Las propuestas de la campaña electoral de 1987
“Se propenderá a un desarrollo equilibrado a fin de integrar las distintas regiones en función a sus características específicas, entendiendo que en este sentido se estarán dando las pautas de modelos de las ciudades futuras. En estas ciudades la priorización estará volcada hacia el Hombre y la Familia, pensados ambiciosamente en su bienestar y vida digna, basándonos en la solidaridad y el trabajo mancomunado, tratando para ello de apelar más a lo que tenemos: inteligencia, creatividad y trabajo, y menos a lo que nos resulta escaso: capital” (Centro de Estudios para la Renovación Justicialista).
En el año 1987 el Centro de Estudios para la Renovación Justicialista (CEPARJ) editó el Cuaderno Temático número 1 del Área Obras y Servicios Públicos. El documento recuperó aportes de los equipos técnicos y profesionales del CEPARJ y las conclusiones de la Primera Jornada de la Obra Pública y la Vivienda (Lomas de Zamora, 4-7-1987), de la Jornada Bonaerense sobre vivienda, infraestructura y servicios con las mujeres y hombres de las Organizaciones Libres del Pueblo (La Matanza, 22-8-1987) y del Primer Encuentro de Arquitectos Peronistas de la Provincia de Buenos Aires (Temperley, 29-8-1987).
Los equipos de la Renovación alertaron sobre el serio déficit habitacional de la provincia, caracterizado por “la falta de unidades, obsolescencia de gran parte de ellas y la falta total o parcial de servicios y equipamiento en la mayoría”. El problema afectaba, centralmente, a los sectores de menos recursos, y muchos de ellos habitaban las “villas miseria”. El inconveniente no era meramente un problema de la agenda bonaerense, sino que para empezar a resolverlo se requería de un Proyecto Nacional que contemplara el planeamiento productivo, demográfico y habitacional en todo el territorio. Las migraciones internas y los procesos no planificados de urbanización en el país y en la provincia habían dejado como saldo zonas densamente pobladas y otras con escasa población. En varios casos, el desplazamiento produjo desarraigos y el debilitamiento de la vida familiar y comunitaria.
El CEPARJ alertó acerca de que la tierra estaba siendo utilizada como recurso de especulación, y no como un bien de uso. Propusieron instalar en la agenda pública la carencia de regulación de los alquileres y la necesidad de implementar nuevos tipos de financiamiento habitacional. En particular, era fundamental revisar la estructura, las operatorias y el funcionamiento del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI).
El CEPARJ también formuló las bases para un “Plan de Infraestructura, Obras Públicas y Viviendas” en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa incluyó cuatro grandes ejes:
- Plan de Emergencia: en el corto plazo se debían atender los aspectos de fuerza mayor (catástrofes, etcétera), la urbanización o consolidación de villas miseria y las soluciones transitorias. Se tenía que implementar un plan de infraestructura de cloacas, gas, asfalto, electrificación y gestión de residuos, siendo prioritaria la expansión de la red de agua potable.
- Plan de Tierra Urbana para todos: propusieron la creación de un Banco de Tierras y de un Plan de Tierra. El Estado tenía que adquirir un rol indelegable de organizador y de fomento. Se debían implementar acciones tendientes a regularizar los terrenos.
- Créditos a la comunidad: propugnaron otorgar financiamiento para completar las viviendas precarias y lanzar líneas particulares de Créditos a la Comunidad.
- Se propuso movilizar recursos de la comunidad para la vivienda: el CEPARJ propuso reformar el rol del Banco Provincia y apoyar la actividad privada en la construcción de soluciones habitacionales. Se redistribuirían espacios públicos y se otorgaría apoyo técnico a las organizaciones comunitarias y a sus familias.
Los equipos de la Renovación consideraron que este plan tendría que garantizar la “participación popular”: era “necesario que organicemos a todos aquellos que quieran participar. El definir qué se hace, cuándo y cómo, no puede seguir siendo una facultad exclusiva de los tecnócratas”. Los municipios serían los canalizadores de la participación popular y se integraría al “vecino como agente activo de la planificación y el control de gestión de los municipios”. La política habitacional sería una actividad conjunta entre el municipio, los entes provinciales, las organizaciones comunitarias y las personas.
Entre otras externalidades, la política de vivienda generaría el aumento de la capacidad industrial bonaerense y la producción de nuevos puestos de trabajo.
Las políticas de Tierra y Vivienda
“El derecho humano en su sentido amplio también habla del derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vida digna” (Antonio Cafiero).
“La descentralización, la participación popular y la solidaridad encuentran en nuestras obras un claro campo de desarrollo. Los municipios han iniciado una marcha firme hasta convertirse en protagonistas de las acciones de gobierno. Hoy construyen viviendas por medio del Pro-Casa, ofrecen tierras urbanizadas a su comunidad por el Pro-Tierra y en las adjudicaciones de viviendas han comenzado a realizar tareas sociales y a preparar la selección de postulantes, que luego serán aprobados por el Instituto de Vivienda de la Provincia de Bienes Aires” (Oscar Balestieri).
En línea con el planteo de la campaña electoral, la gestión de tierra y vivienda de la gobernación se organizó en torno de los principios de la descentralización, la solidaridad y la participación popular. El ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Alieto Aldo Guadagni, puntualizó que la descentralización permitió mejorar la eficiencia de la asignación de recursos y originó una “minimización de los costos, (…) facilitando una mejor auditoría y control”. La participación popular dio “cauce a la actitud solidaria existente en la sociedad. Así, la mejora de la calidad de vida es una realidad posible de alcanzar, haciendo que las personas sean y sientan que son partícipes de la construcción de su destino como individuos insertos en un marco social. (…) La comunidad es la que más sabe cuáles son sus necesidades y la que con mayor acierto puede lograr una mejora continua en la forma de satisfacerlas”.
En este mismo sentido, el subsecretario de Urbanismo y Vivienda de la provincia, Oscar Balestieri, sostuvo en abril de 1989 que “queremos construir la obra de gobierno junto a nuestra comunidad y sus organizaciones, porque estamos convencidos de que el pueblo quiere, sabe y puede tomar decisiones sobre cómo va a vivir, cómo va a ser su casa, su ciudad y su sociedad”.
El Pro-Tierra y los planes de regularización dominial
Se expropiaron y se compraron terrenos, y la Dirección de Regularización Dominial realizó un importante trabajo consolidando la tenencia del suelo. En cuatro años se regularizó la situación dominial de 5.000 familias del FONAVI y se escrituraron alrededor de 30.000 viviendas.
El Programa Pro.Tierra fue lanzado en junio de 1988 y se orientó a proveer tierra urbanizada para la construcción de viviendas. Los lotes tenían 200 m2 y se les proveyó de infraestructura: apertura de calles, desagües, electricidad y red de agua. En tres años se entregó y se regularizó la tierra a 7.000 familias. El Programa intervino y garantizó la regularización dominial de familias Qom en dos barrios ubicados en la ciudad de La Plata y en la localidad de Derqui, partido de Pilar. Las familias eran originarias del barrio Ejército de los Andes, de Ciudadela.
El gobernador Cafiero propuso al presidente Carlos Menem la venta de tierras del Estado Nacional ocupadas en el territorio de la Provincia. El Gobierno Nacional tomó la iniciativa y formuló el Plan Arraigo, que permitió la regularización urbana definitiva a 50.000 familias bonaerenses.
Fondo Nacional de Vivienda y Fondo Provincial de Vivienda
La gestión de la cartera dispuso de 80 millones de dólares por año provenientes del FONAVI, de 30 millones del FOPROVI y de otros 10 millones del Tesoro Provincial, que eran destinados puntualmente al programa de tierras.
En diversas oportunidades, Cafiero cuestionó la discriminación financiera que padecían los bonaerenses. La provincia financiaba el 40% de los recursos del FONAVI, concentraba en su territorio el 33% del déficit habitacional de la Argentina y recibía, solamente, el 14,5% de los recursos de dicho programa.
Balestieri propuso una reorientación de los recursos del FONAVI. A partir de 1987 los proyectos tendieron a garantizar la planificación armónica de la ciudad y se financió la infraestructura y el equipamiento de los planes de vivienda. El FONAVI orientó sus recursos a las viviendas ubicadas en conurbano, y el FOPROVI tomó las iniciativas del interior de la provincia.
El gobernador modificó el sistema de recaudación del FONAVI. La provincia descentralizó el cobro, con la firma de convenios en las municipalidades y las organizaciones libres: mutuales, sindicatos, cooperativas, etcétera. Como resultado de eso, se incrementó la recaudación, que pasó de 250.000 dólares en enero de 1988 a 1.550.000 en septiembre de 1991, demostrando que es factible recuperar la inversión con la intervención de los actores sociales.
Se optimizó el FONAVI en la provincia, fijando prioridades y calificando las iniciativas. Se controlaron los proyectos y se implementó un sistema de premios y de castigos, y se calificaron las empresas constructoras.
Programa Pro-Casa
La iniciativa dependió de la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda y tuvo participación el Instituto Provincial de Empleo (IPE). El origen de los recursos fue, centralmente, el proveniente del Fondo Provincial de Vivienda (FOPROVI).
Pro-Casa tenía como meta organizar unidades productivas para construir viviendas, capacitar a su personal y asesorar para alcanzar la sustentabilidad a lo largo del tiempo. Para implementar el programa, la provincia firmó 110 convenios con las municipalidades. Los jefes políticos comunales conocían las demandas de las y los vecinos y sus capacidades, y eran los encargados de impulsar las unidades productivas, “privilegiando la formación de cooperativas o grupos de autogestión” de cada localidad. La gobernación otorgó los fondos y los gobiernos locales eran los organismos ejecutores: conseguían el terreno, completaban la infraestructura y administraban los recursos.
El IPE tenía como tarea central optimizar la mano de obra local en coordinación con los Servicios de Empleo Municipales. Asesoraba a las unidades productivas en aspectos de capacitación, gestión empresarial y selección de proveedores, entre otros temas.
Con el Pro-Casa en el período de 1987 a 1991 se entregaron más de 4.000 viviendas y quedaron otras 3.000 en ejecución.
Préstamos de autogestión y reconstrucción de barrios
Se otorgaron créditos de 6.700 dólares para la construcción de viviendas mínimas autogestivas. El programa alcanzó las 7.000 casas terminadas y dejó 2.400 en ejecución. La iniciativa de Reconstrucción de Barrios se lanzó en 1989 y se financió con dinero del FOPROVI. Tuvo como objetivo radicar a las y los pobladores de las villas miserias en el lugar donde vivían. Los recursos eran utilizados para la compra de materiales (88%), para contratar equipos técnicos (4,5%) y mano de obra especializada (7,5%). El dinero se devolvía en cuotas mensuales en planes a 25 años en municipios y a 20 años en entidades. En dos años se iniciaron alrededor de 600 viviendas.
Una nueva planificación urbana
La Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda desarrolló, de manera conjunta con los municipios, 18 planes urbanos. La propuesta incluyó el reordenamiento habitacional de una población superior a los 500.000 habitantes.
Como resultado de la política de tierra y vivienda, en cuatro años se entregaron 35.000 casas, lo que representa un promedio de 24 viviendas por día o una vivienda por hora, que equivale a 1.747.080 metros cuadrados cubiertos. La cantidad de beneficiarios ascendió a 150.149 habitantes. Los puestos de trabajo generados sumaron 87.300.
Integrando el Plan Trienal, se realizaron miles de obras en las grandes concentraciones urbanas de la provincia. El tema no era sencillo, por las grandes e históricas deudas sociales y las carencias estructurales de la región. Ya en 1961 el gobernador Oscar Alende había establecido que “arde en el conurbano bonaerense el problema social más candente de la Argentina. (…) Millones de compatriotas viven en la zona conurbana constreñidos por las exigencias de un duro y difícil existir, reclamando viviendas, mejoras en el transporte, pavimentos, agua, cloacas, energía; desalentados por la insensibilidad con que se desestima la solución de sus problemas”. Cafiero destacó al respecto: “yo quiero levantar las banderas del conurbano como el verdadero país postergado de los argentinos”.
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