Se mintió entonces, y se sigue mintiendo contra el peronismo, con argumentos que ni siquiera se toman el trabajo de probar. La extraña y nunca bien investigada caída del gobierno peronista en 1955 tuvo argumentos a posteriori que no resisten la investigación histórica seria. Como lo han probado Jauretche, Scalabrini, Pepe Rosa, Fermín Chávez o Abelardo Ramos, entre nosotros, o investigadores extranjeros como Joseph Page, Gillespie, etcétera, ninguno de estos argumentos –hoy repetidos por supuestos politólogos en esta nueva oleada antiperonista– justificaban un golpe de Estado que modificó el curso de la historia de las últimas décadas.
El falso conflicto con la Iglesia
Mucho se ha hablado –y poco se ha investigado– sobre el conflicto del peronismo y de Perón con la Iglesia. En realidad, se trató del enfrentamiento de algunos prelados de la jerarquía católica argentina con el peronismo, y no mucho más que eso: el enfrentamiento cerril de los sacerdotes Manuel Tato y Ramón Novoa, más políticos de la oposición vinculados al catolicismo y que habían fundado, en julio de 1954, el Partido Demócrata Cristiano, más la consabida irritación que provocaba en algunos sectores medios vinculados a la Iglesia el advenimiento del poder de los trabajadores y las trabajadoras.
El artículo 2 del capítulo 1 de la Constitución de 1949 decía que “el Gobierno Federal sostiene el culto católico apostólico romano”. El peronismo había promovido la ley que introducía la enseñanza religiosa en las escuelas. A ello se suman los dichos del padre Hernán Benítez, quien había llevado un extenso documento de Perón dirigido al papa Pío XII. Daba cuenta el padre Benítez del agradecimiento del papa hacia Perón y el peronismo, “por su eficacia en su acción obrerista que conjuró el peligro del comunismo en la Argentina, señalada para cabecera de puente del comunismo americano”. Entonces, ¿dónde está el conflicto con la Iglesia? La reacción de la Iglesia tuvo un origen y un desarrollo políticos, más –mucho más– que religiosos. Hay un dato que –por eso de las no casualidades junguianas– no quisiera pasar por alto: la Acción Católica tuvo una participación activa en todo aquel conflicto. Tanto que el gobierno peronista le quita la personería jurídica. Hay una pregunta incómoda: ¿esa Acción Católica, enemiga acérrima del peronismo fundacional, no es la misma que en los setenta empollaría a los jefes de la organización político-militar Montoneros, Firmenich, Ramus, Mazza, etcétera, que frustraron a Perón, al gobierno peronista y a una generación entera?
El argumento de “evitar una guerra civil”
Otro de los argumentos para explicar “lo que pasó” en 1955 fue el de evitar una guerra civil. En muchas declaraciones públicas y escritos, Perón reconoció que el golpe setembrino era controlable, pero que, atento al grado de violencia a que había llegado la oposición, prefirió dejar el gobierno para “evitar una guerra civil”. Que habría acarreado al país una destrucción similar a la de España, solía agregar. Para darle todavía un tinte filosófico, agregaba: “entre la sangre y el tiempo, preferí el tiempo”.
No parece que el país estuviera al borde de una guerra civil en 1955. Comparando con España –el país más cercano y familiar y que sufrió casi contemporáneamente una guerra civil– en nuestro país se trataba de una rebelión armada, de una asonada contra un gobierno civil legalmente constituido que no pudo o no quiso ser sofocada. En España la situación era totalmente distinta, por diversas razones: en 1936 ya la lucha enconada fue entre la izquierda del Frente Popular Comunista y la derecha del Frente de la Contrarrevolución, y en Argentina el peronismo tenía el poder militar de su lado, especialmente el Ejército; en España hay parte de la población civil armada por el gobierno republicano, y en Argentina Perón se había negado a armar a los obreros desde el episodio de Evita en 1951 y 1952, cuando mandó comprar armas a través de la Fundación Eva Perón, hasta el pedido de los obreros de armarse para reprimir a los autores del bombardeo a civiles, en su intento de matar a Perón; la guerra civil española es un banco de pruebas de la gran guerra mundial que estalla pocos años después, y participan activamente de una u otra manera Alemania, Italia y Rusia; nada tiene que ver Argentina con esos alineamientos, además de haber asistido a ambos bandos españoles; en Argentina, salvo Inglaterra con su ayuda a las naves de la Marina, no interviene nadie más que ese grupo golpista argentino. El comunismo español, vinculado a la Rusia estalinista, era una alternativa de poder en España; en Argentina, el comunismo –cuya participación política Perón había autorizado– era casi insignificante, como se puede ver en los votos que sacaban los comunistas argentinos en esos años.
A pesar del sacrificio de dejar el gobierno en manos de los dictadores de la “libertadora”, el mismo Perón reconoce que la guerra civil no fue evitada. Aunque embozada y limitada, fue una guerra civil. “Estamos viviendo las consecuencias de una posguerra civil que, aunque desarrollada embozadamente, no por eso ha dejado de existir”, reconoció Perón en el discurso de su vuelta al país.
El peronismo era “fascista”
Otro atajo del cual se han valido los opositores al peronismo para justificar su derrocamiento ha sido la identificación entre peronismo y fascismo, en especial en ciertos intelectuales. Es un argumento que se sigue utilizando hoy: “El fascismo se adaptó a cada país. La versión argentina fue el peronismo. Sin embargo, el fascismo en la Argentina, a través del peronismo, siempre se legitimó con elecciones” (Marcos Aguinis). “La esencia del peronismo –la sustitución del sistema demoliberal de los partidos políticos por una dictadura personal de inspiración fascista– no es de ningún modo una creación personal de Perón, sino de un sector de la Fuerzas Armadas influidas por las sectas nacionalistas” (Juan José Sebreli, Los deseos imaginarios del peronismo).
Así, una parte importante de la “intelectualidad” argentina, de antes y de ahora, sigue macaneando. Es muy interesante el fenómeno antiperonista. Ayer y hoy repite consignas sin prueba alguna. Lamentablemente, no hay del peronismo oficial ninguna defensa. Los encumbrados dirigentes peronistas no tienen tiempo de dar la batalla cultural. Y los intelectuales antiperonistas siguen mintiendo. Ni siquiera se tomaban –ni se toman– el trabajo de fundar sus afirmaciones, de contrastar una hipótesis o, como dice Altamirano –La batalla de las ideas– de considerar los hechos y abocarse a su análisis. Estos “pensadores”, que en realidad son personas mediáticas de adjetivo fácil, han hecho un daño irreparable a la verdad histórica, sobre todo a la pequeña burguesía y a cierta clase media que no tiene criterio propio y suele creer en falsos criterios de autoridad intelectual. Pero no tenían derecho, en su carácter de intelectuales, a hablar livianamente sobre el peronismo. No podían –y no pudieron– borrar de un plumazo aquellos años de historia peronista.
El historiador norteamericano Page descarta la idea del peronismo como un fascismo criollo: el peronismo no era una variante criolla del totalitarismo italiano, afirma. Alega entre –otras razones– que no desbandó a la clase obrera, como había hecho Mussolini, sino que más bien la politizó, y que tampoco se crearon instituciones tales como las asociaciones representativas de los sectores económicos sujetas al control del Estado corporativo fascista. Abelardo Ramos, con su estilo incisivo cuando critica a los intelectuales que se sumaron al coro de la “libertadora”, rechaza la posibilidad de atribuir fascismo a un “país semicolonial”. El peronismo, a diferencia del fascismo, no fue partido único, compitió en elecciones con otras fuerzas políticas y fue proscripto en la mayor parte de su existencia inicial. Tampoco el peronismo aspiró a ser una religión.
Otra característica fascista es la subordinación total de las actividades individuales de los ciudadanos al Estado y a su ideología. El justicialismo, contrariamente, tenía una planificación centralizada y una ejecución descentralizada con contralor popular y con participación en la ejecución por las provincias y los municipios. Así ocurrió con el primer y segundo planes quinquenales.
Tampoco el “culto a la tradición” del fascismo puede identificarse con el peronismo y menos –mucho menos– cualquier atisbo de racismo. Perón reconoce en forma inmediata al naciente Estado de Israel. El Partido Comunista fue reconocido legalmente y sus afiliados votaban normalmente en las elecciones. La inmigración desde una Europa famélica y destruida rompía cualquier atisbo de racismo o exclusión.
La economía en el segundo gobierno de Perón había implosionado
Falso. La situación económica al promediar el segundo gobierno peronista era buena. Las dificultades que enfrentaba el gobierno eran todas superables. La sequía que había complicado las exportaciones, el endeudamiento del IAPI, la falta de inversiones externas, la falta de participación argentina en las ventajas del Plan Marshall, todas eran contingencias superables en el corto o mediano plazo. Es falso por tanto que el ciclo económico de bonanza estuviera terminado o que las dificultades económicas fueran tales como para justificar el golpe de Estado. Las políticas económicas propiciadas por Perón en su segundo gobierno desaceleraron la inflación, incrementaron el salario real y mejoraron la balanza de pagos de la Argentina, según dice un informe de la embajada norteamericana al Departamento de Estado del 22 de abril de 1954. En la primavera argentina de 1954, la crisis económica daba un respiro, el control político que mantenía Perón parecía tan seguro como siempre y el prestigio internacional del líder nunca había estado tan alto. Las relaciones con Estados Unidos mejoraban, las negociaciones tendientes a los convenios petroleros avanzaban lentamente y el gobierno argentino estaba a punto de obtener del Banco de Exportación e Importación de Washington un crédito de 60 millones de dólares para financiar la compra de equipos para una acería, según Page. El 25 de abril de 1955, el gobierno firmó con la Standard Oil un importante contrato para la explotación de una amplia zona en el territorio patagónico de Santa Cruz.
La inflación fue controlada por una estricta administración del crédito y congelando precios y salarios. Si bien hubo un bajón en el nivel salarial en los años cincuenta, la calidad de vida de la clase trabajadora permaneció muy por encima de la que tenía en 1943. Entre 1943 y 1949, los salarios reales de las trabajadoras y los trabajadores industriales subieron un 50% a 60%, y entre 1946 y 1949, la participación de la clase trabajadora aumentó de un 40% a un 49% de la renta nacional.
La segunda parte del gobierno debía ser de profundización de las medidas económicas revolucionarias tomadas hasta 1955. Se necesitaba más tiempo para consolidarlas, al menos los tres años que faltaban para terminar el mandato en 1958, y haría falta un nuevo período, ya que seguramente el peronismo habría ganado de nuevo las elecciones. Todo eso fue frustrado por el inicuo golpe de Estado.
Fermín Chávez piensa que la contrarrevolución de 1955 no fue gestada en 1954: no nació con el negocio petrolero iniciado con la Standard Oil, ni en el conflicto con la Iglesia argentina. La confabulación venía tomando cuerpo desde la segunda mitad de 1950 y principios de 1951, a través de los trabajos que realizaban en el Ejército Pedro Eugenio Aramburu, Luis Leguizamón Martínez, Benjamín Menéndez, Eduardo Lonardi y José F. Suárez.
Abelardo Ramos, en La era del peronismo, plantea el descarnado fracaso del país –y en cierto modo el del peronismo inconcluso– a partir de 1955: “Si la Revolución Libertadora implica un retroceso, aunque en modo alguno el retorno al punto de partida, o sea el 3 de junio de 1943, tampoco llega la oligarquía a realizar su programa hasta el fin. El crecimiento del país y los grandes intereses industriales creados impiden esos propósitos de Rojas. De ahí que los libertadores se sientan tan frustrados como los peronistas. Ni la vieja Argentina ni la nueva logran vencerse de modo completo”.
Share this content: