El movimiento feminista argentino adquiere un importante apoyo de la sociedad y resignifica ámbitos tanto públicos como privados, obligando a posicionarse a todos los actores y actoras de la política. Sin embargo, la masiva adhesión que adquieren los reclamos de género no encuentra en el Estado la misma dinámica que actualice las estructuras burocráticas. Nos proponemos indagar este desencuentro entre las demandas feministas y el Estado, observando tres patrones que en términos de Oscar Oszlak (1980) son necesarios para la conversión de una política en acción: la diferenciación, la integración y la interdependencia en las políticas públicas.
El Estado argentino ha tenido distintas intervenciones en la vida de las personas en materia de género a lo largo de su historia. Muchas de las transformaciones están asociadas a los derechos humanos incorporados cuando recuperamos la democracia. Existen políticas públicas creadas para abordar la desigualdad y la inequidad patriarcal de manera específica, pero también existen políticas estatales transversales que impactan en las condiciones de las mujeres y los espacios disidentes del patriarcado. Hay políticas estatales que, aunque no cuenten con una razón feminista, mejoran la situación socioeconómica, favoreciendo la vida de las mujeres. Son aquellas que en tiempos neoliberales ajustan, vacían y sub-ejecutan presupuestos, aumentando la vulnerabilidad.
Claudia Anzorena (2015) hace un repaso por las transformaciones estatales que impactaron en las cuestiones atravesadas por el sexismo en la vida de las mujeres desde el retorno de la democracia en los ochenta. Entre las principales observaciones, reconoce que el Estado ha tenido posiciones diversas y ambivalentes con el colectivo de mujeres y espacios disidentes del patriarcado. “Es decir que las articulaciones entre reivindicaciones feministas y políticas públicas es provisoria, en cuanto depende de la forma y función del Estado, del momento histórico, de las relaciones de fuerza. La tensión entre la proclamación de derechos y las políticas implementadas en orden a garantizar (o no) esos derechos, coloca al Estado como un campo de disputas por el control de los cuerpos y el trabajo de ‘las mujeres’, marcado por los umbrales de tolerancia del capitalismo, el racismo y el heteropatriarcado, donde las mujeres no son pasivas, sino que son sujetos que resisten y luchan por su autonomía, de manera más o menos organizada, en vinculación con las instituciones o buscando formas alternativas” (Anzorena, 2014: 4).
El análisis feminista de las políticas sociales permite a la autora detectar una línea patriarcal que se mantiene en los programas, reforzando roles de las mujeres en las políticas sociales, destacando su capacidad natural para administrar el ámbito privado y llevar adelante los cuidados sobre la niñez y demás responsabilidades familiares. La práctica en el aparato estatal opaca las condiciones y oportunidades que demandan los movimientos feministas y perpetúa la explotación que laboralmente padecemos las mujeres con trabajos no remunerados ni reconocidos.
Oscar Oszlak entiende a la burocracia estatal como una arena de conflicto político. Es un espacio dinámico donde se desarrollan tensiones sociales y políticas de la ciudadanía. El Estado no es visto como una estructura monolítica, sino más bien se lo percibe diverso y heterogéneo. “Los esfuerzos por materializar los proyectos, iniciativas y prioridades de los regímenes que se alternan en el control del Estado tienden a manifestarse, al interior de su aparato, en múltiples formas organizativas y variadas modalidades de funcionamiento, cuya cristalización es en buena medida producto de las alternativas de los conflictos sociales dirimidos en esta arena” (Oszlak, 1980: 9). Sin embargo, más allá de las diversidades y tensiones dentro de un espacio tan dinámico, el autor propone para analizar las políticas públicas tres patrones que evidencian en qué medida esa voluntad política se convierte en acción, y menciona: la diferenciación –como especialización funcional con ámbitos autónomos–; la integración –como mecanismos que coordinan y contrarrestan las autonomías–; y finalmente la interdependencia –como herramienta para sostener vínculos de consenso y coerción entre las agencias del Estado. Sobre el Estado en transformación por demandas de género, observamos la creación de nuevos ámbitos, oficinas y agencias que trabajan ciertas especificidades de la violencia patriarcal. Ejemplos de esto son las oficinas de Rescate de Trata de Personas y de Violencia Doméstica de la Suprema Corte de Justicia; las comisarías provinciales de las mujeres; o los refugios y centros de llamados para asistencia a víctimas de violencia presentes en las jurisdicciones municipales. Pero estas políticas públicas feministas implementadas en las últimas décadas han sido particularistas, específicas y parciales, tanto para el Estado nacional como para las jurisdicciones subnacionales, sin abordar cuestiones feministas de manera integral en los pilares como ordenadores de la ciudadanía, tales como el trabajo en ámbitos públicos y privados, la educación y la salud. Aunque resta planificar nuevos dispositivos institucionales específicos, puede observarse en gran parte de los ámbitos estatales al menos un programa con perspectiva de género que manifiesta el patrón de la diferenciación en la creación de programas y dispositivos institucionales especializados que no estaban sin el argumento feminista. La diferenciación ha sido llevada adelante en términos de herramientas institucionales de asistencia ante situaciones de violencia patriarcal y responden a una lógica ad hoc, es decir que llegan para abordar una situación específica.
Respecto a la integración, Oszlak la considera como aquellos mecanismos que contrarrestan las autonomías, con ordenamientos jerárquicos y manejos centralizados de recursos según los objetivos propuestos. Cada política pública que se ha realizado en el marco de dar respuestas a las cuestiones feministas cuenta con distintas variantes en cuanto a ordenamiento jerárquico y asignación de recursos. Retomando las políticas mencionadas más arriba, es claro que la integración no es una característica aparente en las herramientas institucionales porque se trata de herramientas sin vinculaciones con otras estructuras de los sistemas a los que pertenecen, ni siquiera impactando en la formación de otras áreas. “Pero las sucesivas adiciones y segmentaciones tienden a producir una dispersión institucional inmanejable. Libradas a su propia dinámica, las unidades estatales orientan su actividad de acuerdo con estrechos criterios sectoriales o funcionales, que pierden a menudo de vista intereses y valores sociales más trascendentes” (Oszlak, 1980: 12).
Finalmente, el tercer patrón para convertir una voluntad política en acción es la interdependencia: representa las estrategias de las agencias del Estado para mantener vínculos de consenso o coerción en el desarrollo de los objetivos. Nuevamente, las políticas mencionadas más arriba en materia de género parecen contar con baja capacidad en toma de decisiones y en articulación con espacios de la ciudadanía que permitan de-construir las prácticas violentas y desiguales hacia las mujeres y demás grupos disidentes. La interdependencia es un patrón necesario porque dota a las políticas públicas de capacidad dinámica para adaptarse y reacomodar ante los escenarios cambiantes de la sociedad, y no parece estar entre las características más importantes de las políticas feministas desarrolladas por el Estado.
En estos términos y con una revisión general sobre las herramientas más visibles que desarrolla el Estado nacional –y muchos subnacionales–, las políticas feministas cuentan con patrones de diferenciación, pero carecen de integración e interdependencia para materializar las decisiones políticas en acciones concretas. Sin duda la resistencia del patriarcado en lugares de decisiones y estructuras burocráticas demora las transformaciones a un aparato estatal que debe combatir su propio carácter conservador, pero también en las organizaciones y actores(as) de la arena política se deben planificar políticas con una perspectiva feminista en los nódulos integrales, que conecten y complementen distintas agencias y programas, y a la vez articulen con espacios de la sociedad para profundizar y materializar las voluntades políticas feministas.
Referencias bibliográficas
Anzorena C (2014): “Aportes conceptuales y prácticos de los feminismos para el estudio del Estado y las políticas públicas”. Revista de Trabajo Social, 11, Tandil.
Anzorena C (2015): “¿Qué implica la protección social para las mujeres? Un análisis feminista de las políticas sociales y de igualdad en Argentina”. Oxímora, 7.
Oszlak O (1980): Políticas Públicas y Regímenes políticos: Reflexiones a partir de algunas experiencias latinoamericanas. Estudios CEDES, volumen 3-2, Buenos Aires.
Laura X. Iturbide es politóloga y docente universitaria.
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