Es lo que hay: una revisión de la literatura sobre clientelismo político en la Argentina

Gustavo Marangoni

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“El argentino no se identifica con el Estado. Ello puede atribuirse a la circunstancia de que en este país los gobiernos suelen ser pésimos, o al hecho general de que el Estado es una inconcebible abstracción. Lo cierto es que el argentino es un individuo, no un ciudadano” (Jorge Luis Borges: “Nuestro pobre individualismo”).

 

“Es lo que hay” resulta una expresión cotidiana en nuestro país. Puede reflejar ironía, resignación, crítica. Quizás todo ello a la vez. Refiere a la carencia de alternativas, a la imposibilidad de elegir entre mejores opciones, al consuelo de lo que se tiene frente a lo que se debiera tener. De alguna manera parece reflejar la contracara de la postura condenatoria al clientelismo desde posiciones moralistas o impregnadas por un republicanismo que nos ofrece, generalmente, la bibliografía destinada a esta cuestión. “Es lo que hay”. Antes del juicio pretendidamente ético están los hechos. Y ese es quizás el primer mérito de autores como Javier Auyero y Rodrigo Zarazaga para el caso argentino. Analizan la realidad como una construcción compleja, en el contexto de una zona gris que admite la convivencia de lecturas contradictorias. En esta corriente interpretativa que se define como “etnografía política”, es decir como investigación basada en la “observación cercana, en el terreno, de actores, instituciones políticas en tiempo y espacio reales”, encontramos la segunda virtud del enfoque: la cercanía e interacción con los sujetos del caso, la iniciativa de darles voz a sus pareceres, intereses y razones. Queda establecido que no se trata de seres pasivos, sin otra cosa que ofrecer que sus votos frente a la prebenda, visión impuesta casi acríticamente en otros estudiosos, opinadores y periodistas. Se trata, según nuestros autores, de una relación larga, duradera, que trasciende intercambios materiales para establecerse también en lo simbólico. Construye identidades y –otro aporte de consideración– desempeña importantes contribuciones a la gobernabilidad en los territorios estudiados, específicamente en municipios del conurbano bonaerense.

Una breve reseña conceptual nos lleva a definir el clientelismo como “un intercambio personalizado de favores, bienes y servicios por apoyo político y votos, una institución extremadamente influyente, informal y a veces oculta de una enorme complejidad cultural” (Auyero, 2001). Además de los “detentadores de problemas” existen los “punteros”, actores en esta trama de la microfísica política que “cumplen una diversidad de funciones, no todas clientelares” (Zarazaga, 2017), ya que tienen “un conocimiento detallado de sus barrios que les permiten desenvolverse con mucha eficiencia en zonas inseguras a partir de su capacidad operativa y la posibilidad de distribución de bienes y servicios públicos. Son auténticos operadores que desempeñan roles diversos, ayudando no solo a ganar elecciones sino también a gobernar”. Aquí podría surgir la primera observación a los trabajos de los autores mencionados (Auyero y Zarazaga) que radica en la falta de profundización de los argumentos que ponen en duda los “derechos” de estos mediadores de convertirse en los intermediarios personales entre los beneficiarios y el Estado local. El tema se menciona pero no se detalla. Se describe con exactitud el vínculo pero se incursiona menos en su funcionalidad al estado de cosas existente. El punto es relevante, pues se llega a la exacta afirmación de que el Estado no suele ser percibido como el agente distribuidor de bienes, sino que son los propios punteros los que proceden como “si no tuvieran ninguna obligación de hacerlo” inspirados por su sensibilidad, independientemente del origen público (directo o indirecto) de los recursos. Esto conlleva a que los beneficiarios no puedan invocar ningún derecho sobre la cosa otorgada o el favor realizado. “No hay una tercera parte a la que se pueda recurrir para hacer valer un reclamo, sino una relación personalizada, fuera de la cual ningún problema puede resolverse” (Auyero, 2001). ¿Qué pasa en la punta de la pirámide del proceso de toma de decisiones que no se busca reafirmar la presencia territorial del Estado en cualquiera de sus tres niveles? ¿Qué correspondencia existe entre esta decisión de mantener las zonas grises y los acuerdos con otros actores públicos y privados? Podríamos sostener, junto a Vommaro y Combes (2016), que “se lo circunscribe a lo que sucede con los sectores subalternos y pocas veces se usa este atributo para tipificar y juzgar hechos comparables que involucran a otras clases sociales”. De allí que estos interrogantes no encuentran más que insinuaciones en la bibliografía analizada.

Auyero encuentra una explicación en las reformas neoliberales que debilitaron la relación de las clases populares con las protecciones ligadas al empleo asalariado y la presencia del Estado en los territorios. Pero desde 2001 se aplicaron políticas alejadas del paradigma de los 90 y las relaciones clientelares no solo no se revirtieron, sino que se consolidaron. Los años de fuerte crecimiento económico, la mayor presencia del Estado y las mayores regulaciones y protecciones estatales de la última década manifestaron su incapacidad para perforar el piso duro de la pobreza. Lo que se consolidó fue una red de asistencia discrecional que administra en mejores o peores términos las condiciones de existencia en la periferia y la marginalidad, pero neutralizando la movilidad social ascendente y la reafirmación y presencia efectiva y directa del Estado. Las prácticas clientelistas ayudan a paliar carencias, pero difícilmente contribuyen a la construcción de una ciudadanía democrática. Atribuir el fenómeno al neoliberalismo parece una explicación insuficiente. Parece, por el contrario, haberse consolidado una red clientelar cada vez más sofisticada, más allá de la orientación y el sesgo de las distintas políticas económicas aplicadas. “El hecho de que el Estado viva a través de agrupaciones políticas, sociales y hasta religiosas a nivel local, hace que la cuestión de los derechos asociada a las prestaciones públicas sea muchas veces un asunto de arreglos cara a cara, atravesados por lógicas de reciprocidad e intercambio” (Vommaro y Combes, 2016). Dice Zarazaga (2017) al respecto: “los ingresos de los punteros no solo provienen de las retribuciones que reciben sino de la apropiación de una parte de los recursos que tienen para distribuir. (…) Los beneficiarios de los planes reciben un salario mensual. (…) Los punteros controlan el acceso a esos ingresos y su continuidad, (…) proporcionando a los intendentes y demás políticos mano de obra barata. A veces se apropian de hasta el 50% de la retribución”.

Un capítulo también enunciado en estos trabajos pero susceptible de ser analizado con más extensión es de qué manera la existencia de las redes clientelares compiten deslealmente y desalientan otras formas de auto-organización menos heterónomas en las villas.

Una cuestión que también merece formularse es por qué las políticas sociales universales (AUH, moratorias provisionales, etcétera) no han logrado debilitar los vínculos clientelares. Por el contrario, parecen convivir y en algunos casos alimentar los mismos, cuando su fundamento primero era, justamente, terminar con las mediaciones personalizadas y partidarias. Para reafirmar lo antedicho, mencionemos el caso del Plan Vida en la provincia de Buenos Aires. Instaurado durante la gobernación de Eduardo Duhalde y bandera de política social de su esposa “Chiche”, el mismo fue implementado a través de una red de referentes denominadas “manzaneras”. Consistía en la entrega personalizada de alimentos en los barrios humildes. Durante mucho tiempo fue ponderado por sus apólogos como una muestra de interés y cercanía hacia las necesidades de la población vulnerable, y criticado por otros sectores como una muestra cabal de clientelismo. Años más tarde, bajo el paradigma de la universalización –y en plena ruptura entre kirchnerismo y duhaldismo–, su metodología fue modificada por la entrega de una suma de dinero a partir de una “Tarjeta Social”, es decir bancarizando la prestación y “eliminando” la intermediación. Los hechos posteriores demostraron que la iniciativa tuvo en realidad un gran componente de desplazamiento de la anterior mediación hacia otros agentes, o la búsqueda de un reencuadramiento de las manzaneras hacia un reconocimiento de la nueva realidad política. Otros programas con entrega de “mercadería” se reinstalaron, cumpliendo mejor con su objetivo político.

Luego del triunfo de Cambiemos a nivel nacional y provincial, parecen reproducirse lógicas similares que en todo caso dan lugar a negociaciones del presupuesto de los ministerios y secretarías de Desarrollo Social nacional, provincial y municipal, a la luz de las nuevas realidades del mapa territorial según los resultados electorales, pero no un cambio de la lógica clientelar. El reemplazo del signo partidario parece hasta el momento no suponer una alteración sustantiva de las lógicas vigentes, ni la pretensión de las nuevas autoridades de que el Estado deje de presentarse a los ciudadanos pobres a través de las ventanillas de las organizaciones políticas y sociales (Vommaro y Combes, 2016).

Sostiene Zarazaga (2017) que “los punteros facilitan el acceso de los pobres al Estado, son el puente que acerca el gobierno a los pobres por medio de una presencia discrecional y particularista”. Podría señalar aquí que el acercamiento del gobierno puede darse pero no como sinónimo del Estado, pues el mismo autor reconoce que los sujetos de los barrios pobres no suelen establecer el vínculo entre uno y otro, y toman la ayuda como un favor antes que percibirla como un derecho.

Lo dicho nos lleva a afirmar que la literatura analizada sobre clientelismo es muy elocuente para describir la forma en que los “detentadores de problemas” resuelven sus necesidades más inmediatas, pero deja un vacío respecto al estudio de las posibilidades de superar las redes clientelares en las que quedan atrapados y las estrategias alternativas de políticas públicas para “llegar” a los pobres mediante otros procedimientos más despersonalizados. Puede contra-argumentarse que no necesariamente el propósito de los estudiosos sea ofrecer alternativas, sino describir objetivamente una relación existente desde la ciencia política y la sociología. Contemplando este punto volveríamos a insistir en la necesidad de abordar más estructuralmente la política clientelar como una suerte de “tercerización” de la política social por parte del Estado, que renuncia de este modo a integrarla a otras iniciativas y políticas públicas, desistiendo de esta manera de una función inherente al Estado: garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades con todos los instrumentos a disposición, privilegiando estrategias de contención y compensación, antes que las de inclusión y reinserción social.

 

Bibliografía

Auyero J (2001): La política de los pobres. Buenos Aires, Manantial.

Vommaro G y H Combes (2016): El clientelismo político. Buenos Aires, Siglo XXI.

Zarazaga R, compilador (2017): Conurbano infinito. Buenos Aires, Siglo XXI.

 

Gustavo Marangoni es licenciado en Ciencia Política (USAL), postgrado en Economía y Comercio Exterior (ISEG) y magister en Relaciones Internacionales (FLACSO). Es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador.

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