Avances en derechos sexuales y reproductivos

La Argentina ha presentado durante los últimos años avances significativos en asegurar derechos en general, y derechos sexuales y reproductivos en particular. Esto se debe –entre otros factores– a luchas previas, decisiones políticas y acompañamiento del pueblo en los cambios sociales y culturales para ampliar derechos.

El rol principal del Estado nacional es asegurar derechos para una salud integral, y el desafío actual es que las leyes sancionadas en el Poder Legislativo se transformen en políticas públicas reales, para que todo el sistema de salud asegure la promoción, la prevención y la atención en cumplimiento de las leyes.

Entre otras funciones, le corresponde al Ministerio de Salud de la Nación elaborar y difundir protocolos, capacitar a los equipos de salud, comprar y distribuir insumos y medicación, implementando así las políticas públicas que deben llegar a las personas, y evaluar resultados.

Debemos garantizar el acceso a servicios anticonceptivos; la atención materna y del recién nacido; la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA; asegurar servicios de atención a las infecciones de transmisión sexual distintos al VIH; la educación integral en sexualidad; la atención segura del aborto; la prevención, la detección y la consejería en materia de violencia de género; la prevención, la detección y el tratamiento de la infertilidad y el cáncer de cuello uterino; y la consejería y la atención para la salud y el bienestar sexual. Todo lo enumerado tiene como finalidad ampliar el bienestar sexual y reforzar la autonomía personal para poder tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, con un acercamiento positivo a la sexualidad.

A fin del año 2020 hubo dos avances fundamentales que fueron resultado de una de las movilizaciones populares más contundentes desde la restauración democrática: la aprobación en un mismo día de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y de la Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, llamada “Plan de los Mil Días”. Este Plan ofrece acompañamiento y asistencia en el embarazo y durante los primeros tres años de vida a los niños y las niñas y a todas las personas gestantes que no cuenten con los recursos necesarios o se encuentren transitando situaciones específicas. El objetivo es bajar la mortalidad, la malnutrición y la desnutrición, así como prevenir la violencia y proteger el desarrollo emocional y físico.

El desafío principal de este Plan es la necesidad de establecer un trabajo articulado entre organismos muy heterogéneos, porque involucra políticas de seguridad social, de identidad, de salud, de desarrollo social, de educación, de acceso a la información y de prevención de violencias. En Salud se han impulsado, entre otras acciones, la provisión pública y gratuita de productos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, tales como medicamentos, vacunas, leche y alimentos; la adquisición y distribución en establecimientos de salud de pruebas para el diagnóstico temprano del embarazo; el fortalecimiento de la ley de parto respetado y la implementación de un programa de sueño seguro; capacitaciones a equipos neonatales; y el fortalecimiento de programas que abordan las cardiopatías congénitas y la detección precoz de enfermedades congénitas.

Ahora bien, estos dos avances legislativos, indudablemente notables, deben servirnos para valorar dos cuestiones anteriores a las mismas que entiendo son ejemplares: por un lado, las luchas feministas y los avances en políticas concretas dentro del sistema de salud que se fueron dando en forma previa, a pesar de que todavía no estaban sancionadas algunas leyes: por ejemplo, el protocolo de atención de la Interrupción Legal del Embarazo, o el aseguramiento del acceso a los métodos anticonceptivos. De esa manera, el Estado nacional fue promoviendo el aseguramiento de los derechos sexuales y reproductivos.

Pero, por otro lado, conviene destacar que la política de salud sexual y reproductiva no se agota en la IVE y el Plan de los Mil Días, sino que además asienta sus estrategias en una tercera base: las iniciativas –con una trayectoria de mayor extensión en el tiempo– del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable y del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), orientado a la Educación Sexual Integral, las asesorías en las escuelas, las consejerías en salud sexual y reproductiva y las actividades de promoción comunitaria. Con estas y otras acciones el Estado nacional cumple su rol fundamental y su responsabilidad en garantizar los derechos sexuales y reproductivos y en brindar a la población adolescente herramientas para prevenir embarazos no deseados.

 

Sandra Tirado es secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, doctora en Medicina (UNT), diplomada en Diabetes y Obesidad (UNT), especialista en Economía y Gestión de la Salud y en Gestión Estratégica y Social de Sistemas y Servicios de Salud (ISALUD), médica pediatra certificada por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y la UNT y médica de Terapia Intensiva Pediátrica certificada por la SAP.

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