La guerra de Malvinas nos dejó un saldo final del que, al parecer, muchos compatriotas no tienen conciencia: la derrota obligó al comandante en operaciones, general Mario Menéndez, a firmar la “rendición incondicional”. Ese hecho no significó que fuera solamente la fuerza combatiente la que había perdido, sino que quien había perdido era la República Argentina, y por lo tanto la responsabilidad de sus costos y obligaciones, según el vencedor, los debía pagar el país: es lo que está ocurriendo desde entonces.
Los responsables directos integraban la Junta Militar, la que con Martínez de Hoz nos habían incorporado al proyecto neoliberal, comenzando el proceso desindustrializador, de endeudamiento externo y de entrega de la soberanía. Esa misma Junta –o su continuadora– fue la responsable del país hasta el 10 de diciembre de 1983, cuando esa posta la asume el presidente Raúl Alfonsín, elegido democráticamente por la mayoría del pueblo. El nuevo presidente asumió el mandato con todas sus implicancias: también la deuda externa y los costos de la derrota en la guerra, así como la continuidad del modelo dependiente.
Comúnmente, los analistas de la política, criticando al neoliberalismo, analizan la realidad a partir de la Dictadura Militar en adelante, responsabilizando de todas las dificultades a partir de 1976 a Martínez de Hoz y, a continuación, a “la década de los ‘90”, que tuvo la impronta del gobierno de Carlos Menem. Pero omiten mencionar a Raúl Alfonsín y a la continuidad de la convertibilidad del menemismo con Fernando De la Rúa en el devenir político y económico de nuestro país.
Hay que decir que, si Alfonsín no cumplió el mismo papel que Menem, fue porque tuvo al peronismo y al Movimiento Obrero en contra. Así, cuando quiso entregar Aerolíneas Argentinas a la SAS de Suecia, o ENTEL a Telefónica de España –en la que los ingleses tienen intereses– o meterle la mano al sindicalismo con la Ley Mucci, simplemente no pudo.
Pero lo más grave fue que Alfonsín pudo y debió denunciar la deuda externa –como al parecer le propuso en su momento el ministro Bernardo Grinspun– y no lo hizo. Por qué razón, no lo sabemos. Posiblemente, en el mejor de los casos, por la práctica de una “técnica” usual en algunos políticos de “patear para adelante los problemas”. Lo grave fue que, al reconocer la deuda, luego no se podía volver atrás.
Alfonsín –que en la interna de la UCR de 1973 se había opuesto a que Ricardo Balbín acompañara a Juan Perón siendo candidato a vicepresidente– era un socialdemócrata muy lúcido –fueron creativos de esa internacional, precisamente, quienes inventaron la consigna del “Pacto Sindical-Militar” que favoreció su triunfo. En su período presidencial comenzado en 1983, difícil por la presión militar aún vigente, Alfonsín hizo inteligentemente algo para lo que tenía el apoyo de la mayoría de los habitantes del país: juzgó a los máximos responsables represores de la dictadura, lo que le valió para posesionarse como “Padre de la democracia”. Intentó luego aplicar el “punto final” y la “obediencia debida”. Al “resignar” su cargo por adelantado, dejó el país incendiado, con 5.000% de inflación anual y con un “Plan Austral” que cuando nació suprimió tres ceros del billete. De paso, aceptó las presiones de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Israel que disponían terminar con el “Proyecto Cóndor” de Falda del Carmen, disposición que luego ejecutó Menem en 1991. Promovió la modificación de varias constituciones provinciales y le “hizo el bocho” a Menem en el secreto Pacto de Olivos para modificar la Constitución Nacional, proponiendo crear el Jefe de Gabinete como ministro coordinador, en aras de descentralizar el Ejecutivo y avanzar hacia un gobierno semiparlamentario. De esta manera, la UCR preveía quedarse con el tercer senador –como mínimo– y Menem con la “Re-Re”.
La acción de ambos presidentes fue destructiva para las Fuerzas Armadas y, al margen de los represores, dejaron al país en la indefensión, sin defensa nacional, sin marina y sin flota mercante, entre otras cosas.
Menem, con el pragmatismo que lo caracteriza y consciente de su poder, se prendió a la iniciativa de continuar el modelo neoliberal. Entre otras consecuencias, tuvo que firmar la paz con el imperio inglés, el que, con ese acto, formalizaba las obligaciones que le imponían a Argentina pagar por la derrota en la Guerra de Malvinas, que nos obligaba a continuar con el proceso de desindustrialización y a avanzar en los objetivos de Inglaterra de apropiarse de nuestras empresas, recursos naturales y territorios, y sumirnos en una mayor dependencia, posibilidad que tenía a partir del momento en que se firmara la ya mencionada “Rendición Incondicional”. Esto se expresó en los Acuerdos de Madrid de febrero de 1990 y en los de Londres de diciembre de 1990, firmados ambos por el embajador Lucio García del Solar y el canciller Domingo Felipe Cavallo.
Fernando De la Rúa debe el origen de su éxito político a su papá, importante abogado de la UCR cordobesa, que le consiguió un “conchabo” con el Presidente Illia en 1963. A partir de ahí logró instalarse como “joven brillante” en la UCR de la Ciudad de Buenos Aires. Fue entonces que el grupo de concejales de ese partido, que entonces controlaba la UCR capitalina que manejaba el distrito y que estaba comandada por Beto Larrosa de Lugano y Carlos Bello de La Boca, lo impuso como candidato a senador nacional por la Capital. Luego hizo carrera y llegó con la Alianza a presidente. En su brillante gestión trató, una vez más, de imponer una reforma laboral coimeando a algunos senadores, en lo que se llamó la “Ley Banelco”, y posteriormente desaparecieron 40.000 millones de dólares gracias al famoso “blindaje”. También dejó el país en llamas. Empezó su gobierno con dos muertos en el puente que une Resistencia con Corrientes y lo terminó con estado de sitio y más de 40 muertos.
Esta es la verdadera secuencia de nuestra historia política que los dirigentes no asumen o disimulan, en la que las Fuerzas Armadas escondieron a los “Héroes de Malvinas”. Nadie explicó los costos de esa guerra que coronamos con la entrega y el saqueo del país, perpetrados por el gobierno de los CEOS de Macri, que nos ha llevado finalmente a un atolladero de muy difícil solución.
Necesitamos que el Gobierno ejerza realmente la soberanía política, que desarrolle un plan de gobierno que dé trabajo a 45 millones de habitantes, que rediseñe el país, que logre la independencia económica y que aplique la justicia social. Para ello no necesitamos excluir a nadie, pero todos deben ajustarse a las leyes, sin privilegios.
Todo esto se logra con poder y ejerciéndolo. ¿Podremos en esta etapa?
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