Y, para colmo, el asbesto

Jorge Afarian

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El 10 de junio de 2019, unos días después de la inauguración de numerosas estaciones de la línea E del subte, y gracias a la constante intervención de los Metrodelegados, se retiraron de circulación numerosos trenes de la marca CAF 5000, que circulaban principalmente en la línea B, debido a una peligrosa presencia de amianto en vagones y piezas que, si bien no afecta a los usuarios, puede tener implicancias fatales para trabajadores y trabajadoras del subterráneo.

El último año, el servicio del subte fue una de las actividades más golpeadas por el despotismo empresario y gubernamental. Primero, la quita de la personería gremial en marzo de 2018 por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En segundo lugar, la represión y posterior detención de trabajadores y trabajadoras en el mes de mayo, y que incluyó el encarcelamiento de Néstor Segovia, Secretario General Adjunto de la AGTSyP. En tercer lugar, el intento de desfinanciamiento sindical por parte de la Secretaría de Gobierno del Trabajo, a través de una orden a los bancos del gremio que implicaba no recaudar las cuotas a afiliados y afiliadas del sindicato.

El conflicto gremial fue la herramienta esencial de los trabajadores para frenar los embates del poder empresarial y estatal. A través del conflicto y la acción colectiva del subterráneo se logró la liberación y el sobreseimiento de los trabajadores suspendidos por ejercer su legítimo y constitucional derecho de huelga, además de arribar a un convenio colectivo superador al concertado por la UTA.

Ahora, para colmo, está el asbesto. Este producto de la desidia patronal y los negociados estatales que buscan la reducción de costos y el aumento de privilegios a los amigos del poder afecta en forma directa la salud de los trabajadores. El enemigo es invisible, se mete en los cuerpos y los daña. El asbesto es aliado de la patronal y de las fuerzas de seguridad del Estado. Al invadir los cuerpos, el asbesto condiciona la lucha, pero definitivamente no la elimina. El miedo a las enfermedades graves y la espera por una respuesta de la empresa y del gobierno generan temor e incertidumbre. Es allí donde es mucho más necesaria la unidad colectiva, y eso es lo que ha demostrado el accionar de la AGTSyP, quien viene reclamando hace más de un año una respuesta, intentando saber cuáles son los peligros, en dónde se encuentran, quiénes pueden ser los compañeros afectados por esta sustancia cancerígena. Está en tela de juicio la salud de 160 trabajadores, principalmente de los talleres Rancagua y Villa Urquiza.

Ahora no se trata –solamente– de condiciones de trabajo, de represión, de convenios colectivos de trabajo al servicio de las grandes empresas. Se trata de un tema de salud pública, porque si bien, como expresáramos, las formaciones y piezas que contienen amianto no están en contacto con los millones de usuarios que circulan por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay trabajadores afectados. A los peligros a la salud que implica el trabajo subterráneo, que no es considerado un trabajo insalubre en sí mismo por parte de la Justicia del Trabajo, ahora debemos sumar el asbesto.

Los Metrodelegados reclaman investigaciones sobre esta sustancia desde marzo de 2018. En aquella oportunidad ya habían adoptado medidas de fuerza a raíz de la venta y adquisición directa por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Metrovías –transacción que consideraron como “absolutamente escandalosa”– de 36 formaciones de trenes CAF 5000 que habían sido eliminados de circulación por parte del Metro de Madrid. A través de ellos se realizaban pruebas de explosivos por parte del gobierno español, lo que justifica aún más la presencia de amianto. Hubo reclamos y huelgas realizadas por los trabajadores del Metro de Madrid por la enfermedad y muerte de trabajadores. SBASE y Metrovías habían adquirido las mismas formaciones que la empresa madrileña, y el temor invadió a los trabajadores de la línea B. En medio de conflictos, paros, huelgas y represión estatal, el amianto volaba, invisible, sobre las narices de los trabajadores, afectando su salud en vilo por la violencia institucional.

También el pasado año, los Metrodelegados habían denunciado la contaminación de los coches Fiat (de la línea A, B y principalmente la E), los General Electric (también de la E) y los Nagoya (que circulan por la línea C). Sin perjuicio de ello, comenzó una campaña de negacionismo sistemático por parte del gobierno, aseverando que no había peligro, o directamente ignorando los pedidos de información y análisis médicos por parte del sindicato. Finalmente, en diciembre de 2018 la empresa estatal SBASE reconoció la presencia de piezas con amianto en las formaciones españolas.

Mucho antes de esta cínica admisión por parte de la empresa, la AGTSyP solicitó el análisis de las piezas de los CAF 5000 a la Universidad Nacional del Sur (UNS), de Bahía Blanca, que no sólo confirmó la presencia de asbesto en los trenes de la línea B, sino que el material sigue apareciendo en piezas de otras flotas, como los coches Mitsubishi que se encuentran en circulación desde hace más de 60 años. Sumado a todo ello, la UNS determinó que también hay contaminación en las formaciones Nagoya 300 de la línea C, y también en la línea E, por lo que la situación es aún más complicada. Al respecto, Leticia Lescano, docente e investigadora a cargo de los estudios en la UNS explicó: “Este año analizamos más de 100 muestras enviadas por la AGTSyP, todas pertenecientes a coches Mitsubishi, y en unas 20 piezas encontramos amianto. Está presente en apaga-chispas, en la cabina del conductor de las formaciones, en paneles eléctricos y partes eléctricas”.

La salud de los compañeros es importante, crucial. Ellos sostienen el conflicto y las condiciones de trabajo, incluso poniendo en peligro su vida. Por lo pronto, los trabajadores de los talleres principalmente afectados están ejerciendo su derecho de retención de actividades hasta que haya una respuesta certera sobre su cuerpo.

No basta el autoritarismo, no basta la negligencia patronal, no basta la violencia institucional disfrazada de legalismo. Ahora tenemos el amianto. Resistan por su salud.

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