Vicentin: crónica de una estafa anunciada

Parafraseando al gran García Márquez y, a la vez, observando la evolución reciente de las novedades en torno al caso Vicentin, podríamos construir un excelente relato de una “crónica de una estafa anunciada”. Tales hechos no son desconocidos en términos del comportamiento de los grandes grupos económicos en la Argentina. Es habitual que estos grupos actúen por sobre cualquier regulación estatal –las desconozcan o intenten eludirlas– y hagan operaciones de muy dudosa legalidad cuando entran en supuesta cesación de pagos y apelan a una convocatoria de acreedores para responder, en plazos a convenir, con las deudas acumuladas.

Si hacemos un recorrido de las alternativas recientes en torno al derrumbe del grupo económico citado, lo más significativo que se ha producido consiste en la efectivización de un verdadero proceso de vaciamiento empresarial denunciado por los principales acreedores financieros internacionales de Vicentin. Según los tres bancos comprometidos –uno de los cuales es el CFI, que pertenece al Banco Mundial– se expresa, en una presentación ante la justicia de Nueva York, que la empresa se encuentra en una situación irregular en relación con las elevadas acreencias –300 millones de dólares– que posee con dichas instituciones. En tal presentación, dichos bancos afirman lo siguiente, textualmente: “¿Fueron inexactos los estados financieros presentados a los bancos el 29 de julio del 2019 a los efectos del cumplimiento del convenio? ¿Y los inventarios fueron muy exagerados o las cuentas por pagar muy subestimadas? ¿Se desvió indebidamente efectivo del negocio?”. Esta es una denuncia extremadamente grave, de muy seria procedencia. Seguramente tendremos prontas novedades provenientes de la justicia neoyoquina que, como en otras ocasiones, planteará una cerrada defensa de los bienes seriamente afectados, al haber sido atrapados en la convocatoria de acreedores que pone en peligro la abultada suma arriba citada en concepto de deudas impagas.

Un segundo aspecto a consignar es que la Inspección General de Personas Jurídicas del gobierno de Santa Fe comprobó hace poco más de tres meses que diez inmuebles importantes a nombre de Vicentin habían sido cedidos a parientes y amigos y, por ende, no forman parte del activo empresarial. Esto podría ser una verdadera estafa, pues se estaría sustrayendo recursos fundamentales de la masa de activos necesarios para hacer frente a las acreencias incluidas en la convocatoria.

El tercer eslabón de esta cadena de irregularidades lo constituye el abultado monto del endeudamiento impago de la empresa con el Banco de la Nación Argentina por un monto acumulado de 300 millones de dólares. Esa deuda se concretó durante el año 2019, superando la restricción que tiene para entregar créditos el Banco Nación: el límite es 15% de su responsabilidad patrimonial. La tercera parte de tal desembolso se concretó pocos días antes de la cesación de pagos. El día 6 de julio pasado el fiscal de la causa –abierta por la denuncia del Banco sobre el irregular trámite de concesión de dicho crédito– denunció ante el juez de dicha causa que los directivos de la empresa, el expresidente del Banco, doctor Javier González Fraga, y el exvicepresidente de la institución, doctor Lucas Llach, “incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo”. Y agregó: “los empresarios accedieron a créditos mientras postergaban el pago de sus obligaciones con el objetivo de que la entidad finalmente no tuviera de dónde cobrar la deuda”. El fiscal pidió la inhibición general de los bienes de dichos exfuncionarios. Otro hecho oscuro y lamentable.

Una cuarta incidencia judicial es también muy seria. De acuerdo con la ley de quiebras, la empresa que se presenta a convocatoria de acreedores tiene que presentar el balance del último año de su ejercicio económico. El ejercicio se cerró el 31 de octubre de 2019. Pero el balance no se había presentado ocho meses después del cierre del ejercicio y el juez interviniente concedió, graciosamente, 40 días hábiles el día 10 de julio para que se introduzca en el trámite judicial dicho balance, debidamente certificado por un auditor internacional de primer nivel. O sea que se peticionó una convocatoria de acreedores entrado este año y aceptada por el juez, doctor Lorenzini sin conocerse los datos fehacientes del endeudamiento ni de los activos disponibles para hacer frente a las acreencias denunciadas. Sin balance no hay idea real de cómo le fue a la empresa el último año y se desconoce –como dijimos precedentemente– los bienes que la empresa tiene para responder ante los acreedores. El mismo juez, el día 7 de julio, impuso a los directivos de la empresa que incorporen al expediente los balances desde el año 2014 de quince empresas asociadas a Vicentin, muchas de las cuales no figuraron en el pedido de convocatoria, y alguna tiene su domicilio en un paraíso fiscal.

En una posterior decisión, ante la no presentación del citado balance, el juez Lorenzini volvió a conceder un último y definitivo plazo que vence a fines de setiembre y que supone una prórroga de 40 días hábiles adicionales desde esta nueva resolución judicial de mediados de agosto. Es realmente bochornoso este dato, lo que da cuenta de una evidente colusión entre la justicia y la empresa, pues se dio curso al pedido de convocatoria sin cubrir un requisito esencial que marca la legislación vigente en estos temas. Un hecho emergente agrega un dato clave adicional para resaltar la conducta indudablemente dolosa del grupo Vicentin. La consultora contable KPMG –de prestigio internacional– que avalaba los anteriores balances confeccionados por la empresa, entrado el mes de setiembre anunció que en esta oportunidad no iba a desempeñar la tarea que había llevado adelante precedentemente, por lo que dejaba sin efecto su vínculo con la empresa. Según constancias elevadas por la demanda del Banco de la Nación Argentina, dicha firma consultora se negó a continuar como auditora externa del grupo. La información que surge de un comunicado de dicho banco del día viernes 4 de setiembre expresa que KPMG informó que entre las causas de su decisión resalta que está en duda “la capacidad de la organización Vicentin para continuar como empresa en marcha” señalando el “impacto generalizado que provocó la decisión de interrumpir la cancelación resuelta por Vicentin SAIC” con los perjuicios que provocó la decisión de cesar el pago de sus deudas. Como resultado de la evaluación que hizo la firma de la gestión de la empresa, decidió suspender la auditoría del ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2019 Esta determinación es sumamente grave pues en forma explícita descalifica el accionar de la empresa. En estas condiciones y sin un balance auditado por una firma reconocida, Vicentin estaría formalmente imposibilitada de plantear acuerdo alguno con sus acreedores (ver la información que provee Raúl Dellatorre en el diario Página 12).

Ante la gravedad del proceso judicial, el fiscal actuante, el doctor Gerardo Pollicita, reclamó del juez, doctor Julián Ercolini, la inhibición general de bienes del expresidente del Banco de la Nación, González Fraga, y de otros diecisiete directivos de la entidad, incluido su exvicepresidente Llach y de apoderados de la empresa. El juez, en una primera resolución, sólo aceptó la inhibición de una de las empresas del grupo, Algodonera Avellaneda. El fiscal el 24 de agosto volvió a reclamar la ampliación de la inhibición a todas las personas involucradas, incluyendo al expresidente del Banco. El fiscal considera de extrema gravedad las acciones que él considera ilícitas desarrolladas por el directorio del Banco, y así lo explica: “entre los días 8 y 26 de noviembre de 2019, contando con la calificación vencida desde el 31 de julio de ese año y encontrándose ampliamente excedida la firma Vicentin en las normas que establece el BCRA, que precisamente previenen la vulnerabilidad de las entidades bancarias frente a un incumplimiento inesperado por parte de un cliente, los referidos funcionarios del BNA otorgaron préstamos a dicha empresa por un total de U$D 105.500.000” (Página 12, 25-8-2019: 15). El fiscal recuerda, además, que el crédito otorgado en tiempo record en cantidad de 27 préstamos, cuando ya estaba en graves dificultades financieras, estaba garantizado por un fondo respectivo de 800 millones de dólares. Esos recursos, que constituían un Fondo de Garantía, desaparecieron, pues fueron girados a otros bancos –sacándolos de la esfera del Banco de la Nación– mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones con el objetivo de que, cuando las autoridades del Banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos. El juez aún no se ha expedido.

Una nueva información indica que no ha cesado el surgimiento de evidencias en torno a muy presumibles ilícitos urdidos por el grupo económico Vicentin. Una denuncia penal fue presentada por la AFIP el 22 de agosto: muestra que entre 2016 y 2019 Vicentin obtuvo reintegros a la exportación por $111 millones, presentando 54 facturas falsas de supuestos pagos a vendedores de materias primas agrícolas que se iban a comercializar o industrializar por Vicentin por cuenta de dichos inexistentes proveedores. “Las tareas de control permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real, no poseían plantas acopiadoras, ni poseerían actividad específica conocida, ni declararon personal”, agregó la AFIP en su denuncia (Página 12, 23-8-2020: 20).

Finalmente, cabe referirse a otro acontecimiento surgido muy recientemente y que forma parte de la presentación que hace el Banco de la Nación Argentina en términos de su denuncia de vaciamiento económico del grupo Vicentin que repercute en su capacidad de acumular recursos para el repago de la significativa deuda que tiene la empresa con el Banco. Se trata del reclamo elevado ante el juez Ercolini por dicho banco estatal, en la denuncia sobre el posible vaciamiento del patrimonio de la empresa santafesina por la enajenación del frigorífico Friar al grupo empresario BAF Capital, quien apareció como la propietaria del frigorífico, tras operaciones de venta de la participación de Vicentin SA en dicha planta productiva. BAF Capital adquirió, según trascendidos, las participaciones en Friar de Nacadie Comercial y Vicentin Family Group, dos empresas radicadas en Uruguay a las que los accionistas de Vicentin SA –la hoy concursada– le cedieron paulatinamente acciones de dicha empresa vinculada al comercio de carnes para la exportación. Nacadie y VFG son, sin lugar a duda, parte del holding Vicentin. Comentando esta reducción del capital accionario de Vicentin SA que posibilitó que el valor de la venta de Friar desapareciese del activo de la concursada, salieron a la luz declaraciones públicas del presidente actual del Banco de la Nación, el doctor Eduardo Hecker, quien afirmó: “la cerealera concursada continúa con el desprendimiento de sus activos para evitar la cancelación de créditos, lo que constituye un importante perjuicio para el comportamiento del Banco” (Raúl Dellatorre, Página 12, 25-9-2020: 6).

Este conjunto de incidentes en torno a la gestión reciente del gran conglomerado económico que funciona bajo el paraguas de Vicentin revela una conducta de muy dudosa legalidad que se instaló a partir del desenvolvimiento de las actividades de la empresa en fecha reciente. La pregunta central que deberíamos hacernos es la siguiente: del análisis de lo que antecede en este texto, ¿la conducción de Vicentin actuó premeditadamente en una sucesión de decisiones que fueron comprometiendo la solvencia empresarial o, por el contrario, hubo factores contextuales del derrotero de la economía nacional que la llevaron al derrumbe? Evaluando en su integridad el comportamiento empresarial, la conclusión a la que arribamos muestra un caso típico de una gran empresa que, a sabiendas, se involucra en un accionar de crecientes irregularidades, en especial aquellas que implican separar del activo bienes que debían haberse incorporado o efectuar maniobras apresuradas, contando con apoyo oficial, que culminaron en un inevitable destino de cesación de pagos. Con el comportamiento aquí cuestionado, la empresa ha seriamente perjudicado a casi tres mil pequeños y medianos productores agrarios que se han quedado sin cobrar sus ventas del último año al grupo comercializador Vicentin y, por la situación de insolvencia actual, los trabajadores de Vicentin, en numero de 6.000, están una situación realmente crítica. Tales trabajadores tienen deudas a su favor por meses de sueldos impagos o poseen sus sueldos y salarios congelados, o no poseen certeza alguna de que podrán conservar sus puestos de trabajo. Por ahora se desconoce si los activos de Vicentin están en condiciones de responder a tales acreencias, dada la no presentación del balance al 31 de octubre del 2019.

Otra pregunta clave es la siguiente: ¿los responsables del manejo más reciente de la empresa son conscientes del riesgo que corren de comprobarse el variado conjunto de ilícitos arriba descriptos o, por el contrario, apostaron a que saldrían airosos sin ningún tipo de consecuencias penales por su accionar? La hipótesis que manejamos, que aparece cada vez más razonable a poco que se avance en la investigación de las diversas presentaciones realizadas en sede judicial, expresa que todos los indicios conducen a pensar en una primera y casi segura conclusión: lo que Vicentin SA muestra de modo evidente es que sus directivos tenían plena conciencia del camino que estaban trazando y que pensaban que, al final del mismo, la “muerte anunciada” de la empresa no les iría a generar ningún perjuicio personal ni patrimonial. La toma de créditos en forma acelerada al final de la trayectoria empresarial en el año 2019 y las estrategias de vaciamiento descriptas indican que el desenlace que hoy afronta el grupo económico debía formar parte de la estimación empresarial en vísperas de la cesación de pagos. Como sabían del final que iban a afrontar de proseguir con la conducta empresarial adoptada, cabe imaginar que apostaban a que finalmente no estarían expuestos a decisiones judiciales que los perjudicaran. De ninguna manera la conducta desplegada por el directorio de la empresa supone que el derrumbe de la gestión los tomó desprevenidos y fue, por ende, sorpresivo e inesperado. Evidentemente, en este y en no pocos otros casos, la pertenencia al poder económico dominante es un reaseguro para que los actores económicos responsables de la empresa pudieran operar sin temor a ser sancionados.

Si se mira para atrás se va a poder ubicar muchas otras acciones en donde la connivencia estatal-empresarial concluyó en decisiones de parte de la Justicia o el Ejecutivo Nacional totalmente reñidas con la salvaguarda de los intereses públicos de toda la sociedad. El caso paradigmático fue el de la estatización de la deuda privada de los grandes grupos económicos en el año 1982, que supuso que el Estado nacional se hiciese cargo de un endeudamiento que por entonces era de cerca de 25.000 millones de dólares. Tales acreedores, los principales grupos económicos del país, vieron así esfumarse, sin costo alguno, acreencias que el Estado asumió sin recibir a cambio ninguna compensación. Tras la caída de la dictadura, un proceso judicial determinó la ilicitud de la ruinosa operación financiera citada, pero no surgió ninguna condena a sus promotores, porque se la dejó prescribir por exceso de tiempo sin sentencia. De antemano se sabía que de algún modo el negociado de la estatización de la deuda privada transferida al Estado en la magnitud consignada –a partir de una argucia legal del Banco Central dictada en las postrimerías del régimen dictatorial– iba a estar exenta de cualquier cuestionamiento, ni se sancionaría a sus ejecutores.

Como resultado final de este análisis queda abierta una muy inevitable conclusión: el caso de Vicentin es clara evidencia de que sus responsables confiaban plenamente en que un manto de impunidad les garantizaría quedar libres de toda culpabilidad y de sanción penal alguna. Tales responsables tenían la certeza de que no corrían el riesgo de tener que rendir cuentas de sus desmanejos en el futuro.

En el caso Vicentin que analizamos, estamos hoy enfrentados a un escenario donde los reclamos y las denuncias de serias irregularidades se acumulan cada vez más. Pese a estas evidencias y a que son muy numerosos los perjudicados por la empresa –gran parte de modesta condición social, como pequeños productores rurales y miles de trabajadores– seguramente los propietarios de la firma sabían de antemano que, dadas sus vinculaciones con el poder económico dominante, podrían contar, además, con el fuerte apoyo de las más importantes asociaciones empresariales. A la vez, debían confiar en el respaldo de la dirigencia política a cargo del gobierno nacional que suponían continuaría en el manejo del Estado luego del 10 de diciembre de 2019 –fueron los principales donantes de fondos para la campaña reeleccionista del expresidente Macri– y con el respaldo mediático de los más importantes medios de comunicación. Ello se comprueba con el hecho de que, cuando el Estado nacional –ya no ocupado por políticos amigos– pretendió expropiar o intervenir el conglomerado Vicentin para defender los recursos comprometidos pertenecientes a la banca estatal o a sectores sociales que no formaban parte del poder económico dominante, se produjeron generalizadas declaraciones públicas de voceros de dichas asociaciones con cuestionamientos basados en la defensa de la “propiedad privada” de la empresa. Ello provocó confusión y temor en amplios sectores de la sociedad, preocupados por las supuestas consecuencias negativas de las medidas estatales propuestas, lo que llevó a que el Estado nacional se replegase en su determinación de actuar. Claro está que la “propiedad privada” que los referidos voceros y los medios concentrados defendían con mucha insistencia era solamente la de un grupo económico que había incurrido en numerosas irregularidades. Y tales voces –como luego ocurrió– se iban a olvidar totalmente de los trabajadores, sin la propiedad de sus emolumentos y en grave peligro de perder sus empleos, y de los pequeños productores que resultaron perjudicados en su propiedad por el incumplimiento del pago de las cosechas que entregaron a la firma para su comercialización o industrialización.

El final no está definido. Los trabajadores persisten en su reclamo público, cuentan con una adhesión generalizada de las organizaciones sindicales que los representan y han insistido con su apoyo a la intervención estatal para conocer las causas del derrumbe financiero de Vicentin y exigir la salvaguarda de sus sueldos y salarios, y el lugar de trabajo.

La Justicia debe actuar, protegiendo a los más débiles. El desenlace, entonces, queda todavía abierto, sobre todo porque próximamente la firma cuestionada deberá –sí o sí– presentar su balance a casi un año del cierre de su ejercicio, con el aval de un estudio contable reconocido, y entonces se sabrá la dimensión del daño inferido. Por otra parte, el 15 de octubre es la fecha de renovación de sus autoridades que, por informaciones periodísticas varias, habrían resuelto no continuar al frente del grupo económico. Esta muy poco transparente gestión, en algún momento, deberá rendir cuentas de los desatinos múltiples cometidos. Y el Estado, finalmente, tendrá que intervenir, asumiendo su rol protector del patrimonio de los miles de actores sociales perjudicados y de las finanzas de los bancos estatales comprometidos. Esperemos que así sea y que se sancione a todos los personajes –de la esfera privada y pública– que contribuyeron a esta “estafa anunciada”.

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