¿Y ahora quien podrá defendernos?

¿Y ahora quien podrá defendernos? Estados de Derecho “progresistas”, Fuerzas Armadas, capital transnacional e integración latinoamericana hacia el 2020

“Bolivia sola no va poder cumplir su meta. Les toca a ustedes, les toca a todos los pueblos, le toca a la nueva generación, les toca a otros países hacer las mismas cosas y mejorar cosas nuestras, pero se trata de hacer, no de contemplar o ver. La pasividad de otros pueblos es la derrota de nosotros. El movimiento de otros pueblos es nuestra victoria” (García Linera, 2010). El párrafo corresponde al actual vicepresidente de la República Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, y estas palabras fueron expresadas en una conferencia a la que había sido invitado por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, allá por 2010.

García Linera se encuentra en Argentina, donde tuvo que exiliarse con Evo Morales –el presidente vigente y reelegido en las últimas elecciones de octubre del presente año– a razón de un Golpe de Estado perpetuado por un conjunto de actores: sectores civiles, la Policía de Bolivia, la oposición política parlamentaria, el capital transnacional –redes sociales y demás medios de comunicación– y el apoyo de Estados Unidos manifestado a través de sus organismos instituidos en la región: la Organización de Estados Americanos (OEA).

Evidentemente, Álvaro García Linera en ese párrafo hace referencia al problema de los Estados de la región a la hora de ejercer su soberanía. Para precisar, cualquiera de estos Estados que pretenda “bastarse por sí mismo”, aparentemente, por nuestra historia de influencia-intervención-invasión de los imperialismos del hemisferio norte y por el peso del capital transnacional en su voracidad extractiva de nuestros recursos naturales, necesariamente necesita de la ayuda de los demás Estados de la región. En síntesis, la integración-unidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños resulta en la mirada de García Linera un elemento indispensable para impedir los golpes de Estado de todos estos actores mencionados. En consecuencia, claro está, la desintegración de estos Estados, la disgregación y atomización en lógicas políticas de “Patrias Chicas” –como diría el pensador, escritor y político Manuel Ugarte (Buenos Aires, 1875-1951)– imposibilita su ejercicio soberano. Escribía Ugarte en 1923: “Nuestras repúblicas hispanoamericanas han aceptado a veces el apoyo de naciones extrañas a su conjunto para hacer la guerra a países hermanos limítrofes, que han llegado hasta requerir esa ayuda extranjera para las luchas intestinas, que han llegado a la explotación de sus tesoros a empresas de captación económica, que creen aldeanamente en la buena fe de la política internacional y se ponen a la zaga del resbaloso panamericanismo, ¿no son en realidad naciones suicidas?” (Ugarte, 1962: 95).

Ahora bien, a estas ideas de Manuel Ugarte y Álvaro García Linera me interesa agregarle otras perspectivas que considero necesarias, imprescindibles y urgentes. Ya que, además, en el caso de Bolivia, aparecen jugando un rol fundamental en el Golpe de Estado las Fuerzas Armadas Bolivianas, ya como observadoras del acontecimiento bajo el velo de “garantes del orden constitucional”, ya como garantía de este nuevo ordenamiento, con la represión, la persecución y el arresto de manifestantes. En este punto entonces me pregunto: ¿cuál es el rol que cumplen y cuál es el rol que deberían cumplir las Fuerzas Armadas en un país como Bolivia? O en otras palabras: ¿cuál es la función deben tener las Fuerzas Armadas en América Latina y el Caribe en el presente y rumbo a la segunda década del siglo XXI?

La pregunta se direcciona, toma otra densidad, si, como señala Marcelo Gullo (2014: 21), “los Estados que se encuentran en la periferia de la estructura de poder mundial sólo pueden trocar sus condiciones de ‘objetos’ convirtiéndose en ‘sujetos’ de la política internacional a partir de un proceso de insubordinación fundante”. ¿Por qué digo que toma otra densidad? Porque nos condiciona a pensar sobre la real estructura de los Estados Nación en América Latina y el Caribe.

Los Estados liberales de derecho

Primero, una breve historia del concepto liberal de Estado de Derecho. Max Weber (1864-1920) en 1919 definió al Estado moderno “como una asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un territorio el monopolio de la violencia legítima como medio de dominación y que, con este fin, ha reunido todos los medios materiales en manos de sus dirigentes y ha expropiado a todos los seres humanos que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas” (Weber, 2003). Otros autores, que son referencia sobre el tema para el caso argentino, como Natalio Botana y Oscar Oszlak, han seguido en buena parte estas definiciones. Oszlak en varios textos trató el tema de la formación, el desarrollo y las características de los Estados en América Latina y el Caribe. Destacó elementos indispensables para su existencia: a) capacidad de externalizar su poder, obteniendo reconocimiento interestatal; b) capacidad de institucionalizar su autoridad, imponiendo el monopolio sobre los medios organizados de coerción; c) capacidad de diferenciar su control, a través de instituciones públicas con reconocida legitimidad para extraer recursos de la sociedad civil; d) capacidad de internalizar una identidad colectiva, mediante la emisión de símbolos que refuerzan sentimientos de pertenencia y solidaridad social y permiten, en consecuencia, el control ideológico como mecanismo de dominación (Oszlak, 2007).

Ahora bien, observo que estos autores con sus definiciones en apariencia expresan visiones objetivas, pero en realidad manifiestan una única concepción de lo que llamamos Estado: la concepción liberal. Pretenden además que sus definiciones sean universales, ahistóricas, en resumen: generales, “de diccionario”. En este punto me interesa resaltar que olvidan –u ocultan– que las relaciones de poder entre los Estados son diferentes según el poder económico, industrial y militar en nuestro planeta. Específicamente para nosotros, que habitamos esta región del globo, estas definiciones no nos sirven, incluso nos confunden, distorsionando el espacio, las relaciones de poder y demás elementos fundamentales para entender el lugar de nuestros Estados en el planeta Tierra hacia 2020. Para precisar, hago un brevísimo repaso histórico –y frente a estas definiciones liberales ahistóricas– para comprender la génesis del problema.

Tras la emancipación, el proceso de la conformación y la construcción de los Estados Nación en América fue llevado a cabo por las elites letradas de las ciudades portuarias defensoras de economías abiertas al mercado europeo. Estas elites, como señala el antropólogo brasileño Darcy Ribeiro (1969), realizarán una segunda conquista contra todos “los pueblos” –originarios, mestizos, negros y mulatos– que, paradójicamente, fueron quienes lograron la emancipación. Estas elites vencerán en las guerras civiles a todos los representantes elegidos por los “pueblos” de las provincias y regiones no hegemónicas. La victoria sobre estos sectores iniciará un proceso que llega hasta nuestros días, en donde primó la negación del pasado histórico: indígena, colonial, mestizo, gaucho, africano, católico y comunitario. Prácticamente 300 años después del inicio de la conquista, los Estados Nación en América Latina y el Caribe que surgieron durante el siglo XIX se basaron en una matriz de pensamiento político y económico liberal, ilustrado o iluminista, que emergió en Europa tras la Revolución Francesa. En este sentido, las elites letradas de las ciudades puerto inventaron las naciones americanas desde una matriz de pensamiento iluminista durante los siglos XIX, y luego positivista –racista, evolucionista y eurocéntrica. En síntesis, eran todos ellos proyectos fundados en una representación y una participación más amplia, popular si se quiere, reconociendo las tradiciones y las culturas preexistentes hacia mediados del siglo XIX.

En las primeras décadas del siglo XXI, con una oleada de partidos y líderes que grosso modo podríamos llamar “progresistas”, como Hugo Chávez en Venezuela, quien llegó al gobierno tras la crisis del sistema de partidos de 1989; Luiz Inácio Lula da Silva, elegido presidente de Brasil en 2003; Néstor Kirchner elegido presidente en 2003 luego de la crisis política desatada en diciembre del 2001; Tabaré Vázquez, quien ganó las elecciones presidenciales de Uruguay en 2004 con el apoyo del Frente Amplio-Encentro; Michelle Bachelet en Chile; Evo Morales en Bolivia; Rafael Correa en Ecuador; y también, como parte de esta ola de triunfos de la izquierda, hay que mencionar las victorias de Martín Torrijos en Panamá y el retorno de Daniel Ortega a la Presidencia de Nicaragua.

En este punto me interesa preguntar: ¿qué lugar fue asignado en estos Estados, llamados grosso modo “progresistas”, a las Fuerzas Armadas?

Fuerzas Armadas, capital transnacional e integración latinoamericana hacia 2020

En buena parte de América Latina y el Caribe, tras las guerras de la independencia y las guerras civiles, los líderes vencedores –porque también hubo líderes derrotados, desplazados y silenciados, como Simón Bolívar, José de San Martín y José Gervasio Artigas– formaron parte del gobierno de alguna u otra manera en los nuevos Estados. En el caso argentino, por ejemplo, desde la Revolución de Mayo y hasta 1888, todos los que ejercieron los principales puestos de gobierno del Estado –juntas, directorios, presidencias– estuvieron directa o indirectamente relacionados con las milicias o con el ejército.

Entre fines del siglo XIX e inicios del XX, los ejércitos, especialmente en Sudamérica, asumen la función de asistir a las instituciones civiles que gobiernan estos Estados. En la mayoría de los casos, los ejércitos de la región tomaron como modelo lo desarrollado por el ejército prusiano (alemán). Este ejército planteaba como modelo una serie de funciones que vinculaban de manera estrecha al ejército con el Estado. No era algo novedoso ni mucho menos, más bien era la génesis lógica del Estado moderno surgido tras la edad feudal, en donde quienes estaban a cargo de los señoríos eran los guerreros. Para decirlo rápidamente, esta relación planteaba como imprescindible, para que estos Estados pudieran ser soberanos, que el ejército garantizara las siguientes funciones: a) la independencia y la soberanía; b) la capacidad de autodeterminación; c) la integridad territorial y la salvaguardia de los recursos naturales; d) la protección de los bienes, la vida y la libertad de los habitantes. Ahora bien, este programa se topó directamente con la realidad regional de nuestros Estados, con una marcada dependencia generada por las deudas contraídas por las distintas oligarquías en el gobierno durante y después de las guerras civiles, y con la ocupación de parte de sus territorios por potencias del hemisferio norte que lesionaban el primer y segundo de los puntos mencionados: tierras ocupadas, como los casos de las Islas Malvinas, Panamá, las Guayanas, Puerto Rico, Cuba con la base de Guantánamo y demás.

Incluso, hacia 1930, tras la crisis mundial desencadenada en Estados Unidos, las oligarquías en el poder de los Estados latinoamericanos avanzan con una serie de negociados y hechos de corrupción, o utilizan el patrimonio del Estado para su beneficio: pacto Roca-Runciman en Argentina, Pacto del Café con Leche en Brasil y nueva estructuración de las oligarquías y el capital transnacional en México. Estas aberraciones producen efectos profundos dentro de algunos de los sectores militares, que consideran la necesidad de intervenir para garantizar la soberanía, la capacidad de autodeterminación, la integridad territorial y la salvaguardia de los recursos del Estado, como fue el caso de la Revolución de los Coroneles en Argentina y la llegada al gobierno de Getulio Vargas en Brasil, dando inicio a una secuencia de gobiernos nacionales y populares en la región.

Lamentablemente, en el caso argentino, tras el derrocamiento del general Juan Domingo Perón en septiembre de 1955, el sector “liberal” del Ejército buscó reemplazar este programa, al tiempo que inició un profundo proceso de “desperonización” que significó el retiro de al menos 500 oficiales y miles de suboficiales entre 1955 y 1958. De modo que se reemplazó el programa “prusiano” que defendía la soberanía y los recursos del territorio hacia otro, llamado luego “Doctrina de la Seguridad Nacional”, que focalizó en un mayor interés por nuevas formas de guerra, no tradicionales, surgidas en el marco de la Guerra Fría: la Guerra Nuclear o Atómica, y la Guerra Revolucionaria. En ese contexto se eclipsó definitivamente la influencia prusiana-alemana sobre el Ejército argentino, ahora reemplazada por el predominio de las tradiciones militares norteamericana y francesa.

La gradual reconversión de la doctrina de defensa y el estudio de estas nuevas formas de guerra se inició en la Escuela Superior de Guerra (ESG), principal centro de formación teórica del Ejército y ámbito natural en el que mejor y más rápidamente se manifiestan estos cambios. La renovación temática, programática y pedagógica de la Escuela Superior de Guerra comenzó hacia 1957, y se reflejó –inmediatamente– en su principal órgano de difusión, la Revista de la Escuela Superior de Guerra. Cientos de militares argentinos pasaron por escuelas de capacitación en Estados Unidos y el Canal de Panamá durante las décadas del sesenta y setenta. Sin embargo, el Ejército argentino nunca utilizó la terminología norteamericana sobre “contrainsurgencia”. Por el contrario, prevalecieron las categorías “guerra contrarrevolucionaria” y “lucha contra la subversión”, utilizadas por el Ejército francés (Runza, 2004; Badaró, 2008; Jauretche, 1959; Ramos, 1964).

Con la vuelta de la democracia entre 1980 y 1989, los nuevos Estados Liberales de Derecho –en matriz económica neoliberal, en la mayoría de los casos– se han cuidado mediante pactos –tales como el realizado en Uruguay en el Club Naval– o con el armado de una nueva constitución –tal como la delineada por el mismo dictador Pinochet en Chile– de responder a un doble problema: por un lado, no juzgar, “no remover” el pasado inmediato, y por otro, sostener el gasto militar cada vez más reducido, sin que con ello se genere una confrontación con la potencias del hemisferio norte. Más bien todo lo contrario: fomentaron una y otra vez la articulación de actividades con Estados Unidos, dejando que bajo sus concepciones ellos formen nuestros cuadros militares.

Entre 1989 y la actualidad, lamentablemente, observo que los líderes “progresistas de la región” han actuado escasamente para que los cuadros de sus ejércitos no sigan formándose con los postulados de entrenamiento delineados por las potencias del Hemisferio Norte (OTAN), principalmente por Estados Unidos, lesionando los cuatro principios fundamentales mencionados sobre los que debían fundarse las funciones de nuestros ejércitos.

Destaco tres casos donde las Fuerzas Armadas siguen garantizando la soberanía nacional, los recursos naturales y la elección de los pueblos: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Tres ejemplos en donde, no casualmente, quienes llegaron a los Estados de una u otra manera formaron parte de Fuerzas Armadas, pero eso lo dejo para trabajarlo en otra ocasión. Lo cierto es que, en el resto, observo que –en simultáneo con el ascenso de estos Estados “progresistas”– parece ponerse en acción una nueva política de disciplinamiento de los ejércitos de América Latina y el Caribe por parte de Estados Unidos, expresada después del 11 de septiembre del 2001 en su lucha contra sus dos grandes enemigos globales: el terrorismo y el narcotráfico. Esta política se refleja en la Iniciativa Regional Andina, que es la extensión del Plan Colombia al conjunto de los países de la subregión, y luego en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional promulgada por Washington en septiembre de 2002 y ratificada en 2006. En síntesis, observo que la Doctrina de Seguridad Nacional mutó hacia la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y lo peor de todo esto es que dicha mutación se produjo durante el ascenso de los gobiernos de representación popular. Subrayo: no fueron necesarios golpes sanguinarios, ni persecuciones.

Observo que, peligrosamente, en la mayoría de los Estados con gobiernos “progresistas” de la región no hubo –y no hay– un esfuerzo por delimitar el campo de acción de sus Fuerzas Armadas, orientándolas hacia garantizar la independencia y la soberanía, la capacidad de autodeterminación, la integridad territorial y la salvaguardia de los recursos naturales. Incluso, como puede observarse en el caso de Chile y Bolivia en estos días, ya institucionalizadas las Fuerzas Armadas, responden a estas nuevas funciones vinculadas a la asistencia de los gobiernos civiles, mal que les pese a los constitucionalistas, con una serie de artilugios que aparentan respetar los mecanismos jurídicos constitucionales, encarcelan y persiguen a líderes elegidos –Correa, Lula, Evo Morales–,reprimen a los pueblos en sus reclamos –Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina– y asisten a las tropas norteamericanas y a los capitales transnacionales frente a los posibles desórdenes generados por sectores del pueblo en su reclamo por la usurpación de tierras, o la contaminación de aguas y suelos.

Tristemente en el caso argentino, en donde la guerra de Malvinas o –más cerca en el tiempo– el hundimiento del submarino ARA San Juan podrían haber consolidado la imprescindible necesidad de un cambio de pautas culturales respecto a la importancia de las Fuerzas Armadas para el ejercicio pleno de nuestra soberanía, se ha seguido desatendiendo esta cuestión.

Bibliografía

Badaró M (2008): “Nuevos cadetes, nuevos ciudadanos. Análisis de un ritual de investidura en el Ejército Argentino”. Revista electrónica del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín, 2-4.

García Linera A (2010): “La construcción del Estado”. En Tres pensamientos políticos, Buenos Aires, UBA Sociales Producciones.

Gullo M (2014): La insubordinación fundante. Buenos Aires, Biblos.

Jauretche A (1959): Ejército y política. La patria grande y la patria chica. Buenos Aires, Peña Lillo.

Oszlak O (1982): “Formación histórica del Estado en América Latina”. En Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas, Buenos Aires, Jefatura del Gabinete de Ministros de la Nación, 2007.

Ramos JA (1964): Ejército y semicolonia. Buenos Aires, Sudestada.

Ribeiro D (1969): Las Américas y la civilización. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

Runza R (2004): “Misiones, despliegue y organización de las Fuerzas Armadas de Argentina, Brasil y Chile”. Fuerzas Armadas y Sociedad, 18 (1-2).

Ugarte M (1962): El destino de un continente. Buenos Aires, Patria Grande.

Weber M (1919): La política, el político y el científico. Buenos Aires, Prometeo, 2003.

Facundo Di Vincenzo es profesor de Historia (UBA); doctorando en Historia (USAL); especializando en Pensamiento Nacional y Latinoamericano (UNLa); docente de Historia Social y Política Latinoamericana, Historia Social y Política Argentina, Historia Moderna y Contemporánea, Historia Moderna y Contemporánea, Historia Social Latinoamericana, Procesos Históricos Mundiales y Seminario Manuel Ugarte “Pensador de la Nación Latinoamericana”; investigador del Instituto de Cultura y Comunicación y Centro de Estudios de Integración Latinoamericana “Manuel Ugarte”; y columnista del programa radial Malvinas Causa Central, Megafón FM 92.1.