La primera década del siglo XXI en América Latina fue caracterizada como aquella donde se produjo un giro hacia la izquierda en la región: “Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera fueron sustituidos por Hugo Chávez en Venezuela, Fernando Enrique Cardozo por Lula en Brasil, los gobiernos colorados y blancos por Tabaré Vázquez en Uruguay, Sánchez de Losada por Evo Morales en Bolivia, Lucio Gutiérrez por Rafael Correa en Ecuador, y Nicanor Duarte Frutos y el Partido Colorado por Fernando Lugo en Paraguay” (Sader, 2009: 76).[1] La Argentina, con los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Férnandez de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015) participó de esa tendencia regional que fue denominada pos-neoliberalismo, o en palabras de Eduardo Crespo y Javier Ghibaudi (2017), una resistencia progresista en el interior de un proceso neoliberal de larga duración. No obstante, los países que llevaron adelante esa resistencia presentan entre sí grandes diferencias, tanto en el diseño de sus aparatos estatales, en los sistemas de partidos políticos y funcionamiento de los parlamentos, cuanto en la composición e historia de movilizaciones de sus clases populares. Diferencias que además quedaron de manifiesto en el modo de concretar las transformaciones que dieron lugar a la mejora de las condiciones de vida de las mayorías de sus sociedades y su inclusión en el acceso a nuevos derechos culturales. Mientras que en Venezuela, Ecuador y Bolivia se produjeron cambios radicales –expresados en nuevas constituciones que, al decir de Alberto Olvera (2015),[2] devinieron en procesos refundacionales, dando lugar a democracias plebiscitarias con regímenes fuertemente presidencialistas conducidos por líderes carismáticos– en Brasil, Argentina y Uruguay las transformaciones se procesaron dentro de las normas institucionales vigentes, a través de una recuperación de las regulaciones estatales en algunos aspectos de la macroeconomía, en una mejor redistribución de los recursos económicos a los trabajadores y las trabajadoras formales, y también hacia las poblaciones vulnerabilizadas, y en el reconocimiento de derechos de género, de diversidades y étnicos entre otros. Por otra parte, durante la primera década, México y Perú, y también Chile con algunos intervalos,[3] siguieron llevando adelante políticas neoliberales que continuaron profundizando las desigualdades.
Al promediar la segunda década, el regreso de las derechas neoliberales a distintos países de la región tuvo dos hitos importantes: el triunfo electoral de Maurico Macri, líder de la alianza Cambiemos en Argentina en el año 2015, y el golpe de Estado institucional sufrido por la presidenta del Brasil, Dilma Roussef, en el año 2016.[4] A lo largo de los siguientes cuatro años el neoliberalismo se impondría en la región a través de distintas vías.[5] Emir Sader escribía en el año 2020: “Cuando llegamos al final de la segunda década, hay una disputa abierta sobre el carácter que tendrá la tercera década en Latinoamérica”, refiriéndose al triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de México en 2018, al de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina en 2019, y a la proximidad de las elecciones en Ecuador y en Bolivia. Finalmente, mientras que en Bolivia el partido de Evo Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), retornó al poder el 18 de octubre del año 2020 con la fórmula Luis Arce-David Choquehuanca, en Ecuador el candidato de la derecha neoliberal Guillermo Lasso venció a Andrés Arauz, representante del correísmo, en la segunda vuelta, el 11 de abril de 2021. También en los años 2019 y 2020 se produjeron enormes movilizaciones populares en Chile –que fueron brutalmente reprimidas– exigiendo cambios de fondo en el rumbo del país.
Fue en este escenario, apenas iniciada la tercera década del siglo XXI, cuando en marzo de 2020 fue declarada la situación de pandemia del COVID-19, como consecuencia de la expansión mundial del virus SARS-CoV-2. Desde su inicio se contabilizan casi cuatro millones de muertos, además de daños sustanciales en todas las economías mundiales. Esta situación puso de manifiesto la profunda desigualdad existente entre las minorías acaudaladas y las mayorías pauperizadas de los países periféricos, que se agravó exponencialmente como consecuencia del desastre sanitario y la destrucción de puestos de trabajo. En este momento histórico extraordinario, en nuestra región están alumbrando nuevos procesos democratizadores encabezados por Chile, donde finalmente se realizaron elecciones para escoger a las y los constituyentes que redactarán una nueva Constitución. Noam Titelman (2021) escribió: “Las elecciones chilenas del 15 y 16 de mayo provocaron un derrumbe electoral de la derecha y dejaron ver la emergencia de candidaturas independientes. Pero, al mismo tiempo, los triunfos de la izquierda articulada en torno del Frente Amplio y del Partido Comunista, tanto en la Convención Constitucional como en alcaldías claves, dejaron ver el peso de la generación que se politizó en las protestas estudiantiles de 2011”. Las listas estuvieron integradas por igual cantidad de mujeres que de varones y los resultados reflejaron además la juventud de quienes resultaron electas y electos.
El actual panorama regional trae a la luz la conocida potencia de las juventudes y la novedosa pujanza de los feminismos para liderar el camino de las transformaciones en procura de una mayor igualdad para quienes han sido sojuzgados desde el inicio de los tiempos. En un hermoso texto, Georges Balandier[6] describía la condición de subalternidad tradicional femenina en un número muy importante de grupos étnicos africanos y mostraba cómo esa desigualdad encontraba su justificación en los diferentes mitos de origen que asociaban a las mujeres –“la mitad peligrosa”– al desorden y al caos. Analizaba también la condición subordinada de los y las jóvenes a los adultos y las adultas, y la función que los grupos de edad cumplían en la organización social de diversas sociedades africanas para el mantenimiento de la cohesión y la continuidad. Esas desigualdades fundantes entrañaban la potencialidad de la ruptura del orden social, y por lo tanto debían ser controladas: anteriores al capitalismo y profundizadas por su lógica mercantil, su abolición no se conquista solo a través de la modificación de la estructura clasista, aunque las condiciones de su éxito están ligadas a dichas transformaciones, a la vez que estas luchas por la igualación empujan cambios estructurales.
En esta tercera década, la disputa enunciada por Sader (2009) se desarrolla de forma encarnizada, y asistimos así al caso de Perú –que celebró elecciones en medio de una terrible situación sanitaria con el número más alto de muertos por el COVID-19 cada 100.000 habitantes– donde triunfó en la segunda vuelta Pedro Castillo, candidato de la izquierda, sobre Keiko Fujimori. Sin embargo, y pasado casi un mes, Castillo no ha sido proclamado presidente por las constantes impugnaciones y presiones ejercidas por la derecha y la ultraderecha unidas tras Keiko, quien insiste en desconocer su derrota. En Colombia se siguen sucediendo desde el mes de abril masivas movilizaciones en rechazo a la política económica y al manejo de la pandemia del gobierno de Iván Duque, y existen denuncias ante los organismos internacionales de “más de 70 asesinados, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de lesiones oculares a manos de la policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)” (Nodal, 2021).
El presente regional constituye un desafío a reflexionar acerca de las limitaciones y las dificultades encontradas, y de los errores cometidos en las pasadas décadas, con la perspectiva de encarar un nuevo ciclo progresista con propuestas novedosas que consigan dotar de continuidad las reformas que se promueven. Se cuenta con la certeza de que sin la participación popular no se puede, y que con la participación popular solamente no alcanza, y en esa dirección resulta imperioso encontrar el modo de institucionalizar las trasformaciones dentro de los aparatos estatales, una vez conquistado el poder ejecutivo. Al mismo tiempo, se debe fortalecer la soberanía de los Estados locales frente a los condicionamientos de las corporaciones transnacionales globalizadas, y reconstruir los acuerdos regionales que tuvieron vigencia durante la primera década latinoamericana, aprendiendo también de las falencias del pasado en ese ámbito.
En cuanto a la primera cuestión, la persistencia en modalidades de formulación e implementación de las políticas públicas desde los escritorios de los funcionarios y técnicos, que “bajan” a las poblaciones destinatarias, conduce a la debilidad de la estatalidad así construida. Una contribución para su fortalecimiento consistiría en extender a la gestión las prácticas investigativas con enfoques cualitativos, que dan lugar a la comprensión de aquellas desigualdades que no son consideradas en “el cotidiano” de los programas y los proyectos. La desatención de esas desigualdades se traduce en el aislamiento y el individualismo y promueve la antipolítica, ya que las personas no encuentran canales de representación para el alivio de las frustraciones cotidianas. Al mismo tiempo, alimenta los discursos de odio hacia el Estado y sus funcionarios y funcionarias. Las pasiones tristes, como la frustración y el resentimiento, son el alimento de las derechas reverdecidas en el mundo, desde los Estados Unidos y algunos países europeos hasta nuestra región, donde presidentes de derecha y opositores a los procesos populares vociferan contra la ampliación de derechos de las mujeres y de las diversidades.
Para contrarrestar esa construcción ideológica resultaría esencial incorporar, a la formulación e implementación de políticas públicas, mecanismos verdaderamente participativos, institucionalizados dentro del aparato estatal, donde los diversos colectivos que constituyen nuestras sociedades expresen no solo las necesidades y reivindicaciones, sino también sus propuestas. Tal funcionamiento podría constituir un resguardo respecto de las rigideces burocráticas y potenciaría el surgimiento de alternativas contrahegemónicas en aquel escenario donde se asiste a la permanente disputa por la orientación de las políticas públicas.
Respecto de la tensión globalización-soberanía de los Estados, la pandemia, a la vez que visibilizó las desigualdades, también puso de manifiesto cierto margen de autonomía de éstos últimos frente al discurso falaz de los voceros de los intereses de los mercados concentrados, que insisten en contraponer la defensa de la salud pública a la continuidad de la actividad económica. En nuestra región nos encontramos con gobiernos que han restringido la circulación de las personas y cancelaron temporariamente aquellas actividades que pueden favorecer el contagio, y también con gobiernos que –enarbolando un discurso acerca de la “benignidad” del COVID-19 y amparados en el argumento de la necesidad de no detener la producción– desatendieron las normas sanitarias y vieron crecer exponencialmente el número de fallecidos.[7]
Este tiempo también es una oportunidad para lograr nuevos reacomodamientos regionales que puedan fortalecer las decisiones progresistas de los Estados latinoamericanos. Un país como México, que en la primera década se encontraba lejos de constituir un aliado en la región para avanzar en el sendero de reformas democráticas e inclusivas, hoy constituye un pilar, en tanto que en Chile y Perú se vislumbran procesos transformadores. El año 2022 traerá novedades de la mano de las elecciones en el otro gran país del continente: Brasil.
En el camino hacia el avance de nuestros Estados, en la construcción de cierta autonomía respecto de los grandes poderes globalizados que tornen viable un desarrollo independiente, resultan muy interesantes los planteos de Thomas Piketty (2019). El autor propone una serie de vías para arribar a un socialismo participativo que distribuya progresivamente la riqueza dentro de las fronteras de los países, eludiendo en parte las imposiciones de las corporaciones transnacionales. Entre ellas, medidas como la fiscalidad progresiva sobre el patrimonio y la renta y la distribución de esa riqueza a través de la dotación de un capital a cada adulto-joven. Estas son decisiones que los Estados podrían tomar al interior de sus fronteras, del mismo modo que el financiamiento democrático para los partidos políticos, a través de bonos asignados a cada contribuyente, de modo de eliminar el condicionamiento de los capitales privados sobre las y los representantes que resultaron electos una vez que acceden al poder. Si bien es cierto que sus sugerencias parecen más viables en los países centrales, es posible que el actual contexto de la pandemia –aun cuando desnudó, a través de los manejos de los grandes laboratorios productores de vacunas, el rostro más despiadado del capital– constituya una oportunidad para replantear ciertas cuestiones respecto de la apropiación privada de la riqueza socialmente producida. Estamos asistiendo a propuestas del actual presidente de los Estados Unidos y de presidentes europeos de gravar con igual tasa impositiva a todas las empresas transnacionales en todos los países donde estuvieran asentadas. Es decir, un avance de los Estados sobre el mercado que resultaba impensable hace solo un año y medio.
En tiempos donde alumbra la oportunidad de construcción de aquello que es lo común en cada país y en la región, la tercera década latinoamericana, en medio de la desigualdad y la pandemia, asoma con esperanza.
Bibliografía
Balandier G (1975): Antropo-lógicas. Barcelona, Península.
Crespo E y J Ghibaudi (2017): “El proceso neoliberal de larga duración y los gobiernos progresistas en América Latina”. En El neoliberalismo tardío. Buenos Aires, FLACSO.
Nodal (2021): Colombia llega a dos meses de protestas y movilizaciones sociales. www.nodal.am/2021/06/se-cumplen-dos-meses-de-protestas-en-colombia-y-renuncia-el-secretario-de-seguridad-de-bogota.
Pikkety T (2019): Capital e Ideología. Buenos Aires, Paidós.
Sader E (2009): El nuevo Topo. Los caminos de la izquierda latinoamericana. Buenos Aires, Siglo XXI-CLACSO.
Sader E (2020): “La tercera década latinoamericana”. Página 12, 16-10-2020.
Titelman N (2021): “¿Qué es y qué quiere la nueva izquierda chilena?”. Nueva Sociedad, mayo.
Liliana Raggio es doctora en Antropología Social, magister en Administración Pública y licenciada en Ciencias Antropológicas (UBA), profesora e investigadora de la UBA, la UNL, la UNCPB y CLACSO. Dirige la Diplomatura en Políticas Culturales de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA-Sholem).
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[1] La presidencia de Fernando Lugo fue la más corta, desde el 15 de agosto de 2008 hasta el 22 de junio de 2012. “Fernando Lugo, que acabó en 2008 con 61 años de gobierno del Partido Colorado en Paraguay, ha sido destituido este viernes por el Senado mediante un juicio político. Mientras en el exterior del Congreso miles de seguidores de Lugo coreaban ‘el pueblo unido jamás será vencido’, a las cinco y media de la tarde (seis horas más en la España peninsular), 39 senadores han votado a favor de la destitución, cuatro en contra y dos se han ausentado” (El País, 23-6-2012).
[2] Seminario Internacional Nuevos horizontes para las Democracias Latinoamericanas: El futuro de la integración regional, 3-12-2015. Lo coordinó Isidoro Chereski.
[3] El primer gobierno de Michelle Bachelet 2006-2010 amplió la asistencia social para las mayorías más pauperizadas e intentó avanzar hacia reformas más profundas, aunque estuvo atravesado por las demandas de los estudiantes secundarios y los conflictos con la comunidad mapuche. Sebastián Piñera triunfó en las elecciones del año 2009 y gobernó el país entre marzo de 2010 y marzo de 2014. Bachelet volvió al poder entre 2014 y 2018, pero no logró obtener el consenso para remover las trabas de la Constitución heredera del pinochetismo.
[4] Una influencia no menor en la dinámica regional fue el fallecimiento del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el año 2013.
[5] Entre algunos ejemplos, el cambio de rumbo de Lenin Moreno, sucesor de Rafael Correa en Ecuador en el año 2017; el triunfo de Sebastián Piñera en Chile, nuevamente electo en 2018; el golpe de Estado perpetrado contra Evo Morales en noviembre de 2019; y la derrota del Frente Amplio en Uruguay, también en ese año.
[6] Importantísimo antropólogo francés, Balandier escribió, entre otros libros, Antropo-lógicas, en 1974. Son especialmente notables los capítulos 1, “Hombres y Mujeres o la mitad peligrosa”, y el 2: “Padres e hijos, mayores y menores” (Balandier, 1975).
[7] A modo de ejemplo, entre los primeros se encuentra el gobierno de Alberto Fernández en la Argentina, atacado sistemáticamente por los opositores de derecha y extrema derecha de “coartar las libertades”; y entre los segundos, el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, quien no solo insiste en calificar al COVID-19 de “gripecita”, sino que mantiene una disputa con los gobiernos estaduales en torno de las medidas de cuidado.
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