Políticas públicas para la reducción de la desigualdad

Roxana Mazzola

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En la agenda social de Argentina y los países del mundo se requiere avanzar en una concepción más amplia, heterogénea y sistémica, que considere a las políticas pre distributivas (salarios mínimos, impuestos) y post distributivas (servicios públicos, seguridad social), tanto en el orden nacional como internacional. Parece impostergable entonces direccionar los esfuerzos públicos y la iniciativa política en esa senda, máxime en una coyuntura tan crítica como la que se recibe luego de 4 años de Cambiemos en el poder.

 

Lo que deja Macri: (des)igualdad y políticas regresivas

La concentración de la riqueza ha sido una marca de la gestión de Cambiemos y de muchas mutaciones en curso a nivel global en las últimas décadas. Las democracias se ponen en riesgo y pierden legitimidad social, en parte por no poder resolver el problema de la desigualdad estructural de ingresos y de las múltiples desigualdades de todo tipo que, afortunadamente, hoy se discuten y ganan cada vez mayor visibilidad en la agenda pública. Lo colectivo decreció ante una individualización y una financiarización crecientes de todas las dimensiones de la vida: salud, educación, trabajo, vivienda.

En Argentina, el período 2015-2019 contabiliza gran cantidad de hitos trágicos: hoy, 5 de cada 10 personas son pobres, 6 de cada 10 niños están también en la pobreza, y ha crecido considerablemente la indigencia. La caída del salario real promedio, según datos del INDEC, fue del 17,4% en los últimos dos años. La tasa de desocupación alcanza al 10,1% de la población económicamente activa y se duplica entre las mujeres jóvenes (14 a 24 años), llegando al 23,1%. La subocupación, en tanto, se incrementó al 11,8%. En el último año, según la misma fuente oficial, el aumento de la canasta básica alimentaria fue del 66,1% y el de la canasta básica total del 61,5%.

Además del desempleo, el subempleo y la pobreza, la desigualdad también se agudizó. La evolución de la brecha de ingresos entre el quintil más rico y el más pobre, que se había reducido fuertemente entre 2003 y 2008 y que entre 2009 y 2015 no presentó grandes variaciones, se ha agravado. Al cuarto trimestre de 2018, el decil más rico tenía ingresos 20 veces más altos que el decil más pobre de la población. Esa brecha se amplió 3 puntos en el último año. También aumentó la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. En este sentido, cuando el ex presidente Mauricio Macri afirmaba en su último discurso que felicitaba en primer lugar a las mujeres, apropiándose de su lucha, es importante destacar que nunca antes las ocupaciones tradicionalmente ligadas a las mujeres estuvieron en peor situación, con una degradación de las actividades asociadas a lo que se conoce como “economía del cuidado” y una pauperización de los ingresos por la AUH, que en su mayoría perciben mujeres. Si hablamos de consagración de derechos, la ya conocida negativa del entonces oficialismo a aprobar la ley del aborto seguro y gratuito fue una ratificación de la condena a poner en riesgo la vida de miles de mujeres que no pueden afrontar su costo.

De este modo, una gestión que se jactó de la defensa de los valores del orden, las libertades, la justicia independiente o la promesa de “pobreza cero”, fue disparadora de múltiples inequidades y consagratoria del mayor deterioro social y productivo desde la crisis del 2001.

 

Historia social reciente y desigualdades persistentes desde fines del siglo XX

En la Argentina de los últimos 20 años se destacan tres momentos sociales: a) las mejoras sociales y laborales post crisis de 2001; b) el letargo en las mejoras sociales y el desarrollo de políticas contracíclicas para evitar los impactos de las crisis económicas internacionales de 2008 y 2012; y c) la desmejora social desde fines de 2015 y en los últimos cuatro años.

Los cambios entre 2000 y 2010 estuvieron más asociados a factores distributivos que a transformaciones en la estructura productiva. Se verificó un Estado activo en su rol distributivo, pero no se transformó la heterogeneidad estructural del país, quedando como reto persistente. Con Cambiemos, tal lo expresado, la situación social empeoró. El Estado se retiró del trabajo y de la inclusión social, y sólo estuvo para paliar efectos de la emergencia social que se generó a partir de las políticas económicas implementadas desde el propio gobierno.

Las políticas públicas bajo el gobierno de Macri afectaron un pilar central de toda propuesta de crecimiento con reducción de las desigualdades: el trabajo y la seguridad social. En los últimos años nos encontramos ante ingresos laborales y políticas de protección social devaluadas, así como condiciones de trabajo absolutamente pauperizadas.

¿Con qué se enfrentará la gestión de Alberto Fernández que marca el retorno del peronismo al poder? Al menos, con seis retos persistentes:

  1. Las cuestiones territoriales, que se visualizan, por ejemplo, en la falta de acceso al suelo urbanizado (tierra con agua, cloacas y servicios básicos de saneamiento) y en la especulación y valorización selecta del suelo.
  2. La fuerte mercantilización del sistema educativo y de salud, que avanza a paso silencioso y se consolida desde la dictadura, sobre todo desde los 90. Las acciones más positivas de inicios de la década del 2000 fueron insuficientes para modificar su tendencia y actualmente se refuerza su sentido mercantil, más que de derechos.
  3. La participación de la ciudadanía en la construcción de la agenda de políticas estatales y su despliegue, en especial las que favorezcan la representación directa de la voz de las infancias, adolescencias y juventudes, y de las mujeres. Establecer y consolidar canales institucionales nuevos y reales de participación efectiva es central para que las reformas políticas no sean cosas de unos o unas, sino algo de todos y todas, y que se sostengan colectivamente.
  4. Las desigualdades de género, que afectan más a las jóvenes y a las niñas. Sabemos que la mujer se ha insertado laboralmente desde los 80 en nuestros países –a diferencia de los europeos– para ayudar a hacer frente a las crisis y, a la par, que se ha sobrecargado su trabajo no remunerado. También sabemos que el trabajo femenino que efectivamente se paga vale menos que el del varón y está en condiciones más precarias. Ni por lejos predomina –pese a algunos cambios menores– una parentalidad compartida en las tareas de cuidado y se sigue pensando a la familia como una unidad armoniosa, cuando en ellas se reproducen relaciones de poder.
  5. Explotación de los recursos naturales y cuidado del medio ambiente, para que las ganancias derivadas de su comercialización queden en el país y no se desterritorialicen. En muchos casos, además, pensando en que se trata de recursos no renovables que comprometen otro derecho humano indispensable, que es el derecho al ambiente sano, lo cual no supone pensar en su intangibilidad, sino en ser responsables en la fiscalización e inteligentes en el destino de los dividendos. Para ello, reforzar las capacidades estatales luce un como reto central, especialmente por ser las provincias quienes detentan el dominio originario de los recursos naturales presentes en sus territorios.
  6. Reforma fiscal, porque el actual esquema tributario grava mal y sobrecarga a quienes menos tienen. La Ley de Emergencia Social, que al cierre de esta nota se encaminaba a debatir el Congreso, busca ser el inicio de esa reparación, herramienta indispensable si pensamos en una mayor equidad tributaria donde la carga contributiva discrimine entre los que más y menos tienen.

 

Lo que debiera transformarse: políticas que integren, igualen y cuiden

El reto, pues, es de una agenda anidada con múltiples dinámicas y facetas. No se trata de elaborar solamente una política puntual exitosa, sino de una batería de políticas e intervenciones a desplegar, acompañadas de la consecuente inversión que les dé verosimilitud y perspectiva.

Algunos vectores claves a considerar para pensar estas iniciativas son:

  1. Ciudades integradas, cohesionadas e igualitarias que generen comunidad, con espacios comunes que integren e igualen. Argentina es parte de la región más desigual del mundo y tiene una alta desigualdad espacial. La desigualdad se expresa en la distribución de la renta, pero también en el hábitat, el acceso a bienes y servicios (de educación, salud, financiamiento, etcétera), oportunidades de empleo, patrimonio y espacio público. Las políticas urbanas son centrales para el crecimiento con reducción de la desigualdad, articulando medidas específicas para el acceso a servicios básicos, la movilidad y los espacios públicos. Se debe además incorporar sistemáticamente la dimensión ecológica, así como la cuestión del cambio climático.
  2. Un nuevo paradigma de políticas de cuidados, más amplio e incluyente, en el marco de la seguridad social. Es central que la nación retome su rol como niveladora de inequidades en un país federal, con prioridad en políticas de igualdad de género y derechos de la infancia, las juventudes y las personas mayores. Medidas tales como la AUH y las Asignaciones Familiares, y las moratorias jubilatorias, tienen que avanzar en una política más integral de cuidados. No sólo bajo un único sistema de ingreso universal a la niñez y personas mayores, quitando la estratificación que hoy tienen los sistemas, sino posicionándose bajo una mirada más amplia de los cuidados, con dinero para cuidar, servicios para cuidar y tiempo para cuidar. En cuanto al dinero para cuidar, es necesario reponer la merma de los beneficios jubilatorios y de las asignaciones que Cambiemos quitó: revisar el carácter punitivo y desigual de las condicionalidades de salud y educación; quitar el 20% que se retiene a unos sí y a otros no; y hablar más de corresponsabilidades que implican un proceso de acompañamiento real presupuestario y efectivo desde el Estado, concentrando los esfuerzos en la primera infancia y el secundario, dado que hay universalidad a nivel primario.
  3. Recuperar y mejorar las capacidades estatales. Es central recuperar el músculo estatal para ejecutar políticas que en estos años se perdió y redireccionó. Hay muchos trabajadores estatales que están hace décadas trabajando en el Estado, no porque tengan la intención de “probar” o “tener una experiencia transitoria” como era el perfil de buena parte de los cuadros técnicos de Cambiemos, sino porque tienen real vocación pública de transformación. Han visto pasar diversas gestiones estatales y han sido partícipes de múltiples políticas. Tienen algo para aportar, y es vital para lo que viene que trabajen quienes saben desde la experiencia y la formación que tienen en el quehacer del Estado, que no es el mismo que el del sector privado.
  4. Escala y masividad. No hay margen para pruebas piloto. Pensar políticas de gran escala requiere expertise y un conocimiento de las dinámicas federales que deben ser registradas y fortalecidas.
  5. Dar seguimiento, evaluar y rendir cuentas a la ciudadanía de los proyectos y la implementación de políticas públicas pre distributivas y post distributivas.
  6. Desplegar políticas de cooperación sur-sur, atendiendo a su dimensión social: salud, educación, seguridad social, migraciones, tecnología e innovación, infraestructura y trabajo.

Todas estas agendas requieren voluntad política que solo el peronismo puede garantizar, aunque se trate de impulsarlas con fuertes consensos que trasciendan a nuestro Partido.

 

Roxana Mazzola es magister en Administración y Políticas Públicas (Universidad de San Andrés) y doctoranda en Ciencias Sociales (UBA). Coordinadora Académica del Diploma de Postgrado de Desigualdades y Políticas Públicas de FLACSO, desigualdades@flacso.org.ar.

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