Sindicalismo y política

Héctor R. Roudil

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El modelo sindical

El modelo predominante en Argentina ha sido el de un sindicalismo fuertemente ideologizado y politizado en torno al ideario nacional popular, con gran adhesión al peronismo. No obstante lo novedoso y autóctono de esta orientación doctrinaria, que significó un cambio cuantitativo y cualitativo de enormes proporciones en la historia sindical argentina,[1] aparecen rasgos que emparentan y vinculan las dos etapas fundacionales del movimiento obrero en Argentina: la etapa originaria –principios de siglo hasta los inicios de la década del 40– y la que se inicia en 1943, aproximadamente con nacimiento “formal” el 17 de octubre de 1945.[2]

Los rasgos que registran continuidad en el tiempo son diversos y refieren a las distintas dimensiones que van implícitas en la actividad sindical. Así, el fuerte pragmatismo o el énfasis puesto en la defensa de los intereses profesionales que exhibió siempre el “vandorismo”[3] reconocen antecedentes en los sindicalistas puros, corriente oriunda de Francia y de fuerte predicamento en el gremialismo argentino durante las décadas del 20 y del 30, de donde surge el actual nombre de la Confederación General del Trabajo (CGT), a imitación de la central obrera francesa.

También aparece como rasgo continuado en el tiempo la fuerte vocación por la participación política en sentido amplio del movimiento obrero argentino, y también partidista, ratificadas ambas en el pensamiento y en la acción de los gremialistas contemporáneos. Este rasgo encuentra su continuidad en el tiempo si lo comparamos con la tradición socialista del sindicalismo argentino, que también pugnó por lograr representación parlamentaria y participar de la gestión de gobierno para imponer demandas laborales. La diferencia entre la doctrina socialista y la peronista estriba en la relación que conciben entre partido y sindicato. Mientras que la primera consideraba a la organización gremial como algo parecido a una “correa de transmisión” entre dirigentes y dirigidos –partido y base trabajadora–, el sindicalismo peronista, en cambio, se plantó de igual a igual frente al partido, alentado por la concepción de Perón que distinguía una rama gremial y una política, entre otras, como armazón del movimiento nacional justicialista o movimiento peronista.

Pero no solo influyó lo dicho a favor de la rivalidad aludida entre partido y sindicato, ya que también la ideología anarquista, en lo que se refiere a desconfianza y hasta rechazo hacia el partido político, caló hondo en el movimiento obrero.

Estos rasgos mencionados: ideología nacional popular, defensa de los intereses profesionales –fundamentalmente salarios y empleo–, participación política y relación partido-sindicato, más la relación con el Estado, han sido constituyentes del sindicalismo argentino y se han continuado en el tiempo desde sus orígenes hasta hoy. Se reconoce entonces una tradición sindical y obrera autóctona que no se rompió con la llegada de Perón, sino que se integró en una nueva conciencia de clase enfocada hacia la justicia social y la participación política –en sentido amplio– de la clase trabajadora, sobre todo en la etapa peronista, desde el año 1945 en adelante.

El modelo sindical resultante de ello es el que ha predominado en Argentina, llegando hasta el día de hoy, lo cual demuestra la continuidad existente entre los orígenes y la actualidad del sindicalismo. Los y las gremialistas actuales no son ni mejores ni peores que los y las de antes, y cuando sectores interesados muestran a algunos defeccionando, ocultan a miles de sindicalistas argentinos que cumplen dignamente su rol, contra “viento y marea”.

También integra el modelo el sindicato único por actividad,[4] conocido también como sindicato de industria que ostenta la personería gremial en forma exclusiva, por demostrar ser el más representativo en cantidad de afiliados y afiliadas. Debe destacarse que en el estatuto de la CGT de 1936 ya se legislaba a favor del sindicato único por industria u oficio, antes de la llegada del peronismo. Esta característica posibilitó la unidad y la fuerza del sindicalismo en Argentina, forjándose su autonomía. Dicha unidad, acompañada por factores estructurales del desarrollo económico argentino, tales como la industrialización y la generalización de la condición asalariada, convirtió al sindicalismo en un poderoso actor[5] capaz de equilibrar la relación capital-trabajo.

Cabe recordar también otro rasgo constitutivo del sindicalismo argentino, como es la existencia de una vasta red de obras sociales que preservaron la salud de los trabajadores, las trabajadoras y de sus familias, cuando el Estado era inoperante al respecto, y posibilitaron la ampliación del concepto de justicia social desde el nivel salarial a dimensiones tales como salud, educación y recreación, favorables a condiciones laborales y de vida dignas que suscitan la admiración del sindicalismo latinoamericano en general.

 

Algunos cambios en la estructura sindical

En el nivel confederal, o sea en la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGTRA) se encuentra el grueso del movimiento obrero organizado y están representados –muchos a través de federaciones o confederaciones– los gremios grandes, medianos y chicos en un número aproximado de 250 gremios confederados.

En la década de 1980 existían 1.412 entidades gremiales de primer grado –1.335 sindicatos y 77 uniones– y 75 de segundo grado (MTySS, 1987: 11). La dispersión tan grande era solo aparente, dado que, de las entidades de primer grado registradas, el 4% concentraba el 67% del total de afiliados y afiliadas. La dispersión se daba a nivel de organizaciones, pero no en la masa de trabajadoras y trabajadores afiliados a entidades de primer grado, que alcanzaba un total de 3.360.000 personas, de las cuales, según los porcentajes ya indicados, 2.237.000 repartían su afiliación entre solamente 58 organizaciones sindicales.

Posteriormente, la estructura sindical argentina mostraba una gran dispersión en el ámbito de entidades gremiales, pues habían pasado de 2.090 en el año 1995 a 2.328 organizaciones de primer grado en el año 2000,[6] aunque debe aclararse que solo 1.239 entidades poseían en el 2000 personería gremial, siendo éstas las únicas con representatividad sindical integral que afiliaban a 4.377.000 trabajadores y trabajadoras, los cuales se distribuían por actividad: Comercio y Servicios, incluyendo Salud (1.784.000 afiliados y afiliadas), Industria (1.133.000), Administración Pública (785.000), Educación (434.000) y Agropecuaria, Minería y Petróleo (240.000). De estas cifras se puede deducir que la tasa de afiliación probablemente siguiera siendo muy alta en Argentina, de acuerdo con comparaciones internacionales, dado que se puede estimar alrededor del 40% o más para el año 2005 (Trajtemberg, Senén González y Medwid, 2008).

Actualmente, en el año 2020 hay más de 3.000 organizaciones sindicales, de las cuales 1.636 tienen personería gremial y pueden ejercer la función sindical en forma plena, y 1.623 tienen inscripción simple con limitaciones para la acción sindical por ley, pese a la leve disminución de los valores absolutos de afiliados y afiliadas, debido a la reducción de la población asalariada formal –única en condiciones de sindicalizarse–, del desempleo, de las nuevas modalidades laborales, de las actividades económicas informales –donde predomina el cuentapropismo y el autoempleo– y del trabajo en negro, actividades todas que escapan a la organización sindical y debilitan y fragmentan al conjunto de la clase trabajadora.

Pese a la fortaleza potencial del sindicalismo argentino, no pudo escapar a su carácter estructural que lo encadenaba a la situación socioeconómica general y –muy especialmente– a las variaciones entre el empleo y el desempleo.

Hoy se estima que el diseño no ha cambiado en lo referido a concentración de afiliados y afiliadas en pocas organizaciones grandes del sindicalismo argentino, pero la dispersión a nivel de organizaciones siguió aumentando, por variadas causas, que van desde políticas gubernamentales coyunturales hasta nuevas modalidades laborales con nuevos encuadramientos.

 

Tabla 1: Principales sindicatos nacionales, uniones y federaciones de la CGT, según cantidad de afiliados, año 2010 (estimado)[7]

Organizaciones Afiliados
FAECYS (Comercio) 432.000​a
UOCRA (Construcción) 221.000​a
UPCN (Estatales) 219.000a
FTIA (Alimentación) 189.000a
FATSA (Sanidad) 187.000a
UOM (Metalúrgicos) 170.000a
UTGRHA (Hoteles y gastronómicos) 162.000a
UATRE (Rurales) 117.000a
SMATA (Mecánicos) 89.000a
Luz y Fuerza (Energía) 75.000a
FNTC (Camioneros) 73.000a
Unión Tranviarios Automotor (Transporte colectivo urbano) 56.000a
Asociación Bancaria 56.000​b
CEA (Docentes) 55.000c

Fuente: a De la Calle (2012), b Pérez (2013), c Robles (2010).

 

Si bien los nuevos fenómenos fueron dándose en un contexto de empobrecimiento de los sectores populares y en el marco de un modelo económico estático, que seguía con variantes los ajustes recesivos dictados por el Fondo Monetario Internacional, no se puede ignorar la nueva composición del movimiento obrero, los nuevos modelos productivos, la recomposición del empresariado y los movimientos sociales surgentes.

La clase trabajadora ya no se caracteriza en su totalidad por vivir de un salario, ni por tener un trabajo estable, sino que los censos indican la desaparición de cientos de miles de puestos de trabajo estable y el aumento de otras modalidades laborales, que no por eso separan a sus integrantes del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras.

Asimismo, por el progreso técnico surgen problemas tales como la fragmentación de las tareas productivas, que descalifican el trabajo obrero –tornando obsoleto de un día para otro el conocimiento de años de experiencia– y generan desocupación indiscriminada por la ausencia de estrategias que contemplen el progreso integral del país y de su gente.

Todos estos elementos conforman una nueva situación para los trabajadores y las trabajadoras, que merecen la implementación de nuevos métodos organizativos y de acción por parte del sindicalismo, asimilando el impacto de los cambios en el mundo de la producción y del trabajo, en las comunicaciones y en la tecnología en general, pero combinándolo con valores tales como unidad, solidaridad, defensa de los derechos laborales y responsabilidad moral y social de la representación sindical, siendo el mejor sindicalismo aquel que se halle integrado con sus representados, ya que frente al avance del neoliberalismo –por encima de toda otra consideración favorable a la vida en sociedad– el sindicalismo aparece como uno de los últimos obstáculos existentes.

Por ello se debe respetar a la representación gremial, cuidándola y aceptándola como columna vertebral del movimiento, tal cual la pensó su fundador, el general Perón, como requisito de la identidad peronista.

Debido a que los sindicatos son organizaciones de la sociedad civil, tienen una dinámica de funcionamiento propia que no necesariamente es igual a la que se puede esperar de los parlamentos o de otras instituciones gubernamentales. Así, cuando se reclama por más “democracia sindical”, se están desconociendo muchas formas propias que tiene el sindicalismo de permitir la participación y el cogobierno de sus organizaciones en un todo de acuerdo con lo que marcan sus estatutos, aprobados legalmente.

Los sindicatos son expresión de la autonomía de los trabajadores y las trabajadoras para darse sus propias formas organizativas en acuerdo con las leyes vigentes. En tal sentido, calificar de “monopolio sindical” a la institución del sindicato más representativo es caer en la falacia del nivel equivocado, dado que dicha representatividad responde a un orden político legítimo, y no comercial o económico.

Por otro lado, no es de ahora ni del peronismo la larga permanencia de los dirigentes en sus cargos, con el visto bueno de sus adherentes o de sus estatutos. Son ejemplos: Pérez Leirós en la UOEM, municipales (1919-1944), Gay en la FOET, telefónicos (1928-1947), Fidanza en el SOIC, calzado (1932-1949), Borlenghi en la FEC, comercio (1931-1946) y Peter en la FOA, alimentación (1932-1946) (Del Campo, 1983: 111).

Respecto a las comisiones internas, existen gracias a las leyes del peronismo desde la revolución de junio de 1943 en adelante, y representan una articulación necesaria entre los establecimientos de trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y la conducción que ejerce el sindicato a través de su comisión directiva votada por los trabajadores y las trabajadoras. La existencia de dichas comisiones y delegados al interior de los establecimientos le dio una identidad singular al sindicalismo argentino, dado que el sindicato no quedó en las puertas de la fábrica, sino que se adentró en ellas hasta que el golpe de 1955 las prohibió.

Todo lo expuesto confluye para señalar la vigencia de nuevos tiempos en Argentina, siendo lícito explorar nuevos rumbos a transitar.

Siempre existieron dificultades crecientes de sobrevivencia para el sindicalismo, frente a fenómenos conocidos eufemísticamente como globalización, reestructuración laboral, ajuste estructural de las economías, etcétera, acompañados por campañas mediáticas de desprestigio hacia la función sindical, destacando las defecciones de algunos de sus miembros y no las virtudes de miles de gremialistas involucrados e involucradas. Será necesario hacer docencia para desarmar la errónea y malintencionada concepción del sindicalista como alguien a quien solo cabe corromper o reprimir, para no dejar caer banderas históricas como el derecho al trabajo digno y a una vida digna para todos los trabajadores y todas las trabajadoras.

Frente al sindicalismo se alzan amenazantes nuevos poderes económicos espurios, tales como el capital financiero en su necesidad de destruir todo el tejido social, para imponer una ganancia que no enriquece a la sociedad ni al pueblo. La organización del conjunto es la única posibilidad que tienen los trabajadores y las trabajadoras para mantener sus conquistas, y ello se logra por un sindicalismo unido.

Las dictaduras militares asolaron de distintas maneras al movimiento obrero organizado, considerándolo una pieza clave en la defensa del nivel salarial de las y los trabajadores argentinos y en la resistencia a un régimen que buscaba la marginación del partido político mayoritario, votado siempre por la clase trabajadora argentina. La última dictadura militar de 1976 arrasó físicamente a muchos y muchas dirigentes sindicales, delegados, delegadas y activistas del sindicalismo, a través de encarcelamientos o desapariciones, secuestros y asesinatos.

En la actualidad está vigente el sistema de relaciones laborales, aunque con asignaturas pendientes a resolver en el corto y mediano plazo. El saldo hoy es de muchos trabajadores y trabajadoras desocupados y otros muchos precarizados, que desearían incorporarse al sector formal de la economía y no pueden. Por ello hay demandas de inclusión que pivotean sobre la redistribución de ingresos y la remoción de las causales de pobreza y marginación, entre otras cuestiones de Justicia Social.

Si bien no hay recetas, habrá que perseverar en políticas de inclusión y productivas, y corregir la estructura impositiva fiscal que “premia” al capital financiero y castiga a quienes trabajan y producen.

 

Sindicalismo y política

En tiempos de democracia, lo político se impone sobre lo sindical, por la naturaleza del sistema democrático electoral y de gobierno, al revés de las viejas épocas de proscripción del partido peronista y de dictaduras militares, donde el sindicalismo se “emparejaba” respecto a los políticos justicialistas.

Sin embargo, la rivalidad entre rama política y rama gremial aflora cuando se trata de componer las listas electorales por el ordenamiento diferencial de los cargos. La participación política del movimiento obrero que se vehiculizó a través del peronismo fue motivo permanente de conflicto con el poder establecido – “oligarquía” – y con la fuerza política alternativa al peronismo: la Unión Cívica Radical.

Los representantes del poder establecido no aceptaron nunca otra cosa que no fuera un lugar subordinado del movimiento obrero, y por ende vetaron siempre la participación política obrera a través de su táctica preferida: el golpismo militar. Intuyeron siempre, con olfato político fino, que allí radicaba la verdadera herencia o legado de Perón, traducido en un poder sindical organizado para frenar abusos del capital y para disciplinar –a la vez– eventuales desbordes de grupos marginales de la política y del sindicalismo.

El radicalismo, por el contrario, fiel a su concepción liberal de la política y del Estado, exigió siempre un sindicalismo acotado a los límites marcados por el conflicto entre el capital y el trabajo, sin invadir el espacio de la política partidaria, considerándolo como una “competencia desleal” a favor de su rival electoral: el Partido Peronista y luego Justicialista.

Desde 1955 –caída de Perón en adelante– el sindicalismo se convierte en una pieza clave para enfrentar a un régimen que de distintas maneras buscaba la marginación del movimiento político mayoritario y del grueso de la clase trabajadora y de los sectores populares. La situación de ilegalidad e ilegitimidad –por la proscripción del peronismo– en que debían desenvolverse los gobiernos los obligaba a desarrollar tácticas diversas, para atraerse el favor del movimiento obrero organizado, convirtiéndolo en un factor muy importante a tener en cuenta para la viabilidad de los planes gubernamentales, y a veces hasta para mantener la estabilidad.

En los tiempos actuales, en cambio, ya muerto Perón y perforada la coraza electoral invicta del peronismo, la rivalidad entre rama política y rama sindical puede reaparecer, y esta vez sin la posibilidad del arbitraje de Perón. Frente a ello, habrá que ocuparse más de lo externo que de las “internas”. Lo externo tiene que ver con las siguientes cuestiones, sin excluir a otras:

  • Atender a la diversidad que conforma hoy al movimiento laboral argentino para articularlo en un tipo de unidad lo suficientemente amplia como para contener a todos, sin negar las características propias de cada uno.
  • Analizar la dispersión electoral de los sectores populares, tratando de coherentizarlos entre preferencias, historia e intereses.
  • Fomentar la incorporación de jóvenes trabajadores y trabajadoras –aunque estén empleados o desocupados– al movimiento laboral argentino.
  • Fomentar el encuentro entre la militancia política y la sindical, sobre todo en la juventud.
  • Encontrar nuevos métodos organizativos y de conducción más acordes a las circunstancias actuales de desempleo, pobreza, trabajo precario e informalidad laboral, para integrar y representar a esos nuevos grupos sociales en el movimiento laboral.
  • Desalentar las divisiones entre las y los dirigentes, sean políticos o sindicales, por no responder al sentir de las mayorías y no solucionar los problemas del pueblo trabajador.
  • En la Argentina post-Macri se cuentan por millones las y los trabajadores precarizados y no registrados, más el trabajo informal, y es a ellos y ellas a quienes se debe el peronismo, como lo hizo siempre.
  • Se debe entender la crisis pandémica como la oportunidad de unir al Movimiento Nacional Justicialista en la búsqueda de una patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.

 

Referencias

Del Campo H (1983): Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable. Buenos Aires, CLACSO.

MTySS (1987): Estructura Sindical en la Argentina. Buenos Aires, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Murmis M y JC Portantiero (1972): Estudios sobre los orígenes del peronismo. Buenos Aires, Siglo XXI.

Trajtemberg D, C Senén González y B Medwid (2008): “La expansión de la afiliación sindical: análisis del módulo de relaciones laborales de la EIL”. Trabajo, ocupación y empleo, 8, Buenos Aires, MTEySS.

[1] Como indicador cierto se puede observar la progresión de afiliación sindical para la época. Año 1941: 441.000; 1945: 528.523; 1947: 1.500.000; 1951: 3.000.000; 1955: 5.000.000 de trabajadoras y trabajadores afiliados (Murmis y Portantiero, 1972).

[2] En dicha fecha la clase trabajadora argentina se movilizó masivamente para rescatar del cautiverio al general Perón, adhiriendo así a la política emancipadora desarrollada por éste desde la Secretaría de Trabajo y Previsión.

[3] Corriente sindical surgida durante los años 60 que respondía al gremialista de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Augusto Timoteo Vandor, continuada por figuras tales como Rucci y Lorenzo Miguel, también de la UOM, que retuvieron para sí un histórico agrupamiento político-sindical llamado las “62 Organizaciones Peronistas” surgido a partir de la caída del segundo gobierno peronista en el año 1955, cuando los militares intervinieron la CGT a través de la Marina de Guerra, tratando de dividir al movimiento obrero.

[4] Luego del golpe de Estado de 1955 conformado contra el pueblo, para evitar su participación en el poder político, se tomaron medidas como la derogación de la Ley de Asociaciones Profesionales, la intervención de la CGT y de muchos sindicatos, y la promulgación del decreto 9270/56 que imponía la pluralidad sindical para atomizar y debilitar al movimiento obrero organizado, a través de la creación de muchos sindicatos alternativos y la eliminación de la personería gremial.

[5] A pesar de representar a un sector subordinado de la sociedad, como es la clase trabajadora.

[6] Según estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

[7] Para entender los alcances de las cifras de la Tabla 1 debemos saber que en la CGT se nuclean alrededor de 230 organizaciones sindicales confederadas, casi todas de menor tamaño a las que figuran en la tabla.

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