagra en la historia cultural, social y política del país andino. La sociedad profundamente racista y oligárquica del Perú no solo se vio cuestionada, sino que también se encontró forzada a perder los altos privilegios que sostenía. En el marco de estos cambios paradigmáticos que propició el gobierno de Velasco, Pedro Castillo comenzó a dar sus primeros acercamientos al sindicalismo campesino. Si bien su carrera política fue mayormente inclinada a la representación sindical, tuvo participación política como militante del partido Perú Posible del expresidente Alejandro Toledo. Dirigente sindical clasista, como lo reconocen dentro de su partido, Castillo emerge y toma popularidad de líder durante la huelga magisterial de 2018, donde encabezó las protestas del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP).

La llegada de Castillo al Ejecutivo marcó la primera victoria de un sector plebeyo. Una victoria cultural y simbólica que encarna con lo que fue la liberación del campesinado peruano, luego de las reformas de Alvarado y las luchas sociales por el voto universal –los analfabetos votaron por primera vez en 1980. La victoria del profesor rural proveniente de Chota, una de las regiones más pobres del país andino, fue un cimbronazo para la derecha, que desde un principio le ha negado el triunfo a Castillo, organizando –en conjunto con el aparato mediático y el empresariado de las zonas más pudientes– una cadena de desinformación y desprestigio en contra del presidente.

 

Las disputas con el Legislativo

Las pujas entre el Ejecutivo y el Legislativo peruano llevan más de seis meses, y por estos días decidieron darse un respiro. El propio presidente Castillo recientemente hizo un llamamiento internacional, incluso invocando a la Carta Democrática Interamericana ante un posible golpe de Estado, en el marco de la investigación que inició en su contra la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos que, según el jefe de Estado, vendría desde un sector político que aún no acepta la derrota. La suerte del nuevo gabinete de Castillo se jugó el pasado martes 8 de marzo, en la sesión en la que el Congreso otorgó su voto de confianza con 64 votos a favor, 58 en contra y dos abstenciones.

A la crisis del sistema político que arrastra Perú hace por lo menos un lustro, se le suma la falta de opciones y de representación para una gran parte de la población que, en las últimas elecciones, se expresó en rechazo al modelo económico predominante. A esas crisis, que ya son estructurales, Castillo les suma una serie de errores no forzados que motivaron críticas internas y opositoras, propiciando el desinterés general de la sociedad y unos niveles de despolitización que la pandemia logró acentuar.

En la última propuesta, de los 19 ministros que conforman su gabinete, ingresaron seis nuevos y uno fue rotado de ministerio: Aníbal Torres como presidente del Consejo de Ministros, Hernán Condori en Salud, Alfonso Chávarry como ministro del Interior, José Luis Gavidia como ministro de Defensa, Diana Miloslavich en el ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángel Yldefonso en Justicia, Carlos Palacios en Energía y Minas, Óscar Zea en Desarrollo Agrario y Modesto Montoya en Medio Ambiente. De esta forma, Castillo sostuvo a varios de los ministros más cuestionados, como el caso de Aníbal Torres, figura polémica y confrontativa que se ha enfrentado duramente con miembros de la oposición, pero también con miembros del oficialismo, como sucedió con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Luego de verse en la obligación de efectuar cambios en el gabinete, en pos de lograr su aprobación en el Congreso y comenzar su programa de Gobierno, los últimos movimientos dan la impresión que el presidente busca evitar su destitución mediante lo que sería un “gabinete de supervivencia”, y ensaya nombramientos que a priori resultan conflictivos para una parte del Frente Libre y sus seguidores. La composición está diseñada para repartir cuotas de poder entre algunos partidos claves que podrían estar dispuestos a garantizar la continuidad del Gobierno, al tiempo que se aleja de sus alianzas originarias: los dos partidos que acompañaron su candidatura: Perú Libre de Vladimir Cedrón y Nuevo Perú de Veronika Mendoza.

De no lograr su objetivo, la posibilidad de acefalía en el Ejecutivo se hace cada vez más presente. En Perú existe una herramienta constitucional que se establece como garante de control entre los distintos poderes: la “vacancia presidencial por incapacidad moral”. Esta figura institucional en manos del Poder Legislativo se ha utilizado periódicamente en el país andino, al punto de generar una degradación de su sistema político. De prosperar esta opción, solo es cuestión de contabilizar los votos del parlamento.

El presidente logró sortear un pedido de vacancia que fue presentado por Patricia Chirinos. Sin embargo, haberse impuesto al pedido de la congresista no lo libera de la posibilidad de enfrentar un nuevo embate. En las últimas semanas se pudo observar a dirigentes de la oposición avanzar explícitamente con un juicio político disfrazado de “acusación constitucional”, con el fin de inhabilitar al presidente. De los 130 en juego, la oposición necesita de 87 votos en el pleno del Congreso para destituir al presidente por “incapacidad moral”. Un término que en la constitución peruana no está del todo definido.

Cuando Pedro Castillo asumió la presidencia, su imagen positiva se depositó entre las más altas para un presidente en los últimos años. Las encuestas lo ubicaban con un nivel de aprobación del 45%, y las expectativas sobre su programa revolucionario para los peruanos y las peruanas resultaba mayormente aceptable. Sin embargo, con la imposibilidad de lograr consensos para que se apruebe su gabinete, y con ello la completa quietud de su programa de Gobierno, su imagen comenzó a derrumbarse. Los últimos sondeos divulgados por la prensa arrojaron que un 68% rechaza la gestión del presidente. Lo más llamativo de la encuesta realizada por Ipsos es que un 56% de los encuestados consideró que Pedro Castillo debía renunciar a su presidencia, y solo un 42% que debe continuar hasta culminar en junio de 2026. En las ciudades donde el electorado suele representarse en las élites económicas, como es el caso de Lima, el rechazo a Castillo ronda el 84%.

 

Los desafíos para lograr estabilidad

Sin dudas, uno de los males presentes en el Perú es la ausencia de un sistema de partidos robusto. Hubo alianzas electorales que habían sido representativas en elecciones anteriores y que en las últimas fueron canceladas. En esta última elección, un partido histórico como el Partido Aprista Peruano no llevó candidato presidencial, y la fragmentación llegó a impactar en la candidatura de 18 binomios presidenciales.

Para Castillo nada fue fácil, desde la contienda electoral polarizada y con la dificultad de acceder al poder con un 16% inicial, a la fragmentación del Congreso y la inexperiencia de las bancadas. Es importante que el nuevo gobierno pueda construir una agenda de consenso con el Poder Legislativo para darle gobernabilidad al país, pero también es fundamental que en las bancadas surjan liderazgos capaces de evitar rupturas internas que agudizan la atomización de fuerzas.

Perú necesita dejar en claro quiénes son los líderes o las figuras más representativas. Estos líderes deben tener la capacidad de cohesionar a sus miembros y poder generar acuerdos con las otras bancadas para lograr la aprobación de leyes y reformas. Castillo ha manifestado que quiere un Perú para todos los peruanos. Sin embargo, las grandes transformaciones que el país andino necesita siguen sin concretarse, y quienes adhieren a su plan de Gobierno comienzan a mostrar su rechazo. Tampoco en materia de alineamientos regionales parece seguir el rumbo esperado. Criticado por su acercamiento a Bolsonaro, en clara señal a algunos actores políticos internos, acentúa su alejamiento de los gobiernos progresistas que habían celebrado su triunfo.

El desafío del Gobierno es demostrar que la política es necesaria para contribuir a la legitimación de las instituciones, y probar que pueden estar al servicio de todas y todos. Eso solo será posible con el empoderamiento del 80% de la población que vive en la marginalidad y la informalidad de la Sierra, de manera que desafíe el poder concentrado en la Costa, fundamentalmente a la elite limeña. Veremos si las elecciones regionales de este año son una oportunidad en ese sentido, o si los embates contra el gobierno fijarán un nuevo capítulo a la crisis institucional del Perú.

 

Dolores Gandulfo es directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), profesora del Instituto de Capacitación Política del Ministerio del Interior (INCAP), de la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz y la Universidad de El Salvador, y miembro de la Red de Politólogas.

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