Las políticas de salud durante la gobernación de Eduardo Duhalde (1991-1999)

En medio de una crisis económica atravesada por una hiperinflación, el 14 de mayo de 1989 la fórmula Carlos Menem-Eduardo Duhalde resultó electa con el 47,5% de los votos de todo el país. En la provincia de Buenos Aires, el porcentaje obtenido por la fórmula presidencial fue del 50%. “El vicepresidente quedó posicionado como polea de transmisión ‘natural’ entre la nación y la provincia. Su capital político se acrecentó como integrante del gobierno, en dos años, alentado por el ‘consenso de fuga hacia delante’ generado por una situación socioeconómica devastadora” (Ferrari, 2013). Dos años más tarde, con apoyo presidencial, el vicepresidente Duhalde anunció su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

En la interna bonaerense, la fórmula Eduardo Duhalde-Rafael Romá venció sobre la de Carlos Brown y Mirta Rubini con un 80% de los votos –Felipe Solá había retirado previamente su candidatura. Duhalde asumió además como titular del Partido Justicialista bonaerense, tomó licencia de su cargo como vicepresidente y se dedicó de lleno a la campaña. “Tampoco dejó nada librado al azar. Se reunió con dirigentes partidarios, tomó contacto con asociaciones e instituciones, logró la adhesión de las 62 Organizaciones [sindicales peronistas] y la de cinco entidades empresariales: CARBAP (Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa); ADIBA (Asociación de Industriales de Buenos Aires); FEBA (Confederación de Empresarios de la Provincia de Buenos Aires); y UIPBA (Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires). También procuró atraer a los docentes provinciales” (Ferrari, 2013). Finalmente, el 8 de septiembre de 1991 Duhalde-Romá ganaron las elecciones con un 46% de los votos.

Duhalde gobernó la provincia de Buenos Aires durante dos periodos consecutivos entre 1991 y 1999, para lo que impulsó exitosamente en 1994 una reforma a la Constitución provincial –similar en algunos aspectos a la que había sido aprobada para la Constitución nacional– tras una consulta popular que la aprobó con el 61,5% de los votos. En 1995 la fórmula Duhalde-Romá fue relecta por el 56,7% de los votos, triunfando en todos los municipios de la provincia.

La Constitución provincial modificada[1] estableció que “la Provincia garantiza a todos sus habitantes el acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos; sostiene el hospital público y gratuito en general, con funciones de asistencia sanitaria, investigación y formación; promueve la educación para la salud; la rehabilitación y la reinserción de las personas tóxicodependientes. El medicamento por su condición de bien social integra el derecho a la salud; la Provincia a los fines de su seguridad, eficacia y disponibilidad asegura, en el ámbito de sus atribuciones, la participación de profesionales competentes en su proceso de producción y comercialización”.

Uno de los hitos principales de la gestión de Duhalde como gobernador fue la creación del “Fondo del Conurbano Bonaerense”,[2] administrado por una Unidad Ejecutora dependiente del gobernador. “El dinero invertido entre 1992 y 1999 fue de alrededor de 4.500 millones de pesos-dólares. Los recursos recibidos por el Fondo en relación al presupuesto de la provincia representaron un 4,4% para 1992, un 7,8% para 1993 y el 9,5% en 1994” (Recalde, 2021; Danani, Chiara y Filc, 1997). Aprovechando estos recursos, la Gobernación de Duhalde destacó respecto a las anteriores y las posteriores por la abundante cantidad de obras públicas. La infraestructura sanitaria se vio beneficiada por esta impronta (Recalde, 2022). Respecto al destino de los recursos del Fondo, Aritz Recalde (2021) diferencia seis: a) Salud; b) Educación; c) Calidad de vida y medio ambiente; d) Rutas, avenidas y calles; e) Municipalidades; f) Justicia y seguridad. Respecto a la inversión en Salud, destaca: “Se crearon 1.200 camas a partir de la construcción de ocho nuevos hospitales.[3] (…) Los servicios de salud fueron equipados en sus distintas especialidades y se construyeron consultorios externos con tecnología moderna. En paralelo, se remodelaron o ampliaron 21 hospitales existentes y se iniciaron obras en los nuevos de González Catán y de Tigre. El Fondo destinó recursos especiales para los programas de Trasplante de Órganos y el Plan Vida” (Recalde, 2021).

También durante la gestión de Duhalde se impulsaron otras reformas de relevancia institucional: una nueva ley de ministerios y la ley de reconversión administrativa, una norma conflictiva por sus potenciales efectos, porque puso en disponibilidad a trescientos mil trabajadores públicos provinciales. “De allí que Duhalde dé comienzo a su gestión con una medida de política de ajuste y busque capitalizar el consenso electoral obtenido en las urnas para lograr respaldo legislativo tanto del oficialismo como de la oposición para poder llevar adelante dichas medidas” (Erbetta, 2010: 289).

 

El contexto sanitario nacional

La gestión provincial de Duhalde coincidió temporalmente con el momento de mayor predominio del neoliberalismo en la región.[4] Desde el inicio de su período presidencial en 1989, Carlos Menem venía llevando adelante una serie de transformaciones de “ajuste estructural” que favorecían el “libre mercado”. Coincidentemente con ese espíritu, durante esta etapa se completó la transferencia de los hospitales nacionales a las jurisdicciones provinciales, sin atender suficientemente la compensación de los recursos para atenderlos. Esto profundizó la fragmentación en los servicios de salud y afectó su calidad. Surgió en ese contexto el Programa para la Reforma del Sector Salud (PRESSAL) financiado por el Banco Mundial, con el cual se impulsó el proyecto de Hospitales Públicos de Autogestión (HPA).[5] El PRESSAL propició la “modernización del gerenciamiento” hospitalario. “Entre sus objetivos específicos incluyó el diseño de modelos contractuales para la compra venta de servicios y sistemas de pago; el desarrollo de los registros de beneficiarios a los efectos de identificar en todos los casos al responsable financiero de la atención; el paquete esencial básico de servicios a garantizar, Programa Médico Obligatorio (PMO), entre otros. De la propuesta original del PRESSAL se desprendieron los siguientes proyectos con financiamiento externo: Programa de Reconversión de las Obras Sociales, PROS; Programa de Reconversión del Sistema del Seguro de Salud, PRESSS; Programa de Atención Primaria de la Salud, PROAPS; Proyecto de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades, VIGIA; Proyecto de Lucha contra el SIDA y ETS, LUSIDA. El modelo de autogestión no prosperó ni generó reformas profundas en los hospitales incorporados al proyecto por una combinación de factores tales como: la tradición de gratuidad de los hospitales públicos; la falta de pago de las Obras Sociales por el uso de los servicios hospitalarios que hacían sus asociados; el aumento de la demanda hospitalaria como consecuencia de los mayores índices de desempleo y pérdida de cobertura de las Obras Sociales; el desconocimiento acerca de la tramitación de cobro y de los destinos de los fondos recaudados, entre los más destacables. Tampoco hubo una comprensión cabal ni una socialización de las intenciones globales del PRESSAL, que con frecuencia fue interpretado como un conjunto de proyectos aislados” (Perrone y Teixidó, 2007: 42).

En un contexto de ajuste, esta idea de descentralización tenía como objetivo la reducción del tamaño de Estado: los servicios nacionales de salud se traspasaban a las provincias, y los de las provincias a los municipios, sin recursos ni capacidad financiera. Durante la posterior presidencia de Fernando De la Rúa (1999-2001) se creó la figura de los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD), con un enfoque similar a los HPA, pero que ponía el acento en el eventual incremento de recursos presupuestarios a través de ingresos obtenidos por el cobro de las prestaciones a beneficiarios de otros subsistemas, similar al Sistema de Atención Médica Organizado (Codagnone y Fontela, 2020), e incorpora mecanismos para estimular la competencia por las prestaciones entre diversos hospitales y servicios, y entre los mismos trabajadores y trabajadoras.

 

Las obras sociales

En 1993 se inició un proceso de profundización de la reforma del sistema de obras sociales, con la reglamentación de las leyes 23.660 y 23.661, que habían sido sancionadas durante los últimos meses de la presidencia de Raúl Alfonsín. En enero de 1993 se promulgó el decreto 9, conocido como de “Libre elección de las obras sociales”, que tenía como objetivo la libertad para elegir obra social, supuestamente para mejorar “la eficiencia del sistema de obras sociales por el clima de mayor competencia que se derivará de esta situación, que implica incorporar un novedoso mecanismo de control sobre la administración de los recursos a cargo de los propios beneficiarios”. En tanto el proyecto no contemplaba favorecer la competencia entre efectores de Salud, sino solamente la entre financiadores con efectores cautivos, no dio como resultado una mejora sustancial de la calidad de los servicios, sino solamente en algunos casos puntuales y exclusivamente para los estratos de mayores ingresos. Se modificó así el principio de solidaridad al permitir lo que se conoce como “descreme”: que afiliados y afiliadas puedan trasladar el total de los aportes y las contribuciones de su salario a otra obra social, y a través de ésta –con frecuencia– a una empresa de medicina privada. Esta política afectó gravemente la solidaridad del sistema de seguridad social y en definitiva lo desfinanció (Torres, Jorgensen y Robba, 2020), no solamente porque las empresas de medicina privada a partir de ese momento pudieron captar recursos seleccionando trabajadores y trabajadoras de altos ingresos –y por lo tanto, quienes más recursos ingresaban al sistema de salud mediante aportes y contribuciones proporcionales a sus ingresos laborales–, sino también porque pudieron mejorar sus beneficios ahorrando costos, al poder también seleccionar cada afiliación mediante predicciones del gasto probable que implicaría –por edad o por patologías previas, por ejemplo.

En 1996 se aprobó el Programa Médico Obligatorio (PMO), que determinó un piso para el conjunto de servicios que deben brindar las obras sociales nacionales. Esto puso a las más chicas en una situación delicada y con ello se produjo el cierre de muchas instituciones, incluso con capacidad de internación: las cifras giran en torno al 30% y el 40% (Medina y Narodowski, 2015). Además, a través del Decreto 1615/96 se creó la Superintendencia de Servicios de Salud, que asumió funciones que competían a la Administración Nacional del Seguro de Salud, el Instituto Nacional de Obras Sociales y la Dirección Nacional de Obras Sociales. Su objetivo es la fiscalización del cumplimiento del PMO, del Programa Nacional de Garantía de la Atención Médica, del ejercicio del Derecho de Opción y la adecuada atención a los beneficiarios y las beneficiarias del sistema.[6]

Analizando las reformas operadas en el sector público y en la seguridad social, es atendible la hipótesis de que en su conjunto generaron incentivos para que las personas con ingresos medios y altos procuraran adherirse a algún –cualquier– tipo de servicio privado. Afectando el financiamiento y la calidad de los servicios gratuitos, el mensaje subyacente era que siempre sería preferible cualquier servicio pago, incluso el más básico. En estos términos, es razonable poner en duda si esta política realmente generó algún tipo de mejora de la calidad de la atención de la salud, incluso en el sector privado.

 

La provincia de Buenos Aires

A diferencia del impulso a la Atención Primaria de la Salud de las gestiones sanitarias anteriores, la mayor parte de las políticas de Salud de la gobernación de Eduardo Duhalde hicieron mayor énfasis en la gestión hospitalaria. Su política sanitaria –razonablemente– estuvo signada por una fuerte influencia del contexto nacional. El impulso reformista neoliberal fue eficaz para condicionar los grados de libertad de los gobiernos provinciales. “La reducción del Estado nacional implicó un replanteo de sus campos de actuación con la consecuente transferencia de funciones a los niveles subnacionales (descentralización) y el desplazamiento hacia el mercado de funciones relativas a la provisión de bienes y prestación de servicios, antes en manos del Estado (privatización). Desde aproximadamente mediados de la década de los 90 la reforma del Estado se ha ido desplazando a los niveles subnacionales (provincias y municipios), los que cuentan con una menor tradición de reforma administrativa, aunque son instancias críticas para el ejercicio de las funciones transferidas y para la reconstrucción de la legitimidad del Estado reformado” (Chiara, 2001).

La gestión sanitaria provincial de la Gobernación Duhalde tuvo tres ministros en la cartera: José Pampuro (1991-1992), Horacio Pacheco (1992-1994) y Juan José Mussi (1994-1999). A partir de 1991 el Ministerio de Salud provincial pasó a llamarse Ministerio de Salud y Acción Social, y mantuvo ese nombre durante las gestiones de Pampuro y Pacheco. También el Ministerio nacional tenía esa denominación desde 1983. La cartera provincial volvió a ser Ministerio de Salud en marzo de 1994, cuando pasó a estar encabezada por Mussi, y la gestión provincial de la política social quedó a cargo del Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano, inicialmente conducido por el propio Horacio Pacheco, y luego de noviembre de 1994 por Marta Pascual. Esta división de funciones coincidió en el tiempo con la creación en el gobierno nacional de la Secretaría de Desarrollo Social dependiente de la Presidencia, en febrero de 1994.

 

José Pampuro

Médico cirujano, la carrera de José Pampuro como dirigente político comenzó en Lanús, ligado al intendente Manuel Quindimil. Fue secretario de Salud del Municipio entre 1983 y 1987, año en que fue elegido diputado nacional. A fines de los 80 se encolumnó con el sector que conducía Antonio Cafiero. En 1989 comenzó a colaborar con Eduardo Duhalde –rival interno de Cafiero en el peronismo bonaerense en esa etapa– en la Vicepresidencia de la Nación. En 1991, cuando éste se hizo cargo de la gobernación, Pampuro asumió como ministro de Salud. Luego sería diputado nacional, secretario general de la Presidencia durante el período en que Eduardo Duhalde fue presidente interino de la Nación (2002-2003), ministro de Defensa durante la primera parte de la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2005), senador nacional y presidente del Parlamento del Mercosur. Falleció en enero de 2021.

En su primer discurso de inicio de las sesiones legislativas en la provincia de Buenos Aires, en 1992, Duhalde marcó el rumbo que pretendía adoptar para la salud de la provincia. Afirmó que su objetivo era “garantizar la salud pública. La infraestructura y equipamiento sanitarios han sufrido a lo largo de años lamentables postergaciones, mientras que la población y su demanda han crecido incesantemente. El inicio de las obras de cuatro hospitales ubicados en Almirante Brown, Merlo, Moreno, Tres de Febrero y General Sarmiento y el equipamiento de numerosos centros de salud son respuestas necesarias, pero insuficiencias aún. Vamos a encarar soluciones de fondo. Vamos a construir una gran red de pequeños hospitales de baja y mediana complejidad, que ha demostrado su eficacia en sociedades complejas como la bonaerense. Y vamos a poner en marcha una profunda reforma hospitalaria, sobre la que ya se está trabajando. Se incorporará capital privado y de riesgo al sistema, y de ese modo la Provincia estará en condiciones reales de garantizar el servicio de salud a la población” (Duhalde, 1992).

 

CUCAIBA

En 1987 se había sancionado la ley provincial 10.586 de Trasplante y Ablación de Órganos, que en su artículo 10 creó el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Órganos de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA), organismo provincial que buscaba garantizar la transparencia y la calidad de los procesos necesarios para el acceso al trasplante a los y las bonaerenses, promover la donación de órganos y estimular el desarrollo de las áreas de trasplante de los efectores públicos. Sin embargo, no fue hasta la gestión de Pampuro que comenzó a implementarse. Carlos Soratti (2020) –quien presidiría el CUCAIBA entre 1995 y 2003– recuerda: “Había una ley que creaba CUCAIBA, pero no se había reglamentado. En la gestión Duhalde, con Pampuro, se empieza a gestionar la ley de trasplante. Eso coincide con que era la época en la que, si una persona no tenía cobertura para trasplantarse, hacía campañas para poder viajar a hacerlo en Estados Unidos. Un día, una madre pedía en la TV por su hijo que necesitaba un trasplante, y en el mismo canal venía a continuación una entrevista a Duhalde. Ahí mismo, él anunció la creación de un fondo para financiar los trasplantes de todos los bonaerenses. Así surge el ente para el financiamiento de trasplante de órganos en la Provincia de Buenos Aires: CUCAIBA. Daniel Neustadt fue su primer director. El Estado financiaba la diálisis como tratamiento sustitutivo a la enfermedad renal y, por otro lado, financiaba el trasplante. En esos años en la provincia empieza un desarrollo muy fuerte de la actividad. A diferencia de otras experiencias provinciales, CUCAIBA fue, desde el inicio, un organismo de mucho peso, con mucha fortaleza organizativa, con mucho aval político y con recursos del Ente provenientes de Loterías y Casinos. Esto de asociar la organización con el desarrollo de organismos de procuración en la provincia, más el financiamiento del trasplante, le daba una entidad muy fuerte. Empezó a cobrar protagonismo en el contexto nacional”.

 

Horacio Pacheco

Horacio Pacheco, pediatra de formación, fue sucesivamente director de Minoridad y Familia, subsecretario de Salud Pública y secretario de Acción Social en el municipio de Lomas de Zamora, donde había sido intendente Eduardo Duhalde. En noviembre de 1992 asumió como ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires y se mantuvo en el cargo hasta abril de 1994, y luego pasó al área de Familia y Desarrollo Humano.[7]

En su discurso en la apertura de las sesiones legislativas del año 1993, el gobernador Duhalde dio cuenta de lo realizado en materia sanitaria durante los primeros meses de su gestión, bajo el lema “obras son amores”. En ese mismo discurso describe con detalle una enorme cantidad de obras en hospitales y en mil Centros de Atención Primaria de la Salud.[8] Sin embargo, la gestión ministerial de Pacheco ha recibido diversas críticas que pueden resumirse en la falta de conducción del sistema de Salud provincial. “Si Pampuro no tuvo ningún plan –ahí empiezan a caer los créditos internacionales–, la de Pacheco es una etapa nefasta. Ahí se quiso consolidar la política sociosanitaria para justificar que Desarrollo Social y Salud estuvieran juntos. Quedó claro que no tiene sentido que estén juntos. Fue malo para Salud y malo para Desarrollo Social” (Medina, 2020).

 

Juan José Mussi

El 12 de abril de 1994 Juan José Mussi, médico clínico, fue convocado por Eduardo Duhalde para ocupar el cargo de ministro de Salud de la Provincia, en el que continuó durante los dos años de gestión de Carlos Ruckauf y hasta el 8 de enero de 2002, cuando al iniciarse la gobernación de Felipe Solá –quien era vicegobernador de Ruckauf y asumió como gobernador tras la renuncia de éste para asumir como canciller del Gobierno Nacional– fue remplazado por Ismael Passaglia. Mussi fue el funcionario que más años ocupó de manera ininterrumpida el cargo de ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires.[9]

Duhalde abrió las sesiones de la Legislatura provincial en 1996 presentando un Plan Quinquenal. Afirma para su cartera sanitaria: “El mismo criterio que guía nuestra acción social inspira también nuestra política en materia de salud. En efecto, con la construcción de grandes hospitales en el Gran Buenos Aires estamos creando un cinturón materno-infantil como nunca hubo en la historia de la Provincia. Todos estos hospitales tienen esa clara especialización.[10] (…) En el Plan Quinquenal está prevista también la provincialización de hospitales municipales, con el fin de que los municipios que así lo deseen y lo soliciten puedan ocuparse de la atención primaria de los pacientes, absorbiendo la Provincia el resto de los niveles de atención. Se logrará de este modo un mayor aprovechamiento de los recursos, la racionalización de los gastos y un sensible mejoramiento en la atención de los pacientes”.

De acuerdo a sus propios protagonistas, las principales políticas instrumentadas durante la gestión ministerial de Juan José Mussi tuvieron los siguientes ejes: “la acción intersectorial, la descentralización y la coordinación, y el enfoque preventivo en los servicios y la comunidad” (Honorable Senado de la Nación, 1999).

En 1994, durante la gestión de Mussi, se sancionó la Ley provincial 11.554 por la que se transfirieron Centros de Atención Primaria (CAP) del Plan Muñiz a los municipios. Se trató de 103 unidades, 76 de ellas localizadas en el Conurbano, aunque no fueron los primeros CAP en la jurisdicción municipal (Chiara, 2019). Lo que buscó esta ley fue darle legitimidad a algo que ya venía sucediendo en el contexto diario de la gestión sanitaria: los municipios mantenían económicamente a los CAP (Medina y Narodowski, 2015). A partir de allí, toda la estructura del primer nivel de atención quedó bajo jurisdicción municipal.

La Ley 11.759 de 1995 creó el Estatuto para agentes que prestan servicios en establecimientos de salud y pretendió reemplazar a la Ley 10.471 que nunca llegó a ser reglamentada. Sin embargo, tampoco la nueva ley llegó a ser promulgada por tensiones con profesionales de la salud. Pretendía dotar de mayor autonomía a cada establecimiento hospitalario para el manejo de personal; incorporar la tercerización para la prestación de servicios médicos profesionales; abrir concursos para la cobertura de vacantes, la permanencia en la función y el avance en la carrera hospitalaria. Además, planteaba un nuevo sistema de escalafones sobre la base del mérito, con un régimen de retribuciones flexibles; e incorporaba atribuciones disciplinarias en manos de la dirección de cada establecimiento. Las críticas a esta ley se basaban en que con ella los trabajadores y las trabajadoras de la salud perdían derechos y se provocaba una flexibilización laboral a partir de un sistema de contratos y de becas. También los gremios rechazaban lo propuesto por la ley respecto de las sanciones, porque posibilitaba hacerlas sin sumario previo. “El ajuste del gobierno nacional no parecía el contexto más adecuado para mejorar la gestión sanitaria con el acompañamiento de los profesionales y a favor de los sectores populares. Un nuevo intento había fracasado, habría que esperar una época de expansión fiscal para poder hablar de un modelo exitoso” (Medina y Narodowski, 2015: 44). Santiago Spadafora (2020) afirma: “La ley está vigente, pero no reglamentada. ¿Por qué pasa eso? Porque es más fácil cortar cinta”.

Durante la gestión de Mussi se interrumpieron las acciones de coordinación entre la obra social y el Ministerio de Salud provinciales. La política de IOMA se centró en acuerdos con el sector privado. El Ministerio, por su parte, se focalizó en los hospitales. “Esta desvinculación política puede ser un gran problema incluso para los hospitales, es una forma más de fragmentación con la que tenemos que enfrentarnos día a día” (Medina y Narodowski, 2015: 44).

En 1999 se formalizó un nuevo seguro público de salud, enfocado a quienes no tenían cobertura de obra social o medicina prepaga a partir de los 6 años. “Cada beneficiario estaba a cargo de un médico de cabecera de libre elección, generalista, el que podía atender, bajo la modalidad de responsabilidad nominal, a no más de 1.000 pacientes activos, además tenía también un odontólogo, cobertura de prácticas de laboratorio y la entrega de medicamentos de acuerdo con un vademécum de primer nivel de atención. Se establecía un sistema de referencia y contrarreferencia que propiciaba la atención continua e integral del paciente a través del sistema. El modelo de financiamiento preveía mecanismos de pagos directos desde la provincia a entidades gremiales intermedias (representantes de médicos, odontólogos, bioquímicos y farmacéuticos) que actuaban a nivel provincial, los que a su vez los distribuían en sus estructuras de segundo grado. Los municipios y las regiones sanitarias eran los responsables de autorizar los pagos y controlar la efectivización de las prestaciones. La implementación fue muy gradual y comenzó, por razones operativas, con los beneficiarios del Plan Vida” (Medina y Narodowski, 2015: 45).

 

Planificación

Un rasgo que asimila la gestión de Mussi a las del período en que había gobernado Antonio Cafiero la provincia de Buenos Aires (1987-1991) fue la importancia que se le asignó a la planificación sanitaria. El Plan Quinquenal 1995-2000 del Ministerio de Salud provincial fue el instrumento elaborado para establecer un modelo de organización sanitario, a través de prioridades, metas concretas y un cronograma de aplicación y evaluación de las acciones. Fue el primer plan quinquenal de la Provincia de Buenos Aires. “Intentaba sentar las bases para una mejora continua de la calidad del cuidado de la salud de la población bonaerense, no solo aportando recursos físicos como ningún otro gobierno lo había hecho con anterioridad, sino fundamentalmente a través de un cambio cualitativo en la atención de la salud donde el ciudadano bonaerense fuese el actor principal a quien era preciso servir desde la función pública” (Ministerio de Salud, 2010).

El Plan conformó una respuesta a los problemas personales y colectivos de salud, vistos desde una perspectiva intersectorial, donde las condiciones de salubridad –alimentación, servicios sanitarios y educación– eran consideradas como elementos básicos. Las premisas rectoras del Plan fueron: definir a la persona usuaria del sistema sanitario como protagonista de todas las acciones; privilegiar la promoción de hábitos saludables y la prevención de enfermedades; y avanzar sobre la organización de un Sistema Integrado de Salud, basado en seis ejes sustantivos: participación; integración; descentralización; regionalización; equidad, eficiencia y calidad de las prestaciones sanitarias.

También la planificación facilitó una reformulación de las misiones y funciones del Ministerio. Un documento elaborado en 1999 por la Subsecretaría de Planificación de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, a cargo en ese momento de Ricardo Alberto Martínez, resumía la visión del Ministerio de Salud provincial respecto a sus responsabilidades principales: proveer bienes públicos y ofrecer o subsidiar acciones con externalidades; realizar acciones que promueven y protegen la salud actuando sobre el entorno, promoviendo comportamientos o estilos de vida saludables, ejecutando intervenciones específicas de salud dirigidas a determinados grupos, como inmunizaciones; asegurar a la población sin otro tipo de cobertura el acceso a un conjunto de servicios para la recuperación y rehabilitación de la salud, como prestador o como financiador; garantizar la constitución de Redes de Atención de la Salud con base regional, que integren a los otros niveles públicos y subsectores prestadores, ofreciendo servicios accesibles en toda la escala de complejidad; disminuir las distorsiones en el financiamiento de la salud municipal; abordar las “imperfecciones del mercado de la salud”, diseñando un sistema racional y consensuado para el uso de los recursos que la comunidad destina a mantener o mejorar su salud; ejercer plenamente el papel de regulación del mercado de la salud y de contralor del sistema (Honorable Senado de la Nación, 1999).

 

Recursos humanos

La gestión sanitaria provincial iniciada en 1994 procuró reforzar la formación y la capacitación de los recursos humanos orientadas hacia áreas críticas, reformulando la orientación de la formación del perfil profesional médico, que estaba basado en la reparación de la enfermedad y centrado en los grandes hospitales, hacia el primer nivel de atención, con la integración de los municipios. Para ello se incrementó el ingreso de médicos generalistas con perfil de formación hacia la promoción de la salud y la prevención de enfermedades; se iniciaron experiencias innovadoras de Residencias Integradas Multidisciplinarias, con orientación al trabajo comunitario, incluyendo la formación de médicos generalistas, psicólogos, trabajadores sociales y, desde el inicio de 1999, la Residencia de Enfermería Familiar y Comunitaria; y se capacitó para la participación de la comunidad en acciones específicas de salud, principalmente a manzaneras, para intervenir en actividades de promoción y prevención en el área materno-infantil, con el objetivo de disminuir la morbimortalidad infantil, especialmente en varios municipios del segundo cordón del Conurbano.

 

Salud materno-infantil y nutrición

En el sur del conurbano bonaerense, específicamente en Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, en 1994 comenzó a aplicarse el Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN), un programa nacional sustentado por el Banco Mundial que tenía por objeto atender las necesidades de las mujeres en edad fértil y de los niños menores de 6 años, pertenecientes a sectores pobres en las áreas urbanas, periurbanas y rurales del país. Por un lado, PROMIN asignaba “un rol estratégico al primer nivel de atención, los centros de salud barriales, aumentando calidad y cobertura, e integrándolos al primer nivel de referencia o segundo nivel de atención que constituyen los establecimientos hospitalarios”. Por otro lado, intentó desarrollar un Sistema de Educación Inicial y de Promoción Social que “reconvierte y complejiza los comedores escolares. (…) El PROMIN está inserto en la lógica de cambio global descentralizante del sistema de salud y focaliza tanto la asistencia alimentaria como ciertas prestaciones del primer nivel de atención. (…) Los programas asistenciales se insertan y se reciben de diferente forma en cada municipio. Son diseñados y ‘enviados’ desde el gobierno provincial o nacional y son recibidos a nivel municipal, en donde los diversos contextos y estilos de gestión modelan su implementación. En algunos casos la adopción de los nuevos programas implica ‘insumos’ para cumplir rutinas que existían antes de la aparición de los mismos. Estas nuevas estructuras, sin embargo, pueden tener impactos insospechados que deben luego readecuarse a las distintas lógicas municipales. En otros casos los nuevos ‘insumos’ permiten realizar acciones para las cuales el gobierno local presentaba un déficit o directamente carecía de capacidades o iniciativas de intervención” (Andrenacci, Neufeld y Raggio, 2000: 18).

En la gestión Duhalde se dio una impronta peculiar a la tendencia imperante en esos años de focalizar el gasto social. Atrás quedaron modelos de gestión como el ATAMDOS, pero de todas formas existió una visible vocación innovadora. El Plan VIDA, diseñado en 1994 con el objeto de reducir las tasas de desnutrición y de mortalidad materno-infantil mediante la provisión diaria de leche y productos básicos de la canasta familiar, asistió a mujeres embarazadas y menores de 6 años que vivían en situación vulnerable, e incluyó entre otras acciones los controles sanitarios. La principal originalidad del Plan consistió en la movilización de miles de mujeres que asistían a las y los beneficiarios, convirtiéndose en líderes barriales. “Las manzaneras organizaban a los vecinos y a partir de esta red humana impulsaban capacitaciones y diversas acciones sociales. Su rol fue importante para simplificar la implementación de las políticas públicas en los barrios y para acercar a los vecinos a los gestores públicos”. Aritz Recalde (2019) resume la estrategia del Plan en tres módulos: sanitario, nutricional y de organización comunitaria. En el primero, “se desarrolló una red de asistencia a niños y a embarazadas y se capacitó a la mujer gestante. Se fortaleció la tarea de la familia y de la comunidad en el control del niño recién nacido. El Plan vinculó las necesidades de los vecinos con las unidades sanitarias, los hospitales y con los servicios de emergencia. El programa difundió los planes de vacunación y las campañas para prevenir enfermedades”. En lo nutricional, “el Plan distribuyó alimentos frescos y secos a los niños menores de 5 años y a mujeres embarazadas. La ración era de medio litro de leche fresca diaria –y en polvo para el interior–, tres huevos y de manera rotativa se entregaban un kilo de arroz, harina o fideos semanal. Se distribuía un kilo de azúcar mensual. Se reforzaba la cantidad de leche en los bebes de 6 a 12 meses. Se capacitó a las familias en normas de higiene y manipulación de alimentos”. Respecto de la organización comunitaria, Hilda ‘Chiche’ González de Duhalde sostuvo que esas políticas “tratan de fomentar las capacidades locales para lograr la sustentabilidad más allá del apoyo del Estado, implicando la formación de funcionarios, técnicos locales y líderes comunitarios” (González de Duhalde 2002: 92)”.

En 1997 se lanzó un subprograma del Plan VIDA denominado Plan Comadres, que buscó brindar información y colaborar con el control sanitario de las embarazadas beneficiarias del Plan VIDA, pero también “capacitaba a las mujeres en el cuidado de los niños menores y en los ‘riesgos de la primera infancia, significación del juego, lenguaje y creatividad’” (Recalde, 2019). “De esta manera, gran parte de la línea de acción referida al control de la salud quedó en manos de las comadres. La última línea de acción que postulaba el programa se refería a la promoción comunitaria, en este sentido, se buscaba conformar una red social con capacidad para detectar las problemáticas sociales y para canalizar las soluciones” (Dallorso, 2008: 4).

Hacia 1999 el Plan VIDA contaba con 35.000 trabajadoras vecinales y llegaba a un millón de beneficiarios y beneficiarias en las localidades de más de 20.000 habitantes de la provincia (Recalde, 2019; Andrenacci, Neufeld y Raggio, 2000).

Los planes VIDA y Comadres se reforzaron con un fuerte impulso del Programa Materno Infantil, que incluía el aporte de medicamentos y una serie de programas sociales y nutricionales vinculados al mismo grupo etario. “Fue destacable la decisión de incluir a más de trescientas obstétricas, cuya función básica era la de realizar el control del embarazo de bajo riesgo. Tuvo un problema: los recursos humanos (pediatras, obstétricas, neonatólogos y enfermeras) se designaron como becarios. La asignación regular de medicamentos por parte del programa, que implicaba un importante aporte a los municipios, se encontró potenciada por la baja de costos en las adquisiciones por parte de los gobiernos locales y algo de fabricación de monodrogas por fuera de los circuitos de comercialización. El problema de todo el proceso fue lo limitado de los recursos y la crisis económica” (Medina y Narodowski, 2015: 45).

 

Gestión hospitalaria

En la zona sur del conurbano bonaerense, durante la gestión de Mussi se pusieron en marcha el Hospital Zonal de Agudos Mi Pueblo en el partido de Florencio Varela, el Hospital General de Agudos Evita Pueblo del partido de Berazategui y el Hospital Zonal General Doctor Arturo Oñativia, en el partido de Almirante Brown. También se reformó el Hospital Zonal General de Agudos Doctor Isidoro Iriarte.

En su último discurso de apertura de las sesiones legislativas provinciales, Eduardo Duhalde (1999) manifestó la importancia que se le dio a los hospitales en la gestión sanitaria: “En materia de salud, iniciamos una gran tarea de recuperación y equipamiento de la red hospitalaria, especialmente en el Gran Buenos Aires. Aquí, en cuarenta años, se construyó sólo un hospital, a pesar de que la población se había triplicado. Nosotros, en ocho años, construimos trece grandes hospitales.[11] (…) Para que cada bonaerense pueda disponer de una cama en caso de internación, destinamos 80 millones de pesos a la ampliación y remodelación de nosocomios, entre obras que ya realizamos y otras que están en ejecución”. El gobernador saliente intentó también señalar la agenda a futuro: “Fortalecida la red hospitalaria, deberemos ahora focalizar nuestros esfuerzos en la reforma del sistema integral de salud, una transformación que se encuentra actualmente en estudio”. De todas formas, y pese a los distintos intentos parciales implementados, esa reforma integral sigue siendo una materia pendiente.

 

SIDA

A fines de la década de 1980 y principios de 1990 el SIDA experimentó en el mundo un crecimiento geométrico. En la provincia de Buenos Aires no solamente hubo un fuerte aumento en la cantidad de pacientes registrados, principalmente en los grandes núcleos urbanos de la provincia, sino que se estimaba un importantísimo subregistro de portadores que se estimaban en aproximadamente 20 veces más que los registrados. A mediados de la década de 1990 las estadísticas verificaban una disminución de la edad promedio de los y las pacientes y el incremento del SIDA pediátrico, fundamentalmente en el grupo de menores de 5 años, de los cuales una amplia mayoría se contagiaba por vía vertical.

En mayo de 1990 se había creado el Programa Provincial de Prevención y Control de la Inmunodeficiencia Humana, y en marzo de 1994 se sancionó la Ley 11.506 que estableció normas para prevención, control y tratamiento de las enfermedades producidas por el VIH, cuyo organismo de aplicación fue el Ministerio de Salud. Durante la gestión de Mussi, el Programa comprendía dos áreas: una preventiva, con el Subprograma de Educación y Prevención (SEP) de la infección por HIV; y otra Asistencial. El SEP tenía como objetivo generar la toma de conciencia de la población ante la epidemia a través de la implementación de un programa educativo, para generar en la comunidad comportamientos saludables y acciones preventivas que evitaran el contacto con HIV, junto a una ideología basada en la solidaridad social y la antimarginalidad. Se implementaban para ese fin acciones de información y difusión para la población general; determinación de grupos focales, priorizando a mujeres, jóvenes, niñas, niños y personal de salud; educación mediante talleres participativos, formando agentes multiplicadores, líderes barriales y educación sistemática; movilización social para concientizar a toda la población como grupo vulnerable. La otra área a través de sus redes –asistencial, de salud mental, laboratorios y hemoterapia– conformó una estrategia destinada a conectar efectores para lograr intercambios y colaboración plena y directa entre los niveles central, regional y periférico: la red consistió en una estructura piramidal de centros sanitarios de complejidad creciente.

 

Diabetes

En diciembre de 1994 se sancionó la Ley 11.620 que estableció que las y los habitantes de la provincia de Buenos Aires que padecieran de Diabetes gozarían de provisión gratuita de insulina e hipoglucemiantes orales, de tiras reactivas para el control glucémico y glucosúrico o práctica gratuita de los análisis bioquímicos, y de material descartable para la administración de insulina. En cumplimiento de esa norma, en 1996 se creó el Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Paciente Diabético de la Provincia de Buenos Aires (PRODIABA), que brinda herramientas que permiten un adecuado control de su patología: asistencia médica, insumos farmacológicos y no farmacológicos, capacitación del equipo de salud y educación de pacientes y familiares. Fue “uno de los primeros programas especiales destinados a patologías crónicas de alta prevalencia y tratamiento ambulatorio”. Amén de su ya larga trayectoria, desde su inicio “fue un programa de referencia en la propia provincia de Buenos Aires, en otras provincias del país e incluso a nivel nacional” (Orchuela, 2008).

 

Comunidades saludables

Además de la reforma constitucional y las leyes ya mencionadas, en el período 1991-1999 hubo otros cambios relevantes en el marco normativo provincial, principalmente en lo referido a la promoción de conductas saludables en la población. En 1992 se sancionó la Ley 11.241, por la que se prohibió “fumar y expender cigarrillos y demás productos derivados del tabaco en los efectores de salud del Subsector Público en áreas destinadas a prácticas o acciones del fomento, protección, recuperación y rehabilitación”. La Resolución 3.890/94 que reglamentó la ley hizo extensiva la prohibición a los agentes dependientes de la Administración Pública Provincial.

En conjunto con la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) y la Universidad Nacional de la Plata, el Ministerio impulsó la sanción de una ley de desgravaciones impositivas a industrias que producían alimentos con fórmulas en las que se sustituían de los comestibles las grasas nocivas para la salud por otros lípidos que descienden los niveles de colesterol en la sangre.

En cuanto a los accidentes de tránsito, el Ministerio provincial elaboró proyectos de ley para modificar las normas concernientes a la responsabilidad o culpabilidad de quienes hubieran asumido riesgos de daño previsible a otras personas. También formuló proyectos para la introducción de modificaciones en las pautas relacionadas con la publicidad que apuntaban a las esferas psíquica y social como técnicas de marketing, privilegiando en ellas como valor la seguridad, y no la velocidad o la potencia de los vehículos; y el respeto de las normas de tránsito, y no una garantía de fábrica para asegurar la impunidad de quienes las violentaran (Honorable Senado de la Nación, 1999).

El Ministerio de Salud también impulsó el programa CARMEN (Conjunto de Acciones para la Reducción Multifactorial de las Enfermedades No transmisibles) con el objetivo de promover la adopción de cambios positivos para la salud en los estilos de vida; y de crear condiciones ambientales físicas y sociales capaces de soportar tales cambios: “hacer fáciles las opciones saludables”. Las intervenciones buscaban: reducción del tabaquismo; incremento de la actividad física; prevención de accidentes; reducción del alcoholismo; prevención de las drogadicciones; promoción de hábitos dietéticos saludables; y actitud hacia el uso preventivo de los servicios de salud.

 

Aciertos y tensiones

Para Carlos Soratti (2020): “Mussi era un gran intendente. Tenía una visión muy política de la gestión, mucha distancia. El fantasma de Ginés[12] a Mussi lo enloquecía. Había una confrontación de hecho importante, porque Ginés había dejado una vara muy alta en gestión de salud en la Provincia”. Según Santiago Spadafora (2020), “Duhalde no deja a Ginés en el cargo, que había hecho cosas muy buenas, y empieza a probar a distintos ministros. Eso genera una crisis en el sector. Entonces lo convencimos al doctor Mussi de que él podía liderar el proceso de transformación que necesitaba la provincia de Buenos Aires. Con Mussi hubo mejoras en cosas que perduran aún hoy”. Por su parte, Arnaldo Medina (2020) recuerda: “Cuando Duhalde y Chiche lo hacen renunciar a Pacheco, Chiche se hace cargo de Desarrollo y se fortalece el Plan VIDA. Mussi era muy funcional al Plan VIDA. Fue una etapa de gloria de la salud pública, por el financiamiento que tuvo. Ahí estaba el Ente del Conurbano. Hay un aporte extraordinario para salud y atención primaria. Se plantea lo de las obstétricas en el primer de atención. Hubo una designación de 300 obstétricas y se designa mucha gente con los fondos del Ente del Conurbano. También se hizo mucho en equipamiento, insumos y medicamentos. Y los hospitales estuvieron muy bien. Mussi llegó a tener un 12% del presupuesto provincial. Hoy es del 6%. Lo que hizo Mussi fue peronismo. Apoyó los hospitales y la enfermería. En ese sentido fue bueno. Los coordinadores de las regiones volvieron a tener peso político. Salud en ese momento vistió con APS al Plan VIDA”.

Las gestiones de Salud de la Provincia de Buenos Aires durante la Gobernación de Eduardo Duhalde se enfrentaron a un progresivo deterioro de la situación laboral que afectaba la vida de las personas y reducía el financiamiento de los servicios de salud. Aún en ese marco, lograron en varios sentidos contribuir a un fortalecimiento del sistema provincial.

 

Referencias bibliográficas

Andrenacci L, MR Neufeld y L Raggio, coordinadores (2000): Elementos para un análisis de programas sociales desde la perspectiva de los receptores. Los Polvorines, UNGS.

Chiara M (2019): La salud gobernada: política sanitaria en la Argentina 2001-2011. Los Polvorines, UNGS.

Chiara M y M Di Virgilio (2001): “Las políticas sociales en el Gran Buenos Aires en los noventa. Algunas reflexiones acerca del régimen local de implementación”. Quivera, Revista de Estudios Territoriales de la Universidad Autónoma del Estado de México, 4.

Codagnone F y M Fontela (2020): “La política de salud en la Provincia de Buenos Aires durante el regreso de la democracia”. Movimiento, 28.

Codagnone F y M Fontela (2020b): “La política de salud de Ginés González García en la Provincia de Buenos Aires”. Movimiento, 28.

Danani C, M Chiara y J Filc (1997): El papel del fondo de reparación histórica del conurbano bonaerense en la reproducción de los sectores populares de la Región Metropolitana de Buenos Aires: una aproximación macroinstitucional. Los Polvorines, UNGS.

Duhalde E (1991): Mensaje de asunción del gobernador Duhalde. La Plata, HSPBA.

Duhalde E (1992): Discurso de Apertura de Sesiones Legislativas. www.senado-ba.gov.ar/Legislativa_Sesiones/DiariosDeSesiones.

Duhalde E (1993): “Discurso ante la Asamblea Legislativa”. En Senado Bonaerense, Diario de Sesiones, 3-5-1993.

Duhalde E (1996): “Discurso ante la Asamblea Legislativa”. En Senado de Buenos Aires, Diario de Sesiones, 1-3-1996.

Duhalde E (1999): “Discurso ante la Asamblea Legislativa”. En Senado de Buenos Aires, Diario de Sesiones, 1-3-1999.

Erbetta M (2010): “La reconversión del estado durante la primera gobernación de Duhalde en la provincia de Buenos Aires”. Trabajo y Sociedad, 16.

Ferrari M (2013): “Eduardo Duhalde antes del duhaldismo. Trayectoria individual y transformaciones partidarias (1983-1991)”. Nuevo Mundo Mundos Nuevos.

González de Duhalde H (2002): El Plan Vida. Buenos Aires, Temas.

Honorable Senado de la Nación (1999): Informe sobre desarrollo humano en la Provincia de Buenos Aires 1999. Buenos Aires, HSN.

Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires (2002): Informe sobre desarrollo humano en la Provincia de Buenos Aires 2002. La Plata, HSPBA.

Medina A y P Narodowski (2015): Estado, integración y salud. La gestión en Red de un hospital público. Buenos Aires, Imago Mundi.

Medina A, comunicación personal, 3 de noviembre de 2020.

Ministerio de Salud (2010): Plan Quinquenal de Salud 2011-2015. La Plata, MSPBA.

Moreno GR (2019): “Luces y sombras a 25 años de la reforma constitucional en la Provincia de Buenos Aires”. Palabras del Derecho, 22-9-2019.

Orchuela J (2008): “Acceso y Programas de suministro de medicamentos y vacunas del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires desde los años 90”. V Jornadas de Sociología de la UNLP, La Plata, UNLP.

Perrone N y L Teixidó (2007): “Estado y salud en la Argentina”. Revista de la Maestría en Salud Pública, 10.

Recalde A (2019): “El Plan Vida, las manzaneras y el potencial transformador de la organización vecinal”. Zoom, 19-7-2019.

Recalde A (2019b): “Las políticas de Salud Pública del gobernador Antonio Cafiero”. Movimiento, 16.

Recalde A (2021): “Reparación histórica en la provincia de Buenos Aires: el Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense”. Movimiento, 30.

Recalde A (2022): “La economía bonaerense durante la gobernación de Eduardo Duhalde”. Movimiento, 38.

Soratti C, comunicación personal, 20 de noviembre de 2020.

Spadafora S, comunicación personal, 15 de julio de 2020.

Torres R, N Jorgensen y M Robba (2020): Mitos y realidades de las obras sociales. Buenos Aires, ISALUD.

 

[1] En esa reforma constitucional se otorgó protección al orden constitucional y democrático; se establecieron nuevos derechos y garantías, tales como la prohibición de la discriminación, la igualdad de oportunidades, el derecho a la vida desde la concepción, el derecho a conocer la identidad de origen, a la información y a la comunicación, a la gratuidad de los trámites judiciales, a la interposición del Habeas Corpus, a la acción de amparo y de Habeas Data; se reconocieron nuevos derechos sociales: a la vivienda única, a la salud, a que toda persona con discapacidad tenga protección integral del Estado; se establecieron derechos laborales: al trabajo, a la asociación sindical, a la seguridad social, a una retribución justa, a una jornada limitada, al descanso semanal, a igual remuneración por igual tarea, al salario mínimo vital y móvil, y al fuero sindical; se consagraron derechos: de la Familia, de la Niñez, de la Juventud, de la Mujer, de la Discapacidad, de la Tercera Edad, de los indígenas y de los consumidores y los usuarios; se estableció que el Estado provincial debe reconocer y proteger a las entidades intermedias y a los colegios profesionales, contribuir al sostenimiento de los partidos políticos, fomentar la investigación científica, preservar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico y urbanístico, reconocer a la educación como una responsabilidad indelegable, y comprometerse a preservar y conservar los recursos naturales; respecto al funcionamiento de sus instituciones: se admitió la reelección del gobernador y vice, se creó el fuero contencioso administrativo y la Policía Judicial, el Consejo de la Magistratura, el Defensor del Pueblo y un Tribunal Social de Responsabilidad Política (ver Moreno, 2019).

[2] El artículo 40 de la Ley nacional 24.073 establece: “La recaudación del impuesto a las ganancias se distribuirá de la siguiente forma: un diez por ciento al Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense, a ser ejecutado y administrado por la Provincia de Buenos Aires. Los importes correspondientes deberán ser girados en forma directa y automática”.

[3] “Con presupuesto del Fondo y del gobierno español se edificaron los establecimientos ‘Domingo Mercante’ en José C. Paz, ‘Arturo Oñativia’ en Almirante Brown, ‘Héroes de Malvinas’ en Merlo y ‘Carlos Bocalandro’ en la municipalidad de Tres de Febrero. Con recursos y ejecución del Fondo se construyeron o ampliaron los hospitales ‘Mariano y Luciano de la Vega’ en Moreno, ‘Evita Pueblo’ en Berazategui, ‘Cecilia Grierson’ en Presidente Perón, el ‘Municipal’ de Tigre y se finalizó el hospital ‘Mi pueblo’ de la localidad de Florencia Varela” (Recalde, 2021).

[4] “A nivel mundial, el eje planteado por los organismos internacionales era la separación de las funciones de financiación de las de provisión de los servicios, con el objetivo de lograr tanto la eficiencia técnica como la eficiencia asignativa. Esto significaba elegir las intervenciones más efectivas en términos de costo respecto a la salud pública, debido a la escasez de recursos existentes en los países supuestamente en vías de desarrollo y recrear formas mercantiles de gestión de la salud. El informe Invertir en Salud del Banco Mundial (1993) tuvo una influencia trascendente en muchos de los decisores políticos en el mundo entero y dejaba esa impronta. En concreto, se planteaba la disminución del gasto social, bajo el pretexto de que los servicios de salud eran ineficientes, burocráticos y deficitarios. Se proponía la restricción de servicios para la mayoría de la población y la aplicación de programas focalizados sobre grupos vulnerables” (Medina y Narodowski, 2015: 39).

[5] “El decreto 578/93 le da forma a una de las propuestas, mediante el concepto de hospital público de autogestión, como persona jurídica capaz de tener un gerenciamiento propio, facturar y cobrar a terceros pagadores, etcétera. Este esquema –según el enfoque– garantizaría una mayor racionalidad y prepararía a los hospitales para posteriores reformas en el financiamiento público basados por ejemplo en esquemas por producto hospitalario, como ocurría en la mayoría de los países europeos. Paralelamente se dicta la resolución 4/93 que crea el Registro Nacional de Hospitales Públicos Autogestionados y la resolución SS131/93 del formulario de acreditación de los HPA, que en realidad deja en evidencia la poca posibilidad de aplicación del decreto 578/93” (Medina y Narodowski, 2015: 40).

[6] Según Perrone y Teixidó (2008: 42) estas reformas generaron “un quiebre dentro de la tradición de reformas, ya que fue el paso inicial para el abandono del esquema solidario que había predominado hasta entonces. Desde la perspectiva sustentada en el Decreto 9/93, la suerte de una obra social dependía de su eficiencia y capacidad para financiarse, de lo contrario debía fusionarse, asociarse o integrarse en otras entidades. La migración de afiliados de elevados ingresos hacia los sistemas de medicina privada prepaga o hacia obras sociales prestigiosas (‘descreme’), o la situación inversa de afiliados de bajos aportes solicitando su ingreso en procura de cobertura (‘selección adversa’), desvirtuó en buena medida la libertad de elección y generó la creación de mecanismos para evitar los riesgos emergentes de desfinanciación, ya sea porque se iban los ricos o porque venían los pobres. La autorización de crear planes diferenciados dentro de las obras sociales, y la creación del Programa Médico Obligatorio, PMO, estableciendo las prestaciones mínimas que toda institución aseguradora debía brindar a los afiliados, completaron la fragmentación y la inequidad dentro del sistema de seguridad social”.

[7] A nivel nacional, Pacheco luego estuvo a cargo de la coordinación de la Comisión Nacional de Políticas de Familia y fue subsecretario de Planificación, Prevención y Asistencia de la ex Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción. En el área de seguridad social fue titular de la obra social provincial (Instituto Obra Médico Asistencial, IOMA) y del Consejo Nacional de Obras Sociales Provinciales, y gerente regional de la ANSES en la provincia de Buenos Aires. En enero de 2003, cuando era presidente interino Eduardo Duhalde, Pacheco asumió como el primer presidente del PAMI electo por el voto directo de los jubilados y las jubiladas. Su mandato fue interrumpido en julio de ese mismo año, con la intervención decretada por el presidente Néstor Kirchner.

[8] Según Duhalde (1993), “después de muchos años de abandono de las obras, terminamos e inauguramos el hospital Mi Pueblo, de Florencio Varela. Empezamos el Materno Infantil, de Berazategui, el Bocalandro, de Tres de Febrero, Héroes de Malvinas, de Merlo; Domingo Mercante, de José C. Paz; Oñativia, de General Sarmiento; el de General Pacheco, en Tigre y el de San Fernando. Se iniciarán en este año legislativo el Materno Infantil, de Guernica; los zonales de Quilmes, Berazategui, Almirante Brown y Florencio Varela; el de González Catán, en la Matanza y el Materno Infantil, de Lomas de Zamora. Estas obras significan un incremento para el trienio de más de mil quinientas nuevas camas. Otros importantes hospitales están con obras de reparación y mantenimiento, entre ellos el Diego Paroissien, de La Matanza, donde terminamos definitivamente con su larga historia de inundaciones. Por intermedio de sus respectivas cooperadoras estamos reparando, ampliando y equipando los hospitales: General Belgrano y Eva Perón, de San Martín; Petrona de Cordero, de San Fernando; de Odontología y Ortodoncia, de Vicente López; Doctor Jorge, de Burzaco; Iriarte, de Quilmes; de Ezeiza, en Esteban Echeverría; Fiorito y Presidente Perón, de Avellaneda; el Centro Zonal Oncológico y el Hospital Vecinal Melo, en Lanús; el Gandulfo, de Lomas de Zamora; Doctor Güemes, de Morón; Doctor Carrillo, de Tres de Febrero y los hospitales Doctor Rossi, Sor María Ludovica y General San Martín de La Plata. La inversión total en estas realizaciones es de 55 millones de pesos. En materia de salud y acción social se encaró la puesta a punto de mil unidades sanitarias, seiscientas en el Conurbano y cuatrocientas en el interior. En otros treinta y tres hospitales se realizaron obras de infraestructura, se habilitaron nuevos sectores y se está avanzando en el proceso de reequipamiento. Este plan de obras de infraestructura sanitaria para toda la provincia significa una inversión de 150 millones de pesos para este año: otros 150 para 1994 y 45 millones para 1995. Hemos puesto el acento en perfeccionar el cuidado materno infantil, con una meta concreta: reducir la mortalidad infantil. Actualmente es del 23 por mil y tenemos el firme propósito de reducirla al 18 mil durante los dos próximos años. Buenos Aires será la primera provincia del país en contar con fondos del Banco Mundial a través del Programa Nacional Materno Infantil para asistir a ochocientos cincuenta mil niños, madres y embarazadas en el primer año de su ejecución. La provincia ha creado un fondo para trasplantes de órganos, dos centros de ablación, que hasta hoy han realizado noventa operativos y ha fortalecido la acción del CUCAIBA. El Estado asume así el cuidado de la vida de quienes, en situaciones límites, no cuentan con los medios necesarios y no pueden estar esperando el socorro aleatorio de la propia comunidad. Con el firme propósito de revertir la crisis en el área de la salud pública y, como las deficiencias del servicio atañen también a los recursos humanos, el Ministerio de Salud y Acción Social es el único exceptuado de los criterios de racionalización aplicados en todo el ámbito de la administración pública. La capacitación de los profesionales se realiza en las Escuelas de Enfermería con que cuenta cada uno de los hospitales municipales y provinciales, y no se habilitará ningún nuevo nosocomio sin su respectiva Escuela de Enfermería”.

[9] Posteriormente, Mussi fue secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior de la Nación (2002-2003). Fue elegido intendente municipal de Berazategui en 2003, cargo que ya había ocupado entre 1987 y 1994. Fue reelecto en 2007 y en 2019. Entre 2010 y 2013 fue secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. También fue concejal y diputado provincial.

[10] “Los ya inaugurados: Mi Pueblo de Florencio Varela; Evita Pueblo de Berazategui; y Domingo Mercante de José C. Paz. Y también los que estaremos inaugurando próximamente: el de Almirante Brown, en abril; el de Merlo, en junio; y el de Tres de Febrero, en julio. A esta red se sumará también el nuevo hospital Luciano y Mariano de la Vega de Moreno, ya terminado, en una zona donde no se construían hospitales desde hacía noventa años” (Duhalde, 1996).

[11] “Ocho en el Gran Buenos Aires, con una clara orientación materno-infantil: Domingo Mercante de José C. Paz; Arturo Oñativia de Almirante Brown; ‘Héroes de Malvinas’, de Merlo; ‘Carlos Boccalandro’, de Tres de Febrero; ‘Evita Pueblo’, de Berazategui; ‘Mariano y Luciano de La Vega’, de Moreno; ‘Cecilia Grierson’, de Presidente Perón; ‘Mi Pueblo’, de Florencio Varela. Y cinco en la Provincia Interior: los hospitales de Monte Hermoso y de Olavarría, y están para terminarse los de Vedia, Salto y San Cayetano” (Duhalde, 1999).

[12] Se refiere a Ginés González García, quien había sido ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires entre 1988 y 1991 (Recalde, 2019b; Codagnone y Fontela, 2020b).

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