Claroscuros

Mariano Fontela

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Reseña del libro Claroscuros de 9 años de datos bajo sospecha: EPH en Argentina entre 2007 y 2015. Buenos Aires, Estudios Sociológicos, 2019, 198 páginas.

 

A partir del año 2007, una serie de incidentes generaron una crisis institucional y de legitimidad sobre el INDEC, el instituto encargado de producir y publicar las estadísticas públicas oficiales. Hasta 2015 se acumularon suspicacias y acusaciones acerca de diferentes datos producidos por el organismo. En el caso de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) quedaron bajo un manto de sospecha datos fundamentales para analizar el impacto de las políticas y las gestiones gubernamentales, así como el diagnóstico de desafíos pendientes para la política económica y social.

Claroscuros, el libro de Sol Minoldo y Diego Born, tiene como punto de partida el poner en duda la decisión –¿política?– del INDEC que desde 2016 recomendó que los datos de ese período fueran desestimados. Los autores consideran necesario establecer si, en efecto, la calidad de los datos justifica renunciar a su empleo y, de esta manera, al análisis cuantitativo de la realidad social de muchos años. Luego de repasar los hechos por los que los datos fueron puestos en tela de juicio, rastrean en la literatura diferentes críticas, sospechas y acusaciones realizadas contra la EPH durante esos años, incluyendo las expuestas por las autoridades del propio INDEC para impugnar esos datos a partir de 2016. Encuentran cuestionamientos relacionados con los datos sobre ingresos o la realidad laboral, y sobre temas técnicos, tales como problemas de cobertura geográfica, inconsistencias muestrales, cambios metodológicos poco transparentes y cambios en las proyecciones de población.

A continuación, Minoldo y Born se plantean estas objeciones como hipótesis operacionales y elaboran propuestas metodológicas para lograr, en la medida de lo posible, un chequeo empírico. Recurren a dos principales procedimientos. Por un lado, rastrean las fuentes estadísticas de carácter público producidas independientemente del INDEC –de carácter administrativo. Y en base a los datos que dichas fuentes proporcionaban sobre cuestiones específicas, los comparan con los datos de la EPH, para ver cómo evoluciona en el período la relación entre los datos de distintas fuentes. Por otra parte, comparan las series de los años en sospecha con datos del punto de partida (2003-2006) y el punto de llegada (2016-2018), para verificar si lo que pasó en el medio tuvo algún tipo de continuidad. Ambos procedimientos llevan a concluir a los autores que no se justifica en absoluto descartar la información de esos años. Incluso, encontraron fuertes indicios de que no hubo una ‘manipulación de los datos’ destinada a mejorar los indicadores sociales. Por el contrario, la desprolijidad llevó a que, en algunos casos, los datos de indicadores publicados fueran incluso peores en los números del INDEC que en los provenientes de otras fuentes. Así, por ejemplo, existió un deterioro en el relevamiento de los ingresos, pero el sesgo que eso produjo fue de una ‘subrepresentación’ de los ingresos, y no al revés: se registraron ingresos más bajos de lo que eran en realidad.

Algo que los autores apuntan es que conocer este problema es clave para interpretar, también, los datos posteriores a 2016. Porque a medida que la EPH releve mejor los ingresos, estos van a perder ese sesgo, evitando un efecto distorsivo de aumento. Eso es precisamente lo que observan en los datos de 2016: cuando los comparan con el último dato de 2015, muestran que los ingresos crecieron más que la inflación, algo que resulta rotundamente desmentido por otras fuentes. Con relación al presunto ‘ocultamiento’ de desocupados hasta 2015, los autores encuentran indicios de que, en el peor de los casos, el alcance de la distorsión alcanzaría entre 1 y 2 puntos porcentuales.

Si bien los autores reconocen que hubo escasa transparencia en la adaptación realizada entre 2013 y 2015 del marco muestral posterior al censo de población del año 2010, encontraron cambios en el marco muestral desde 2016 que tampoco estarían explicitados ni fundamentados, a pesar de que el INDEC declara que continúa utilizando proyecciones del censo 2010. En tal sentido, encontraron que desde 2016 hubo modificaciones en la representación geográfica, de modo tal que las proyecciones de población de los partidos del Gran Buenos Aires pasaron a tener un peso mucho mayor en el total, en detrimento de los aglomerados del Interior. También se modificaron las estimaciones en la estructura de edades: aumentó sustancialmente la participación de las personas mayores, en perjuicio, sobre todo, de los menores de 15 años. No se trata de una cuestión menor, ya que la estructura de la población tiene impacto en indicadores como pobreza, desigualdad de ingresos y mercado de trabajo.

La lectura de Claroscuros lleva a concluir que conviene no renunciar al empleo de los datos de la EPH de esos años, que iluminan mejor la realidad social que otras alternativas. Por ello los autores destinan un apartado a los retos que competen a la gestión de INDEC para producir más información acerca de la calidad de los datos.

El libro es de acceso gratuito en línea, y puede descargarse en http://estudiosociologicos.org/portal/claroscuros-9-anos-de-datos-bajo-sospecha.

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