Aldous Huxley en su novela Un mundo feliz (1932) sostenía que la construcción de esa sociedad donde todos fueran felices sería posible manipulando la realidad para ir conformando un pensamiento único, acrítico, donde la opinión no fuera pública, sino la expresión dominante.
En un principio alcanzaba con la acción de los medios de comunicación que, utilizando la metodología denominada Agenda Setting, permitía fijar la agenda pública e invisibilizar el disenso. Hoy hay una conjunción de elementos que se agregan a los medios de comunicación (MSM, mainstream media), como las redes sociales. Son herramientas utilizadas por la concepción política e ideológica neoliberal para proclamar la era de la post-verdad, la “gobernabilidad algorítmica”.
Dentro de esta concepción no cabe concebir algo tan lejano para ella como “el pueblo”, por eso la forma “no-política” de hacer política que deviene de ésta es fundamentalmente impersonal, mediatizada por elementos tecnológicos, y reactiva. Esta última caracterización responde a la necesidad de un elemento generador de miedo para aglutinar, lo cual apareció en nuestro país de diversas formas: el RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) y sus supuestas vinculaciones con el ISI, o la vuelta de la impresentable de Cristina con el peronismo irracional. Ello les permite no organizar seriamente un partido a la manera de los radicales, o un movimiento a la manera del peronismo: Cambiemos es una red social.
Frente al disenso, a la diversidad, se lo imputa abiertamente como políticamente incorrecto, pues no obedece a la racionalidad neoliberal presentada como inmanente a la naturaleza humana, e inmediatamente se lo criminaliza: encarcelamiento de Milagro Sala, muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, detenciones tras actos represivos en manifestaciones callejeras indiscriminadas –vieja teoría de los militares franceses respecto del efecto de actuar contra cualquiera (perejiles) para infundir miedo en el resto– o proyecto de ley que permitiría la represión y mayores penas a quienes manifiesten en las calles… y peor aún para los extranjeros. Crean un peligro ficticio y se presentan ante sectores de la sociedad a quienes quieren aferrar como sus defensores.
Claro que a nadie se le ocurría aplicar el garrote vil como castigo, pues el humanismo neoliberal lo rechaza. Las actuales técnicas de represión disminuyen el rechazo a la violencia de una parte de la población: son utilizadas selectivamente. Las aplicaciones psicosociales de control de masas (ver nuestro artículo en el número 2 de la revista Movimiento) están a la orden del día, y constituyen castigos más eficientes: tal como denigrar a las personas, o decir que todos los empleados públicos cesanteados o a quienes no se les renovó contrato eran “ñoquis”… versión actualizada de Juan Moreira: vago y mal entretenido. Todo ello no excluye la violencia física, como ocurrió el 21 de agosto de 2018 contra empleados públicos en La Plata, sino que la hace imperceptible y permite aplicarla minimizando las repercusiones sociales.
Con ello se busca generar en un sector de la población una actitud beligerante hacia quienes se oponen a la institucionalización del proyecto neoliberal, instigando a no consentir que una huelga impida movilizarse, o informar sobre los costos de un paro general –calculado con una metodología desconocida–, o incluso mostrando un video del 20 de diciembre de 2001 donde un grupo de personas intentaba entrar en la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, el cual fue presentado como reciente y atribuyendo el hecho a empleados públicos que reclamaban mejoras salariales y un freno al ajuste, el 21 de agosto de 2018. El gobierno de Macri se presenta como defensor de los “ciudadanos” y carga la responsabilidad del hecho a los trabajadores. Lo que no aparece es el motivo por el cual ocurre tal hecho (reclamos salariales, falta de trabajo, etcétera).
Con ello se busca generar un comportamiento agresivo y violento en sectores de la clase media, que se convierten en los principales detractores de los derechos políticos y la convivencia democrática: así se puede encontrar taxistas que, refiriéndose a los cortes de calles producto de la protesta social, afirman: a esos negros hay que pasarles con el auto por encima. Esta actitud es inducida desde el propio gobierno –Macri felicitando al policía Luis Chocobar–, pero ello no siempre fue así. Para ser más claros, veamos dos ejemplos: el 14 de septiembre de 2012 hubo una manifestación en Plaza de Mayo contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que cortó calles, obstaculizó el tránsito, impidió que la gente volviera a sus casas en los tiempos normales y muchos en esa multitud ofendieron no solo la investidura presidencial, sino su pudor de mujer. No hubo un solo policía que reprimiera, por respeto al disenso. Cuando el 19 de diciembre de 2017 más de 200.000 personas manifestaron su desacuerdo frente al Congreso de la Nación por la propuesta oficial de Reforma Previsional, se movilizó a todas las fuerzas de seguridad para participar de una represión con gases y balas de goma, culminando con 162 heridos y 60 detenidos, muchos de los cuales ni siquiera habían estado allí en ese momento.
Para llevar adelante un proyecto de exclusión social, precarización laboral y recorte de derechos es necesario implementar un control social que impida generar resistencia y oposición, instrumentando una vigilancia que no deje exentos espacios públicos o privados. La herramienta mediante la cual ese control se lleva adelante es la centralización desde la Jefatura de Gabinete de la “big data”. Lo que esto busca es construir una subjetividad como máxima expresión de la manipulación social, en la cual la protesta social, los reclamos sindicales y las actitudes políticas opositoras son consideradas un desborde del goce, un ir más allá de los límites de la “razón neoliberal”… lo que un ser malicioso lo caracterizó como: ¡queremos flan! Es la subjetividad de un individuo ensimismado, “el empresario de sí mismo”, con una lógica del “ganador-perdedor” en todos los pliegos del vínculo social, y la vida como una permanente incertidumbre donde prima la aceptación del sacrificio colectivo, cuya única causa son las exigencias financieras. A eso alude la vicepresidenta Gabriela Michetti cuando afirma que al trabajo lo tiene que generar uno mismo o, como aconsejaba el senador Esteban Bullrich, “reconvertirse” en productor de cerveza artesanal o piloto de drones.
La realización plena de un sujeto humano solo es posible en el marco de una coexistencia satisfactoria, entre amigos. Más precisamente, ello está nombrado comúnmente como “nuestra gente”, ese colectivo humano sobre el cual se conforma el pueblo. El sujeto neoliberal como empresario de sí mismo no es capaz de establecer con los otros relaciones que sean libres de cualquier finalidad. Por eso eliminará la conciencia de la acción y los valores éticos desaparecerán del horizonte político, al carecer de portadores de tales valores, encarnados en el pueblo. En su lugar emerge la teoría de la acción comunicativa y el pragmatismo, y el resto son efectos no deseados.
Podríamos preguntarnos si las banderas de anticorrupción que Macri y sus seguidores levantan no son una expresión ética. Para comprender lo que ello significa es necesario tener en cuenta el marco en el cual su discurso cobra sentido: la post-verdad. Por lo tanto, las denuncias por corrupción no buscan que se haga justicia[1] con quien ha cometido un delito, sino promover por los medios de comunicación y las redes sociales un relato que muestra a los peronistas como corruptos (viejo argumento repetido desde 1955), o sea que la palabra “corrupción” se transforma en un sinónimo de opositor, lo cual se traslada al discurso del presidente Macri bajo formas como: hace 70 años que estamos en crisis o el presupuesto se hace mal desde hace 70 años. Una vez hecha la acusación, ya no hace falta ningún trámite procesal para que los medios de comunicación y las redes sociales la tomen como un hecho consumado sin pruebas que lo justifiquen, como cuando se habla la ruta del dinero K, o se robaron tres PBI –causa donde el juez Sebastián Casanello dictó la falta de mérito–, lo cual tiene dos significados: no hay prueba alguna que vincule a Cristina Fernández de Kirchner con dinero mal habido para la justicia… y que lo que dijeron y siguen diciendo los periodistas y trolls militantes del PRO son calumnias.
Ello desnuda la esencia de la “post-verdad” que no se nutre de conocimiento sino de información, donde el saber es reemplazado por el “big data”, lo cual hace que se presenten los datos como si hablaran por sí mismos, como si no fuéramos nosotros que construimos un discurso. Es la quimera de la data driven society. Detrás de ello, como un “gran hermano”, aparecen los poderes fácticos que, manipulando la tecnología y utilizando la posibilidad de constituir el “big data”, ejercen un control social ajeno a toda transparencia y visibilidad. Como con Cambiemos llegó al gobierno la expresión de ese poder fáctico, la propia Jefatura de Gabinete creó la Secretaría de Comunicación Pública por Resolución 166-E (2016), la cual se publicó en el Boletín Oficial 52.258/16, desde donde organizan la cybermilitancia trollera que lleva adelante la difusión de videos, hashtags y consignas en Facebook, Snapchat, Instagram y Twitter a favor del gobierno, o las fake news para denigrar a la oposición, o sea un ejército de personas dedicadas a vigilar, mantener el orden y desmantelar el pensamiento “subversivo”. El gobierno destinó en 2018 más de 200 millones de pesos en este dispositivo y aun negando su existencia no pudo responder a la investigación publicada por Amnesty International (El debate público limitado, 2018).
Aun en el marco de la post-verdad, es necesario sostener su propia legitimidad. No alcanza con decir con esto ganamos. Eso que denominamos fake news, o la construcción de mensajes producto de los estudios algorítmicos (ver nuevamente nuestro trabajo en Movimiento 2), parte de detectar riesgos y seleccionarlos para su eliminación y por tal motivo elige fuentes potenciales de peligro como blanco de la acción. Por ejemplo, es el peronismo –como movimiento– el enemigo de Cambiemos y los intereses que éste representa, y contra él se desarrollará la acción, en forma pública o desde la penumbra. A ese blanco de acción seleccionado se lo excluye del universo moral, se le niega la subjetividad humana y se lo presenta como objeto puro y simple –tal como enseñaban los militares franceses frente a la captura de un “subversivo”–, ocupando el lugar de receptor de la acción. La negación de la subjetividad descalifica a los blancos seleccionados y por eso es lícita la denigración, la descalificación o la calumnia.
Cuando la comunidad constituida por un pueblo se desdibuja, desaparecen las figuras del trabajador o el ciudadano, los cuales son rebajados a entes consumidores, movidos por impulsos que conllevan a una regresión a la masa. Este es el mundo que nos propone el neoliberalismo con Mauricio Macri. Por eso aquí no hay síntesis dialéctica posible, es antagónico: no distinto, no contrario, es el enemigo.
Claro está que nunca existe un solo camino, por eso frente a ello aparece una suerte de instinto de supervivencia del pueblo, sintetizado en una palabra: unidad. Que no es casual, es la primera palabra que Juan Perón les dice a los trabajadores el 17 de octubre de 1945: ¡trabajadores, únanse! Porque la unidad remite a lo esencial y reafirma una identidad. La clave de la unidad, para que sea mucho más que un “rejunte”, es que precisamente debe organizarse. De allí saldrán los dirigentes, los cuadros y los militantes que conduzcan a la victoria a nuestro pueblo.
[1] Respecto de la prisión preventiva, no se requiere la acreditación concreta de una conducta del imputado que efectivamente haya entorpecido de algún modo la investigación o que haya intentado fugarse, sino que resulta suficiente el señalamiento de circunstancias objetivas que hagan presumir que podrían llegar a concretarse dichos riesgos procesales.
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