Transparencia, Gobierno Abierto y Modernización del Estado: reconceptualizando para un nuevo rumbo

Daniel García Delgado

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El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre algunos de los conceptos más importantes del relato de Cambiemos sobre el Estado y las políticas públicas. En una rápida recorrida se destacan tres: a) el énfasis en la transparencia; b) el Gobierno Abierto; y c) la modernización del Estado. Estos términos forman parte del paradigma del modelo de gestión pública, de concepción del rol del Estado y de su vinculación con la ciudadanía en el modelo neoliberal. En gran parte son conceptos y herramientas que vienen del New Public Management y se articulan a las perspectivas de gobierno electrónico y auge de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). A su vez son internalizados y difundidos en el sentido común que se constituye por los medios hegemónicos. Este trabajo busca resaltar la importancia de encarar su reconceptualización, en la medida que en las últimas elecciones primarias la sociedad argentina ha puesto en cuestionamiento las orientaciones de políticas públicas sobre el Estado y su inserción internacional consideradas hasta hace poco tiempo por el Gobierno como “el único camino posible” a seguir. Se organiza, por tanto, en dos partes. En la primera se hace una crítica evaluativa de este plexo conceptual, y en la segunda se presenta una visión propositiva que intenta superar este relato, mostrando que otro camino o rumbo es posible y cuáles serían algunas de las nuevas conceptualizaciones o articulaciones posibles sobre la transparencia, el Estado y la gestión pública.

 

Primera parte: gestión pública y Estado en el neoliberalismo tardío

La sociedad de la transparencia como sociedad de la duplicidad y el control

El concepto de transparencia y su auge se produce en la sociedad posmoderna, neoliberal, y en el cambio de la gran transformación a la gran financierización (Polanyi y MacIver, 1944). Sobre la gran asimetría que se empieza a establecer entre el poder financiero y corporativo y la política, desde mediados de los años 70 se generaliza una gran desconfianza sobre la política. La idea de una sociedad despolitizada, del fin de los grandes relatos y de la crisis del Estado de Bienestar y su resolución neoliberal, necesitaba algún valor que no fuera ya la igualdad y el bienestar asegurado por el Estado, ni los derechos. Necesitaba de la crítica al igualitarismo, a lo colectivo y a las regulaciones estatales y, en ese sentido, los tres momentos neoliberales tienen entre sí un hilo conductor: el ataque al Estado y a los gobiernos populares y el énfasis en la lucha contra la corrupción son claves legitimatorias para gobiernos que promueven la concentración, las privatizaciones, el endeudamiento y la limitación de derechos o la eliminación lisa y llana de la democracia.

En este tercer momento, al que caracterizamos de neoliberalismo tardío,[1] que aparece como captura del Estado por las elites (García Delgado, Ruiz del Ferrier y Anchorena, 2018), a partir de la victoria de Cambiemos en las elecciones democráticas de 2015 es clave el papel que va a jugar la idea de transparencia y su asociación en la lucha contra la corrupción y el populismo como eje del actuar del gobierno, donde el concepto de transparencia va a tener funciones latentes y manifiestas. Entre las primeras, la utilización de la búsqueda de transparencia para legitimar el law fare, como judicialización de la política, la guerra jurídica y mediática desatada contra los adversarios políticos para terminar con la oposición real, con “el populismo” y, a la vez, atacar cualquier expresión progresiva, alternativa y sobre todo la política.

La duplicidad es la otra característica constitutiva del gobierno de las elites: decir algo y hacer lo contrario, considerar la posverdad como una legitimación para poder mentir, no comprometerse con la verdad, prometer reducir la pobreza a cero y terminar con emergencia alimentaria, proponer que desaparezca “la grieta” y no cesar de intentar polarizar la sociedad, o prometer terminar con el narcotráfico con resultados marginales y con fuertes cuestionamientos a la política de seguridad. Esto va más allá de errores de voluntad, de ‘quise y no pude’, sino de hacer directamente algo inverso a lo comprometido, una suerte de fraude del contrato electoral y una concepción ética cuestionable. “No se trata simplemente de un ‘elogio de la mentira’: la post-verdad no prefiere lo falso a lo verdadero, sino que se muestra indiferente a la distinción entre una categoría y la otra. No importa si es verdadero o falso, lo importante es presentarlo como falso o verdadero según convenga a determinados intereses” (Follari, 2019).

Esta experiencia sobre transparencia y lucha contra la corrupción-populismo no fue solo un proceso nacional donde cobran relevancia estos dispositivos, sino parte de un plan regional donde la bandera de la transparencia y la lucha contra la corrupción encaran el formato de nuevas formas de intervención de la región por parte de Estados Unidos y se ligan al law fare para erosionar los gobiernos populares, progresistas y de izquierda y sustituirlos por otros más afín a su agenda e intentar impedir la injerencia de China en los procesos de desarrollo de la región. Los casos de Brasil, Ecuador y Argentina tal vez sean los más emblemáticos de ello. Es decir, si antes esas formas de intervención eran los golpes de Estado mediante la intervención de las fuerzas armadas, ahora son las operaciones judiciales para generar prisiones preventivas de opositores, erosionar el Estado de Derecho y vaciar los Estados de su soberanía.

En segundo lugar, la promesa de un gobierno transparente sirvió para cooptar los organismos de regulación y control en nombre de la despolitización y eficacia del sector privado, y para legitimar la corrupción estructural de las elites e introducir la opacidad sobre estas formas de corrupción. Permitió el encubrimiento y legalización de delitos económicos, evasión y lavado, la naturalización de la tenencia de sociedades off-shore o en paraísos fiscales, etcétera. Las denominaciones de esta forma de delictualidad económica, de corrupción también denominada “sistémica” por Aldo Ferrer, son varias: “la puerta giratoria”; el estar en los dos lados del mostrador; el intervenir en capacidad de decisión del gobierno a favor de negocios privados; liquidar empresas públicas o hacerlas inviables –como Aerolíneas Argentinas–; o endeudar y fugar a paraísos fiscales. Todo ello fue facilitado por la cooptación de los mecanismos de control y de regulación –Procelac, UFI, OA, IGJ, Vialidad, SIGEN, AGN, etcétera– por los mismos intereses a ser regulados por los CEOs. De ese modo, en nombre de la sociedad de la transparencia se naturalizó la corrupción estructural, la delictualidad económica off-shore, lo cual forma parte de procesos de dominación política característicos de la irrupción del capital financiero global y del nuevo papel que juegan los bancos: no prestar para producir, sino para orientar fortunas al exterior, y ser mecanismos de especulación financiera.

En tercer lugar, la sociedad de la transparencia preconizada por Cambiemos se parece más a una sociedad del control como lo señalara el filósofo Han (2015), de la vigilancia masiva (Snowden, 2019) y de búsqueda de manipulación de las conductas políticas de los ciudadanos. Así se explican el traspaso de los datos del ANSES a la Jefatura de Gabinete y la utilización de datos privados para utilización política. Esta multiplicación y resignificación de la información también impacta en nuevos dispositivos de poder y subjetivación, que son potencialmente peligrosos para la democracia, como la pérdida de la privacidad, la manipulación de las preferencias ciudadanas que se vinculan con las fake news, el law fare y los denominados ‘golpes blandos’.

La duplicidad es característica de un gobierno que hizo de la posverdad y de la pospolítica sus banderas, ya que se unen a esta característica el no sentirse nunca responsable de lo que sucede, sino de encontrar siempre la responsabilidad en el otro. Sea la crisis y la recesión fruto de ‘la pesada herencia’ del gobierno anterior, o la ‘incertidumbre’ que en los mercados genera la posibilidad del acceso de un gobierno con un pensamiento macroeconómico distinto al del ‘único camino posible’. La divisoria de aguas entre “honestos” y “corruptos” es un eje de debate no solo falso e ideológico, sino que tiende precisamente a invisibilizar los distintos proyectos de país en disputa. Finalmente, la política y los gobiernos populares serían los grandes responsables de los males de la sociedad argentina en los últimos 70 años, y de esta manera los mercados, las gerencias exitosas y los nuevos tipos de liderazgos, su eventual solución.

 

El ‘Gobierno abierto’ como un gobierno de elites y del marketing

Acumulación y legitimación son dos aspectos problemáticos en la democracia liberal. Democracia y economía concentrada y legitimación mayoritaria no habían sido posibles de lograr para las elites después de los procesos de sustitución de importaciones. Por el otro lado del empate hegemónico (Portantiero, 1999), la acumulación con distribución del ingreso lograba legitimación, pero los gobiernos nacional populares y progresistas se encontraban luego con problemas de restricción de divisas, presiones devaluatorias y finalmente golpistas, tanto de golpes ‘blandos’ como ‘duros’. Cuando la captura del Estado por las elites supuso que ya era posible la acumulación y la concentración en unos pocos con legitimación democrático y que la minoría dominara con asentimiento de la mayoría, Cambiemos pensó que había encontrado la piedra filosofal del éxito político, la que le posibilitaba restablecer una hegemonía conservadora. Tenían las claves tecnológica y comunicacional para ello. ¿Cuáles eran?

Principalmente la técnica, la construcción de subjetividades y del sentido común de la población (Canelo, 2018) por medio de la comunicación, por expertos en tecnología de última generación, big data, trolls, IA y una gran comprensión de la racionalidad instrumental y el acercamiento a ciudadanos con datos personales, la estigmatización de líderes populares que se asociaban a la oposición y la fragmentación del peronismo con un segmento aceptable para el sistema –el ‘racional’– y otro por fuera del mismo –el ‘populista’. Con ello creyeron que habían encontrado la fórmula para ganar elecciones y ajustar a la gente en simultáneo. Conjuntamente, la idea de instaurar un ‘gobierno abierto’ y ‘el diálogo’ darían una mayor legitimación al accionar público, al proporcionar mediante Internet y el gobierno electrónico los datos del Sector Público a los ciudadanos.

El gobierno abierto tendría de esta forma funciones manifiestas y latentes. Entre las primeras: generar información del sector público para todos los ciudadanos, con facilidad y eficacia digital, y con un nuevo estilo que convertía a aquellos en ‘vecinos’ despolitizados. Supuestamente, esa capacidad informativa sería un signo de una accountability (O’Donnell, 1997) y al mismo tiempo suponía una gerencia transparente del sector privado que trasladaba estas cualidades al Estado, eliminando a la política, que sería la fuente de corrupción e ineficacia. La propuesta era que todos los problemas sociales se resolverían con el gobierno electrónico, la digitalización de los trámites y la apertura del Estado. Se presuponía que el gobierno abriría para los ciudadanos la ‘caja negra’ del Estado con una información fiable y transparente sobre licitaciones, contrataciones de personal y asignación del presupuesto… ¿pero era tan abierto y accesible?

En realidad, ponían el acento más en la información pública digital poco sensible y para trámites, mientras quitaba al gobierno nacional las funciones de fiscalización y control de áreas estratégicas. Más que un gobierno abierto a la participación de ciudadanos y colectivos, se transformaba en un gobierno cerrado a éstos. La decisión era de las elites y eso no se concertaba ni se discutía con otros actores, ni aún con el supuesto “diálogo”, sino que se imponía: los colectivos no existían o eran anatematizados como posibles ‘mafias’, y se hacía menos con leyes que con DNU, paralizando el Parlamento, reprimiendo las protestas multitudinarias, y con una justicia controlada.

Si el objetivo era generar un “Estado cercano y que te escucha” para facilitarle la vida al vecino y facilitar trámites, fue otra promesa incumplida. No fue abierto a los ciudadanos, sino cerrado para las mayorías, y no les facilitaba la vida, sino que se las desorganizaba a partir de servicios públicos con tarifas impagables, baja de salarios y alta inflación. El gobierno abierto se convirtió un gobierno de minorías, de ricos para ricos, que apuntó a bajar los ingresos reales de trabajadores y jubilados y a disminuir la capacidad de negociación de los gremios a favor de las empresas.

El enfoque neoliberal de modernización y gobierno abierto supuso una lógica de despolitización del ciudadano y de colectivos, y de promover una sociedad de individuos donde cualquier intermediación colectiva de intereses era calificada negativamente; de una eliminación de la idea de interés general o, en todo caso, éste se asociaba al libre funcionamiento del mercado; y de un Estado que ya no regularía ni garantizaría derechos.[2] De esta forma, el neoliberalismo promovió el ocultamiento de las relaciones de poder y entonces “la discusión sobre el Estado será limitada al aparato organizacional, y planteada como un problema de resolución técnica, […] se circunscribirá a cómo acercar la administración al ciudadano –también un problema de organización– y el orden referirá a la utilización de la coerción frente a situaciones delictivas o de supuestas amenazas al orden” (Rey, 2019).

De este modo, un gobierno de decisión concentrada en los CEOs (Castellani, 2016) de las corporaciones principales de acumulación –la financiera, la energética y la sojera– consigue en poco tiempo transformar una sociedad productiva de consumo con industria sustitutiva en una sociedad en emergencia –alimentaria, energética, ocupacional, de vivienda– con cuatro millones de pobres nuevos, 200.000 millones de dólares en deuda externa, y la pérdida de más de 200.000 puestos de trabajo industriales en breve tiempo.

En síntesis, el gobierno de las elites fue aparentemente abierto en términos de información descentralizada sobre temas menores, pero no para asuntos de significación política, económica o jurídica. También es claro que es un gobierno de marketing, de la comunicación política como clave de legitimidad, donde se consideraba que era posible abolir la política, disociar la conciencia de los intereses de los ciudadanos de sus propios intereses y de las políticas que los perjudicaban, y asimismo aislarlos de los esfuerzos de colectivos que las resistían. La característica central de comunicación del gobierno planteaba una división de atributos tajante, en la que todos los rasgos negativos quedaban del lado del ‘kirchnerismo’ y, por contraste, los positivos del lado de Cambiemos. “Se quiso instalar un escenario en el que fuera nítida la distinción entre lo nuevo y lo viejo, lo republicano y lo autoritario, lo racional y lo irracional, entre la humildad y la soberbia, la honestidad y la corrupción, la verdad y la mentira” (Piqué, 2019). Así, el marketing se contrapuso a la política, a lo territorial, a la negociación colectiva. Esto llevó, por un lado, a una sobre-exageración, en un nivel de asimetría increíble, de la comunicación por sobre la política, y por otro lado a una subestimación de la capacidad de resistencia de la sociedad argentina y su conciencia de derechos constituida a través de movimientos políticos y sociales, de trabajadores y de derechos humanos. De esta forma, la construcción de una burbuja de irrealidad sobre lo que pasaba culminó cuando el engañador terminó por ser engañado, tanto en su representación de la realidad como en el comportamiento electoral esperado.

 

Modernización del Estado como eliminación del desarrollo y del enfoque de derechos

En estos dos conceptos –modernización y desarrollo– se traducen dos posiciones teórico políticos en conflicto que devienen en dos modelos de país. La teoría de la modernización, ya en los 50 en la contraposición sociedad tradicional-sociedad moderna, estaba presente en esa tajante distinción pasado-presente, perspectiva fundacional y necesidad de adoptar rápidamente instituciones y paradigmas de las sociedades desarrolladas, tomadas acríticamente, como actualización, copia y traslado. Por su parte, el desarrollo de la teoría cepaliana partió de la sospecha de que la modernización en sí como proceso no llevaba necesariamente al desarrollo industrial: que el papel del Estado para lograrlo era clave y que las sociedades periféricas no estaban desconectadas con las centradas, sino vinculadas, pero en una relación asimétrica y negativa para sus posibilidades. Es decir, que no realizarían el mismo camino que habían realizado los first comers para lograr ser industrializados. Para modificar esta situación, el Estado y las políticas públicas eran claves. Entre otras cosas, el enfoque de modernización fue utilizado habitualmente en los gobiernos liberales, desplazando al enfoque del desarrollo. De allí las privatizaciones, las aperturas irrestrictas y el reemplazo del concepto de gobierno (goverment) al de Estado. Así, en esta tercera experiencia neoliberal del ciclo, el rol del Estado a favor del desarrollo es reemplazado por el de impulsar negocios de las elites. La modernización permitiría contraponer al pasado un futuro superador con expectativas que reiteradamente se incumplían. Lo que es moderno y lo que ya no lo es es por tanto desechable y denostable, como se expresa en el relato crítico de los “70 años de errores”.

Los gobiernos neoliberales demuestran que tienen un rumbo económico opuesto al desarrollo, donde la ciencia, la tecnológica y la innovación nacional no son priorizados. No protegen sus mercados internos, ni a su agente. Cuanto más se desalientan las capacidades locales y culturalmente la autoestima nacional, más se insiste en que la modernización y el progreso llegarán de la mano de otros actores y recursos extranjeros.

En síntesis, el Estado y su modernización implicaban un apoyo total a la economía de mercado sin regulación alguna, y al mismo tiempo propiciaban una ruptura con la política pública de inserción internacional y regional menos alineada y con la pérdida de soberanía. Una ruptura de la inserción, tanto a la propiciada por anteriores gobiernos kirchneristas como a parte de la larga tradición de la política internacional de Argentina en cuestiones de no intervención en asuntos internos de otros países. El ‘abrirse al mundo’ circunscribía este solo a una parte, particularmente los mercados financieros internacionales y la potencia hegemónica de occidente desarrollado, Estados Unidos. Se trataba entonces de salirse de la región y de todo lo que no fueran acuerdos de libre comercio, de atacar las instituciones de integración política como la UNASUR y de generar intromisiones con los países que se acercaban al estilo de subordinación que se imponía en otras partes.

 

Segunda parte: reconceptualizando para otro rumbo posible

Transparencia y ética pública del bien común

El problema de la relación entre ética y política es clave en toda sociedad y particularmente en la nuestra, dado que el gobierno de Cambiemos se caracterizó por la ausencia de una ética pública que no fuera funcional a sus intereses de clase, el aprovechamiento de decisiones púbicas para intereses privados y la autopercepción de impunidad de la elite. Y porque todas las intervenciones neoliberales se legitimaron en nombre de la corrupción de la política y de los partidos populares. Así, si bien la transparencia sigue siendo un valor, bajo el dispositivo neoliberal fue limitada al clásico conflicto de intereses de funcionarios públicos y empresarios, a la corrupción como un problema individual –sobornos, financiamiento de la política–, y exclusivamente relacionada a su falta en los gobiernos anteriores.

Una comprensión parcial e ideológica: “Los problemas más graves de la corrupción surgen de la captura del Estado por parte de intereses económicos rentistas, y de la estructura política piramidal sobre la que funciona la corrupción institucionalizada y a través de la cual los burócratas se ven forzados a extorsionar a los ciudadanos, ya sea por órdenes de sus superiores o por inercias políticas y organizacionales. En otras palabras, los problemas más acuciantes de la corrupción emergen no del Estado, sino de fuera de él. Y son precisamente tales márgenes los que se han ido ampliando cada vez más como resultado de las tendencias privatizadoras en el manejo de los asuntos públicos” (Sandoval Ballesteros, 2016).

En la perspectiva liberal, el Estado es el problema y lo que hay que controlar. Hay una desconfianza y desconocimiento sobre éste, cuando en realidad la experiencia histórica y el marco teórico de enfoques neoestructuralistas, neodesarrollistas y neo-keynesianos, muestran que el Estado, particularmente en América Latina, es parte de la solución, es el encargado de velar por el bien común o interés general (Tirole y Navajas, 2019). Si queremos una sociedad con más calidad de vida, justicia y sustentabilidad, hay que tener Estado. Se requiere restablecer objetivos públicos por sobre los intereses privados para ordenar, regular y transparentar la relación del Estado con el sector privado. En esta concepción, la ética alcanza su cenit en la política: es ésta la que viabiliza los modelos de sociedad y –por tanto– los valores que finalmente dicha sociedad asume y ejerce. “De tal modo, la política, tal como se plantea desde Aristóteles a Hegel, es el máximo espacio de despliegue de la ética, el campo desde el cual ésta puede realizarse como destino histórico-universal. Todo lo contrario de lo que la ideología de época dibuja hoy: la política como espacio de egoísmo y enriquecimiento personales, aquello de lo que cabría prescindir” (Follari, 2019).

Pararse sobre lo ético es entender la transparencia, no como un problema solo de moral individual y de corrupción pública asociado únicamente a políticos y al Estado, sino desde una perspectiva integral que involucra también al sector privado, y no solo a la corrupción clásica, sino también a la estructural. Bajo otra perspectiva normativa y de justicia habría que aplicar la transparencia sobre múltiples temas que afectan el interés general, como los problemas de puerta giratoria y vaciamiento del Estado, de la cadena de valor de los productos y servicios, o su dolarización, porque si no se saben los costos reales de los alimentos o de la energía, todo el proceso es opaco y de ganancias injustificadas. Donde, a su vez, las Audiencias Públicas configuran un ritual sin más efecto que legitimar la propiedad privada de bienes públicos y donde la transparencia desaparece y la participación ciudadana se conforman en una ficción.

De allí la necesidad de articular la transparencia a un plexo teórico y de valores distinto al neoliberal, a una ética pública que refiera al bien común. Este no es algo preestablecido, sino algo debatible, si bien dar respuestas a las demandas mayoritarias y de emergencia de la sociedad de hoy puede ser un buen punto de partida para su elaboración. Asimismo, toda ética pública debe atender e impedir la corrupción, tanto la clásica como la estructural, pero esta última es la más deletérea, ya que hace inviable el equilibrio fiscal. El Estado se enfrenta a la lógica de acumulación, elusión impositiva, fuga y endeudamiento. En la sociedad actual, la delictualidad económica de tendencia off-shore, de vaciamiento y endeudamiento del Estado, es un proceso erosionador para los objetivos de equilibrio fiscal y sustentabilidad del desarrollo. De este modo, se trata de evitar el conflicto de intereses, particularmente del gran poder corporativo sobre el interés público. Desde esta perspectiva, la transparencia requiere que los funcionarios no tengan sociedades off shore o su fortuna en el exterior. También debería haber un tiempo de ‘enfriamiento’ entre el tiempo de salida de alguna empresa y su vinculación con la función pública, y a la inversa, para su retorno.

Se trata de revertir la reciente legalización o naturalización de la delictualidad económica asociados a la corrupción estructural; de replantear los nuevos códigos que intentan legitimar, como la ley de ética pública actualmente en debate parlamentario, el código comercial y una IGJ off shore friendly en la ciudad de Buenos Aires;[3] de tomar medidas para frenar la fuga de capitales de grandes inversores a través de la identificación y justificación de sus operaciones; de vigencia de la Ley Penal Cambiaria (Biscay, 2019; Hauser, 2019); de reformular la Oficina Anticorrupción y dotarla de mayor autonomía frente al Poder Ejecutivo; de generar una institución que deberá, entre otras funciones, formular políticas orientadas a mejorar los procedimientos de transparencia en materia de compras y contrataciones públicas, fortalecer las políticas de rendición de cuentas y acceso a la información, llevar adelante investigaciones vinculadas con delitos contra la administración pública y otras formas de corrupción; de replantear las lógicas de funcionamiento de instituciones de control, como la SIGEN y la AGN, que llegan tarde y mal a los asuntos que deben auditar; de replantear integralmente el funcionamiento de los organismos de inteligencia como la AFI, para evitar que espiar a opositores y ayudar a armar causas contra ellos sea una de sus principales actividades; y, finalmente y no de menor importancia, de realizar un replanteo del funcionamiento del Poder Judicial y su relación con la política: por una parte, garantizando su independencia del Poder Ejecutivo y el funcionamiento del Estado de Derecho, pero a la vez replanteando el funcionamiento del Ministerio Público y el poder de los jueces federales de Comodoro Py, y tender hacia una democratización del Poder Judicial, para salir de su modalidad estamental y de constituirse en socio dilecto de gobiernos conservadores o autoritarios.

 

Hacia un Nuevo Contrato Social

El contrato social del Estado de Bienestar fue erosionado en los tres momentos neoliberales, pero el golpe final se lo termina dando el gobierno de Cambiemos. No solo modificó la estructura social, aumentando la pobreza, quebrando la clase media, destruyendo gran parte de la industria, vaciando el Estado y endeudándolo. A partir del fracaso de este intento de restauración conservadora que lleva a una suerte de capitalismo fallido, donde no se consume, no se produce ni se invierte, y la mayoría de los actores pierden en una recesión interminable, se hace necesario reconstruir un nuevo contrato social de responsabilidad ciudadana y concertación que acuerde una nueva concepción de la relación entre Estado y sociedad que permita reconstruir la vida cotidiana, la producción y el derecho al trabajo. Este contrato debería constituirse en una alternativa a la propuesta económica, social y cultural del neoliberalismo, oponiendo a la meritocracia como epítome del individualismo –yo me salvo por mérito propio– la solidaridad colectiva; a la privatización de los bienes públicos, la recuperación del papel del Estado como integrador y motor del desarrollo; a la financierización de la economía, el desarrollo productivo; a la vinculación al mundo como productores de materias primas, la sociedad del conocimiento. En pocas palabras, una profunda transformación económica y cultural. Esto significa pensar una forma distinta del gobierno y sus funciones.

Si Cambiemos apuntó desde un primer momento a constituirse en un gobierno ‘abierto’ pero de minorías, de un grupo selecto que gestiona a favor de sí mismo, de un gobierno de ricos para ricos, el criterio de legitimación democrática debe ser por el contrario el de un gobierno de mayorías. Porque si un modelo de gestión deja fuera a veinte millones de personas, quita derechos y es una estructura de negocios, es cuestionable, por más expedientes electrónicos que generalice. En cierto sentido, el modelo de gestión asociado al ‘gobierno abierto’ debe romper el velo de ingenuidad tecnocrática sobre los poderes, sobre los grupos de interés y el bloque de poder dominante que se beneficia con esta orientación, para poder pasar a otro modelo de gestión y de intereses a defender, donde la caja de herramientas y la dimensión de la innovación digital pueden servir tanto para un modelo como para otro, para diferentes objetivos, pero donde sea necesario un control de la racionalidad instrumental por la política.

En ese sentido, la necesidad de establecer un Nuevo Contrato Social con la ciudadanía que apunte a recuperar el interés general y la mayor responsabilidad de los distintos actores en el mismo, desde una fase propositiva implica problemas cruciales que debe afrontar el país en un nuevo gobierno: una renegociación de la deuda externa con el FMI y acreedores que defienda el interés nacional, bajo el principio de crecer y exportar para poder pagar. Puede ser la modalidad de salida ‘a la portuguesa’ de quita, extensión en el tiempo de los pagos y reducción de intereses, o a la ‘uruguaya’, de extensión en el tiempo de los pagos para poder crecer, exportar y generar divisas. En cualquiera de las modalidades que se adopte, no es justo que todos paguen de la misma manera una deuda contraída arbitrariamente y fugada. Un principio ético y de justicia debe implicar mecanismos de impuestos a las ganancias de los activos off-shore, de premios y castigos para recuperar parte de los 400.000 millones de capitales argentinos en el exterior, mediante la constitución de fideicomisos para impulsar tecnologías, o la creación de bonos de inversión en áreas estratégicas para revertir el ciclo de endeudamiento y fuga. Se trata de terminar con la bomba de las Leliqs que ahogan la economía productiva y trasladar parte de ese dinero a sectores que directamente impulsan el consumo, como los jubilados; de desendeudar a las familias con créditos a muy baja tasa de interés, lo mismo que a las pymes; de desdolarizar la economía, las tarifas de los servicios públicos, el precio de los alimentos, medicamentos, inmuebles, etcétera; de contar con una planificación nacional de energía que contemple un aumento de la capacidad de consumo, una energía barata para la producción, y que promueva la exportación; de reponer las retenciones a las exportaciones, e impedir que las divisas queden en el exterior; de recuperar la soberanía de pequeños y medianos productores perdida en manos de grupos multinacionales como Monsanto; y de regular una intermediación abusiva de los monopolios sobre los productores y consumidores.

Por último, un gobierno de mayorías deberá impulsar una gestión pública y una administración profesional con capacidades, vinculada a objetivos estratégicos y valorada. El gobierno de los gerentes se propuso alinear al Estado con los intereses de la clase dominante, frustrando así la vocación de quienes trabajan en el sector público para garantizar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.

 

El Estado impulsor de un nuevo modelo de desarrollo productivo con mayor valor agregado

El Estado bajo un nuevo contrato social debe promover la concertación y la responsabilidad entre los principales actores de la producción (Alemán, 2019). En el primer caso, el pacto social debe promover una alianza estratégica entre el trabajo y la producción, en particular con actores enfrentados en el pasado. Pero en las nuevas contradicciones de la financierización esa alianza se muestra necesaria, ya que hoy lo que está en peligro no es solo el nivel de los salarios, la caída en la pobreza o la rentabilidad de las empresas, sino la misma destrucción de la economía real en manos de la financiera. Es el fin del entramado industrial de pequeños y medianos empresarios, y el fin de empresarios y obreros industriales, lo que hay que evitar.

Se debe promover una alianza entre los diversos sectores de la economía –primario, industrial, servicios, economía popular o social– con ciencia y tecnología. Salir de la primarización, el extractivismo y la financierización, y de convertir ciencia en tecnología, y tecnología en producción. “El objetivo es colaborar en la recuperación y el impulso a un modelo de desarrollo productivo y sociocultural que promueva la inclusión y la justicia social, apoyándose en la ciencia, la tecnología y el conocimiento generados en nuestro país” (Stefani, 2019). Frente a los peligros de la nueva era digital y de la sociedad de control, se necesita la regulación de la acumulación y el uso de la información y de la utilización estatal de los algoritmos bajo una lógica pública y de soberanía tecnológica.

Como segunda parte de este pacto social, se trata de impulsar un acuerdo de un nuevo federalismo, concertado y cooperativo. El Estado propuesto por Cambiemos fue un retorno al unitarismo de negociaciones bajo cuerda con gobernadores para conseguir leyes a cambio de ATN, coparticipación o partidas especiales. Los funcionarios que presidían estas relaciones fijaron este contrato de federalismo sumiso y llevaron a la inviabilidad creciente de economías regionales. Por ello, para estimular un nuevo federalismo, se requiere un acuerdo espacial, federal, regional y de ciudades: abrir decisiones y acuerdos, apoyar las economías regionales y promover un desarrollo desconcentrado basado en la ciencia y el conocimiento (García Delgado y Cao, 2015). En este marco, aparece como clave la construcción de un entramado institucional que permita la articulación virtuosa de las potestades de gestión y la configuración de un nuevo bloque social con todos los actores productivos.

En síntesis, se trata de ir hacia un nuevo modelo de desarrollo con mayor valor agregado, donde en el mediano y largo plazo se cambie la matriz productiva, y donde lo urgente y lo importante no se contrapongan. Para ello, se trata de encarar un rediseño ministerial que: revierta el retroceso en su estructura generado por Cambiemos; retome las instituciones previas a la desjerarquización realizada a los ministerios de Trabajo, Salud y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; promueva una ampliación de lo público, dando lugar a la participación de organizaciones en la decisión pública, incorporando nuevos actores en la gestión estatal, creando nuevos ministerios como el de Economía Popular o Social, Energía, Servicios Públicos y Usuarios, Economías Regionales, PyMEs, Mujer, Industrias Culturales y Hábitat y Vivienda, y transformando la actual Secretaría de Modernización en un Ministerio de Planificación Estratégica; y descentralice, toda vez que hay diversas agencias o entes que no tiene sentido que sigan en la Ciudad de Buenos Aires, sino que cumplirían mejor sus funciones en otras provincias y regiones.

Finalmente, la inclusión, la mayor integración social y la reducción de la desigualdad solo serán posibles por el aumento del consumo y del gasto social, sino al mismo tiempo por el incremento del empleo registrado, de la productividad y la competitividad general de la economía y de las exportaciones. La cuestión social y la tecnológica productiva están hoy más asociadas que nunca con el trabajo del futuro. De lo contrario, se volverá a caer en los problemas cíclicos de restricción externa, déficit de divisas, dependencia de las exportaciones agropecuarias o endeudamiento externo.

 

Reflexiones finales

Como señaláramos en la introducción del presente trabajo, se buscó resaltar la importancia de encarar una reconceptualización del modelo neoliberal en sus ideas de transparencia, gobierno abierto y modernización del Estado, que actuó como dispositivo programático para un proyecto minoritario concentrador y dependiente que ha sido puesto en cuestionamiento en las últimas elecciones PASO. En todo caso, esta reconceptualización la consideramos como uno de los desafíos a encarar para la etapa que viene. De ese modo, en la primera parte se hizo una crítica de este plexo conceptual de la transparencia, donde se subsume la ética pública en una suerte de duplicidad y control, en una ficción. El de ‘gobierno abierto’, cerrándose a los intereses mayoritarios y a una decisión pública más amplia y no decisionista. Y el de ‘modernización y reforma del Estado’, diluyendo la problemática del desarrollo y de la distribución del ingreso y la industrialización. En la segunda parte se presentó una visión propositiva para el debate, intentando superar este relato donde se trata de lograr la supremacía de la política sobre la técnica, y de liberar al Estado de la captura de las elites, a través de una nueva coalición mayoritaria y un nuevo contrato social que den lugar a pactos sociales que recuperen el rol del Estado para el bien común, y que permitan impulsar un círculo virtuoso de producción, empleo, crecimiento y desendeudamiento, y un nuevo modelo de desarrollo productivo con mayor valor agregado. Uno que permita superar tanto los modelos aperturistas como los de sustitución de importaciones y de financierización que no han logrado ser sustentables, ni superar lo cíclico de la política nacional. Se trata de una visión propositiva que intenta aportar hacia el futuro, hacia una nueva etapa de nuestro país que rompa con el discurso permanente de las promesas que nunca llegan y con las políticas que nos alejan cada vez más de esas promesas que se vuelven inalcanzables en una Argentina profundamente quebrada por el neoliberalismo y excluyente.

Por último, no podemos dejar de recordar que estamos en un momento de oportunidad, bisagra, porque lo que está en juego en las elecciones de octubre –como se ha visto– no es una elección más, o un momento del ciclo stop and go para luego volver casi en el mismo lugar. Es un punto de ruptura con el neoliberalismo como ‘camino único’ para apostar a otro rumbo posible, a otro modelo de país y a la esperanza de configurar una sociedad inclusiva para todos y todas.

 

Bibliografía

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Daniel García Delgado es doctor en Ciencia Política (UBA), investigador independiente del CONICET, profesor titular regular de Teoría Política Contemporánea de la Carrera de Ciencia Política (UBA) y del Proyecto UBACyT “Política y Sociedad Civil frente al desafío del Desarrollo”, y director del Área Estado y Políticas Públicas de la Sede Argentina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

[1] El neoliberalismo tardío hace referencia al tercer momento del ciclo neoliberal, comenzando por el autoritarismo militar en el 76, la década del Consenso de Washington en los 90 y el ascenso de Cambiemos al Poder en 2015. Si bien con similares propuestas de endeudamiento, privatizaciones y desindustrialización, esta tercera fase es tardía en la medida que plantea una apertura al mundo que ya no es realista –si en los 90 había apertura y liberalización del comercio– y a partir de la crisis mundial de 2008 y del gobierno de Trump los Estados comenzaron a ser más proteccionistas sobre sus producciones, su tecnología y su trabajo, y a tomar distancia de los tratados de libre comercio.

[2] La visión tecnocrática, del gobierno de expertos, trasunta una fuerte minusvaloración de los ciudadanos y una concepción de la política basada en el enfoque del poder, de la representación de intereses, y de dominación. En todo caso el Estado es una relación de poder y –particularmente en procesos neoliberales– no es un lugar amigable que suministra información en términos de datos abiertos (DA) para todos, sino que se terminan convirtiendo en una ilusión tecnocrática, en una abstracción de lo que realmente pasa (Ruvalcaba-Gomes, 2019).

[3] Al respecto, la fiscal Gabriela Boquín denunció que el gobierno de Mauricio Macri intenta formalizar a través de un DNU la instalación de una guarida fiscal en la Ciudad de Buenos Aires, mediante la creación de un organismo porteño equivalente a la Inspección General de Justicia (IGJ), pero con controles laxos para sociedades locales y extranjeras, lo que burlaría una medida cautelar que está vigente desde hace una década que ordenó detener el armado de esa dependencia (Hauser, 2019).

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