Las derivas recientes de las formaciones políticas y sociales del sistema mundo moderno-colonial en su fase actual coinciden en Colombia con un creciente sentimiento de indignación colectiva popular que ha llevado a estudiantes, camioneros, indígenas, campesinos, profesores públicos y madres víctimas de la violencia estatal a las calles a protestar contra la desfinanciación de la educación superior pública, los subrepticios reajustes fiscales y tributarios y la negación de los acuerdos logrados en La Habana con las FARC –entre otras ignominias. En el fondo, contra las medidas y los efectos de un sistema respaldado por una ideología que permite, promueve y refuerza la desigualdad, la competencia, el egoísmo y el desecho de todo lo que equivale a colectivo, popular o común.
El poder establecido en Colombia ha permanecido en manos de las mismas familias económica, política y mediáticamente influyentes. Esto se ha logrado gracias a su gran capacidad estamentaria, lobista, acumulativa y de control (manipulación) que les ha permitido apoderarse y acaparar los medios de comunicación centrales y tradicionales y convertirlos en oligopolios, mediante los cuales han instalado un discurso único que se presenta como neutral, nacional, verdadero e inmune a las críticas, pero que opera de acuerdo a sus intereses económicos, políticos y de clase. El discurso normalizado a través de dichos medios se propaga desde un centro de poder y origen hacia las periferias, y justifica sus propios parámetros interpretativos en ámbitos como el lenguaje, la producción jurídica y las percepciones (imaginarias) de colectivos sociales e individuos (Forero-Medina, 2018). Entendemos en este punto el centro como la capital referencial e interpretativa, y la periferia como una agrupación enmarcada por sus condiciones de marginalización social, política, cultural y económica (Forero-Medina y otros, 2018), teniendo en cuenta sin embargo que las relaciones centro-periferia desarrolladas en el marco de un sistema economía-mundo requieren de una colectividad intermedia en permanente inestabilidad que trata de escapar de las condiciones de precariedad, al mismo tiempo que espera alcanzar el estatus de creación discursiva central (hegemónica).
Esto puede explicar la sistemática y familiar estrategia de transmutación del discurso estatal frente a los movimientos sociales, destinada a convertir la indiferencia en represión y su consecuente tratamiento mediático, que hace que los sujetos colectivos que salen a las calles a manifestar pasen de ser inconformes a oficialmente vándalos, de indignados a oficialmente delincuentes, de críticos a oficialmente infiltrados de la guerrilla, de cuestionadores a oficialmente terroristas, de reclamantes de derechos fundamentales incumplidos a rapaces devoradores de privilegios que escasean. Una de las maniobras utilizadas para desviar el foco de atención y tergiversar las demandas populares consiste precisamente en falsear los objetivos, deformar los argumentos de las protestas y construir imágenes e imaginarios para poder mostrar antisociales y monstruos que amenazan la armonía social y los intereses superiores de la patria, defendidos por el Estado y promovidos por el capital privado.
Ya planteado este escenario, la praxis de los movimientos sociales, como manifestaciones por la dislocación semio-discursiva (político) de lo social, es entrar en disputa con el centro por las prácticas de significación y sentido a través de su propio discurso, con el fin de exigir demandas y hacerse un espacio como lugar de interlocución, y así alterar la configuración de las posiciones centrales (Forero-Medina y otros, 2018). Un ejemplo actual de estas relaciones y potencialidades es el movimiento estudiantil: reclama visibilidad, participación y mayor capacidad de definición frente a la retórica presupuestal, a lo que el gobierno ha respondido con su lenguaje técnico-economicista, cifrando la promesa de una asignación presupuestaria máxima e histórica, sometida a disponibilidades futuras, es decir, administrando y regulando la retórica (de lo) admisible y aceptable. Así es comprensible que buena parte del conflicto se lleve a cabo en el campo de batalla retórico-interpretativo, donde el pomposo anuncio por “el presupuesto más alto en la historia de la educación” (García, 2018) terminó siendo naturalizado, presentado y sostenido por dichos medios de comunicación oligopólicos como un hecho político-económico incuestionable, con el cual el Estado logró no solo contrarrestar la crisis de desfinanciación de la educación pública alegada desde el sector estudiantil, sino y de paso desvirtuar sus acciones políticas colectivas y la toma de las calles (ENEES, 2018).
Esta práctica de asignación y distribución de sentido sobre las exigencias de los movimientos sociales no es, a pesar de su importancia, la única ni la que tiene efectos más profundos. El repertorio de esta forma de producción de subjetividades y discursos pasa por la táctica de la banalización de la crítica y la protesta, para así resignificarlas como criminales, nocivas e indeseables, dislocando su campo de apertura conflictual para desplazar el antagonismo y reubicarlo en el ámbito de la cultura de la legalidad (campo semántico jurídico-político del sistema economía-mundo), con lo cual se pretende eliminar actores o posiciones políticas que les son inconvenientes o desestructurantes, buscando en cambio homogeneizar y regular los puntos de referencia social.
Los (pretendidos) fines sociales del Estado se oscurecen y difuminan para dar lugar a propósitos económicos y financieros (Majfud, 2018), y para esto es necesario que las reivindicaciones colectivas sean pensadas como equívocas y desacertadas. Para llevar a cabo esta despolitización de la acción colectiva disruptiva, el aparato mediático funciona como enunciador-divulgador de la racionalidad rectora dominante, en cuyo escenario las protestas no deben ser escuchadas: deben ser extinguidas (Romero, 2015), quedando configurados los sectores medios que, sujetos (enganchados-sujetados) a la retórica del odio, defienden y reproducen los privilegios de los mismos grupos que tanto los desprecian y rechazan (y usan), actualizando así la formulación de la doble conciencia criolla sugerida por Walter Mignolo, con lo que emerge el desclasamiento o la pervivencia de un “enano fascista”. De esta manera, el horizonte de los movimientos sociales en Colombia está condenado al silencio y la violencia, al demostarse que el accionar estatal y el discurso mediático han podido articular eficaz y simbióticamente dos fórmulas de represión a los movimientos sociales populares: desde lo jurídico –que se desarrolla en el sistema penal y las garantías legales formales– y desde lo propiamente policivo (Cruz Rodrígez, 2015). La primera forma tiene su signo más claro en el estatuto de seguridad ciudadana, en el que se tipifican como delitos la obstrucción de vías públicas en protestas. Y la segunda tiene su máxima representación en la formación y actuación del escuadrón móvil anti disturbios-ESMAD (unidad especial de la policía creada para atacar, agredir y vulnerar cuerpos y derechos) y su violencia desmedida, irrefrenable, indiscutible e incontestable, entendida como el correlato exacto de la banalización, donde las acciones judiciales y policiales se publicitan como intervenciones neutrales y justas que reestablecen el orden y el sentido de la realidad social instituida.
Con el anterior recorrido y recorte podríamos preguntarnos qué comunican los medios, desde dónde, por qué y para quién.
En Colombia las respuestas a estas preguntas apuntan a élites económicas que se alinean en su desprecio por las acciones políticas disruptivas del orden que se han dado en los últimos meses, y que previsiblemente continuarán. Su discurso, de fácil difusión por la apropiación de las formas y estrategias de comunicación masivas y legitimadas como veraces, se cubre con el manto de la objetividad informativa reforzada con la unanimidad de los medios de comunicación, por un lado, y con el velo de la neutralidad de la acción estatal que la difusión de la vandalización de la protesta preordena y legitima, por el otro. A pesar de que estas estrategias comunicativas no prometen un final, la protesta social en Colombia en los sectores y espacios explotados, olvidados y reprimidos por la acción estatal no baja la guardia y mantiene su posicionamiento contrahegemónico y comunitario, sus sentidos en pugna se articulan en exigencias por la educación, por la paz y por el reconocimiento de la capacidad de interlocución que continuarán en contra de la marea de tergiversación, criminalización y banalización de sus bases y objetivos, a pesar de la economía política del saber-informar y hacer-creer dominante.
Referencias
Alemán J (2018): “Neoliberalismo y posfascismo”. Página 12, 6-5-2018.
Andújar C (2012): “Neoliberalismo y Estado”. Página 12, 2-12-2012.
Borón A (2018). “Lento parto en Colombia”. Página 12, 18-6-2018.
Cruz Rodrígez E (2015): “El derecho a la protesta social en Colombia”. Pensamiento jurídico, 47.
ENEES (2018): Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior 2018. Declaración Final. Bogotá.
Forero-Medina H (2018): “Sobre el concepto de legitimidad: oposición entre una visión optimista y pesimista”. Trans-pasando fronteras, 171.
Forero-Medina H, JD Fonseca-Sandoval, DM Sánchez, YP Benítez y J Rodríguez (2018): “Las ondas constitucionales. Apuntes preliminares para una propuesta comprensiva sociocultural de la tensión y expansión de lo jurídico-político latinoamericano”. Tendencias sociales, 128.
Foster R (2009): “Neoliberalismo, medios de comunicación y democracia”. Página 12, 8-9-2009.
García A (2018): “Tenemos el presupuesto más alto en educación”: Duque. Obtenido de RCNradio: https://www.rcnradio.com/colombia/tenemos-el-presupuesto-mas-alto-en-educacion-que-haya-visto-el-pais-duque.
Guggiari H (2017): “La exclusión una forma de obscenidad política”. Página 12, 23-2-2017.
Majfud J (2018): “La simple lógica de la inequidad”. Página 12, 24-8-2018.
Romero O (2015): “Periodismo en tiempos de Paz / el otro lado”. El Tiempo, 1-11-2015.
Scaletta C (2017): Lucha de clases. Página 12, 5-2-2017.
Colectivo Comuna Quilombo es un grupo de investigación y acción colectiva intercultural, decolonial y para la liberación de la Facultad de Ciencias Humanas y la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander-UIS (Universidad Pública), Bucaramanga, Colombia. Está integrado por Henry Forero-Medina, Herwin Corzo Laverde, Andrés Negrelli, Ennio Monroy Reyes, Franco Coronel López y Laura Escalante Vargas. Henry Forero-Medina es su director, doctorando en Ciencias Sociales y Filosofía UBA, profesor de Sociología Jurídica, Filosofía del Derecho y Teoría del Estado de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la UIS. Herwin Corzo Laverde es coordinador del Colectivo, estudiante de último año de Derecho y Ciencia Política y Filosofía de la UIS. Andrés Negrelli, Ennio Monroy Reyes, Franco Coronel López y Laura Escalante Vargas también son coordinadores del Colectivo y estudiantes de último año de Derecho y Ciencia Política de la UIS.
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