Este escrito pretende narrar una serie de hechos ocurridos en un período de poco menos de 10 años que implicó enormes transformaciones en la sociedad argentina y en la universidad pública, haciendo foco en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires.
Vale señalar que, a pesar de la extensión de derechos que el primer gobierno peronista llevara a cabo en la Educación Superior (eliminación de aranceles y de trabas que impedían el ingreso masivo a estas instituciones), el estudiantado era en términos generales visceralmente reactivo a Perón. Posteriormente, durante el período comprendido entre 1956 y 1966, acorde con la proscripción del peronismo, la universidad prescindió de este movimiento, definiéndose la política universitaria entre reformistas –de izquierda– y humanistas –de una derecha más bien católica y nacionalista. En 1966 se produce un nuevo golpe de Estado y el gobierno del general Onganía interviene violentamente la universidad con el objeto de “despolitizarla”. El resultado, paradójico, es que miles de jóvenes –que hasta el momento se habían mantenido al margen de la política– se “peronizan”. Confluyen también en el peronismo, de manera inédita, sectores de la izquierda reformista y del nacionalismo católico, para construir juntos una “izquierda nacional”.
Por otra parte, este escrito quiere abrir la discusión sobre el rol y la responsabilidad de la universidad en la formación de profesionales y ciudadanos comprometidos con el futuro del país.
El contexto mundial: el 68
A comienzos de 1968 Alexander Dubcek lideró una serie de reformas con las que intentó acentuar la autonomía que tenía Checoslovaquia dentro del bloque soviético. Este proceso se intensificó a partir de abril, cuando el Partido Comunista Checo aprobó un nuevo programa de acción. Dirigentes de viejos partidos políticos, artistas y periodistas proscriptos reaparecieron en un clima de libertad y optimismo, único desde hacía treinta años. Pero la Unión Soviética no podía tolerar que la experiencia checa quedara sin castigo, si pretendía evitar que el fenómeno se replicara y expandiera en la región. Por este motivo, en la noche del 20 al 21 de agosto de 1968, seiscientos mil efectivos rusos y de otros cuatro países del Pacto de Varsovia ocuparon Checoslovaquia. En pocas horas las principales ciudades del país quedaron en poder de las tropas invasoras ante la mirada de una sociedad perpleja que todavía creía posible un “socialismo con rostro humano” como el que se había iniciado en la llamada “primavera de Praga”.
En mayo estalla en París una revuelta estudiantil, cuyo lema será “la imaginación al poder”. También desde principios de 1968 los estudiantes franceses empezaron a expresar su insatisfacción con respecto al anticuado sistema universitario que creían incapaz de ofrecer una adecuada salida laboral a un número creciente de egresados. Simultáneamente, diferentes agrupaciones de orientación anarquista, trotskista y maoísta manifestaron su oposición al capitalismo. Lideraron esta protesta los estudiantes de sociología de la Universidad de Nanterre, quienes proclamaron que la universidad debía convertirse en el centro de la revolución que se iniciaba. Poco después la revuelta se extendió a París. La intervención de la policía, violando la autonomía universitaria, provocó el rechazo general de estudiantes y profesores. Después de una semana de enfrentamientos callejeros, en la que las manifestaciones fueron reprimidas duramente, los sindicatos obreros llamaron a una huelga general para el 13 de mayo. Nueve millones de trabajadores respondieron a esta convocatoria. Los acontecimientos sorprendieron al gobierno y su respuesta fue fluctuante, oscilando entre la conciliación y la represión. Daniel Cohn Bendit, uno de los líderes de este mayo francés, señalaría luego que el mismo estaba inspirado por el pensamiento de la Reforma Universitaria argentina de 1918, utilizando textualmente algunas de sus consignas, tales como “prohibido prohibir”.[1]
Otros hechos que expresaban el clima de rebelión juvenil fueron los motines de la ciudad de Washington después del asesinato de Martin Luther King y las demostraciones en diversas partes de Estados Unidos contra la Guerra de Vietnam. Por otra parte, en México, el 2 de octubre de 1968 una protesta de estudiantes que reclamaban cambios políticos termina en una cruenta masacre, a raíz de la represión ordenada por las autoridades, en la plaza de Tlatelolco donde se encontraban manifestando (Cormick y Rabinovich, 2018). Menos de un año más tarde, el 29 de mayo de 1969, estallaría en Córdoba la revuelta obrero-estudiantil[2] recordada como el “Cordobazo”, iniciando la caída de Onganía.[3]
Todos estos fenómenos sociales tenían como base el fuerte protagonismo de la juventud, la que se sentía capaz de liderar estos cambios que se avecinaban. Juan Sebastián Califfa (2014) recurre a una frase de Juan Carlos Torre, quien había afirmado: “Hasta ese entonces había jóvenes, pero no juventud”. Marina Waisman (1984) caracteriza también esta época señalando que “esta es la década de los Beatles, del swinging London, de las minifaldas. Es la década de los hippies, de los movimientos de liberación, de las más diversas minorías, de la difusión del uso de las drogas. Y también es la época de la cultura espacial y del entusiasmo general por la gran tecnología. Es, asimismo, la década de la difusión de la semiología, del auge de la ciencia de la comunicación, de la antropología y del estructuralismo. Es, en el contexto de estas ciencias humanas, la gran década de la cultura de la izquierda”.
El advenimiento de una nueva sociedad
A pesar de las crisis internas que sufriera la Argentina, después de acabada la segunda guerra y hasta 1973, a escala mundial, se desarrolló un período que Hobsbawm (1995) denomina los “años dorados”: pleno empleo y crecimiento económico. El Estado de Bienestar y la planificación estatal estaban siendo aplicados en la mayoría de los países, capitalistas, socialistas o del “Tercer Mundo”. Esta era constituye el ascenso y apogeo de los sectores medios que acceden a una amplia oferta de consumos culturales (libros, revistas, películas, espectáculos y programas de radio y televisión) y a otros bienes materiales, como el automóvil y las vacaciones pagas.
En esos pocos años la sociedad argentina sufrió una profunda transformación: se liberalizaron las costumbres y aumentó el consumismo, pero también creció la protesta juvenil. Los jóvenes universitarios admiraban al “Che” Guevara y a Mao, leían los ensayos tercermundistas de Paulo Freire, Frantz Fanon y Eduardo Galeano, y hablaban de revolución y de movimientos de liberación nacional. Advierte Beatriz Sarlo (2001: 55) que “la introducción de la palabra ‘revolución’, que corona un giro abiertamente capitalista, dependentista, antiimperialista y antidesarrollista, junto a la legitimación-traducción de la ‘lucha de clases’, son los grandes virajes ideológicos de los cristianos radicalizados”. La cuestión para los jóvenes ya no pasaba por encontrar un régimen político que permitiera la más amplia participación de los sectores que habían estado proscriptos en el período anterior, sino por invertir las relaciones de fuerza y realizar una completa transferencia del poder. De tal modo que en los comienzos de los 70 las expresiones “cambio”, “revolución” y “liberación nacional” se incorporan al léxico cotidiano que describe un futuro que se considera próximo y para el cual es necesario prepararse. Pero también será cierto que estos términos no son utilizados con el mismo sentido por todos.
En la revista Cristianismo y Revolución (número 30, septiembre de 1971, página 4) se afirma: “En 1966, la intervención a las universidades nos empujó a abrir nuestras conciencias a la realidad del país. Al ver que manos ‘extrañas’ a la Universidad derrumbaban al aparato ‘democrático’, fuimos comprendiendo que también los problemas por los que se luchaba: limitación, represión, etcétera, tenían también causas extrañas al marco universitario: dependían de la estructura socio-económica del país”.
Diversos grupos sociales, que mantenían diferentes opiniones respecto a un número importante de factores, coincidían todos en ese entonces en el inexorable estallido de una pronta revolución. Por ejemplo, el abordaje de la investigación y de la formación universitaria dentro de esta problemática político social podía hacerse a partir de dos modelos posibles, tal como los describe Oscar Varsavsky (1975, escrito en septiembre de 1973): uno gradual (el desarrollismo) y otro revolucionario (el socialismo nacional). “Para la ideología desarrollista, existen países en un estadio superior de progreso lineal y único concebible, a quienes debemos imitar y alcanzar. Esos países nos dan las pautas de consumo, producción, Tecnología y Ciencia”, lo cual es “incompatible con los objetivos de Liberación y Justicia Social, pues produce dependencia y desempleo, y refuerza la desigualdad”. Mientras que “el Socialismo Nacional, en cambio, exige otra concepción de la Economía, que podemos llamar ‘democéntrica’ porque parte de las necesidades populares y ‘constructiva’ porque su problema estratégico es construir un sistema productivo capaz de satisfacer esas necesidades sin despilfarrar recursos ni estropear las condiciones de contorno”. En un reportaje de 1971, Gregorio Klimovsky (1975) había afirmado: “No estoy en una posición tan extrema o escéptica como la de mi amigo Oscar Varsavsky respecto de hasta dónde se puede hacer algo útil en este sentido en países neocolonialistas como el nuestro. Aclaro que no soy un ‘desarrollista’ ingenuo que cae en los extremos de afirmar que el progreso autónomo de la ciencia garantiza de por sí libertad, bienestar y prosperidad”. Luego advierte que “el cambio social en la Argentina va requerir técnicos y científicos para organizar y llevar a cabo nuevos programas”. Para enfocar su posición, el intelectual y científico Manuel Sadosky (1975) recurre a los dichos del economista reformista Carlos Quijano, quien había señalado que “no creo que haya posibilidad de una política cultural autónoma si no hay una política nacional autónoma. No creo que haya posibilidad de una política nacional autónoma que condicione y determine la autonomía de las restantes políticas, si no hay una transformación revolucionaria –con violencia o sin ella, que es un problema táctico a resolver en el tiempo y en el espacio– de las estructuras de nuestro país”.
Si en los 60 la universidad reformista y cientificista era cuestionada por los sectores conservadores por su “infiltración marxista”, una década más tarde volverá a serlo, pero esta vez desde la izquierda antiliberal nacionalista. Realizando un balance crítico de aquellos años, afirma Adriana Puiggrós (1986: 175): “Cuando arribamos a 1973, todo parecía tener que nacer de la nada. (…) La reforma de 1918 fue negada en su conjunto (inclusive sus contenidos antiimperialistas y democráticos), sin que se abriera un espacio para su crítica y superación. ‘El enfrentamiento –necesario– con el liberalismo se confundió con la democracia’ (Laclau, 1979). La autonomía, el autogobierno, la libertad de cátedra (y hasta la utopía autogestionaria que muchas veces surgió espontáneamente en las aulas de la universidad) se convirtieron en símbolos de un pasado vergonzante, negándose el carácter real de los problemas a los cuales aludían”.
En síntesis, el golpe militar que se llevaría a cabo en junio de 1966, al asumir como tarea primordial el cuestionamiento del modelo gradualista –desarrollista– vigente hasta ese momento y el rechazo a la democracia, no hizo otra cosa que inclinar la balanza hacia la otra opción del dilema: la revolución.
Rubén Dri (1991) expresa este modo particular de ver la realidad hacia comienzos de los 70 que también compartía el Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo, señalando que “lo que pasa es que yo pensaba que comenzaba la revolución”. Como señala Maceyra (1986: 30), “particularmente las universidades fueron escenario de ese proceso de radicalización de los jóvenes de la pequeña burguesía, que actuando a manera de vanguardia del sector social al que pertenecían se sumaron a las filas del movimiento nacional, confiriéndole una nueva fisonomía”. Un ejemplo de este proceso de transformación de la sociedad puede observarse en un temprano reportaje que se le hiciera en 1965 a la escritora Marta Lynch, donde se la interroga acerca de si era posible “recuperar” a la clase media, a lo que ella contesta: “Por supuesto, todo es recuperable, para ello existen las revoluciones, aun las pacíficas, las revoluciones no necesariamente sangrientas, aunque a mí personalmente no me asusta la sangre y conste que tengo hijos” (Altamirano, 2001: 105).
Con respecto a lo que sucedía en los claustros universitarios, recuerda igualmente la entonces estudiante Myriam Goluboff (2004): “Eran años de gran inquietud. Los alumnos se preguntaban para qué la arquitectura, si se podía de algún modo o no tener influencia en los movimientos sociales, si hacer arquitectura o revolución”. Recordemos que para fortalecer su argumentación a favor de una modernidad que se ocupara de las cuestiones referidas a lo urbano y al hábitat social, Le Corbusier (1977) había formulado dicha opción en 1921, sentenciando: “Arquitectura o revolución. Se puede evitar la revolución”.[4] Cincuenta años más tarde, la alternativa había cambiado. Afirman así Liernur-Aliata (2004) que “si la década del cincuenta había politizado los contenidos de la enseñanza –formulando un relato heroico por el cual el retrógrado academicismo de los años peronistas había sido finalmente derribado por la democrática Arquitectura Moderna–, los años sesenta y los primeros setenta llevaron al extremo la articulación arquitectura-política, al punto que en 1973, cuando la izquierda se creía al borde de una revolución inminente a escala continental, hablar de cuestiones específicas de la arquitectura parecía fuera de tiempo y lugar”.
La misma Sociedad Central de Arquitectos, institución casi centenaria, tuvo que enfrentar en su seno una amplia polémica entre grupos que pugnaban por un mayor compromiso con la sociedad, exigiendo a sus asociados una “solidaridad militante” –los sectores católicos liderados por Luis Morea y Horacio Pando–, mientras que otros –los más tradicionalistas, pero también nacionalistas y católicos, Carlos Mendióroz y Federico Ruiz Guiñazú– exigían una prescindencia política, denunciando a sus adversarios por realizar declaraciones “subversivas” (Gutiérrez, 1993).
Los vaivenes de la vapuleada universidad
Pocos días después del golpe militar encabezado por Onganía, Mariano Grondona publica en la revista Primera Plana un artículo sobre el estado de las universidades nacionales, donde sostiene que “la intervención es un mito”, afirmando en un tono aparentemente objetivo que existen dos opiniones al respecto: una que se interesa por “el esfuerzo creador de las inteligencias” y otra que sostiene que la universidad es “un foco de disolución ideológica, una trinchera más de la guerra fría, un frente interno donde se oculta el enemigo”. No obstante, para Grondona, este no era el verdadero problema, ya que lo que más le preocupaba era, según él, que la universidad “no rinde todavía el enorme esfuerzo científico, técnico y pedagógico” que el país tiene el derecho de exigirle.
En otro artículo de la misma publicación (“Universidad. Una brecha en el muro”, Primera Plana, 185, 12 al 18 de julio de 1966) se sostiene que la presión intervencionista ganaba adeptos en el gobierno por el apoyo de una veintena de agrupaciones estudiantiles, tales como “los importantes Frente Anticomunista de Odontología y Sindicato Universitario de Derecho”,[5] que reclamaban “la destrucción de la estructura marxista de la universidad, la expulsión de los profesores de esa ideología, la intervención de EUDEBA y el fin del gobierno tripartito”.[6]
A fines de julio de 1966 es dictado el Decreto-Ley 16.912[7] que elimina la autonomía universitaria y el gobierno tripartito, permitiéndoles a rectores y decanos ya elegidos permanecer en sus cargos sólo en carácter de administradores provisionales. Las autoridades de las diferentes casas de estudio, quienes habían sido prácticamente la única voz que rechazó el golpe de Estado,[8] desconocen las medidas, y los alumnos apoyan esta decisión tomando algunas facultades.
El 29 de julio, en la cruenta jornada conocida como “La noche de los Bastones Largos”,[9] las facultades fueron desalojadas violentamente por la infantería policial, cuyo jefe, general Mario Fonseca, dio la orden de represión gritando: “Sáquenlos a tiros, si es necesario. Hay que limpiar esta cueva de marxistas” (Seoane, 2005).
Según Potash (1994: 23) la resolución gubernamental de abolir la autonomía universitaria no fue el fruto de deliberaciones entre los integrantes civiles del gabinete, sino una decisión en la que primaron las consideraciones militares sobre seguridad interior, siendo que el personaje que tuvo mayor peso en este desenlace, además del propio Onganía –que “desconfiaba de las autoridades universitarias”–, fue Fonseca, quien intervino las universidades sin consultar al ministro del Interior, Martínez Paz. De hecho, el secretario de Educación, Carlos Gelly y Obes, se enteró que la decisión ya había sido tomada en el momento en que se le ofrecía el puesto el mismo 29 de julio.
Relatemos algunos hechos que sucedieron en la Facultad de Arquitectura en esas infaustas jornadas.
La violencia que se ejerció sobre el cuerpo docente y estudiantil de la Facultad de Ciencias Exactas en su antigua sede de la Manzana de las Luces fue difundida a escala mundial[11] y provocó un gran impacto en toda la comunidad.[12] Pero también hubo “bastones largos” en la Facultad de Arquitectura ubicada en los pabellones de Figueroa Alcorta, resultando heridos Horacio Pando,[13] Carlos Méndez Mosquera, alumnos y profesores, ya que, como afirma Selser (1986), “contrariamente a lo ocurrido en Ciencias Exactas, no sólo no están enterados de nada, ni piensan en ocupaciones simbólicas, sino que se hallan atendiendo clases de profesores”,[14] coincidiendo también nuestros entrevistados (Marisa Rondinelli, Raúl Carimatto, Roberto Doberti y Héctor Federico Ras): ese día era la entrega de los trabajos de mitad de año de “Visión” y los profesores estaban corrigiendo maquetas y planos, mientras que algunas cátedras realizaban asambleas para dirimir la situación.
Relata el diario La Nación del sábado 30 de julio de 1966 que “un grupo de estudiantes, que el comisario inspector (…) estimó en alrededor de 400[15] fueron desalojados por la fuerza de la Facultad de Arquitectura por un contingente policial. La medida se realizó en forma rápida y decidida. Los agentes policiales emplearon en numerosas oportunidades sus bastones de goma para golpear a los estudiantes que se mostraban remisos”. El diario Clarín no difiere en sustancia, señalando que: “A las 22 de anoche los estudiantes –según algunos informes, ayudados por docentes– clausuraron las puertas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, utilizando bancos y pupitres.[16] La policía irrumpió media hora más tarde en el interior de la Facultad”. Las mesas levantadas de los talleres de Arquitectura no constituían barricada alguna, sino que eran utilizadas –como sucede también ahora– para “enchichar” las láminas de los alumnos y proceder a la exhibición colectiva de las entregas.
La reacción de estudiantes y profesores no implicó una resistencia planificada frente a la autoridad militar, sino una respuesta visceral al ver invadida la Facultad y destruida la tarea de medio año bajo los cascos de los caballos de la policía montada, ya que el estado de asamblea no había interrumpido el dictado normal de las clases.
Por otra parte, Juan Molina y Vedia recuerda (1997: 39): “La invasión de nuestra Facultad –una noche fría en momentos en que estábamos en asamblea– por decenas de policías armados y blandiendo cachiporras de goma que esquivé usando mi experiencia de jugador de Excursionistas, me dejó ver mientras huía cómo rodaba por el suelo el decano Horacio Pando, mientras otros policías destruían maquetas en aquellos talleres abiertos bajo la bóveda de madera, que estaban al lado del Ital Park”. También otro protagonista relata los hechos (Solsona, 1998: 63): “Nunca me voy a olvidar ese día. Estábamos en el hall de entrada de la Facultad con Horacio Pando y Carlos Méndez Mosquera, charlando tranquilamente, sin que hubiera ningún tipo de desorden, cuando de repente entró la policía. Le pegaron un culatazo a Horacio Pando, que trataba inútilmente de identificarse como decano, le dieron otro golpe a Carlos, e inmediatamente hicieron la formación de infantería y empezaron a avanzar. A partir de allí se produjo el desorden imaginable y la Facultad quedó rápidamente en manos de la policía. Yo intenté salir caminando y crucé la línea de formación que ya había ocupado el hall de la Facultad. En ese momento uno de estos infantes me agarró por atrás y me dio una certera patada en el traste, una de esas patadas que no creo que se puedan dar usualmente, de tan alta profesionalidad,[17] que me levantó en el aire y me proyectó fuera del cerco, me sacó definitivamente del tumulto”.
Marisa Rondinelli, entonces alumna de primer año, recuerda que atemorizada y confundida, junto a otras compañeras, se refugió en un baño hasta que los ruidos cesaron. Gabriel Mamertino rememora cómo entró primero la caballería y luego la infantería golpeando con sus bastones –a la manera de hábiles jugadores de hockey– a estudiantes que caían unos sobre otros a su paso.
Roberto Doberti nos cuenta:[18] “Yo estaba corrigiendo y escuché que había ruidos en el taller de al lado y me subo a una mesa para ver qué pasaba –en los pabellones de Figueroa Alcorta los talleres estaban divididos por paneles bajos–, y en un rincón había cuatro, cinco u ocho alumnos en un taller grande, acorralados por la guardia de infantería que no los dejaba pasar, y a los gritos los insultaba y los amenazaba con los bastones de goma. Estos tipos actuaban como si se les estuvieran resistiendo. Tengo la impresión de que estaban drogados o algo así. Había mucho resentimiento visceral”.
En un primer momento, la revista Primera Plana, que unos números antes incitaba a intervenir las universidades, apenas da cuenta de los hechos, mezclándolos con la situación sindical y la vuelta de Inglaterra del equipo mundialista, señalando que, pese a su escasa performance, “los jugadores del seleccionado de fútbol tuvieron más suerte a su regreso” que los estudiantes (Primera Plana, 188, 2 al 8 de agosto de 1966).
La universidad fue acusada de negar las tradiciones nacionales, ya que las innovaciones procedían de una ideología “liberal marxista” (Halperín Donghi, 2002: 157). Tal como se afirma el 31 de julio de 1966 en La Nación, justificando el dictado del Decreto-Ley universitaria 16.912, su objetivo fue “excluir de lleno la influencia de elementos extraños a su natural cometido. Por ello, el gobierno de la Nación deplora la actitud de algunos grupos de activistas que en la noche de ayer (por la del viernes) han pretendido alterar el orden y desviar a la Universidad del cumplimiento de su función específica”.
El mismo día, el Centro de Estudiantes de Arquitectura censura la posición del gobierno y sostiene que quedaron “destruidos los trabajos de varios meses de labor universitaria” y que sólo reconocerán a los profesores “nombrados sobre la base de las normas democráticas emanadas del Estatuto Universitario”.
A causa del enrarecimiento del clima, el presidente de facto, general Onganía, el ministro del Interior Paz Martínez y los subsecretarios de Educación y del Interior deciden suspender las actividades en las universidades hasta el día 16 de agosto.
En declaraciones al diario La Nación (1-8-1966), el ex decano Pando sostiene: “Mis funciones no las puedo delegar, caducaron, ya no las tengo, podría asumir las de administración pero tampoco las pensaba aceptar. El viernes entregué la casa en manos del prosecretario [administrativo, Juan Carlos Foix] que es el funcionario más antiguo”. Y aclara con respecto a las versiones sobre supuesta propaganda comunista encontrada en oficinas de la Facultad, que las mismas carecían de validez y que él era un católico militante. Rolando García[19] afirma que en realidad los panfletos se los quisieron “plantar” a él, decano de Exactas, pero se equivocaron de despacho y se los pusieron en la oficina vecina del decano de Arquitectura. Ambos decanatos estaban ubicados en la Manzana de las Luces.
Asimismo, tanto Pando como Méndez Mosquera declaran en nota pública dirigida al presidente de facto que “en el momento de producirse la interrupción policial se estaban desarrollando en la casa las actividades docentes en forma normal, circunstancia que torna absolutamente arbitrario e injusto ese proceder al que siguieron detenciones de alumnos inocentes” (La Nación, 1-8-1966, la nota fue acompañada con una solicitada pública).
A partir de los primeros días de agosto, jornada tras jornada, se suman las renuncias masivas de profesores en las distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires. En Arquitectura se perfilan tres opciones: algunos se quedan en sus cargos, aunque condenando la violenta represión ejercida contra alumnos y profesores; otros renuncian con diferente grado de beligerancia; y un último grupo permanece en silencio. En las reuniones efectuadas entre los miembros de las diferentes cátedras se discute si la mejor decisión es la renuncia, o si esto implica abandonar a los alumnos y “entregarles las armas al enemigo”. Los que dejan la Facultad declaran que les resulta intolerable aceptar el sometimiento intelectual y el avasallamiento de la universidad y que no pueden continuar en esas circunstancias. Cabe señalar que la decisión fue tomada no de manera individual, sino por cátedra, de tal modo que algunos renunciaron a una materia pero permanecieron en otra.
La Sociedad Central de Arquitectos (SCA) condena la violencia (La Nación, 3-8-1966), al igual que otras asociaciones profesionales. No obstante, una voz solitaria apoya decididamente la actuación gubernamental, es la del arquitecto Carlos Mendióroz,[20] quien sostiene que los hechos acaecidos “son desgraciadamente la consecuencia de muchos errores acumulados que (…) llegaron a configurar un clima de rencores y de ideologías nocivas y ajenas por completo al ámbito sereno de la auténtica cultura universitaria”. Señala además que “que este cambio abre nuevas perspectivas de recuperación en el campo cultural y académico en la Universidad sobre la base del respeto a nuestro origen y trayectoria humanísticos. (…) La violencia no es solamente física, las hay espirituales, morales o intelectuales de una potencia dañina eminentemente más poderosa” (La Nación, 7-8-1966). Mendióroz concluye lamentándose que la SCA repudie esta situación y no los atentados contra la dignidad humana.[21] Veinte días más tarde, otros arquitectos apoyan su iniciativa, afirmando que la universidad debe estar “por completo ajena a ideologías incompatibles con nuestro ser histórico, así como a actividades políticas, siempre contingentes y extrañas al quehacer universitario”.[22]
El 4 de agosto, 42 profesores de la Universidad Católica Argentina se solidarizan con sus colegas de la Universidad de Buenos Aires,[23] manifestándose a favor de la libertad de pensamiento y opinión, el principio de autonomía universitaria y la no-discriminación por razones raciales, ideológicas, políticas y religiosas (La Nación, 4-8-1966).
El estado de conflicto imperante conmueve a la sociedad, no tanto por la violencia ejercida contra profesores y alumnos, sino por la idea de que los hechos han salido de cauce y que la universidad –despojada de su cuerpo docente– se encuentra imposibilitada de funcionar. Mariano Grondona cambia los términos de su argumentación y declara que se ha intervenido la educación superior sin el marco de una ley, sin definición previa de objetivos,[24] y que “la intervención dejó así de ser instrumental para convertirse en represiva”. Añadiendo además que la sociedad está juzgando negativamente lo actuado por “la interminable secuela de renuncias” y que, en caso de no detenerse, “algunas facultades desaparecerían como moradas de un alto nivel científico, esto ocurrirá con Ciencias Exactas y Naturales y, en gran medida, con Ingeniería y Arquitectura”, facultades que por formar técnicos son esenciales para modernizar el país. La misma revista afirma en otro artículo que los funcionarios que ordenaron la violenta represión lo hicieron sobre la base de la existencia de grupos marxistas. Sin embargo, “nadie recordó que representantes de la extrema derecha también habitan la Universidad y solían convertirla en campo de batalla” (“Universidad: el rayo que no cesa”, Primera Plana, 189, 9-8-1966: 13).
Los sectores medios que de manera silenciosa –o no tanto– habían apoyado la “Revolución Argentina” son afectados por las medidas de corte liberal de Krieger Vasena (devaluación, aumento de tarifas, congelamiento de salarios), pero también por el descalabro de la Educación Superior en la que veían aún una forma de ascenso social.[25] Señala Suasnábar (2004: 65) que la violencia que acompañó la intervención universitaria de 1966 “deja al descubierto lo incompatible que era este proyecto con los objetivos de disciplinamiento social y político que proclamaba la cúpula militar ahora gobernante”.
Algunos de los entrevistados, estudiantes en ese momento de los primeros años, no tenían participación política, de tal modo que los hechos acaecidos entonces les eran de difícil comprensión. A la distancia realizan una reinterpretación de lo sucedido.[26] El consenso señala que de un clima de entusiasmo y alegría se pasó en pocos meses a uno de “opresión, espionaje e incertidumbre”. Una de nuestra entrevistadas, Gloria Brener, recuerda el caso de un compañero, aparentemente muy serio y aplicado, que luego le confesó que era policía y que su tarea era infiltrarse y descubrir a los activistas políticos.
Después de la trágica “Noche de los Bastones largos” es designado como rector el doctor Luis Botet (11-8-1966 a 7-2-1968).[27] Asimismo, se nombra un Consejo Asesor formado por un grupo de viejos académicos, uno de los cuales es el ingeniero Enrique Butty, quien ronda los ochenta años.
Un balance parcial de los hechos cuenta 294 profesores de Exactas que renunciaron, seguidos de 234 de Arquitectura y 208 de Filosofía y Letras (Caldelari y Funes, 1992).[28] El estudio Emigración de científicos argentinos realizado por Enrique Oteyza en 1970 concluyó que en la UBA habían renunciado 1.378 profesores. De ellos, 301 emigraron, 166 se insertaron en universidades latinoamericanas, 94 se fueron a Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y los 41 restantes a Europa. Como afirmó sarcásticamente años más tarde el sociólogo francés Alain Touraine: “Los Estados Unidos recibieron con los brazos abiertos a los supuestos ‘comunistas’ echados de las universidades argentinas” (Seoane, 2005).[29] Coincidía Roberto Roth (1981: 183), secretario Legal y Técnico de Onganía, quien señala también con cierta ironía que “los marxistas, más algunos que no lo eran pero parecían, fueron prontamente excluidos de la universidad. La Fundación Ford organizó un operativo de rescate para los profesores que Botet echó, que eran ubicados en universidades norteamericanas o sudamericanas vinculadas económicamente con la Fundación”. En el caso de la Facultad de Arquitectura no hubo emigración, pero sí un refugio en las actividades profesionales.
Algo que merece ser destacado es lo que Klimovsky denominaba “la Universidad de las Catacumbas”, es decir la proliferación de “centros de estudio” paralelos a la educación oficial. Uno de ellos, que marcó la renacida convivencia entre arquitectos y egresados de la Facultad de Ciencias Exactas, es el Centro de Estudios del Hábitat ubicado en la calle Chile 1481, del que participaron Francisco García Vázquez, Mario Soto y Hernán Kesselman, pero también Oscar Varsavsky, Manuel Sadosky, Rolando García y el propio Klimovsky (Moledo, 2005; Maestrepieri, 2004). En el caso de Arquitectura, estos centros se manifestarían más claramente una década más tarde. También forma parte de estas “catacumbas” el hecho de que las clases, a pesar de estar interrumpidas de manera oficial, se siguieron dictando en las propias casas o estudios de los docentes, tal como recuerda Gloria Brener con respecto a su profesora Odilia Suárez.
Casi un mes tarda en ser nombrado un delegado interventor en Arquitectura: el elegido es un ex jefe de Trabajos Prácticos, Luis Fourcade (h), quien convoca a todos los profesores renunciantes, con excepción del grupo más beligerante, para que revean su decisión. Los docentes mantienen su actitud, habida cuenta que no se habían modificado las condiciones que la motivaron, objetando además el carácter sectario y discriminante de la invitación, por lo que señalan que el escenario se había agravado “por la detención y suspensión de estudiantes, cesantía de docentes de sus cargos, presencia de policías en las facultades e incluso dentro de las aulas, disolución de centros de estudiantes, etcétera”. Concluyen el reclamo pidiendo libertad de cátedra, autonomía universitaria, desagravio e “investigación de los hechos y castigo a los responsables” (La Prensa, 2-9-1966). El 9 de septiembre renuncia a la Facultad un viejo prócer de la arquitectura moderna, Wladimiro Acosta. Ese mismo día Fourcade afirma haber elaborado un “Plan de Emergencia”, de tal modo que a partir del 15 de ese mes se reanudarían las clases normalmente en la Facultad de Arquitectura.
El domingo 11 de septiembre el Centro de Estudiantes publica una solicitada de media página en el diario La Prensa con la firma de casi 1.300 alumnos, un 30% de los inscriptos en la Facultad. La opinión pública no puede dejar de interpretar que tal cantidad de alumnos no es “un grupo de activistas”, ni que todos ellos son “infiltrados” marxistas.[30] En síntesis, esa solicitada refleja: a) el desprecio y descalificación que el alumnado siente por Fourcade, a quien definen como un “Jefe de Trabajos Prácticos” que realiza tareas administrativas en el decanato de la Facultad y no como una autoridad de la institución; b) la consideración de los profesores que “han sido llevados” a renunciar como verdaderos “héroes” y ejemplos para la juventud, lo cual supone un trato opuesto para aquellos que han permanecido en sus cargos; c) una cabal comprensión de los procesos de diseño que impedirían un cambio de rumbo en la mitad de una cursada; d) la virtual reprobación de cualquier profesor que reemplace a los propios. La sensación que recuerdan Rondinelli y Poggi es que los mejores profesores se habían ido, o como nos afirmara Jaime Sorín, “quedaron los más flojos”.
El 12 de septiembre la corriente Humanista fija un plan de lucha. El 13, los profesores no renunciantes vuelven a exigir “autonomía universitaria” y “libertad de cátedra”. El 14, Fourcade repite que la situación en la Facultad es de normalidad y que se dictarán cursos intensivos para recuperar los días de clase perdidos. Mientras tanto se elabora un listado de las entregas de trabajos prácticos encontradas después del tumulto del 29 de julio. Los que no habían sido afortunados debían rehacer sus trabajos. Por otra parte, una escueta información afirma en La Prensa que cinco alumnos han sido detenidos. Al día siguiente, el Centro de Estudiantes declara que las medidas de la intervención “habían fracasado rotundamente” y que los alumnos se han negado a rendir exámenes porque las mesas estaban a cargo de docentes auxiliares. Veinticuatro horas más tarde es intervenido el Centro de Estudiantes y confiscados sus bienes.
En septiembre, en una manifestación en Córdoba, fue herido de muerte el estudiante de ingeniería Santiago Pampillón, iniciando una larga serie de sucesos similares. La nota del 8 de septiembre de 1966 del diario La Prensa señala que fue imposible operarlo “dado que el recinto del quirófano estaba saturado por gases lacrimógenos arrojados por la policía”. El año culmina en Arquitectura con muchas materias aprobadas por “decreto” y otras dictadas en cursos “comprimidos”.
A principios de 1967, la revista Primera Plana, que desde sus páginas había incitado a la intervención, hace el balance de lo ocurrido, concluyendo que 1966 fue para la universidad “un año perdido”, no dudando en calificar al “ex juez Luis Botet, un inexperto en cuestiones universitarias”, afirmando que sobre su escritorio se acumulan 2.000 renuncias, el 25% del cuerpo docente.[31]
Como por efecto de una olla a presión que no permite salir los gases acumulados, la política universitaria de la “Revolución Argentina” tuvo una consecuencia exactamente inversa a lo previsto. Si se pretendía, como en la “Revolución Libertadora”, continuar con la desperonización de la sociedad y erradicar la actividad política en la Educación Superior, el fracaso fue evidente. Como reconoce Roberto Roth (1981): “La juventud cultivada en este clima represivo alimentó los cuadros de la guerrilla y encontró su lugar en el espectro político volcado a la izquierda”, ya que, como él mismo concluye, “la “despolitización” es, empero, “también una política”. En 1955, declara, no había peronistas en la universidad. En cambio, en 1970 miles de estudiantes acudían a los actos peronistas. A consecuencia del “avasallamiento” que sufriera la universidad en 1966, como sostiene Sergio Pujol (2003: 314), se produce el “viraje de la ‘inercia’ a la ‘rebelión’”.
La “Revolución Argentina” partía de una concepción ingenua de la política y de la sociedad, al suponer que los problemas se resolverían simplemente desterrando la actividad partidaria, considerando al sistema republicano como un fenómeno superado, a diferencia de otros golpes de Estado donde se hablaba de preservarlo a pesar del fraude y la proscripción que emplearon.
Señala Ramón Gutiérrez (2003: 51): “La intervención a las universidades realizadas por el golpe de estado de 1966 fue justificada en la necesidad de combatir al ‘comunismo apátrida’, pero en realidad se desarticuló a una generación de dirigentes universitarios de inspiración socialcristiana, a los que se empujaría mediante una represión sistemática, a ingresar en la espiral de violencia que generarían los años de la subsiguiente dictadura. Buena parte de los cuadros dirigentes de Montoneros y otras organizaciones similares se reclutaron de esa dirigencia juvenil socialcristiana o en su convergencia con la llamada ‘izquierda nacional’”.
Liernur (2001: 338) identifica dos consecuencias de la “noche de los bastones largos” en el campo de la formación de los arquitectos. Por un lado, el éxodo[32] de numerosos profesionales y, por el otro, la consolidación “de la idea de que la formación académica era un mero trámite burocrático, mientras que el verdadero, el único aprendizaje real, se daba en la práctica de tablero junto a los maestros ajenos al circuito oficial, lo que en el fondo, y quizás sin saberlo, no era sino continuar con la antigua tradición Beaux Arts”.[33]
En junio de 1968, el entonces secretario de Educación y Cultura, Mariano Astigueta,[34] sentencia: “Argentina es el único país del mundo que no tiene problemas estudiantiles”. Diez días más tarde los estudiantes universitarios salieron a la calle en todo el país para conmemorar los cincuenta años de la Reforma Universitaria y exigir la reimplantación del gobierno tripartito y la autonomía (Potash, 1994: 73).
En esa misma época es reemplazado Botet por el doctor Raúl Devoto[35] (7-2-1968 a 24-7-1969) como rector de la Universidad. No obstante, ambos, según Potash (1994: 37), “estaban más ocupados en llevar adelante purgas que en reconstruir la institución”. Aunque cabe destacar que, acorde con la política imperante de reducir la burocracia y hacer eficiente la estructura administrativa, Devoto intenta departamentalizar las facultades sin consultar a los respectivos decanos, que se resisten a las medidas. Este proyecto no se reducía a organizar en departamentos cada unidad académica –estructura que ya funcionaba nominalmente desde 1947 y en la práctica desde 1956–, sino el desmantelamiento de las facultades y la reorganización “no en función de carreras, sino de áreas disciplinares” (Sarlo, 2001: 64).
Cabe aclarar que la departamentalización responde a dos variables, una de orden económico –ya que en este sistema se nombra un único profesor titular por área de contenido, evitándose la multiplicación de cargos superiores– y otra de orden político –puesto que disminuye el poder de los decanos y las presiones que éstos ejercen sobre el conjunto de la Universidad. Como afirman Ana María Donini y Antonio O. Donini (2002), “este modelo permite, por su flexibilidad, un uso más racional de los recursos humanos y una respuesta más rápida a los desarrollos del pensamiento científico y los requerimientos de nuevos perfiles profesionales”. Aunque también destacan que “conlleva el peligro de la fragmentación, si las líneas de coordinación, articulación y comunicación no se fortalecen adecuadamente”.
Con respecto al funcionamiento de las universidades durante el gobierno de Onganía, Potash (1994: 78) sostiene que “dentro de varias de las facultades el modo en que los decanos manejaban los nombramientos de los profesores produjo acusaciones de que las consideraciones ideológicas tenían prescindencia sobre el mérito”. Un informe del ejército de 1969 que también destaca Potash (1994: 79) “lamentaba la falta de una política universitaria y las demoras en el proceso de devolver la autonomía a las universidades. Señalaba el fracaso de las autoridades en resolver los reclamos estudiantiles legítimos, tales como el alto costo de los textos de estudio, la inadecuada ayuda financiera, las aulas sobrecargadas y las agendas poco convenientes para los exámenes”. Según el mencionado informe, la calma no podría durar mucho…
Por otro lado, Richard Gillespie (1987: 96) sostiene, con respecto al reposicionamiento de las diferentes agrupaciones estudiantiles en la Universidad: “mientras la FUA[36] declinaba, demasiado ocupada en cuestiones universitarias, el FEN (Frente Estudiantil Nacional) y la UNE (Unión Nacional de Estudiantes) ofrecieron a los estudiantes una opción política de importancia”.
El modelo de universidad cientificista quedaba atrás: el compromiso con la sociedad y con la época era el tema urgente. Sarlo (2001: 69) concluye que si, entre 1955 y 1966 se preguntaban los dirigentes universitarios qué hacer con la universidad y qué hacer en la universidad, la misma pregunta formulada a comienzos de los setenta “exigía también responder a qué hacer en el país”. Pero continúa: “Las dictaduras militares provocan tomas de posiciones cada vez más políticas en términos generales y cada vez menos especificas en lo que se refiere a la universidad. No puede sorprender que, en el marco de la radicalización política de comienzos de los setenta y de la incorporación de capas medias al horizonte del peronismo universitario, se coincidiera en la pérdida de especificidad de la cuestión universitaria” (Sarlo, 2001: 75).
La radicalización estudiantil en la Facultad de Arquitectura
Podemos observar cómo era el clima de la Facultad de Arquitectura hacia fines de 1969 –el mismo año del Cordobazo y el Rosariazo–, cuando ya es rector Andrés Santas (25-7-1969 al 21-7-1971), recurriendo al análisis del Encuentro de Estudiantes[37] desarrollado entre el 11 y el 18 de octubre de 1969, en el marco del X Congreso Mundial de Arquitectura organizado por la Unión Internacional de Arquitectos en Argentina: “El inicio oficial del Encuentro de Estudiantes se realiza en medio de un gran despliegue policial, hecho que enfatizó más aún las tensiones ya existentes entre los estudiantes. (…) Posteriormente, varios estudiantes reclamaron la libre participación[38] y el retiro de las fuerzas policiales y llegaron finalmente –previa moción– a transformar el encuentro en una asamblea. Todo esto concluye en un cuarto intermedio dentro de un clima denso y agitado. (…) “Toda la mañana transcurrió en cabildeos, exigiéndose a las autoridades del Encuentro el retiro de las fuerzas del orden (‘deben cuidar los cristales y demás mobiliario’). El arquitecto Yona Friedman se negó a iniciar el trabajo en esas condiciones y se retiró”. A resultas de esto se decide realizar el evento en dos lugares diferentes: el teatro Municipal General San Martín –tal como estaba previsto– y la Ciudad Universitaria en Núñez. “Algunos profesores extranjeros optaron por trabajar en ambos grupos (‘allí donde hubiera estudiantes’), otros tomaron partido por la posición de los estudiantes de Núñez y no concurrieron al Teatro” (Summa, 21, diciembre de 1969: 25).
En 1971, Lanusse, tal vez buscando calmar los ánimos, nombra como rector al peronista Bernabé Quartino[39] (22-7-1971 al 29-1-1973) y la FUA se fractura: un grupo lo constituyen los comunistas con el MOR (Movimiento de Orientación Reformista), conocido como “FUA-La Plata”, y el otro la coalición de Franja Morada con el Movimiento Nacional Reformista, identificado como “FUA-Córdoba”.[40] Las agrupaciones peronistas no formaban parte de ninguna de estas dos federaciones, pues sostenían que la forma organizativa de los centros de estudiantes se sustentaba en una concepción liberal, proponiendo instalar a los cuerpos de delegados como un “organismo natural y representativo” del estudiantado (Bonavena, 1997). De tal modo que el propio sistema representativo es cuestionado, exigiéndose la participación directa del alumnado a través de asambleas y delegados.
Concuerda con esto Marcelo Cavarozzi (2003), quien sostiene que a partir de 1969 “se abrió un período inédito en la historia argentina, en el que resultó profundamente cuestionada y corroída la autoridad de muchos de aquellos que ‘dirigían’ las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en los casos de quienes aparecían más directamente ‘garantizados’ por el Estado. Dentro de esta categoría quedaron incluidos (…) los profesores y autoridades de las universidades y escuelas que se habían respaldado en y habían sido promovidos por las orientaciones tradicionalistas y jerárquicas del gobierno de Onganía” (Cavarozzi, 2003: 38).
En 1970 la Sociedad Central de Arquitectos había intervenido, solicitándole al decano Prebisch, “como miembro calificado de esta Sociedad”, información detallada sobre graves sanciones disciplinarias aplicadas a un grupo de estudiantes –incluyendo al presidente del Centro. Respondió que dichas “atribuciones por ley le corresponden al subscripto”, no debiendo dar explicaciones de las mismas a nadie (Gutiérrez, 1993). En ese año es frecuente la entrada de la guardia de infantería con carros de asalto y gases lacrimógenos a la Facultad, ya situada en el Pabellón 2 de Ciudad Universitaria, en búsqueda de “armas de guerra”. Un año más tarde la Facultad de Arquitectura sigue en un clima conflictivo, con tomas recurrentes y una finalización anticipada del ciclo lectivo. De hecho, señala Doberti, el segundo cuatrimestre no se dictó.
Un análisis de estos sucesos lo realiza Pablo Bonavena (sf), quien relata lo siguiente: “El 26, 27 y 28 de agosto se efectuó un ‘Encuentro Estudiantil-Docente de Arquitectura’ en la Ciudad Universitaria con unos mil quinientos participantes en su presentación, acontecimiento que fuera fundamental para potenciar el desarrollo del cuerpo de delegados en la perspectiva del ‘doble poder’ [estudiantil y docente]. El evento no tenía el reconocimiento de las autoridades y era resistido por algunas organizaciones estudiantiles. Fue propiciado por el Frente de Arquitectos de Buenos Aires, Frente Antiimperialista de Trabajadores por la Cultura (FATRAC), cuerpo de delegados, TAR, Frente de Estudiantes de Arquitectura (FEA, independientes), TUPAC[41] y FAUDI[42]. Las tendencias peronistas FEN[43] y TUPAU[44] no promovieron inicialmente el encuentro, pero luego se sumaron al mismo. En cambio, el centro de estudiantes no respaldó la actividad. (…) Se leyó una carta del arquitecto Mario Soto[45] enviada desde la cárcel de Villa Devoto que fuera ovacionada, asumiendo su condición de prisionero de guerra. Luego los arquitectos Tognieri[46] y Caballero dialogaron con los estudiantes. También se aprobó participar en un acto impulsado por el cuerpo de delegados de la Facultad de Filosofía y Letras en apoyo del pueblo boliviano. Para finalizar, subió al escenario un miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo que recibió el aplauso masivo de los presentes. (…) Militantes del FEN argumentaron que para brindarle una real trascendencia al ‘Encuentro’ debía pronunciarse a favor del peronismo y la vuelta de Perón; asimismo, manifestaron que lo fundamental era organizar exclusivamente a los estudiantes, excluyendo a los docentes, ya que su compromiso con lo popular era una simple coyuntura y, además, podían ser echados en cualquier momento. Un dirigente de la FAUDI[47] salió al cruce sin ahorrar ataques a Perón y al peronismo (incluida sus organizaciones armadas), explicando que ‘Perón en cualquier momento va a negociar incluso las muertes de sus propios partidarios’. Luego habló un representante de FATRAC afirmando que el gobierno de Perón fue el mejor ‘gobierno burgués argentino’ y que lo importante no era discutir sobre él, sino analizar la lucha de clases que se estaba dando dentro del peronismo y apoyar a los sectores revolucionarios que luchaban por el socialismo. El 28, la jornada de trabajo se inició con el funcionamiento de un plenario donde los estudiantes de Buenos Aires fueron dando opiniones para lograr un cambio en la enseñanza. Allí se fue acuñando una idea común acerca de la necesidad de crear una nueva formación enmarcada dentro de un contexto ideológico y político al servicio de la lucha de la clase obrera y el pueblo. Se abordaron temas como los objetivos académicos de las cátedras, su relación con el contexto económico y social y el análisis de otras experiencias de Talleres Totales de diversas Facultades del país, especialmente la de la Universidad de Córdoba.[48] Para finalizar, hubo un debate donde se evaluó la situación política nacional, relacionando cultura con realidad política y revolución. (…) A comienzos del año 1972, TUPAC impulsó nuevamente la formación del cuerpo de delegados pero tuvo, en principio, reticencias por parte de FAUDI, las agrupaciones socialistas y peronistas. Cuando finalmente logró rearmarse, las autoridades respondieron tratando de lograr apoyo entre el alumnado, pero las agrupaciones reiteraron su rechazo al programa oficial de reestructuración de los planes de estudio y exigieron el levantamiento de las sanciones a todos los estudiantes. De a poco, empezaron otra vez a tomar nuevamente la iniciativa”.
En 1969, en el Congreso Internacional organizado por la Unión Internacional de Arquitectos en Buenos Aires, Yona Friedman declara, después de definir a las facultades de Arquitectura como “fósiles”, que “necesitamos escuelas muy libres, en las cuales los estudiantes sean los únicos responsables de sí mismos, y en donde el profesor no sea más que un consultor, nunca un juez” (“X Congreso”, Summa, 21, diciembre 1969: 29).
Dos años más tarde, la visión que muchos de los alumnos tienen de su formación es la siguiente: “Hoy la Facultad de Arquitectura está totalmente cuestionada de hecho. La explosión que significa el desconocimiento de las cátedras oficiales y sus planes de estudio por parte de los alumnos produce un proceso de politización muy positivo que lleva a la desmitificación de la enseñanza instrumentada y colonizada que veníamos soportando en una dinámica alienada. Este conflicto ha puesto en crisis total a la institución, ha roto el equilibro de dominación que permitía poner orden al régimen de incoherencias existentes, se ha destrozado la imagen de docente académico y omnipotente poseedor de la ciencia de la arquitectura, y las concepciones de dominio de la universidad como institución del sistema han sido sistemáticamente atacadas. Empieza a prefigurarse la imagen de un estudiante que asume la realidad de su pueblo como sujeto activo y esto empieza a asumir una actitud política de enfrentamiento hacia la dominación y la dependencia” (“Políticas del hábitat”, Summa, 43, noviembre de 1971).
En otros ámbitos de la Universidad de Buenos Aires el clima es el mismo. Por ejemplo, “el 18 de octubre de 1971, tras un debate de casi cinco horas, una asamblea de 2.500 estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires aprueba la Guerra Popular Prolongada” (Burgos, 1997). Los recuerdos de Hugo Nievas, Elsa Poggi y Marisa Rondinelli sobre los años 1971 y 1972 hacen referencia a terminaciones de año anticipadas, tomas frecuentes de la Facultad, incidentes violentos con la policía y entre diferentes agrupaciones con estudiantes heridos, incendios intencionados, desalojo de cátedras, expulsión y desconocimiento de algunos docentes –Alfredo Casares, María Enriqueta Meoli, entre otros– por parte de grupos de alumnos y la conformación de nuevas cátedras y asignaturas a cargo de dirigentes estudiantiles.[49] Raúl Carimatto es contundente al afirmar que a partir de ese momento “ya no se habló más de arquitectura”.[50]
Por otra parte, durante el gobierno de Lanusse, como efecto del Plan de Alberto Taquini (h), las Universidades Nacionales pasan a ser, en pocos meses, de 9 a 26. En este momento, las tomas de las aulas de las universidades se suceden casi a diario (Page, 1984: 247). Durante pocos meses Carlos Alberto Durrieu ocupa el rectorado (29-1-1973 al 30-5-1973)
La Facultad de Arquitectura en 73
Hacia 1973, cuando Héctor Cámpora fue electo presidente de la República, el pensamiento hegemónico descalificaba a todo aquello que no fuese militancia por la liberación nacional, considerándolo una frivolidad o una pérdida de tiempo. Incluso la búsqueda del título o la preocupación por ejercer la profesión eran vistas como “expectativas liberales” que serían difíciles de desterrar de raíz en el alumnado (Puiggrós, 1973, en Sarlo, 2001: 377). Decía Carlos Mugica: “Es necesario socializar la cultura; los villeros deberán opinar por ejemplo sobre la marcha de la universidad” (Sáenz Quesada, 2000: 633).
Nuevamente, en 1973 las universidades nacionales fueron “tomadas” para garantizar las conducciones de un gobierno popular (La Opinión, 29 de mayo de 1973). En este momento se había instalado en la sociedad argentina, según Vezzetti (2002), “un desorden liberador y la fascinación por la violencia como factor eficaz de transformación social”. Señala Gillespie (1987: 169) con respecto a los hechos sucedidos después de la asunción de Cámpora como presidente: “el prolífico historiador nacionalista, Rodolfo Puiggrós, relevante ex miembro del Partido Comunista, fue nombrado ‘interventor’ para preparar el camino de las reformas. Ayudado por varios nuevos decanos que simpatizaban con él, Puiggrós como rector empezó a transformar esa institución, tradicionalmente liberal, en la ‘Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires’”. Los catedráticos que se habían mostrado partidarios del régimen militar o que eran “agentes de compañías que deforman el proceso histórico nacional” fueron despedidos. Por otra parte, Guido Di Tella (1983: 103) afirma que la designación de Puiggrós como rector, “cuyos antecedentes eran definitivamente izquierdistas”, era una excepción y formó parte de “una solución política que se consideró necesaria para evitar la tradicional oposición ofrecida al peronismo por el sector universitario”. Discrepa Oscar Terán (2004), quien sostiene con respecto al nuevo gobierno peronista: “El triunfo de la fórmula encabezada por su delegado doctor Cámpora y su muy breve presidencia marcarán el momento de mayor gravitación en el poder de la tendencia revolucionaria del peronismo. Esta gravitación alcanzará carácter hegemónico en las universidades estatales. Allí, junto con un marcado proceso participativo de docentes, estudiantes y no docentes, en un cruce de hegemonismo y populismo, los objetivos académicos resultaron subordinados a los lineamientos ideológicos e intereses políticos del peronismo radicalizado, y esos lineamientos signaron los criterios de selección del cuerpo docente, los programas de estudio y los estilos de la relación profesor-alumno”. Son de la misma opinión Anguita y Caparrós (1998: 43), quienes consideran que “la universidad era uno de los pocos terrenos que los Montoneros habían ocupado sin discusión cuando se repartieron los espacios de influencia en el Estado”. Para nuestro entrevistado Juan Molina y Vedia: “La Universidad era manejada parcialmente por los Montoneros, luego se forma un grupo leal a Isabel, de derecha, ambos sectores muy radicalizados”. También es de la misma opinión Jaime Sorín. Para Doberti, la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y los Montoneros estaban muy mezclados, lo cual dificultaba discernir entre los que apoyaban la violencia y los que no.
Entre tanto, la ocupación de las facultades ya era una práctica cotidiana. Las organizaciones estudiantiles cuestionaban al cuerpo docente, sin considerar los méritos académicos o profesionales, y evaluando exclusivamente su militancia política. El rector Puiggrós[51] afirmaba: “Lo fundamental es que toda universidad, ya sea estatal o privada, refleje en su enseñanza la doctrina nacional e impida la infiltración del liberalismo, del positivismo, del historicismo, del utilitarismo,[52] todas formas en que se disfraza la penetración ideológica en las casas de estudios. (…) Se terminó eso de la universidad libre pero a espaldas del pueblo. (…) No habrá revolución tecnológica sin revolución cultural.[53] (…) “Los grandes cambios se dan cuando se reúnen tres elementos: las masas, la fuerza de las armas y la teoría revolucionaria. (…) Nosotros aspiramos a que la universidad aporte los elementos ideológicos, y que éstos sean reconocidos y aceptados por las masas” (Puiggrós, 1973: 381).
De esta manera, Rodolfo Puiggrós presenta un programa de renovación político-pedagógica inserto en una nueva relación entre universidad y sociedad. Acorde con ello se implementan proyectos de extensión, como el de “Erradicación de villas de emergencia”.[54] Presionado por enfrentamientos violentos entre distintas tendencias,[55] Rodolfo Puiggrós (29-5-1973 al 2-10-1973) renuncia,[56] junto a Enrique Martínez –delegado interventor suplente, a cargo además de la Facultad de Ingeniería–, y es sucedido por Alberto Banfi (quien no llega a asumir), Ernesto Villanueva[57] (4-10-1973 al 28-3-1974), Vicente Solano Lima (28-3-1974 al 25-7-1974) –ex vicepresidente de Cámpora–, y más tarde por el decano de Derecho, Raúl Laguzzi (25-7-1974 al 17-9-1974), cuyo mandato estaría signado por la tragedia.
Analiza el momento Adriana Puiggrós (1986: 175): “El peronismo de 1973 se contemplaba a sí mismo convalidando una imagen abarcadora que todo lo contenía y ocultándose el carácter inorgánico del agrupamiento de sectores políticos y fuerzas sociales que representaba. Ocultándose, por lo tanto, el carácter coyuntural de este agrupamiento. (…) Y se repetía a sí mismo que podía llegar a absorber o eliminar las demás tendencias internas”. Esas tensiones entre tendencias diversas estallaría poco tiempo después.
En la Facultad de Arquitectura de la UBA se va a crear en 1973 la Federación de Comisiones Docente-Estudiantiles[58] que realizará una propuesta político-pedagógica para los cursos de Diseño, antecedente de los Talleres Nacionales y Populares. Los debates que se empiezan a desarrollar involucran no sólo el rol de los estudiantes y docentes, sino además la relación entre técnica y política y el propio sentido que se le quiere dar a la arquitectura. Muchas de las opciones que se plantearon, por ejemplo, en torno a la vivienda popular, que involucran cuestiones tales como radicación o erradicación de villas de emergencia, vivienda colectiva o individual, en alquiler subsidiado o en propiedad, siguen aún sin resolver. Pero esto es otra historia.
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[1] El “Manifiesto del Mayo Francés de 1968” tiene cierta semejanza de tono con el “Manifiesto liminar” de Deodoro Roca.
[2] Para Roth (1981) fue un hecho orquestado por agrupaciones subversivas. Para Potash (1994), un fenómeno espontáneo. Según O’Donnell (1982), no fue causado por el accionar de grupos guerrilleros, sino que, por el contrario, motivó su formación.
[3] En enero de 1969 se había realizado en Córdoba el Segundo Congreso del Peronismo Revolucionario, utilizando en esa instancia la denominación “Tendencia Revolucionaria del Peronismo” para definir “a los grupos que se encontraban a favor del lanzamiento de la lucha armada” (Tocho, 2015).
[4] Para Le Corbusier, la ausencia de intervención de los Estados para resolver el acuciante problema habitacional podría desencadenar una revolución semejante a la de la Unión Soviética.
[5] Según Borthagaray (2003), esta agrupación de derecha atacaba frecuentemente a sus vecinos estudiantes de Arquitectura. Coinciden con esto nuestros entrevistados Bárbara Rondinelli y Roberto Llumá. La primera rememora las perforaciones dejadas por las balas en el techo de chapa de los galpones de la Facultad de Arquitectura ubicada sobre la avenida Figueroa Alcorta, vecina a la Derecho. El segundo recuerda una noche en la que el entonces secretario académico Justo Solsona salió solo a enfrentar a los atacantes. Morero (1996) vincula a esta agrupación de derecha con el grupo Tacuara. De acuerdo con este autor, el Sindicato Universitario de Derecho fue el responsable de la muerte del estudiante Daniel Grinbank durante la movilización de repudio al envío de tropas a la República Dominicana (29-4-1965).
[6] Queda una reflexión que hacer: ¿qué agrupación estudiantil puede reclamar el fin de la participación del alumnado? La respuesta es obvia: sólo aquella que por su carácter minoritario queda ajena a cualquier tipo de representación en un sistema democrático, llegando al poder por otras vías.
[7] Para Selser (1986) la formulación de este Decreto-Ley fue resultado del ingenio de los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que evitaron el uso del término “intervención”. El ex decano Marcos Risolía fue “premiado” con un cargo en la nueva Corte Suprema.
[8] En la reunión que se realizó en el Rectorado participaron el decano Pando y los representantes de profesores arquitectos Hirsz Rotzait y Jorge Togneri. Otros consejeros superiores rechazaron la posibilidad de “asumir otras funciones que no sean aquellas para las cuales fueron designados”. La Federación Universitaria Argentina hace una declaración donde se intima a formar “un frente común de lucha en defensa del actual sistema”, llamando a participar a la clase obrera (La Nación, 30 de julio de 1966). También estuvo presente en esta reunión el secretario de la Universidad, Ludovico Ivannisevich Machado, hijo del ingeniero del mismo nombre y sobrino de Oscar. Tanto Ivannisevich como Fernández Long y Pando eran miembros de la corriente católica Humanista, es decir, no marxistas.
[9] Para un panorama general sobre el tema, ver Bra (1985b) y Morero (1996).
[10] www.unidiversidad.com.ar/la-noche-de-los-bastones-largos-en-fotos.
[11] El testimonio al New York Times del profesor norteamericano Warren Ambrose, involuntario protagonista de la golpiza, fue decisivo en este hecho.
[12] Ver diario La Nación del 29, 30 y 31 de julio de 1966, así como del 1 al 5 de agosto del mismo año.
[13] Vicedecano de Alfredo Casares, ambos de la corriente Humanista. Pando había ocupado el cargo de decano apenas dos meses antes de esta cruenta jornada, por la renuncia anticipada de Casares, cuyo mandato concluía el 20 de noviembre. Por este motivo algunos de los entrevistados nos dijeron que, en realidad, Casares ya intuía la intervención.
[14] Según Selser (1986: 134), la mayor cantidad de alumnos heridos en Arquitectura ocurrió porque respondieron a la agresión policial, a diferencia de los de Exactas, que tenían la consigna de “no ofrecer resistencia”. Algunos de los entrevistados, con cierto humor negro, manifestaron que la reacción de los estudiantes fue tal porque vieron destruidos los trabajos del primer cuatrimestre.
[15] De acuerdo con Morero (1996), fueron 130 los detenidos en la Facultad de Arquitectura.
[16] Según algunos de nuestros entrevistados, las mesas levantadas eran una protección contra los ataques del SUD –Sindicato Universitario de Derecho– que frecuentemente arrojaba proyectiles contra sus vecinos de Arquitectura; según otros, no era más que la práctica habitual de “enchinchar” los trabajos de los alumnos sobre las mesas levantadas para realizar una exhibición general de lo presentado.
[17] Recordaba Manuel Sadosky, entonces vicedecano de Exactas, que “pegaban bien, pegaban con habilidad, pegaban con ganas” (Lorca, 2006).
[18] Entrevista realizada el 30 de octubre de 2006.
[19] Para Roberto Roth (1981: 181), en ese entonces Secretario Legal y Técnico de la dictadura de Onganía, la represión policial del 29 de julio había sido motivada por la provocativa designación de Rolando García, tachado de comunista, como decano de la Facultad de Exactas. Ese mismo Rolando García era tildado de “cientificista” por Oscar Varsavsky (1975: 36), quien cuestionaba los acuerdos que la Facultad de Exactas había firmado con la Fundación Ford. “Cientificista es el investigador que se ha adaptado a este mercado científico, que renuncia a preocuparse por el significado social de su actividad, desvinculándose de los problemas políticos, y se entrega de lleno a su ‘carrera’, aceptando para ella las normas y valores de los grandes centros internacionales, concretados en un escalafón”.
[20] Miembro del Ateneo de la República, verdadero “partido” gobernante, otrora interventor de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1945, presidente de la Corporación de Arquitectos Católicos e impulsor de un consejo profesional oficialista que “pudiera estar vinculado con las esferas de gobierno” en 1953. Por otra parte, cabe señalar que Mendióroz fue el verdadero iniciador en 1944 del movimiento por la creación de la Facultad de Arquitectura.
[21] Mendióroz, dejado “en comisión” en 1956, cuestiona a la SCA que nada hiciera por los docentes cesanteados por la Revolución Libertadora.
[22] Alguno de ellos eran miembros de la vieja élite aristocrática de la arquitectura, mientras otros eran profesores desplazados en 1956.
[23] Recordemos que el rector y muchos de los decanos eran de la línea Humanista, católica. Por otra parte, la intención implícita del gobierno era reemplazar a profesores de izquierda por otros nacionalistas católicos, reclutados supuestamente de la UCA.
[24] Argumentación sostenida por el grupo de profesores de Arquitectura de la corriente Humanista que decide no renunciar, pero que no deja de cuestionar la represión.
[25] Es interesante notar que, a diferencia de las intervenciones de 1930 o 1945, que pasan casi inadvertidas para el resto de la sociedad, la de 1966 genera rápidamente una amplia condena. Podemos suponer que la diferencia reside en que aquella universidad era elitista y su gobierno oligárquico y autocrático, y la de 1966 había sido una “isla democrática” a la que accedían amplios sectores de las clases medias.
[26] “Lo que nosotros calificábamos de ‘izquierda’ o ‘extremista’ ahora sería moderado”. “O ‘tal profesor’ –diríamos ahora– sería un socialista ‘atenuado’, o tal otro un ‘cristiano comprometido socialmente’ o aquel lo llamaríamos ‘oligarca’, pero en ese momento muchos no nos dábamos cuenta de ello. Sólo sabíamos que unos daban para resolver un ‘comedor para obreros’ y otros una ‘casa de 300 m2’”.
[27] El arquitecto Mario Roberto Álvarez nos confió en la entrevista realizada el 10 de febrero de 2006 que el puesto también le fue ofrecido a él, rechazando inmediatamente la oferta. Luis Botet había sido juez, procurador del Tesoro durante la dictadura de Aramburu y académico de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.
[28] Según Caldelari y Funes, sólo diez renunciaron de Derecho y apenas dos de Agronomía. Esto es comprensible, sabiendo las disputas que los diferentes rectores asumieron con los sucesivos decanos de Derecho, irónicamente llamados “de derecha”. Estos números coinciden con los expresados en el artículo “Universidad: el rayo que no cesa” (Primera Plana, 189, 9 al 15 de agosto de 1966), pero continuarían incrementándose.
[29] Hurtado De Mendoza (2006) señala: “El 25 de agosto de 1966, un artículo del New York Times, que llevaba como copete ‘Reclutadores universitarios listos para ubicar profesores’, anunciaba que algunas de las universidades más importantes de los Estados Unidos, ‘incluido el Massachusetts Institute of Technology y Harvard, así como sociedades científicas y académicas, han establecido contacto con profesores argentinos en las últimas dos semanas para colaborar con su plan de partida’”.
[30] En esa solicitada se expresa en durísimos términos lo siguiente: a) que las medidas adoptadas a partir del avasallamiento de la autonomía universitaria, la cesantía de docentes, la conculcación de los derechos a las organizaciones estudiantiles, etcétera, lejos de normalizar la labor universitaria, sólo han contribuido a generar una situación caótica, de paralización del esfuerzo creador, de desmantelamiento del patrimonio cultural argentino y de malgasto del presupuesto educacional costeado por la comunidad toda (durante la segunda quincena de agosto y el mes de septiembre los diarios intentaban calmar a la opinión pública con expresiones del tipo “Tiende a normalizarse la situación en…”, para al día siguiente señalar que “Fue casi nula la actividad en…” la misma Facultad o Universidad que aparentemente estaba “normalizada”). b) Que la presencia policial uniformada y de civil en los recintos universitarios violenta intimidatoriamente todo eventual clima de trabajo y de libertad individual. c) Que se confunde a la opinión pública cuando se anuncia que ha sido normalizada la actividad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. d) Que las tareas docentes no han sido reanudadas, por cuanto resulta imposible dada la situación de renunciantes a que han sido llevados casi el 70% de los docentes en digno ejemplo para la juventud estudiosa. e) Que las medidas dictadas por el Sr. Jefe de Trabajos Prácticos que actúa como delegado en el decanato de la Facultad (…) son sólo medidas administrativas que no pueden resolver un profundo problema docente. f) Que los trabajos realizados hasta el momento de la intervención en las materias fundamentales de promoción directa representan sólo una parte inconclusa de una totalidad cuyos objetivos y etapas sólo pueden ser justipreciados por los docentes que los elaboraron y guiaron, y que gran parte de los mismos que hoy se exige ya había sido entregada a los profesores naturales en el momento del avasallamiento, parte de los cuales fueron destruidos por la agresión policial del 29 de julio. g) Que dichos trabajos prácticos estaban siendo realizados sobre una sólida estructura docente que se basa en: g1) talleres verticales (…) en los cuales cada cátedra fija sus temas, etapas y criterios de valoración, en el transcurso de todo un año lectivo; g2) cátedras a cargo de docentes electos mediante rigurosa selección de méritos a cargo de jurados internacionales; g3) libertad de elección de cátedra. h) Que con tales medidas trata de ocultarse ante la opinión pública la grave pérdida y daño que significa la intervención de nuestra Facultad, que lleva a la defraudación de los estudiantes truncando el aprendizaje del año, y a la imposibilidad por años de continuar estudios con docentes que ofrezcan garantías de idoneidad similares a las que nuestros profesores han demostrado poseer (La Prensa, 11-9-1966: 9).
[31] Según esta publicación, “los alumnos que se sintieron abandonados por sus profesores se lanzaron inmediatamente en una lucha tan decidida como desordenada: huelgas, ocupación de Facultades, manifestaciones callejeras. (…) Tampoco tuvieron éxito los profesores que optaron por quedarse en sus cátedras como único modo válido para no perder contacto con sus alumnos y orquestar la lucha desde adentro de la Universidad. La guerra no declarada entre ellos y las nuevas autoridades se definió a favor de estas últimas: pusieron toda clase de trabas al dictado de las clases y olvidaron incluir sus materias en los próximos planes de estudio. El desmantelamiento del cuerpo docente, en Arquitectura, obligó a la suspensión de todas las materias denominadas de Taller (el grupo de Visión y Composición). Las que pudieron ser cubiertas se vieron resentidas en su aspecto pedagógico y en una de ellas se dio por aprobado el curso a todos los alumnos que figuraban inscriptos, sin evaluación de ningún tipo. (…) Se llegó a decir que la carrera dejaría de existir como tal, para pasar a ser un desprendimiento de ingeniería”. (“Universidad: Un año perdido”, Primera Plana, 210, 3 al 9 de enero de 1967: 23).
[32] Podemos hablar de “éxodo” y no de “exilio”, puesto que los arquitectos mayoritariamente no emigraron en este momento, sino que se refugiaron en su actividad profesional.
[33] Concuerda con este punto de vista nuestro entrevistado Alejandro Micieli, quien toma como referentes y modelos de su época de estudiante a Claudio Caveri y Eduardo Sacriste. Es interesante notar que, como destaca Selser (1986), los docentes renunciantes no dejaron “solos” a sus alumnos, sino que, por el contrario, les brindaron clases de manera particular en sus propias casas o estudios.
[34] Astigueta era un nacionalista católico que quería restaurar la educación religiosa en las escuelas públicas, medida que fue rechazada en el Consejo Nacional de Desarrollo por el comandante del ejército, general Alejandro Agustín Lanusse, y por el de la Marina, almirante Pedro Gnavi (Potash, 1994: 78).
[35] Médico vinculado con la Universidad Católica Argentina.
[36] Federación Universitaria Argentina, de orientación reformista.
[37] En cuya presidencia honoraria se colocó la figura del Che Guevara, recientemente asesinado en Bolivia (Liernur, 2001).
[38] Gloria Brener recuerda que el Congreso oficial estaba arancelado.
[39] Docente de la Facultad de Ciencias Exactas que había permanecido después de la “Noche de los bastones largos”. Posteriormente fue Director del CONICET bajo la presidencia de Carlos Menem.
[40] Dentro de esta Federación militaban, además de Franja Morada y el Movimiento Nacional Reformista, el FAUDI y la Agrupación Universitaria Nacional, ligada al Frente de Izquierda Popular de Abelardo Ramos.
[41] TUPAC (Tendencia Universitaria Popular Antiimperialista Combativa), rama universitaria de Vanguardia Comunista, fundada en la Facultad de Ingeniería de la UBA en 1969 por Eduardo Orane y Jorge Montero (desaparecidos por la dictadura militar en 1977 y 1978). Esta agrupación enfatizaba la unidad obrero-estudiantil y agitaba la consigna de “ni golpe ni elección, revolución”.
[42] FAUDI (Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda) fue junto a TUPAC la principal fuerza de izquierda revolucionaria en los primeros años de la década del 70, vinculada al Partido Comunista Revolucionario (PCR).
[43] Frente Estudiantil Nacional, ligado junto a la Organización Universitaria Peronista (OUP) a las 62 Organizaciones de Lorenzo Miguel.
[44] Tendencia Universitaria Popular de Arquitectura y Urbanismo, fundada por Jaime Sorín y Norberto Chaves.
[45] Mario Soto hacia 1970 había empezado a militar dentro del ERP y fue detenido en abril de 1971.
[46] Jorge Togneri, el mismo que en 1945 se opusiera como presidente del Centro de Estudiantes a la intervención de la Universidad y que en 1953 cuestionara la adhesión –obligatoria– de la SCA a la CGP y en 66 se opusiera a la intervención universitaria en la nota firmada por los decanos y rectores, en 1969 había ganado junto a Mario Soto y Marcos Winograd la titularidad de las cátedras de Arquitectura de la Universidad de la Plata. Osvaldo Bidinost, amigo personal del Che Guevara, formaba parte de la cátedra de Soto.
[47] Vallejo, dirigente estudiantil de FAUDI en la década del setenta, entrevistado por Mario Toer (1988: 196), señala: “Por ejemplo, el PC no podía hablar en las asambleas de Filosofía y Arquitectura en el año 1971, tachado de reformista. Lo central allí era la disputa entre el Peronismo y la Izquierda Revolucionaria”.
[48] Osvaldo Bidinost, quien fue docente del Taller total de Córdoba y de la Plata, estuvo preso “a disposición” del Poder Ejecutivo Nacional entre 1976 y 1982, y Mario Corea, a cargo del de Rosario, partió al exilio en 1976.
[49] Estos entrevistados recuerdan haber cursado Legislación de Obras y Construcciones 3 en cátedras dirigidas por una asamblea de delegados estudiantiles.
[50] La revista Nuestra Arquitectura no es ajena a estos hechos y dedica dos artículos en números sucesivos para tratar también este tema (Nuestra Arquitectura, 474, diciembre de 1971: “La crisis en la Facultad de Arquitectura”; Nuestra Arquitectura, 475, febrero de 1972).
[51] En su acto de asunción casi no hubo presencia de profesores –a excepción de los de Ciencias Exactas y Odontología–, estando la sala colmada de alumnos y no docentes (La Opinión, 31 de mayo de 1973).
[52] En Puiggrós (1973, citado en Sarlo, 2001: 379) agrega “y yo diría hasta del desarrollismo”.
[53] Casi el mismo texto en El Descamisado, 3 de junio de 1973. Ver también Puiggrós (1974).
[54] Con respecto a la erradicación de Villas de emergencia, Pelli (1984) distingue tres modalidades de erradicación llevadas a cabo en esta época por el Estado: a) La villa es entendida como molestia social. Se realiza un desalojo compulsivo y se transporta a sus habitantes a otra jurisdicción. b) Se incluye bienestar habitacional. Se traslada a los habitantes de la villa a un conjunto habitacional en otra localización. Se “supone que ‘el problema del poblador villero es básicamente la falta de casa y que su situación es individual’” (Pelli, 1984: 10). Se rompe la trama social solidaria existente en la villa y el sistema económico de subsistencia. Esta modalidad fue la que ejecutó el PEVE (Plan de Erradicación de Villas de Emergencia). c) Sustitución elaborada con y aceptada por los habitantes de sus situaciones satisfactorias aptas para sobrevivir en el estado de marginalidad, por situaciones satisfactorias aptas para evolucionar en un estado de integración. Esto fue lo que ocurrió en el caso de la Villa 7 de Mataderos y correspondió más a la “radicación” que a la “erradicación”. Recordemos que en febrero de 1973 se constituye el Frente Villero de Liberación, que inmediatamente logra ser reconocido por algunas instituciones estatales. El Frente reclama la expropiación de los terrenos donde se encuentran asentadas las villas y la construcción en ellos de las viviendas definitivas.
[55] Se le critican sucesivas purgas de profesores disidentes, calificándolo de “macartista”. Asimismo, diferentes agrupaciones peronistas se enfrentaban por la hegemonía: el “Trasvasamiento” (FEN, OUP y otras agrupaciones como FANEP, JPU, MEP y UPM) versus la “Tendencia” (JUP, ligada a Montoneros). El “Trasvasamiento”, que se oponía al liderazgo de Galimberti, señalaba que “entramos en el último tramo de la etapa de toma de poder que nos posibilitará ir construyendo el socialismo nacional como marco para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria” (La Opinión, 12-5-1973 y 17-7-1973).
[56] El 2 de octubre de 1973 el diario La Opinión titula “A Puiggrós le fue exigida la renuncia y los delegados de las Facultades lo apoyan”. Distintas agrupaciones estudiantiles también lo respaldan: CNU (Concertación Nacional Universitaria) y JUP, quienes sostienen que este hecho es una “ofensiva de la reacción antiimperialista infiltrada en el seno de nuestro movimiento que pretende frenar todo avance en el proceso de reconstrucción nacional”. En términos semejantes se expresa la FUA-Córdoba (radicales y comunistas): “Es un hito más en la gigantesca escalada que la última derecha viene efectuando en el gobierno desde el 13 de julio” (fecha de la dimisión de Cámpora). Mientras que FEN y OUP consideran que “la intervención de Puiggrós no contempló la política de unidad nacional propiciada” por el general Perón. El 4 de octubre otro titular de La Opinión refleja el desconcierto reinante en el gobierno de transición de Lastiri: “Confusa situación en la universidad: Perón no solicitó la renuncia de Puiggrós”. Concluyendo irónicamente que el ministro Taiana seguramente “fue instrumentado por esos mismos grupos infiltrados”.
[57] Calificado en ese entonces como “hombre de Puiggrós” y vinculado con las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), según Gillespie (1987) y Gorbato (1999). Estuvo encarcelado a disposición del PEN entre 1975 y 1982. Posteriormente fue vicerrector de la Universidad de Quilmes y presidente de la CONEAU. Actualmente es rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
[58] Reconocida tácitamente por las autoridades de la Facultad. Formaban parte de la misma poco más del 25% de las cátedras (14 sobre un total de 48). Según el diario La Opinión (10-5-1973) “presupone una subordinación a los objetivos impulsados por los peronistas”. Jaime Sorín recuerda que las cátedras eran reconocidas por un número y no por el nombre del titular, manifestando no sólo la crisis del modelo del “gran maestro de atelier”, sino la pérdida de legitimidad de la autoridad tradicional. Según sus recuerdos, él estaba junto a Roberto Frangella y Beatriz Escudero en la “Unidad 9N” y Rolando Schere y Jorge Moscato en la “Unidad 2”.
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