Derechos sexuales y reproductivos, avances, desafíos y oportunidades de reforma para la pospandemia

Afortunadamente, es cada vez más frecuente oír hablar sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, y así debe ser: cuanto más se habla sobre un tema determinado, más se aprende y se transmite información apropiada para que toda la población pueda disfrutar de una correcta y segura salud. Muchos se preguntan qué son los Derechos Sexuales y Reproductivos. Trataremos de traer claridad en el tema. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son parte de los derechos humanos básicos. Son derechos tan importantes como el derecho a la vida, a la salud y a la libertad, con los que están directamente relacionados. Los derechos sexuales se refieren a poder decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales; a vivir la sexualidad sin presiones ni violencia; a que se respete la orientación sexual y la identidad de género sin discriminación; a acceder a información sobre cómo cuidarse; y a disfrutar del cuerpo y de la intimidad con otras personas. Todas las personas tenemos derecho a disfrutar de una vida sexual elegida libremente, sin violencia, riesgos ni discriminación. Por los derechos reproductivos, todas las personas tenemos derecho a decidir en forma autónoma y sin discriminación si tener o no tener hijas o hijos, con quién, cuántos y cada cuánto tiempo. También son derechos recibir información sobre los diferentes métodos anticonceptivos y el acceso gratuito al método elegido en hospitales, centros de salud, obras sociales y prepagas. La atención de la salud respetuosa, integral y de calidad durante el embarazo, el parto y el posparto, así como en situaciones de post aborto, también está contemplada dentro de los derechos reproductivos. Es también un derecho el acceso a la interrupción Voluntaria y Legal del embarazo –IVE e ILE–, acceder a tratamientos de reproducción médicamente asistida y a tratamientos para modificación corporal de acuerdo a la ley de identidad de género.

Legalmente en el nivel nacional, los derechos sexuales y los derechos reproductivos están protegidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales de Derechos Humanos y las leyes. Asimismo, existen resoluciones y recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y de cada jurisdicción que establecen cómo deben actuar hospitales, centros de salud, obras sociales y prepagas para respetar los derechos de la población.

Habiendo repasado los aspectos conceptuales, podemos reseñar los avances, desafíos y oportunidades de reforma para la post pandemia, tanto a nivel nacional como provincial. En cuanto a los avances, en los últimos años ha ocurrido un cambio muy importante y favorable en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos, sobre todo con la sanción de varias leyes que los garantizan: Ley 23.592: actos discriminatorios; Ley 23.798 Nacional de VIH-Sida; Ley 25.273: Régimen Especial de Inasistencias Justificadas por razones de gravidez para alumnas; Ley 25.543 de Ofrecimiento de testeo para VIH a embarazadas; Ley 25.673: Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; Ley 25.808: derecho a seguir estudiando de las adolescentes embarazadas o que son mamás o papás; Ley 25.929: derechos de padres e hijos e hijas durante el proceso de nacimiento; Ley 26.061: Protección integral de Niños, Niñas y Adolescentes; Ley 26.130: Anticoncepción quirúrgica; Ley 26.150: Educación Sexual Integral; Ley 26.485: protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales; Ley 26.529: Derechos del Paciente; Ley 26.618: matrimonio igualitario; Ley 26.743: Identidad de Género; Ley 26.862: Fertilización Asistida; Ley 26.994: Código Civil y Comercial de la Nación; Ley 27.610:  Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Durante la pandemia COVID-19 ha ocurrido una innumerable cantidad de inconvenientes, producto de las restricciones preventivas, entre ellos: un incremento en el número de casos de infecciones de transmisión sexual –especialmente de sífilis materno-neonatal–; la disminución en la circulación de la población obstaculizó el acceso a consultas médicas, al acceso gratuito de método anticonceptivos; también se vieron afectadas la anticoncepción de emergencia y las interrupciones legales y voluntarias de embarazo; la reducción de cirugías programadas –entre ellas, ligaduras tubarias y vasectomías, cirugías de modificaciones corporales, etcétera–; reducción del número de consultas y procedimientos de reproducción medicamente asistida en parejas infértiles; el confinamiento social mantuvo a víctimas y victimarios bajo el mismo techo; o también se suspendieron clases presenciales en las instituciones educativas y por consiguiente las de Educación Sexual Integral.

A mi entender, los desafíos a enfrentar en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos son muchos. Uno de los más importantes es reducir el Embarazo No Intencional en la Adolescencia y el Embarazo Forzado en la Adolescencia: siete de cada diez embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años no son intencionales; y 84% de los embarazos de niñas menores de 15 años no son intencionales. La mayoría de éstos son resultado de situaciones de abuso sexual y violaciones. Otros desafíos a abordar son: el acceso de la población adolescente a métodos anticonceptivos –sobre todo a los de larga duración, como los DIU o el Implante Subdérmico–; el acceso universal a estos métodos de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar; continuar realizando ligaduras y vasectomías en el contexto actual de COVID-19; facilitar el acceso a consultas médicas, consejerías en anticoncepción y provisión de métodos anticonceptivos, Educación Sexual Integral y asesorías en todos los establecimientos educativos del país; y la reducción del número de Infecciones de Transmisión Sexual.

La realidad mundial respecto a la pandemia generó un desafío extra en nuestro país, ya que, por las restricciones, la reducción del número de centros sanitarios y recursos humanos capacitados por su afectación a la atención del COVID-19, y sobre todo por el temor de la población a concurrir a servicios de salud, hubo un impacto importante en el acceso a los métodos anticonceptivos que ocasionó discontinuidades en su empleo. La pandemia redefinió las prioridades, por la transformación que generó en los sistemas de salud y, pese a que mejoró la oferta disponible de métodos anticonceptivos, se viene trabajando desde la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva conjuntamente con las y los referentes provinciales para componer la demanda, ya que las y los usuarios dejaron de ir a los servicios de salud, lo que produjo complicaciones en “el acceso efectivo”. Debieron desarrollarse diferentes estrategias complementarias para ese programa, como la incorporación del envío a domicilio, la creación de circuitos alternativos de acceso a los consultorios y a los métodos anticonceptivos, el fortalecimiento del Remediar y el asesoramiento a través de la línea 0800, etcétera, a los efectos de facilitar y restablecer el acceso a métodos anticonceptivos y atención médica.

Considero que el desafío más importante que tenemos por delante es lograr dar cumplimiento a las leyes vigentes en todo el territorio nacional, debido a la heterogeneidad existente entre las provincias. Esto no solo es tarea del área de Salud nacional, o de las provinciales y municipales, sino también de la participación de toda la comunidad –organizaciones sociales, ONG, comunidades religiosas, clubes, etcétera–, garantizando que el acceso a los derechos sexuales y reproductivos sea sencillo, efectivo y eficiente. Es una tarea mancomunada entre la sociedad y los servicios de salud.

Con respecto a las oportunidades de reforma para la post pandemia, considero adecuado continuar trabajando conjuntamente con la sociedad, como se viene haciendo en este último tiempo, aunando y si fuese posible duplicando esfuerzos, a los efectos de no discontinuar la tarea realizada previamente, sobre todo porque no hay un horizonte claro aún respecto a la finalización de la pandemia. Ésta potenció una forma de comunicación eficiente mediante programas de videoconferencia, como así también el empleo masivo de redes sociales, los cuales deben ser utilizados en el futuro como un medio sencillo y eficaz para la difusión de información, sensibilización y capacitaciones de los equipos de salud, consultas médicas, consejerías y todo tipo de intercambio en pos de garantizar el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos.

El concepto de oportunidad perdida nos muestra lo que “no debemos hacer” como prestadores de salud a la hora de la consulta. Por ejemplo, con la población adolescente en una primera consulta se busca garantizar la información apropiada, el acceso y la provisión de métodos anticonceptivos, ya que puede ser la única oportunidad para evitar un embarazo no intencional. Una frase que ejemplifica esto último es: “la consulta por anticoncepción es una urgencia”. La o el adolescente que solicitan un método anticonceptivo siempre deben irse con una respuesta anticonceptiva.

Por eso, es necesario continuar trabajando en la provisión de insumos en cantidad apropiada y de calidad, haciendo énfasis en los métodos anticonceptivos de larga duración, por la adherencia que generan en la población; la sensibilización y la capacitación de los equipos de salud para una atención adecuada a los y las adolescentes, considerando un abordaje y un seguimiento integral; fortalecer la Educación Sexual Integral en las instituciones educativas, con asesorías en salud integral en las escuelas y en servicios de salud; fortalecer la oferta de atención en salud sexual y reproductiva; establecer dispositivos de base comunitaria que colaboren en la difusión de información apropiada para lograr una Salud Sexual y Reproductiva de calidad para toda la población; ofrecer consejería en derechos sexuales y reproductivos, y consejería en opciones en casos de embarazos no intencionales –acompañamiento, adopción o interrupción del embarazo. Para dar cumplimiento a esto último, se debe continuar conformando equipos provinciales interdisciplinarios que garanticen la realización de la ILE y la IVE. Las leyes existentes garantizan los derechos sexuales y reproductivos de la población, y es tarea de todos y todas cumplirlas y hacerlas cumplir, como así también el trabajo conjunto entre Salud y la sociedad.

 

Marcelo Guida es médico tocoginecólogo (Hospital Regional Ushuaia) y referente del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva de Tierra del Fuego, AIAS.

Share this content:

Un comentario sobre “Derechos sexuales y reproductivos, avances, desafíos y oportunidades de reforma para la pospandemia

Deja una respuesta