A mediados de los años setenta del siglo pasado, en el contexto de la crisis financiera-energética que trastocó las condiciones de evolución del Capitalismo de Bienestar, algunas voces de intelectuales se expresaron en el sentido de que ante las nuevas realidades que emergían era necesario aprender a pensar el mundo con categorías de análisis diferentes a aquellas con las cuales lo habíamos pensado hasta ese momento. Lo que ocurrió después dio la razón a esta intuición intelectual, en tanto la mutación neoliberal desde los años ochenta fue trastocando los parámetros del pensamiento y la acción política nacional e internacional hasta límites insospechados hace una década. Para abordar este fenómeno, cabe señalar dos condiciones que determinan nuestra actualidad: la dinámica hipercompleja de las relaciones sociales impulsada por la velocidad de los flujos comunicacionales y, por otra parte, la nueva naturaleza global de los procesos económicos, junto a los novedosos mecanismos de control ideológico y constitución de subjetividades que inciden cada vez más en la formación de las opciones políticas.
En este contexto, caben algunas reflexiones que puedan sustentar direccionalidades más beneficiosas y expansivas de los derechos democráticos y del bienestar para todos. En efecto, los próximos comicios significarán algo más que una competencia entre agrupaciones partidarias: se trata de una confrontación de visiones y perspectivas que pone en juego los modos de pensar, actuar y sentir que validaron la dinámica democrática argentina durante los últimos 36 años.
En tal sentido, distinguimos variables de orden nacional y exógeno que concurren a problematizar el contexto, junto a dimensiones conceptuales y prácticas. En primer lugar, asistimos a la pretensión de laboratorios de pensamiento tecnocrático encaminada a suplantar la racionalidad política –con preminencia de valores públicos y principios de ordenamiento democrático– por una lógica economicista que ha centrado su diagnóstico en la crisis fiscal del Estado, validando un solo tratamiento: reducir el gasto público, deprimir la oferta productiva y el consumo de la población, aumentar la carga impositiva y tarifaria sobre las clases de menores recursos y eximir de mayores tributaciones a los detentadores de la renta concentrada; todo ello, en el marco de una apertura indiscriminada al mercado internacional que pone en crisis terminal a la industria manufacturera, las economías regionales y los servicios agregadores de valor, con efectos en el desempleo, la pobreza y la desestructuración de la vida social. En ese marco, el pensamiento económico dominante define a la nación como un espacio de mercado, donde todo debe subordinarse a las oportunidades de inversión de los actores corporativos globales. Para ello, insiste en un reduccionismo fiscalista con el fin de recuperar el equilibrio macroeconómico y erradicar el “riesgo país” sobre la baja del empleo y las condiciones de vida de la población. Con esa lógica resultan superfluas las instituciones y los mecanismos reguladores del Estado sobre los procesos de generación, acumulación y redistribución de la riqueza.
Nuestro país forma parte de un sistema económico internacional que está mutando a un conglomerado de interacciones económicas, financieras y tecnológicas a través de flujos dinámicos de naturaleza global, sobre todo a partir de la crisis de 2008, por lo que resulta cada vez más difícil ubicar instituciones legitimadas a nivel internacional que sean eficaces en la regulación del comercio. La dinámica de la economía digital y financiera vulnera de modo apabullante las reglas del comercio internacional y lo hace extensivo al Derecho Internacional Público, hasta el extremo de actitudes beligerantes que alteran la paz entre los estados: la guerra comercial entre Estados Unidos y China es solo un ejemplo. Estamos transitando de un mundo multilateral –que parecía emerger después de 2008 con la institucionalización del G20– a disputas anárquicas donde tiende a imponerse la regla de la amenaza y voluntad del más fuerte.
Todo ello dificulta la estabilización de espacios de cooperación regional-internacional con base en autonomías nacionales capaces de planificar la producción y asignar recursos en mercados de comportamiento previsible para integrar las demandas de las sociedades. En este contexto, se manifiesta la racionalidad predatoria del paradigma neoliberal que el nuevo gobierno deberá confrontar, porque seguirán presionando por la derogación de las leyes laborales y previsionales, las preservadoras del ecosistema, las legislaciones que garantizan los derechos básicos de salud, educación y vivienda, sin olvidar los regímenes de promoción que aún sobreviven, de la producción primaria con agregación de valor, la manufactura industrial y la innovación tecnológica. Ante esto, habrá que impulsar reformas legislativas y acciones político-institucionales que replanteen las “reglas de juego” en el ámbito nacional y nos permitan preservarnos en la arena internacional, incluida la inevitable negociación con el FMI, profundizando la democracia con espacios de participación y ejercicio de los derechos en un marco de equilibrios entre la vida pública y privada.
Es necesario pensar el futuro nacional con perspectivas de reconstrucción e innovación de los pilares ideo-políticos y conceptuales que han identificado la vigencia histórica del peronismo: libertades individuales con participación social; principios de igualdad social sustentados en el derecho al bienestar y la promoción de aspiraciones de progreso en lo individual y colectivo; defensa del trabajo y la producción como ejes articuladores de la convivencia social; y finalmente, la afirmación de la soberanía nacional como derecho inalienable en lo territorial, monetario y fiscal.
Somos conscientes de las graves distorsiones que está experimentando la vida democrática en los últimos años, particularmente en el acceso a los derechos y bienes esenciales para el desarrollo humano: alimentación, salud, educación y servicios públicos; graves deficiencias que se explican en la lógica propia del modelo de concentración de la renta impulsado por las políticas del gobierno nacional, un proceso desatado de acumulación para pocos por la inevitable desposesión de muchos y sustentado en la degradación persistente del Estado de Derecho: creciente parcialidad en el funcionamiento de los órganos que deben impartir justicia –law fare– y manipulación aviesa de la opinión pública –fake news– a través del apoyo mediático clientelar al accionar del gobierno, cuya actuación ha perdido confiabilidad después de cuatro años y se ve forzada por las circunstancias a reproducir antagonismos virtuales que buscan deslegitimar la función y el derecho republicano a la oposición cívico-democrática.
Estos comportamientos convergen en un modo de gobierno con prácticas autoritarias que se sostienen en la pretendida necesidad de un “estado de excepción”, atribuida a los cambios y transformaciones globales –pasaron cosas– y a la presunta conducta desestabilizadora de la oposición política. En este marco surge la apelación a la “gobernabilidad”, en clave de preocupación por los efectos nocivos derivados de la gestión anterior –pesada herencia– y los propósitos destructivos del equilibrio natural del mercado atribuidos a la voluntad dirigista del populismo para frustrar la oportunidad de construir definitivamente una sociedad de mercado en nuestro país. Emerge la palabra gobernabilidad en el discurso político de propios y extraños, como una invocación mágica para devolverle racionalidad a la política. Una voz mágica que se incrusta en el discurso político para señalar la necesidad de impedir desequilibrios por exceso de demandas al sistema político en sociedades atravesadas por la desigualdad y la pobreza.
En 1981 el sumo sacerdote del neoliberalismo F. Hayek[1] decía en un reportaje al diario El Mercurio de Chile que la democracia es una regla de procedimiento de la que se puede prescindir si está en riesgo la libertad, es decir, el “libre funcionamiento del mecanismo de los precios”. Este es el paradigma que nos gobierna. Un paradigma ideológico que pretende travestir los valores democráticos a través de una moral utilitarista que denuncia a toda inversión pública como gasto ineficiente y a los mecanismos institucionales para la asignación de bienes públicos como dispositivos de corrupción. Cabe señalar que esta ideología no reniega del Estado como obstáculo del mercado; por el contrario, el Neoliberalismo requiere de un Estado fuerte y extrañado de la sociedad para imponer las opciones de consumo que ofrece el mercado global.
Por ello, es necesario recuperar la plenitud del Estado de Derecho: garantías individuales, libertad de opinión y vigencia plena de los derechos democráticos; equiparación de condiciones sociales para una participación política responsable. Para esta tarea se requiere afrontar la disonancia permanente entre legitimidad política y eficacia gubernativa, fortalecer la institucionalidad democrática a través de la planificación de políticas públicas que pongan en juego las capacidades institucionales del Estado, la pericia y la inteligencia de los equipos de gobierno para coordinar y de la Administración Pública para la implementación de las políticas y programas, sin olvidar las capacidades del gobierno para tomar decisiones transformadoras. Al final, la acción de gobierno se reduce a la coordinación de políticas cuyos resultados puedan confirmar la pertinencia de quién recibe qué, cómo y cuándo.
[1] “La democracia tiene una tarea: garantizar que los procesos políticos se conduzcan en forma sana. No es un fin. Es una regla de procedimiento que tiene por objetivo servir a la libertad. Esta última requiere de la democracia, pero sería preferible sacrificarla temporalmente, antes que prescindir de la libertad”.
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