La sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ha sido un mojón en la historia del movimiento feminista argentino. Seguramente, todas aquellas personas que nos sentimos militantes de estas banderas desde hace mucho o poco tiempo recordaremos este proceso de discusión y sanción de la ley (2018-2020) como una gesta repleta de épica, alegría y compromiso. Sin embargo, para las que somos feministas pero además somos peronistas, esta sensación tiene, además, el componente inocultable del orgullo de que ese paso gigante en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria se haya dado en nuestro gobierno y cumpliendo una de las consignas que encabezaron el programa que le propusimos a la sociedad en la campaña electoral.
Es imposible abstraerse de lo que sucede cuando hay en la conducción del Estado Nacional una fuerza que tiene un compromiso real con la Justicia Social y un programa permeable a las nuevas demandas de los movimientos sociales y culturales que se expresan en la comunidad. Estoy convencida de que el feminismo ha venido a cuestionar los cimientos de la forma patriarcal de organización social y que es nuestro movimiento popular aquel que puede –y debe– hacerse cargo de esos cuestionamientos, proponiendo una agenda de transformación en consecuencia. Por eso resulta central responder –o intentar ir respondiendo en este diálogo fluido y permanente– la pregunta que encabeza estos párrafos. Sin embargo, también resulta que la respuesta no es sencilla o única, sino que amerita una discusión que produzca, en primer lugar, una actualización doctrinaria que nos permita hablar efectivamente de un feminismo peronista, no ya como un lugar de intersección entre dos conjuntos distintos más o menos compatibles según se den las circunstancias, sino como una unidad propia que dé vida y sentido actual a las banderas históricas del justicialismo: debemos lograr que ya no sea posible plantear un programa de gobierno, un plan de gestión o una agenda militante desde el peronismo que no asuma las desigualdades de género como una de las injusticias sociales que reclaman nuestra acción política para ser revertidas.
El debate por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo ha dejado al desnudo las entrañas más ocultas de la desigualdad de género. Históricamente, en nuestro país y en el mundo ha habido quienes autónomamente podían decidir sobre su proyecto de vida y su vocación o voluntad de procrear, y quienes no. Para negar ese derecho a algunas personas se esgrimieron todo tipo de argumentos morales, religiosos, biológicos y legales, que se impusieron por la fuerza y condenaron a la clandestinidad a quienes se negaban a asumir como propio el destino culturalmente impuesto. La desconfianza en la capacidad de las mujeres y las personas con capacidad de gestar y sus decisiones impregna toda nuestra sociedad. Es por eso que debe ser tarea del feminismo peronista reclamar y construir política pública que refuerce sus autonomías personales, hablando de la dimensión individual de la Soberanía Política. Es hora de que asumamos que estamos en condiciones de igualdad para decidir sobre nuestras vidas, y que el Estado debe apoyar nuestros proyectos laborales, culturales y formativos para que una vida digna esté al alcance de todas las compañeras.
Bien sabemos las peronistas que la igualdad no alcanza con declamarla en las leyes o en la constitución, sino que para alcanzarla el Estado debe intervenir en la discusión, generando oportunidades de realización personal para todas y todos los miembros de la comunidad. Así que es imprescindible tomar medidas redistributivas con perspectiva de género.
Cuando Perón formuló su postulado del “fifty-fifty” se refería a un equilibrio del reparto de la torta entre el empresariado –capital– y las trabajadoras y los trabajadores –salario. Si miramos cualquier índice económico, podemos ver que en ese desarrollo las mujeres no estamos consideradas: empresarias no llegamos a ser, por acción del famoso “techo de cristal”, y nuestros trabajos, de enorme importancia social, tienen bajísimas remuneraciones o directamente no son retribuidos mediante un salario, como es el caso de los cuidados domésticos o comunitarios. Es vital reconocer esta injusticia redistributiva y tomar fuertes medidas económicas para revertirla, logrando así la Independencia Económica que nos permita vivir una vida libre de violencias.
La discusión por el derecho a decidir ha puesto de relieve una realidad inocultable: es imprescindible avanzar desde el peronismo en la agenda de derechos laborales para todas las compañeras, en particular aquellas que realizan los trabajos peor remunerados, más estigmatizados e invisibilizados. Es incongruente con nuestra tradición histórica seguir negando el acceso a la jubilación y a la obra social a aquellas personas que han optado por realizar trabajo sexual como forma de ganarse la vida. No corresponde al Estado moralizar ni juzgar esta opción, sino acompañar con herramientas que den oportunidad de elegir libremente –sin ser ingenuas ni ingenuos sobre los condicionamientos económicos y culturales existentes. Asimismo, las compañeras expulsadas de la economía formal –por las dificultades para acceder a trabajos registrados, profundizadas por el programa neoliberal del gobierno anterior– deben encontrar en nuestras organizaciones sociales y en el Estado la posibilidad de organizarse sin resignarse. Nos corresponde el trabajo, nos corresponde el salario y nos corresponden los derechos laborales. En consonancia, la organización sindical tiene que hacer espacio a una representación más justa de las trabajadoras.
La institucionalización de esta agenda –que se propuso con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y su homólogo en la Provincia de Buenos Aires– pretende la transversalización de la perspectiva feminista dentro de los Estados. Es necesario acompañar esa definición política de nuestro gobierno con un compromiso militante que nutra de densidad política y social a la institucionalidad. Por eso, entiendo que resulta imprescindible una transformación profunda de nuestros espacios orgánicos –sean del tipo que sean– para poner en tensión la forma histórica y genderizada de asignación de roles y tareas; para deconstruir las formas violentas y expulsivas de toma de decisiones; para cuestionar la manera masculina en la que se ejerce el poder y el privilegio; para volverlas espacios más amables y fáciles de habitar y llenarlas también de esa épica, esa mística y esa alegría con la que conquistamos el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, y con la que construiremos la Patria Justa, Libre y Soberana para todes.
Lucía Portos es abogada y subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires.
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